Incidencia judicial práctica de la modificación operada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en materia sancionadora

Miriam Rodríguez Natal; Elena Veleiro Couto; José Balbuena Jiménez; Juan Romero Sánchez

doi:10.24965/da.v0i284-285.9661

Autores/as

Miriam Rodríguez Natal
Elena Veleiro Couto Cuerpo de Abogados del Estado (España)
José Balbuena Jiménez Cuerpos de Abogados del Estado (España)
Juan Romero Sánchez Cuerpo de Abogados del Estado (España)

DOI:

https://doi.org/10.24965/da.v0i284-285.9661

Palabras clave:

Tráfico, Seguridad vial, Transportes, Vehículos, Sanciones administrativas, Legislación, Reforma legislativa, España, 2009

Resumen

La Ley 18/2009, de 23 de noviembre aborda modificaciones en la configuración del sistema de responsabilidad en los supuestos en que la identificación de un hecho por parte de un conductor infractor no puede producirse en el acto de la comisión, medida por la que se introduce un nuevo concepto, el de “conductor habitual”, que es la persona que está inscrita en el Registro de Conductores Infractores. Por otro lado, esta misma Ley modifica las consecuencias sancionadoras de los hechos infractores elevando cuantitativamente el pago de las multas muy graves a la cuantía de 500 euros.  El objetivo principal de este artículo es mostrar al lector las consecuencias de la modificación de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, reforma legislativa por la que aumentan notablemente los deberes de colaboración a cargo del titular del vehículo.

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Biografía del autor/a

Elena Veleiro Couto, Cuerpo de Abogados del Estado (España)

Funcionaria perteneciente al Cuerpo de Abogados del Estado, dependiente de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Destinada como Abogado del Estado en León; en la Abogacía del Estado en Madrid, ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid; y actualmente en la misma Abogacía del Estado en Madrid, si bien ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

José Balbuena Jiménez, Cuerpos de Abogados del Estado (España)

Pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado, dependiente de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Destinado en la Abogacía del Estado en Palma de Mallorca; y actualmente en la Abogacía del Estado en Madrid, ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid.

Juan Romero Sánchez, Cuerpo de Abogados del Estado (España)

Pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado, dependiente de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Destinado como Abogado del Estado-Jefe en Zamora; como Abogado del Estado en Valladolid, y actualmente en la Abogacía del Estado en Madrid, como Abogado del Estado-Adjunto, ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid.