Cristina Narbona Ruiz
Protegiendo la biodiversidad más allá de la leyes

1. INTRODUCCIÓN

La pérdida de biodiversidad constituye la cara más oculta de la crisis ecológica global. A pesar de la evidencia científica sobre la gravedad del proceso y de sus efectos sobre la alimentación, la calidad de vida y la salud humana, la respuesta institucional resulta todavía claramente insuficiente. La puesta en práctica de la Convención de Naciones Unidas sobre Biodiversidad ha ido muy por detrás de la Convención de Naciones sobre Cambio Climático, aprobada en la misma fecha (1992): así, en 2010 no se cumplirá el objetivo propuesto –y reiteradamente ratificado por todos los países firmantes de la Convención– consistente en “reducir significativamente la pérdida de biodiversidad, a nivel global, nacional y local”.

El propio enunciado genérico de este objetivo pone de manifiesto la inmensa dificultad de cuantificar los resultados perseguidos –apenas conocemos una parte de las especies existentes–, mucho mayor que en el caso de la lucha contra el cambio climático. Si no se pueden medir los objetivos, mucho menos se puede saber cuanto costará alcanzarlos y aún menos cual sería el coste de no actuar: una información imprescindible para justificar la asignación de recursos económicos a este fin. Actualmente, se están llevando a cabo numerosos estudios que supondrán, sin duda, un gran avance en esta materia, como es el caso del informe TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), análogo al resultante del denominado “Informe Stern” (2007), en el que por primera vez se estimó el coste de la inacción en la lucha contra el cambio climático.

El problema es que el transcurso del tiempo (y, asociado a ello, la ley de la entropía) comporta cambios irreversibles, tanto en el clima como en la biodiversidad, cuyos efectos serán cada vez más dramáticos sobre todo para los ciudadanos más pobres del planeta. Es preciso, por tanto, acelerar la respuesta ante estos desafíos, teniendo en cuenta además su dimensión ética: las consecuencias del modelo económico de los países más desarrollados afectan más a quienes menos responsabilidad y menores beneficios han tenido del mismo.

En síntesis, hay que ir más allá de las normas –totalmente necesarias– que obligan a preservar la biodiversidad, cuya eficacia resulta muy limitada por la dificultad de garantizar su cumplimiento efectivo.

Se sugieren en este artículo algunas líneas de actuación que pueden comportar una mayor implicación del conjunto de los ciudadanos, en particular mediante la mejora del conocimiento en esta materia, y la consolidación de herramientas económicas así como de las instituciones democráticas.

2. CONOCER MEJOR EL VALOR DE LA BIODIVERSIDAD

El valor de la biodiversidad para el progreso humano resulta todavía muy ausente en el debate político y social. El desconocimiento, muy generalizado, de los beneficios que comporta la riqueza biológica de nuestro planeta resulta gravísimo en el caso de quienes toman decisiones así como de los creadores de opinión. En el caso de España, el debate sobre el proyecto del Trasvase del Ebro puso de manifiesto la amplia aceptación de que “el agua de los ríos se pierde en el mar” …ignorando así la necesidad de que llegue el agua dulce y los sedimentos procedentes de los ríos al mar para garantizar las condiciones de vida de la fauna marina, y por tanto la existencia de recursos pesqueros fundamentales para nuestra alimentación. En general, basta comprobar el tipo de comentarios que suscita cualquier Declaración de Impacto ambiental (DIA) que condicione una determinada actuación al mantenimiento de un ecosistema. La protección de las mariposas o de espacios propicios para la vida del lince han comportado incluso alguna DIA negativa, en relación con la construcción de carreteras, con la consiguiente polémica por el supuesto “freno al progreso”.

Mientras los ciudadanos no comprendan que la biodiversidad es imprescindible, precisamente, para garantizar el auténtico “progreso”, será difícil evitar las causas últimas de la pérdida de biodiversidad: la contaminación, la sobreexplotación de recursos naturales, la transformación de los espacios naturales, la fragmentación de hábitats … que, hasta ahora, se consideran como “inevitables” efectos del crecimiento económico.

Sin duda, esta ignorancia tiene que ver con la forma en que medimos el progreso, todavía hoy demasiado asociado con la evolución del PIB, a pesar de que este indicador no refleja, en absoluto, elementos básicos del bienestar: la distribución de la renta y de la riqueza, la calidad ambiental, la igualdad de género, la calidad de los servicios públicos…De hecho, el PIB aumenta, en ocasiones, gracias a actividades que destruyen, incluso de forma irreversible, activos de nuestro patrimonio natural.

Desde el inicio de la década de los setenta se han planteado alternativas al PIB y se han elaborado numerosos indicadores, sobre todo a partir del “Informe sobre desarrollo humano”, de Naciones Unidas (1990) y los correspondientes trabajos del Premio Nobel de Economía, Amartya Sen.

En la mayoría de los indicadores sobre el bienestar hoy disponibles se han incorporado, entre otras, variables que miden la calidad ambiental, el agotamiento de los recursos naturales o la degradación de los ecosistemas. Pero este esfuerzo analítico apenas ha trascendido al ámbito del debate político y mucho menos a la opinión pública. La OCDE impulsa precisamente una plataforma internacional 3  que tiene como objetivos mejorar la medición del progreso social, garantizar el uso de nuevos indicadores en la toma de decisiones así como el conocimiento del significado de los mismos por parte de los ciudadanos. Asimismo, el Gobierno francés ha puesto en marcha una Comisión, con objetivos análogos, presidida por J. Stiglitz, A. Sen y J.P. Fitoussi. Se espera que ambas iniciativas generen resultados prácticos a partir de 2010.

En el caso de la Comisión creada por el Gobierno francés, se ha publicado recientemente un primer documento centrado en la descripción de los indicadores existentes y en algunas posibles mejoras de los mismos 4 . En el mismo se constata la dificultad de asignar un valor monetario a los servicios asociados a la biodiversidad (salud, alimentación, disponibilidad de agua de calidad…), teniendo en cuenta, entre otras cosas, que hay que imputar precios ficticios sobre supuestos valores de mercado de tales servicios; y en que ese valor teórico tendería al infinito en el caso de elementos imprescindibles para la vida que se consideren insustituibles.

La incorporación de variables ambientales en la medición del progreso parece exigir una combinación de indicadores monetarios e indicadores no monetarios (cantidad de especies existentes, calidad de los ecosistemas…), así como el establecimiento de “umbrales alerta” para prevenir riesgos de consecuencias irreversibles. Asimismo, la medición de la “huella ecológica” resulta útil a la hora de evaluar el “sobreendeudamiento” de un país o del conjunto del planeta en relación con sus propios recursos. Aunque la “huella ecológica” solo considera la cantidad de tierra necesaria para producir alimentos y madera para una determinada población así como para almacenar los residuos producidos por la correspondiente actividad económica –sin considerar ni el agua ni otros activos ambientales–, los resultados merecen atención: desde mediados de la década de los ochenta, la “huella ecológica” del planeta supera la superficie del mismo, y se estima que en 2030, sería necesario un 25% adicional de superficie de la Tierra para dar soporte a la actividad humana.

Actualmente, la “huella ecológica” media es de 1.8 ha por habitante, pero este ratio alcanza las 10 ha per capita en el caso de EE.UU, reflejando así la enorme desigualdad en el uso de los recursos a escala global.

El intento de “medir”, de forma sintética, la relación entre el progreso económico y social y el impacto del mismo en términos ecológicos requiere, en todo caso, un mejor conocimiento del estado y de la evolución de la biodiversidad.

La Convención de Naciones Unidas sobre Biodiversidad (CBD) establece siete áreas prioritarias, a efectos de construir indicadores que permitan un seguimiento adecuado en esta materia:

1. Estado y tendencias de las diferentes formas de biodiversidad (situación presente y evolución previsible).

2. Amenazas que afectan a la biodiversidad (presiones a tener en cuenta a la hora de diseñar políticas).

3. Capacidad de la biodiversidad para proveer bienes y servicios.

4. Uso sostenible de la biodiversidad (sobre todo en relación con la actividad forestal, agrícola y pesquera).

5. Estado del conocimiento tradicional (especialmente importante en poblaciones indígenas).

6. Acceso y reparto de los beneficios asociados a la biodiversidad.

7. Recursos económicos y financieros disponibles para la preservación de la biodiversidad.

La Agencia Europea de Medio Ambiente acaba de publicar un primer informe 5  con indicadores para cada una de estas áreas, (excepto para el área 5, que no tiene apenas sentido en el caso de los países de la UE).

Este informe supone un importante avance en cuanto a la información disponible, imprescindible para la toma de decisiones y para un mejor conocimiento por parte de la opinión pública. Los indicadores (Streamline European Biodiversity Indicators, SEBI, 2010) confirman las serias presiones existentes sobre la biodiversidad en la UE y la insuficiente respuesta por parte de los poderes públicos. Se trata de la primera vez que se mide el avance hacia el objetivo de 2010 de acuerdo con 26 indicadores acordados a nivel internacional. Cabe señalar que hasta ahora ni siquiera se había llevado a cabo el informe previsto en el art. 17 de la Directiva Habitats (1992); su reciente presentación enriquece notablemente el conocimiento sobre la biodiversidad en la UE.

El análisis de los indicadores SEBI 2010 pone de manifiesto cómo, más allá de la importancia de conservar áreas de mayor valor ecológico –la Red Natura 2000–, hay que frenar la pérdida general de biodiversidad asociada a políticas sectoriales (infraestructuras, agricultura, pesca, política forestal…).

El informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente permite evaluar las carencias aún existentes en el conocimiento de la biodiversidad en la UE y sentar las bases para las decisiones que deberán tomarse en 2010, una vez constatado el fracaso en el cumplimento del objetivo fijado para ese año. Según el informe, se han conseguido avances positivos en la reducción de la contaminación atmosférica así como en la calidad de las aguas superficiales y en el tratamiento de residuos. Se ha registrado también una cierta mejoría en cuanto a la contaminación y degradación de los ecosistemas asociada a la agricultura (en parte gracias al incremento en la extensión de la agricultura ecológica); por el contrario, la situación de los recursos pesqueros, y en general, de la biodiversidad marina, sigue empeorando.

Con carácter general, puede afirmarse que en el ámbito de la UE se mantiene el riesgo de extinción de especies así como la pérdida de riqueza genética, a pesar de que la Red Natura 2000 incluye ya más del 19% de todo el territorio de la UE (a lo que habría que añadir otro 16% protegido bajo alguna figura nacional). Se estima que entre el 40% y el 85% de los hábitats y entre el 40% y el 75% de las especies de interés europeo se encuentran en declive, sobre todo como consecuencia de la reducción de espacios no urbanizados y de humedales. La situación es mucho más grave en cuanto a la diversidad marina, ya que ni siquiera se ha completado la definición de las áreas marinas protegidas de acuerdo con la legislación europea.

El informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente supone un importante refuerzo, en términos de asesoramiento científico independiente, para los responsables públicos de los países de la UE, y constituye una aportación europea importante para la creación de una plataforma internacional científico-gubernamental sobre biodiversidad, análoga a la existente en materia de cambio climático (IPCC), conocida bajo el nombre de IPBES. Asimismo, SEBI 2010 formará parte de la iniciativa global “Biodiversity indicador Partnership” impulsada por la CBD.

Las conclusiones del informe son relevantes desde el punto de vista de la orientación de las decisiones políticas.

En primer lugar, se identifican dos desafíos específicos: la necesidad de profundizar en la comprensión de las causas de la pérdida de la biodiversidad, y la correspondiente exigencia de adecuar la respuesta política a la complejidad de tales causas.

En cuanto a las razones del declive de la biodiversidad, el informe señala el insuficiente conocimiento del impacto del cambio climático en los ecosistemas así como el papel que puede jugar la biodiversidad para mitigar el cambio climático y para contribuir a la adaptación al mismo. Asimismo, la amenaza derivada de la extensión geográfica de especies invasoras requiere un análisis mucho más riguroso.

