Recibido: 30-06-2017

Aceptado: 17-10-2017

DOI: 10.24965/reala.v0i8.10437

Entidades y «entes» de ámbito territorial inferior al municipio tras la reforma local de 20131

Entities and «bodies» of territorial scope inferior to the municipality after the local reform of 2013

Rafael Pizarro Nevado

Universidad de Córdoba

rpizarro@uco.es

RESUMEN

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), reformó profundamente la legislación básica sobre entidades de ámbito territorial inferior al municipio para adecuarla a los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Esa regulación, junto con otros preceptos de la LRSAL, fue objeto de numerosos recursos de inconstitucionalidad. Durante el último año el Tribunal Constitucional ha resuelto la mayor parte de esos recursos, por lo que es oportuno determinar qué repercusión ha tenido finalmente la LRSAL en la legislación autonómica sobre entidades inframunicipales y cuáles son las alternativas que se ofrecen a las poblaciones separadas que aspiren a disfrutar de una mayor y más directa implicación en el gobierno de los intereses de sus vecinos. Para ello se expone en primer lugar la doctrina constitucional sobre la competencia estatal para regular sobre este tipo de entidades, el alcance de la reforma y las opciones que se abren ante el legislador autonómico. Posteriormente se analizan los preceptos de carácter básico que específicamente se refieren a las dos soluciones organizativas previstas en la LRSAL, las tradicionales entidades de ámbito territorial inferior al municipio, que conservan su personalidad jurídica y su condición de entidades locales, y los nuevos órganos municipales desconcentrados, impropiamente llamados «entes de ámbito territorial inferior al municipio».

PALABRAS CLAVE

Descentralización, desconcentración, entidades inframunicipales, organización municipal, régimen local.

ABSTRACT

Act 27/2013, of 27 December, on rationalization and sustainability of Local Administrations, deeply reformed the basic legislation on entities of territorial scope inferior to the municipality to adapt it to the principles of efficiency, budgetary stability and financial sustainability. This regulation was appealed before the Constitutional Court, which has resolved most of the appeals filed. Therefore it is convenient to determine which impact has Act 27/2013 finally had in the Autonomous Communities legislation on infra-municipal entities and which are the alternatives offered to little settlements that aspire to a greater and more direct participation in the government of the interests of its population. For this purpose, the constitutional doctrine on the state competence to regulate this type of entities, the scope of the reform and the options that are opened before the autonomous legislator are exposed first. Subsequently, the basic precepts that specifically refer to the traditional entities of territorial scope inferior to the municipality, which retain their legal personality and their status as local entities, and the new deconcentrated municipal bodies are analysed.

KEYWORDS

Decentralization, deconcentration, infra-municipal entities, organization of the municipality, local regime.

SUMARIO

I. ALTERNATIVAS PARA EL GOBIERNO DE LOS PUEBLOS SEPARADOS DE LA CAPITALIDAD MUNICIPAL. II. TRATAMIENTO DE LOS PEQUEÑOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EN LA REFORMA LOCAL DE 2013. 1. EL RECHAZO POLÍTICO Y DOCTRINAL DE LA REFORMA LOCAL DE 2013. 2. EXTENSIÓN DE LA COMPETENCIA ESTATAL PARA LEGISLAR SOBRE ENTIDADES INFRAMUNICIPALES DESCENTRALIZADAS. CONSTITUCIONALIDAD DE LA PROHIBICIÓN DE CREAR NUEVAS ENTIDADES DE ESTE TIPO. 3. DE LA CONTRADICCIÓN SOBREVENIDA ENTRE LA LEGISLACIÓN BÁSICA ESTATAL Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA Y SUS EFECTOS SOBRE LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DE RÉGIMEN LOCAL. 4. EL RÉGIMEN ESPECIAL DE NAVARRA. 5. EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL PAÍS VASCO. III. LAS ENTIDADES DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO TRAS LA LRSAL. 1. LA SUPRESIÓN DEL ARTÍCULO 45 LBRL Y LA SUBSISTENCIA DE LAS ENTIDADES INFRAMUNICIPALES EXISTENTES. 2. LAS NUEVAS CAUSAS DE DISOLUCIÓN DE ENTIDADES DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO. a) Disolución por incumplimiento del deber de presentación de cuentas. b) Disolución por exigencia de un plan económico-financiero. 3. RÉGIMEN APLICABLE A LAS ENTIDADES EN PROCESO DE CONSTITUCIÓN. IV. EL RÉGIMEN BÁSICO DE LOS NUEVOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS. 1. DENOMINACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA. 2. PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN. 3. COMPETENCIAS, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. V. CONSIDERACIONES FINALES. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), ha reformado profundamente la legislación básica de régimen local, y lo hizo ante todo para asegurar la sujeción de los gobiernos locales a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, por lo que fue fuertemente contestada por Comunidades Autónomas y las propias Entidades Locales, que criticaron lo que consideraban una excesiva atención a objetivos financieros y el olvido de muchas reformas largamente demandadas por el mundo local. Además, cuestionaron la constitucionalidad de muchas de sus previsiones, por lo que se interpusieron hasta once recursos ante el Tribunal Constitucional. Durante el último año este ha dictado nueve sentencias que resuelven la mayor parte de los recursos de inconstitucionalidad planteados y declaran la conformidad con el Texto Fundamental de buena parte del contenido de la LRSAL. Pero también se han anulado por vulnerar el Texto Fundamental preceptos centrales para los objetivos de la reforma local, y la constitucionalidad de otros se ha salvado imponiendo una determinada interpretación conforme a la Constitución. Es el momento, por tanto, de analizar cómo queda finalmente configurado el régimen local tras esos pronunciamientos, y debe hacerse atendiendo a las distintas instituciones afectadas2.

