Doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la USC, también ha cursado el Magister en Evaluación de Programas y Políticas Públicas de la UCM. Además de experiencia en el ámbito profesional de la consultoría estratégica, actualmente desempeña labores como docente en la USC. Las líneas de investigación son las centradas en la administración y las políticas públicas.Paloma Castro Martínez es técnica superior de apoyo a la investigación y miembro del Equipo de Investigaciones Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela, catalogado como Grupo de Referencia Competitiva por la Xunta de Galicia. Actualmente, se encuentra realizando el programa de doctorado Marketing político, actores e instituciones en las sociedades contemporáneas de la misma universidad, cuya tesis versa sobre el comportamiento electoral y la extrema derecha. Además, dispone de formación metodológica tras la realización del Máster en Técnicas Estadísticas de la Universidad de Santiago de Compostela.
Paloma Castro Martínez es técnica superior de apoyo a la investigación y miembro del Equipo de Investigaciones Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela, catalogado como Grupo de Referencia Competitiva por la Xunta de Galicia. Actualmente, se encuentra realizando el programa de doctorado Marketing político, actores e instituciones en las sociedades contemporáneas de la misma universidad, cuya tesis versa sobre el comportamiento electoral y la extrema derecha. Además, dispone de formación metodológica tras la realización del Máster en Técnicas Estadísticas de la Universidad de Santiago de Compostela.
Las políticas públicas de defensa presentan un número de condicionantes de tipo estructural que de manera constante condicionan el desarrollo y gestión de ese ámbito de políticas. Estos condicionantes en el caso de España presentan unos rasgos distintivos, desde culturales a industriales, que resulta necesario conocer para entender la evolución de una política tan peculiar como es la de defensa.
Defence public policies have a number of structural conditioning factors constantly determining the development and management of this policy area. These conditionings in the case of Spain have some distinctive features, from cultural to industrial issues, that are needed to be known in order to understand the evolution of a policy as peculiar as the defence is.
INTRODUCCIÓN. 1. CONTEXTO: LA EVOLUCIÓN ESTATAL EN EL SIGLO XXI. 2. LOS CONDICIONANTES DE LA POLÍTICA DE DEFENSA EN ESPAÑA. 2.1. LA DEFENSA COMO UN CASO DE BIEN PÚBLICO. 2.2. DESCOORDINACIÓN GASTO-PLANIFICACIÓN. 2.3 SECTOR INDUSTRIAL ESTRATÉGICO. 2.4. LA COYUNTURA INTERNACIONAL. 2.5. LA OPACIDAD DE LA POLÍTICA DE DEFENSA. 2.6. EL IMPACTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 2.7. LA ESCASA RENTABILIDAD ELECTORAL. CONCLUSIONES. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
Resulta ya un lugar común señalar que la realidad política del siglo
Es dentro de un contexto semejante donde se encuentra el objetivo del presente trabajo: presentar los condicionantes fundamentales de la política de defensa dentro del Estado español. Con dicha finalidad se distinguen los ámbitos fundamentales que afectan a una política, que, por su propia naturaleza y significado, se entiende como un ámbito propio de soberanía estatal en su grado más íntimo. De este modo, las realidades del nuevo siglo confluyen y confrontan las teorías clásicas dentro de este sector de la acción pública.
En relación con la estructura de estas páginas, en primer lugar, se presenta un breve contexto de la situación del Estado y de las políticas de defensa dentro del nuevo contexto internacional. Dentro de ese apartado se introduce la evolución que han seguido las organizaciones estatales, especialmente dentro del ámbito occidental. En segundo lugar, se presentan los condicionantes fundamentales de la política de defensa en España con sus elementos constitutivos más relevantes. Finalmente están las conclusiones, a la luz de la realidad española actual y su relación con un contexto nacional e internacional complejo.
La forma de abordar el objetivo del presente estudio se apoya en una estrategia que aúna la voluntad exploratoria del objeto de estudio con la pretensión de enumerar y describir los concionantes de una política pública esencial para la naturaleza del Estado. Como fuentes de información para este fin se cuentan, por un lado, con la literatura teórica sobre el tema, así como ensayos, monografías, documentos oficiales, entre otras investigaciones, que han ido generando un acervo de conocimiento dentro de la disciplina que atañe al objeto, y que constituye lo que se conoce como fuentes secundarias. De esta manera, se inscribe dentro de lo que Miguel Valles (2003: 109) identifica como estrategia de «investigación documental». Por otro lado, se recurre a las fuentes estadísticas que facilitan organizaciones oficiales como son el propio Ministerio de Defensa
Por último, indicar que la finalidad del presente trabajo es la enumeración y descripción de aquellos condicionantes que con mayor fuerza supeditan y constriñen la política pública, objeto del presente artículo. De este modo, pretende ser, por un lado, punto de partida para análisis más pormenorizados de cada condición, al tiempo que un mecanismo para incrementar el conocimiento y la divulgación de los temas asociados a las políticas de defensa en España.
Una manera de comprender las políticas de defensa es entender que éstas son una materia exclusiva de naturaleza estatal. Este hecho es señalado por García de Enterría (2017) al observar que aquélla es una competencia estatal, con reserva integral para el Estado dentro del régimen constitucional español vigente. El citado autor entiende que es una materia sobre la que la organización estatal ostenta, con toda extensión e intensidad posible, las potestades de tipo normativo y ejecutivo; es, en resumen, núcleo fundamental de las funciones del Estado.
En este sentido, la misma teoría del Estado (Tilly, 1992) se manifiesta en modo análogo; al entender que la materia de defensa y el monopolio de lo militar (como mecanismo de coerción legítima) son elementos, ya no objeto de
La ciencia política actual ha señalado un doble movimiento de «
Asimismo, este movimiento de compresión no estaría completo, sin citar los fenómenos de descentralización que se han llevado a cabo
De todo lo anterior puede afirmarse lo siguiente: la forma de organización política que es el Estado experimenta a día de hoy un proceso de
Sin embargo, es la presión desde
De este modo, para ubicar el caso español, resulta útil tomar en consideración la clasificación que realiza Geörg Sörensen (2001) en relación a los tipos de Estado que surgen entre los siglos
Tipo Características
• Gobierno centralizado, de tipo burocrático y militarizado. • La comunidad nacional está cohesionada en un concepto de nación, la identidad colectiva es unívoca. • La economía es autocentrada, paradigma de economía nacional. • Nace y se desarrolla en un entorno competitivo y violento.
• Aparecen con el fin del imperialismo y el comienzo de la descolonización. • Evolución tras la segunda posguerra mundial, ambiente no competitivo y violento. • Institucionalmente débiles (estatalidad frágil).
• Gobierno fragmentado en distintos niveles. • La comunidad política mantiene identidades colectivas diversas. • Economía interrelacionada con los demás Estados (interpenetración compleja). • Evoluciona dentro de un contexto de baja competencia/violencia.
Como puede inferirse de la figura 1, la realidad de España en el siglo
Una vez que se han presentado los elementos fundamentales de la evolución de la forma política estatal en la actualidad se puede afrontar el caso concreto de la política de defensa española. Un primer elemento es la misma pertenencia del Estado a organizaciones internacionales de ese ámbito, esencialmente OTAN, UE y la OSCE (Vega, J. M. 2015), así como la idea de que existen unos condicionantes tanto en la cultura como en el debate político de los últimos 40 años que implican unas particularidades propias de esta política pública en el caso de España.
En primer lugar, el concepto de política pública resulta amplio, pero puede acotarse siguiendo lo expuesto por Harguindèguy (2015) que indica de una manera genérica su identidad como programas que desarrollan las autoridades públicas. Sin embargo, siguiendo los objetivos indicados en el presente texto puede ser más adecuado ofrecer una definición más extensa, inspirada en la anterior. De este modo, una definición operativa de política pública puede ser la siguiente: instrumento de intervención social de tipo político, que presenta una naturaleza formal-institucional en la que refleja y trata de responder a demandas y problemas de naturaleza colectiva, considerados sociales y manifestados por diferentes actores presentes en el sistema político. Partiendo de esta definición operativa pueden identificarse los elementos condicionantes de las políticas de defensa que se resumen en la figura 5 en la parte final del presente texto.
En primer lugar, partiendo de la propia materialidad de la política, esta se distingue por tener como objeto un bien público. Existe en ciencia económica un consenso (Makiw, 2009; Krugman, Wells, y Graddy, 2017) en que la defensa nacional es una manifestación clara de este tipo de bienes, dada la inexistencia de rivalidad en el consumo y de una excluibilidad perfecta, o al menos factible operativamente. Aunque este problema puede remontarse a los estudios de Ronald Coase (1994) en relación con las externalidades y costes sociales; el que la política de defensa sea un material exclusivamente estatal es causado tanto por su naturaleza intrínseca de bien público, como por ser un elemento atributivo del concepto de soberanía, la cual es componente necesario del Estado.
En este sentido resulta valiosa la distinción hecha por Stiglitz y Rosengard (2016) entre diferentes tipos de bienes públicos afirmando que:
Un bien público puro es un bien público en el que los costes marginales de suministrarlo a una persona más son estrictamente cero y en el que es imposible impedir que la gente reciba el bien. La defensa nacional es uno de los pocos ejemplos de bien público puro. Muchos bienes públicos suministrados por el Estado no son bienes públicos puros en este sentido. El coste de que una persona más utilice una autopista poco transitada es pequeñísimo, pero no cero, y es posible, aunque relativamente caro
Por otro lado, contemplando la figura 2 puede observarse el impacto del ciclo económico que ha supuesto la, todavía no bien resuelta, crisis económica iniciada en 2008; recesión analizada en sus efectos por Paul Krugman (Krugman, y Wells, 2014) tanto en la perspectiva del impacto dentro del ciclo, como en propio sufrimiento que genera en términos de costes sociales, especialmente en lo que concierne al desempleo. La recesión económica, en el ámbito de la política de defensa, ha afectado a la implementación de los planes ministeriales en el área tanto en lo que se corresponde con la adquisición de materiales y equipo como en el mantenimiento de la capacidad existente.
Uno de los elementos que sobresalen en el ciclo de gasto militar es que este no se coordina con el ciclo económico de una manera adecuada. Las exigencias mismas de la planificación militar y las condicionantes inherentes a la gestión de defensa provocan que este hecho que, lejos de ser coyuntural, se ha convertido en un elemento estructural de la gestión de la política de Defensa.
Año PIB de España Presupuesto del Estado Presupuesto de Defensa % Pto. de Defensa PIB de España % Pto. Defensa presupuesto del Estado
629.907.000 118.816.842 5.799.765 0,92 4,80
680.397.000 124.373.138 6.065.765 0,89 4,87
729.258.000 114.294.331 6.320.213 0,87 5,53
783.082.000 114.516.798 6.477.224 0,83 5,66
841.294.000 117.260.000 6.744.339 0,80 5,75
909.298.000 124.575.760 6.988.186 0,77 5,61
1.007.974.000 133.947.030 7.413.940 0,74 5,53
1.080.807.000 142.925.690 8.049.986 0,74 5,63
1.116.225.000 152.331.100 8.491.312 0,76 5,57
1.079.052.000 157.904.270 8.252.932 0,76 5,23
1.080.935.000 185.035.637 7.691.995 0,71 4,16
1.070.449.000 150.056.000 7.153.546 0,67 4,77
1.039.815.000 118.565.000 6.313.607 0,61 5,33
1.025.693.000 126.792.000 5.934.166 0,58 4,68
1.079.998.000 133.259.210 5.764.949 0,53 4,31
1.079.998.000 129.060.000 5.764.949 0,53 4,47
1.118.522.000 123.394.000 5.785.057 0,52 4,69
1.161.660.000 118.337.000 7.635.714 0,66 6,45
1.213.200.000 119.834.000 8.453.130 0,70 7,05
Como puede apreciarse en la figura 3, el esfuerzo en términos de PIB nacional nunca ha superado ha alcanzado el
Además de la financiación comparativamente escasa
Sin embargo, en términos de planificación y gestión, el elemento que genera una verdadera restricción presupuestaria dura (Kornai, 1993) es la existencia de diversos programas de armamento (Vega, 2015) que implican una ejecución del gasto menos flexible a la adaptación a cambios cíclicos de la economía. No hay que perder de vista que parte de esos planes de adquisición de armamento pueden formar parte de acuerdos internacionales que obligan al Estado.
Un elemento que es connatural a la política material de defensa y que implica una constricción presupuestaria de difícil disminución es el coste de mantenimiento, tanto del parque y equipo, que necesitan las FAS
El principal efecto del desajuste, como puede apreciarse en las figuras 2 y 3, es que el presupuesto de Defensa se mantiene relativamente alto durante ejercicios económicos donde el PIB nacional ya no es que no crezca si no que se contrae. Sin embargo, durante períodos donde el PIB comienza a recuperarse, precisamente el presupuesto de defensa es notablemente inferior
Resulta evidente que, tanto por la propia naturaleza material de la labor de defensa como los propios compromisos del Estado en el plano internacional, terminan por ser dos factores que influyen en la citada descoordinación del presupuesto. Este hecho se produce al ser un presupuesto cuyos gastos (al igual que otros sectores de la administración pública) muestran una clara inelasticidad al recorte. Teniendo en cuenta los altos costes fijos con los que tiene que trabajar el MinDef y lo contingente e incierto del contexto internacional, que puede implicar la aparición de crisis en las que las FAS se vean obligadas a participar en virtud a los compromisos que mantiene el Estado, disparando gastos.
Un elemento singular de la política de defensa es la existencia de una rama de la industria que implica la creación de puestos de trabajo en el sector secundario. Además, esta actividad conlleva la virtualidad de mostrar un alto componente de I+D+i y valor añadido. Ambos elementos convierten a este conjunto de empresas en un sector industrial estratégico que combina empresas tanto pública como privadas; el conjunto de sociedades constituye el clúster de contratistas del sector. La causa que justifica este proceso de creación de un clúster es la peculiaridad que posee el mercado de defensa por el lado de la demanda, dado que tiene a su principal cliente en el propio Estado, que es el mayor consumidor de la producción, constituyendo una suerte de monopsonio.
Cabe señalar que existen, dentro de este tercer condicionante, varios elementos destacados, que lo conectan con otras líneas de políticas públicas como la económica, la investigadora y la de creación de empleo. Tras el impacto de la Gran Recesión y consecutivo el hundimiento del mercado inmobiliario en España, la perspectiva de mantener un sector de actividad industrial con puestos de trabajo estructurales, bien remunerados y que además implican un alto contenido de I+D+i resulta muy atractivo; especialmente dentro de unas políticas económicas que han impulsado la exportación como factor de crecimiento y salida de la crisis.
Como puede apreciarse en la figura 3 la tendencia es que, desde unas cifras relativamente modestas en la etapa anterior a la crisis, rebasando escasamente los 930 millones de euros en 2007 y 2008; se pasa a una dinámica de incremento sostenido con picos puntuales (2011 y 2015). Sin embargo, que no rompe la dinámica expansiva que se inicia desde 2010. Resulta destacable la estabilización del crecimiento a partir del 2014. En general la curva muestra la clara apuesta del gobierno de turno por la salida exportadora a la crisis y, dentro de ella, por el impulso a la internacionalización del sector y de sus clientes en el mercado mundial.
La importancia de este sector se manifiesta en la arena política por una doble vía. Por un lado, aquella que vincula la comunicación entre los grupos de interés articulados (como el caso del clúster de contratistas) con el ámbito del ápice decisorio de la política de defensa dentro del Ministerio de Defensa. Por otro, también el vínculo de dicho ápice con los gobiernos subnacionales (autonómicos y locales) a la hora de asignar carga de trabajo relacionada con la industria militar
Un cuarto condicionante está en la coyuntura externa, esto es, el escenario internacional. La relación viene dada por una doble vía, una ya señalada, centrada en la exportación de material militar (que tiene un perfil de marcada negociación estatal bilateral), así como otra unida a los acuerdos y compromisos internacionales de los que el Estado forma parte. Además, está el componente de facto: las diversas amenazas y riesgos que afronta el Estado para mantener tanto su seguridad nacional como internacional. En la figura 4 se sistematizan algunas de las principales amenazas siguiendo la Estrategia de Defensa Nacional
AMENAZAS DESAFÍOS Espionaje Inestabilidad económica y financiera Conflictos armados Flujos migratorios irregulares Crimen organizado Efectos del cambio climático Terrorismo Pandemias y epidemias Arma de destrucción masiva Emergencias y catástrofes
Indicar de la figura 4, que el propio contenido de la EDN destaca como amenazas más graves aquellas que tienen un componente que violenta de una manera más explícita las fronteras del Estado sea el cibrecrimen, sea el yihadismo que son, en ambos casos, elementos que no respetan las limitaciones políticas entre territorios. Es de especial relevancia el riesgo que se le atribuye al crimen realizado desde internet mediante el uso de equipos informáticos, dado que puede poner en riesgo ya no a usuarios individuales (caso de los episodios del
Este componente externo ha evolucionado radicalmente desde mediados del siglo pasado, donde dentro de un contexto internacional de aislamiento del régimen español, se tendió a una diplomacia de sustitución que tras la Conferencia de Madrid fue evolucionando a una creciente normalización que culmina con el ingreso en las Comunidades Europeas en 1986. Desde ese momento España ha mantenido unas relaciones normalizadas en el contexto internacional del cual participa y dentro del que afronta los nuevos retos e inseguridades. Cabe destacar la naturaleza difusa y transnacional de los mismos (como la trata o el tráfico humano), incluso su carácter virtual (caso del cibercrimen). Cabe recordar que las nuevas amenazas son otro factor que erosiona la clásica teoría de la soberanía estatal y la impenetrabilidad de las fronteras. Este tipo de riesgos fuerzan a los Estados a tejer redes de colaboración tanto bilateral como multilateral para poder afrontarlos con garantías. Un claro ejemplo dentro del entorno español es la creación (dentro del marco de la UE) del «tándem» Europol-Eurojust como mecanismos para afrontar estas amenazas (Moreda, 2012: 145). Al igual que misiones como Frontex. En materia de defensa, en el ámbito exterior esto se manifiesta en las distintas misiones y despliegues que las FAS realizan en varias regiones del mundo, así como que dentro de su actividad ha de coordinarse con el MAEC
Esto es otro elemento particular de la política de defensa en España, compartido con cualquier Estado contemporáneo de su ámbito: la gran carga diplomática que implica la política de defensa. Tanto en su forma pasiva (intercambios comerciales) como activa (misiones de paz, reconocimiento, etc.) que le otorga un peso específico como elemento de las relaciones internacionales y la diplomacia. Todo lo anterior implica una alta dependencia del contexto internacional (Peña, 2013) lo que supone que determinados acontecimientos pueden implicar cambios en las políticas. Como ejemplo paradigmático están los atentados del 11-S, éstos causaron no sólo cambios en los alineamientos diplomáticos de España, si no cambios en las políticas de defensa dada la necesidad de envío de tropas. Igualmente, las presiones del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el incremento del gasto militar de los miembros de la OTAN pueden resultar en un incremento del presupuesto militar en España.
Un quinto elemento que compromete la política defensa en España es la de su opacidad y su cooptación por expertos. La opacidad alude, por un lado, a la escasa difusión en el ámbito de la opinión pública y a una cultura de defensa igualmente insuficiente, junto con una protección institucional y jurídica que, aunque necesaria, implica un alejamiento mediático de la ciudadanía. Por otro la complejidad de la política deviene de la creciente tecnificación de los insumos físicos de defensa, al igual que por su vinculación con otros ámbitos como la economía y la diplomacia. De modo que, aunque opacidad y complejidad no son sinónimos, sí que son dos elementos que se influyen y retroalimentan recíprocamente en la confección de las políticas de defensa. Esto se debe a varios factores que deben ser abordados separadamente. Por una parte, está el evidente peso estratégico y simbólico de la propia política de defensa, dentro de la cual las actividades de inteligencia tienen un rol cada vez más importante, especialmente vinculadas a las TIC. Esto hace que, por motivos de seguridad nacional, sea conveniente cierto nivel de protección de la información, como por otro lado ya contempla la normativa al respecto
Como se ha indicado, la política de defensa implica la contratación de determinados insumos (armas, munición, vehículos…) con unas características particulares, donde también resulta adecuado mantener cierta protección de ese tipo de información, dado que ya no solo concurren los intereses de Defensa si no aquellos que aluden a la propiedad industrial, lo cual es otro factor de opacidad.
Asimismo, ya centrado en el círculo más amplio de la opinión pública, en España existen unos públicos muy reducidos para este tipo de políticas, donde los más interesados son los propios miembros de las FAS, el clúster de contratistas y los diversos
Por último, existe un indicador de esta opacidad en la propia Comisión de Defensa que existe en el seno del Congreso de los Diputados, dentro de la cual los temas tratados son casi en exclusiva presupuestarios (Jordán, 2017) dada la escasa capacidad, preparación y dominio de los parlamentarios sobre los temas en materia de defensa. Este hecho contribuye aún más a alimentar la sensación de opacidad dentro de la confección de las políticas públicas de defensa dentro de la opinión pública general.
Dentro de los elementos que configuran la opinión pública, uno de los más fundamentales son los medios de comunicación. En el ámbito de la defensa esto también se cumple. Como ya ha indicado Colino (2017a) la cobertura mediática positiva sobre las políticas públicas afecta significativamente al éxito de las mismas, según las propias opiniones de los gestores públicos. Esto no deja de ser indicativo de la necesidad de una publicidad positiva sobre la acción política para que esta sea recibida de una manera, al menos, no hostil.
En el caso de la política de defensa esta ha ido buscando, de modo deliberado, una cobertura en los medios que se centre en su labor humanitaria vinculada al mantenimiento de la paz y no a una imagen agresiva. Esta estrategia se ha ido implementando desde principios de siglo (Bueno, 2016) mediante la difusión de la cultura de defensa, que en el caso español ha tomado cada vez un matiz más securitario y que pretende dar relevancia a la acción exterior de las FAS protagonizada por la ayuda humanitaria.
De todos modos, en paralelo a esta búsqueda de una cobertura mediática positiva, están elementos propios de la sociedad digital actual como son los conocidos como «efecto CNN» o, en especial, la relevancia que tiene para la configuración de la opinión pública el uso de las redes sociales; sea para difundir información veraz o sea para expandir lo que se ha dado en llamar
Este último elemento puede vincularse en cierto modo con el anterior, en términos de causa y consecuencia. Dado que la escasa rentabilidad, en términos de votos, se demuestra por el escaso interés mediático de las cuestiones militares y viceversa. En el caso español esto tiene varios motivos. Con el advenimiento del régimen constitucional de 1978 se pretendió crear un distanciamiento del poder político respecto al estamento militar, al contrario que en el régimen anterior donde estaban esencialmente asociados (Mellón, 2018). Esta tendencia fue más intensa tras el intento de golpe de Estado del 23-F. Asimismo, se fue creando desde el régimen anterior una «contracultura» de defensa que se materializó en la campaña en contra de la integración formal del Reino de España en la estructura de la OTAN (Martí i Puig, y Ubasart-González, 2018).
A lo largo del periodo democrático los temas o issues sobre defensa han sido de escaso interés para la opinión pública (Peña,
Esto ha motivado que sea una política de Estado, protagonizada, hasta ahora, por un consenso entre los partidos de gobierno (PP y PSOE) dentro del cual se atribuye más su elaboración a expertos y donde se privilegia, dentro de lo presupuestariamente posible, el complimiento de los compromisos internacionales de los que el Estado español forma parte.
Por último, la figura 5 resume los principales condicionantes de la política pública de defensa en España a lo largo de que lo llevamos de siglo.
Un factor destacable de los siete condicionantes que se han presentado es que tienden a reforzarse entre sí, al menos hasta la actualidad. Cabe recordar que el presente siglo se inició con el atentando del 11-S, cuyo impacto supuso grandes cambios en las estrategias y políticas de defensa mundiales, así como el declinar del multilateralismo en las relaciones internacionales. Fue un fenómeno que aceleró y neutralizó tendencias presentes en la ordenación postsoviética de las relaciones internacionales. De todos modos, queda de manifiesto la complejidad de análisis de la política por la vinculación de actores y dinámicas internas y externas, públicas y privadas, formales e informales; dentro de una alta dependencia del contexto internacional, altamente volátil, contingente y donde la norma ha sido la incertidumbre.
En el caso español, dentro de un contexto postcrisis donde se arrastran aún muchos elementos de la etapa de recesión
La emergencia de nuevas amenazas refuerza la tendencia a la opacidad por la importancia de las labores de inteligencia, así como por la carencia de públicos amplios. Esto deriva de la escasa cobertura mediática que opera como causa y consecuencia del desinterés del público general. Dicha situación, a su vez, es motivo del desinterés relativo por las cuestiones de defensa en los programas y debates partidistas, dado su, hasta el momento, escasa rentabilidad electoral.
Es quizá éste último factor el que pueda presentar un cambio en los próximos años dentro del panorama español. Dado que la irrupción de nuevas fuerzas políticas que buscan activamente la vinculación y el voto con los miembros de las FAS y de las FCSE
Aun a pesar de objetivo exploratorio y descriptivo del presente trabajo, puede concluirse, que, en el escenario actual, el peso compositivo de los diferentes factores identificados como condicionantes la política de defensa en España puede verse modificados por un cambio en las dinámicas electorales y en sistema de partidos.
En adelante MinDef.
Cabe destacar diferentes situaciones como la disposición de cuerpos policiales propios, como es el caso de Cataluña, País Vasco, Navarra e Islas Canarias. Así como la competencia en instituciones penitenciarias de la que ya goza Cataluña para las que están en su territorio y es, a día de hoy una reclamación del gobierno del País Vasco. En el ámbito de defensa, las presiones se centran en las inversiones para la construcción o fabricación de material y vehículos militares dentro de los establecimientos existentes en diferentes territorios.
El proceso de
El concepto de «autocentrado» implica que la voluntad y objetivos del Estado se centran en sí mismo, con independencia del impacto dentro de la sociedad internacional a la que pertenece. En este caso se basa en el desarrollo económico y de las mismas capacidades del Estado apoyadas en las propias capacidades del mismo, especialmente en su población y el desarrollo de la misma tanto como consumidor, como proveedor de capital y trabajo.
Esta es la idea que se ha manifestado en relación a que existe dificultad operativa en limitar el consumo de un bien de tipo público, puro o no. En este caso, sobre el ejemplo de la autopista, ocurre que (si bien no es un bien público puro) se comporta como si efectivamente lo fuera dado que no existe una forma económicamente ventajosa de conseguir una excluibilidad perfecta; así como es probable que la rivalidad en el consumo sea escasa o tendente a cero. Por lo tanto, el evitar el uso de dicho bien, haciéndolo excluyente, puede resultar incluso antieconómico. Por otro lado, puede señalarse que KRUGMAN
En este sentido resultan relevantes las continuas manifestaciones del gobierno norteamericano sobre la escasa e insuficiente financiación de la defensa por parte de los miembros de la OTAN. Según los datos de la propia organización España es el tercer país con menor esfuerzo inversor en relación al PIB, sólo superado a la baja por Bélgica y Luxemburgo.