Por otro lado, los avances obtenidos en la UE resultan muy limitados y algunos se traducen incluso en presiones adicionales sobre la biodiversidad de otras partes del mundo. Resulta evidente la insuficiente integración de los objetivos en materia de biodiversidad en todas las políticas de la UE –incluyendo la política comercial, la política agrícola, la política de ayuda al desarrollo, la política de infraestructuras, la política de residuos…–, así como la ausencia de un esfuerzo permanente de seguimiento y evaluación de la eficacia de las normas y programas existentes.

En síntesis, queda mucho por hacer para abordar la problemática de la biodiversidad con el rigor científico que requiere. Hay que superar, cuanto antes, las carencias detectadas, que en el caso de España se ha traducido en una respuesta insuficiente a algunos apartados del SEBI 2010.

3. INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA PROTEGER LA BIODIVERSIDAD

La biodiversidad produce bienes y servicios con alto valor económico (alimentos, madera, medicinas, agua limpia…) que se utilizan sin incorporar en su precio (en el caso de bienes y servicios que se obtienen en el mercado) el coste del mantenimiento duradero de los correspondientes ecosistemas. Se puede, por tanto, hablar de un “fallo del mercado” –igual que sucede con el cambio climático– que debe ser corregido por los poderes públicos, a través de una amplia gama de instrumentos económicos.

La OCDE creó en 1993 un grupo de trabajo específico sobre la “Evaluación económica de la biodiversidad” con el objetivo último de promover la utilización de instrumentos económicos para conservar la biodiversidad y fomentar el uso sostenible de la misma. En 1996 se publicó el primero de una larga serie de informes de este grupo 6 ; y en 2004, todos los países miembros de la OCDE adoptaron una Recomendación del Consejo para impulsar las reformas legislativas idóneas 7 . Durante los últimos meses, la OCDE ha llevado a cabo un análisis 8  sobre el cumplimiento de esa Recomendación en cada uno de los países miembros, a partir de un cuestionario específico así como de la información disponible en los informes nacionales a la CBD.

La OCDE distingue varias categorías de instrumentos económicos:

1. Instrumentos basados en precios (impuestos, tasas).

2. Instrumentos asociados a la prevención de riesgos o a la reparación de daños (avales u otras garantías, multas, exigencias de restauración de ecosistemas…).

3. Ayudas públicas (subvenciones, préstamos subsidiados…).

4. Eliminación o reducción de aquellos subsidios dañinos para la biodiversidad).

5. Asignación de derechos de propiedad o de uso, y regulación de los correspondientes mercados.

El informe de la OCDE pone de manifiesto que, aunque la práctica totalidad de los países miembros disponen de legislación y de programas específicos para frenar el declive de la biodiversidad, el uso de instrumentos económicos idóneos resulta todavía limitado y difícil de evaluar en cuanto a su efectividad.

No obstante, la OCDE recoge información sobre 405 instrumentos utilizados en los países miembros –la mayoría clasificados como “tasas” y “ayudas públicas”–. Aunque los instrumentos son muy variados, llama la atención la ausencia de alguno vinculado a la gestión de la biodiversidad en las zonas áridas y semiáridas, así como el bajo número de instrumentos vinculados a la gestión de los ecosistemas de montaña.

El informe señala también el avance reciente en algunos países (Canadá, Australia, Francia…) de los instrumentos menos frecuentes (impuestos, asignación y mercado de derecho de propiedad y de uso…).

La OCDE considera que los “instrumentos basados en precios” permiten alcanzar objetivos al menor coste, de manera flexible, e incentivando la innovación y la reasignación eficiente de recursos naturales. Actualmente su utilización es más generalizada en el ámbito de la gestión de las aguas superficiales –en el caso de la UE, como consecuencia de la aplicación del “principio de recuperación de costes” contemplado en la Directiva Marco sobre agua–. Hay también algunos ejemplos interesantes de este tipo de instrumentos asociados a la conservación de los ecosistemas costeros (Australia, Bélgica, Corea), en la gestión de los bosques y en la de los recursos cinegéticos y pesqueros.

Obviamente, la muy amplia utilización de las ayudas públicas responde en gran medida a su mayor aceptación por parte de los ciudadanos –respecto, por ejemplo, del rechazo ante figuras impositivas –y de la facilidad de su aplicación. Destacan, por su importancia, las ayudas públicas existentes en la gran mayoría de los países de la OCDE para reorientar la política agrícola hacia prácticas más respetuosas con la biodiversidad; aunque, lamentablemente, estas ayudas públicas coexisten con subvenciones dirigidas a actividades agroganaderas y forestales muy poco sostenibles, por lo que el resultado neto de la utilización de recursos públicos en este ámbito concreto dista mucho de ser aceptable. De hecho, el instrumento económico más conflictivo suele ser de eliminación o reducción de subsidios dañinos para la biodiversidad, aunque hay algunos ejemplos interesantes de este tipo de medida (en Canadá, en Corea, en el Reino Unido y en EE.UU.).

En cuanto a los instrumentos económicos asociados a la prevención del riesgo o a la reparación del daño –que van más allá del principio general de “el que contamina, paga”–, su desarrollo práctico está muy condicionado por las exigencias de responsabilidad penal, civil o administrativa en cada país.

Destaca la importancia de la vigencia, desde 2007, de la Directiva europea sobre responsabilidad por daños ambientales, que en el caso de España ha sido objeto de una transposición que ofrece especial cobertura a los eventuales daños a la biodiversidad. En su desarrollo, por otra parte, ha comportado la realización del primer estudio en España sobre la valoración económica del patrimonio natural –el denominado VANE–, recientemente concluido.

Además de los instrumentos económicos analizados en este informe de la OCDE, cabe señalar la importancia creciente de los diferentes esquemas de certificación sobre el uso sostenible de los recursos naturales, de los que existen ya experiencias muy interesantes en el ámbito de la alimentación y de la producción de madera. Para que este tipo de medidas tengan la máxima eficacia, el consumo de productos certificados debe ser impulsado por las administraciones, a través de campañas de información al ciudadano y sobre todo mediante la política de compras públicas.

En todo caso no hay suficiente financiación para hacer frente al declive de la biodiversidad, teniendo en cuenta que ello exige, como ya se ha señalado, muchos más recursos a destinar al conocimiento científico, al seguimiento y evaluación de la eficacia de las medidas que se adoptan y al impulso de actividades productivas compatibles con la protección de la biodiversidad. Sin duda, este objetivo no ha sido hasta ahora prioritario, ni a nivel local ni a nivel nacional ni a nivel global. Basta comprobar, en el ámbito de la UE, que el Programa LIFE –el único realmente diseñado para frenar la pérdida de biodiversidad– apenas suponía el 0.06% del Presupuesto comunitario en 2006; por supuesto, a esta ínfima cuantía se podrían añadir recursos destinados, por ejemplo, dentro de la política de desarrollo rural, a la conservación de la biodiversidad…pero el cálculo correcto debería también incluir, en el sentido contrario, las elevadas subvenciones europeas a actividades dañinas para la biodiversidad.

En la novena Conferencia de las Partes de la CBD se aprobó precisamente un mandato para el desarrollo de nuevos mecanismos globales de financiación, para promover esquemas de “pagos por servicios de los ecosistemas”, a nivel local, nacional e internacional, así como otras fuentes innovadoras de financiación. Existen ya una serie de experiencias, recogidas en diferentes estudios, que deberían ser valoradas por los responsables públicos para su eventual utilización.

Sin duda, una de las herramientas más interesantes es la del uso del “Mecanismos de Desarrollo Limpio” (MDL), definido en el Protocolo de Kyoto, para promover determinadas iniciativas de conservación de la biodiversidad que comportan, adicionalmente, una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero. Este mecanismo actúa en la medida que existen compromisos cuantificables en la lucha contra el cambio climático, algo hasta ahora circunscrito a la mayoría de los países desarrollados, con la notable ausencia de Estados Unidos. Las perspectivas, ya ciertas, de incorporación de este país a los compromisos internacionales en este ámbito, y la voluntad ya manifestada por varios países emergentes, en el sentido de asumir compromisos voluntarios, añaden interés a los MDL. Hasta ahora, sin embargo, la experiencia en el marco de los MDL de actuaciones ligadas a la biodiversidad (por ejemplo, mediante el incremento o la conservación de masas forestales) ha puesto de manifiesto dificultades prácticas de medición del efecto “sumidero” o de control del proceso por parte de las instituciones locales, en particular en los países más pobres: por cierto, en aquellos donde se concentra la biodiversidad…