Abreviatura convencional para aludir a las Fuerzas Armadas.
Como se infiere de los datos oficiales que distribuye el Banco de España, la peor etapa de la coyuntura de crisis se produce entre los años 2009 a 2013. En el primer año de la serie (2009) el PIB de España se contrae un –3,6 %, para quedar plano (0,0 %) en el ejercicio siguiente. En 2011 el dato es nuevamente negativo (–1,0 %) para encadenar al siguiente un nuevo decrecimiento duro del –2,9 %. En 2013 el decrecimiento se desacelera, el PIB «sólo» cae un –1,7 %. A partir de esa fecha la economía nacional retoma un periodo de crecimiento del macroindicador, desde 2014 entra en positivo, aunque desde finales de 2017 se aprecia una cierta desaceleración. En 2015 el crecimiento llega al 3,6 %, para pasar al 3,2 % al siguiente año. En 2017 se alcanza un 3,0 % y 2018 cierra con un 2,5 %. Parece que las tendencias son a crecimiento del PIB menor para 2019.
Como ejemplos claros en este sentido pueden citarle los casos de la construcción de buques militares en los astilleros de Cádiz o el abadono de la empresa UROVESA de su asentamiento tradicional en Santiago de Compostela. Ambos casos, documentados en la prensa diaria, generaron polémicas divergentes. En los dos casos, por un lado, estaba en juego el fuerte peso político que implican los puestos de trabajo generados, y por otro los costes político-ideológico para los gobiernos de turno. En el caso de Santiago de Compostela la opinión pública lo interpretó como una pérdida grave para el tejido económico del municipio. En el de la capital gaditana se aprecia de manera notoria la situación de
En adelante se usará EDN.
El anglicismo surge de la contracción de las palabras «
Abreviatura convencional para aludir al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Como ejemplo sirva lo dispuesto en la ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno, en cuyas disposiciones, como el artículo 14 de la citada norma, indica que el acceso a la información puede ser limitado si es considerado perjudicial en relación con materias como la seguridad nacional y la defensa. Además, el artículo 14.1.j hace mención explícita a «El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial» que gozan del mismo grado de protección que presenta la Defensa y la Seguridad nacional.
Con este anglicismo se identifican las noticias falsas, o bulos, que se extienden preferentemente por la red mediante redes sociales o publicaciones digitales que presentan información no contrastada como noticias veraces. Es una versión de lo conocido como desinformación o «propaganda negra» pero en el contexto digital del ciberespacio, utilizando las nuevas herramientas TIC para conseguir los mismos objetivos de desinformación o manipulación.
Como indicación, los índices de desigualdad y pobreza más ampliamente utilizados no muestran una salida clara de la crisis a nivel «micro», es decir, en cuanto a la sensación ciudadana. Por ejemplo, con datos del INE el 2008 el coeficiente era de 32,4 y para 2017 alcanzó el 34,1. Hay que recordar que cuanto más se acerque el indicador al valor 1 más intensa es la desigualdad en la renta. El indicador AROPE (
Abreviatura convencional que alude a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como es el caso, por ejemplo de la Policía Nacional.
Como fuerza electoral emergente, tras las elecciones autonómicas andaluzas en diciembre de 2018, la formación VOX ha buscado el apoyo activo de dichos colectivos, de hecho, ha incluido a varios generales en la reserva en sus litas electorales para los comicios nacionales del 28 de abril de 2019. Por otro lado, Podemos ha llevado en sus listas (en varias ocasiones) como candidato destacado a un ex JEMAD, en un intento para acercarse a dichos sectores.