Otra herramienta interesante son los Programas Voluntarios de Compensación (BBOP, en sus siglas inglesas). Se trata de inversiones públicas o privadas, con carácter voluntario, destinadas a compensar los efectos negativos de determinadas actuaciones –sobre todo infraestructuras– sobre la biodiversidad. Aunque se trata de decisiones voluntarias, requieren un marco regulatorio que garantice un resultado neto satisfactorio, a través de un mecanismo público de certificación.

En ambas herramientas, la creación de un “mercado” abre la puerta a la obtención de nuevas fuentes de financiación que pueden emplearse en la protección de la biodiversidad 9 .

4. CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS E IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍA

En los apartados anteriores, se ha puesto el énfasis en la necesidad de mejorar el conocimiento sobre la biodiversidad así como de avanzar hacia una mayor racionalidad económica, que encarezca y desincentive los comportamientos insostenibles y además allegue mayores recursos financieros. Ambas cosas resultarán, en todo caso, insuficientes, si no se consigue en esta materia una gobernanza pública bien valorada por los ciudadanos, de forma que éstos se sientan protagonistas de un profundo cambio de paradigma.

Se trata de ampliar el bienestar a un número cada vez mayor de ciudadanos (incluidos los de las generaciones venideras), con una menor presión sobre los recursos naturales del planeta. Ello sólo será posible si, además de reorientar los objetivos y las medidas de las diferentes políticas sectoriales, los ciudadanos confían en las instituciones democráticas y participan activamente en el funcionamiento de las mismas.

En primer lugar, ello requiere que los ciudadanos sepan lo que significa la biodiversidad. De acuerdo con el ya citado Informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (SEBI 2010) y según una encuesta realizada por Gallup en 2007, las dos terceras partes de los ciudadanos de la UE no saben que es la biodiversidad. Y un porcentaje aún mayor no conoce la “Red Natura 2000”. Sin embargo, en la misma encuesta se aprecia que si les explica el significado de la palabra biodiversidad y las consecuencias de su declive, una amplia mayoría se declara preocupada. Ante estos resultados, la UE ha decidido lanzar una potente campaña de comunicación.

La incorporación de las “ciencias de la vida” a los programas escolares debería verse complementada por una revisión de otras asignaturas, en las que hoy día se traslada a los más jóvenes el mito del “crecimiento ilimitado” y la subordinación “sin consecuencias” de la naturaleza a la actividad humana. En particular, resulta urgente la comprensión de la importancia de los equilibrios ecológicos para la salud e incluso para la economía.

Se requiere un enfoque más integral de la educación y de la formación, desde las primeras etapas, para que los ciudadanos adquieran una aproximación más holística de la realidad. Se trata, en síntesis, de que cada ciudadano se sienta responsable de sus decisiones, sea como consumidor que como productor de bienes o servicios, sea cual sea su ocupación. Afortunadamente las consideraciones ambientales aparecen ya en la mayoría de las carreras universitarias y en muchas especializaciones de carácter técnico, pero hace falta mucha más información que condicione las conductas individuales, orientándolas hacia una mayor sostenibilidad.

Algún ejemplo concreto. En España se estima que se producen 16.000 muertes prematuras al año a causa de la mala calidad del aire. Esa cifra es siete veces superior a la de los fallecidos por accidente automovilístico, pero resulta ser mucho menos conocida. Las actuaciones para mejorar la calidad del aire, en particular en las ciudades –aumentar los espacios verdes, reducir el uso de vehículos contaminantes…– contribuyen a mejorar la salud de los ciudadanos, al tiempo que se incrementa la biodiversidad y se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Si los ciudadanos fueran más conscientes de la interrelación entre su propia vida y las condiciones de entorno, entre la calidad de la vida humana y la calidad de la vida del resto de los seres vivos…responderían de forma mucho más positiva ante medidas cada vez más urgentes.

La información y la educación pueden hacer que los ciudadanos sean más responsables de su propia conducta y también más exigentes hacia los poderes públicos. Y nada más contraproducente para promover comportamientos individuales respetuosos con los ecosistemas que el comportamiento inadecuado de las instituciones, sobre todo cuando éstas incumplen las propias normas cuyo cumplimiento deben garantizar…

En ese sentido, resulta fundamental la existencia de mecanismos que garanticen el acceso a la información, la rendición de cuentas y la exigencia de responsabilidades en el ámbito de los poderes públicos. La última memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo (2008) pone de manifiesto la importancia creciente de dicha Fiscalía, apoyada, en particular, por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA). El incremento de diligencias de investigación, procedimientos judiciales y sentencias en relación con el cumplimiento de las normas en materia de medio ambiente y de urbanismo –en presencia, con mucha probabilidad, de un número análogo de incumplimientos– es el resultado de una mayor implicación de la sociedad y de las propias Administraciones.

El papel de esta Fiscalía resulta especialmente relevante en un país como España, muy descentralizado, donde el desarrollo reglamentario y el cumplimiento efectivo de las normas ambientales de ámbito nacional corresponde casi siempre a Comunidades Autónomas y a Ayuntamientos, sin que existan apenas mecanismos administrativos efectivos de rendición de cuentas de las Administraciones competentes. En la misma dirección actúan las leyes vigentes sobre acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental, así como la ley sobre responsabilidad ambiental.

Por último, cabe señalar la importancia de los medios de comunicación en la transmisión de información pertinente en materia ambiental, y en particular en materia de biodiversidad. Durante los últimos años, han aumentado los cauces de acceso de los ciudadanos a este tipo de información, tanto en los medios convencionales como a través de Internet. Sin embargo, una vez más, a menudo esta información se presenta en los espacios dedicados a la sociedad o a la ciencia, separada de la información política y económica, o de la relativa a la salud o a los grandes desafíos globales.

La mayoría de los periodistas que se dedican a la información de esas otras áreas carecen de la formación o de la sensibilización suficiente como para incorporar determinados elementos en su análisis de la realidad. Un ejemplo concreto: pocos artículos sobre la crisis alimentaria han incidido sobre la pérdida de biodiversidad como una de las causas fundamentales de la menor productividad de los suelos agrícolas, algo ampliamente contrastado por los informes de la FAO.

5. CONCLUSIÓN

La biodiversidad es la manifestación de la extraordinaria complejidad de la vida. Para abordar el desafío de su conservación y uso sostenible, hay que partir, precisamente, del reconocimiento de la necesidad de un enfoque integral, que permita reconducir las pautas de comportamiento en la práctica totalidad de actividades en el consumo y en la producción. Para ello, los ciudadanos tienen que ser realmente conscientes de que esa reorientación les beneficia, en primer lugar, a ellos mismos y eso requiere más y mejor información disponible, así como una potente estrategia de comunicación.

Se trata, sin duda, de un empeño de largo recorrido que resulta cada vez más urgente: y para el que el avance científico y las leyes ya vigentes –desde luego, en el caso de España– ofrecen la base imprescindible para las actuaciones a emprender.

 1  Embajadora de España ante OCDE.

 2  Director del trabajo de la Comisión Europea “La economía de los ecosistemas y de la biodiversidad” (TEEB), que se finalizará en 2010.

 3  “Measuring the progress of societies” C(2008)100, OECD.

 4  “Comisión para la medición del progreso económico y social”. Draft Summary, junio 2009. www:stiglitz.sen.fitoussi.

 5  “Progress towards the European 2010 biodiversity target”, EEA, junio 2009.

 6  “Saving Biological Diversity: Economic Incentives”, OECD 1996. El más reciente es “People and Biodiversity Policies: impacts, issues and strategies for Policy Action”, OECD 2008.

 7  C(2004)81, OECD 2004.

 8  C(2008)133, OECD, 2008

 9  Sobre estas cuestiones, ver: “An international market-based instrument to finance biodiversity conservation: towards a green development mechanism, K. Mullan y T. Swanson. OECD, 2009.