Ese es el objetivo de este artículo en relación con las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, a las que esa jurisprudencia presta especial atención. Es el momento de determinar cuál ha sido la repercusión real de la LRSAL en la legislación autonómica sobre entidades inframunicipales, que en la mayor parte de los casos no se ha adaptado a la nueva legislación básica, y cuáles son las opciones que se ofrecen a las poblaciones separadas que aspiren a disfrutar de una mayor y más directa implicación en el gobierno de los intereses de sus vecinos.

I. ALTERNATIVAS PARA EL GOBIERNO DE LOS PUEBLOS SEPARADOS DE LA CAPITALIDAD MUNICIPAL

Afirmaba MAURA que España es un país de pueblos, de pequeños municipios, pero también de aldeas, villas y caseríos. A pesar del tiempo transcurrido la frase aún refleja la importancia que en el mundo rural tienen esas pequeñas comunidades, que nunca alcanzaron la condición de municipio, pero que son titulares de intereses propios, muchas veces contrapuestos a los municipales. El camino recorrido por esos asentamientos para encontrar cauces de expresión colectiva y de gobierno de sus intereses ha sido azaroso y en muchas ocasiones se desarrolló de espaldas a la legislación, lo que explica la variedad de situaciones resultante y el apego a la tradición en muchas de estas poblaciones3.

Hasta bien entrado el siglo xix esos pequeños poblados asumieron normalmente la condición de aldeas dependientes de una villa o la de arrabal de las ciudades. Una tercera forma de organización agrupaba minúsculas poblaciones organizadas como corporaciones cerradas o ayuntamientos. Cada uno de estos pueblos constituía una unidad administrativa que respondía al nombre de concejo (o parroquia en Asturias y Galicia). En ese caso los ayuntamientos se integraban por una agrupación de concejos.

La situación no cambió sustancialmente durante los primeros años del constitucionalismo decimonónico, porque el proceso de creación de nuevos ayuntamientos al amparo de las previsiones de la Constitución de 1812 fue rápidamente abortado con la vuelta al absolutismo4. Por tanto, durante el siglo xix, al margen del municipio, para el gobierno de esos pueblos únicamente se admitía la creación de órganos desconcentrados5. Hasta el Estatuto Municipal de 1924 no se permitió que los núcleos de población que hasta ese momento eran simples barrios o pueblos agregados se constituyeran como entidades locales menores con personalidad jurídica propia y los caracteres con los que hoy se las conoce6.

Lógicamente no todos los pueblos alcanzaron la condición de municipio o de entidad local menor. Muchos continuaron siendo simples órganos municipales desconcentrados y otros muchos siguieron sin articulación orgánica alguna. Pero con el Estatuto Municipal se inició un proceso descentralizador que se mantuvo durante la II República7 y la dictadura, aunque durante esa etapa las entidades locales menores estuvieron completamente supeditadas al municipio8.

Esa situación cambia radicalmente con la promulgación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local9 (LBRL) y, sobre todo, de la legislación autonómica sobre entidades de ámbito territorial inferior al municipio10, que en desarrollo del principio constitucional de descentralización territorial las configuraron como entidades locales completamente diferenciadas de la municipal, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Y no solo se reforzó su autonomía, porque a la vista del amplio margen de actuación que permitía en este ámbito la legislación básica, las leyes autonómicas rompieron el modelo uniforme existente hasta entonces para atender a la pluralidad de situaciones sociológicas y económicas que salpicaban la geografía española, reconociendo las singularidades de los distintos tipos de asentamientos y otorgando un tratamiento específico a cada uno de ellos11.

Para aquellos núcleos de población que no llegaron a constituirse ni en pequeños municipios ni en entidades locales menores, y para los que se han formado durante las últimas décadas, la legislación vigente también ofrece distintas fórmulas de administración desconcentrada concebidas para canalizar la voluntad de participación de sus vecinos en el gobierno local y la gestión de sus intereses comunes12.

Baste este rápido recorrido para comprobar que la evolución del tratamiento jurídico de los pequeños asentamientos, plagada de avances y retrocesos alternativos, refleja la tensión permanente entre la voluntad de esas pequeñas comunidades por participar en el gobierno de los que consideran sus asuntos y razones de índole organizativa, que apuestan por Administraciones de dimensiones adecuadas para satisfacer eficazmente los intereses públicos. Durante los dos últimos siglos coexistieron distintas soluciones organizativas para los núcleos de población separados de la capitalidad municipal, aunque la legislación autonómica ha potenciado sobre todo las soluciones descentralizadoras, alumbrando entidades inframunicipales que con denominaciones muy distintas constituyen la expresión de toda una población asentada en un territorio, de una comunidad política con intereses propios netamente diferenciados de los generales del municipio13.

II. TRATAMIENTO DE LOS PEQUEÑOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EN LA REFORMA LOCAL DE 2013

Esa era la orientación mantenida en la legislación local hasta la promulgación de la LRSAL, que modificó profundamente la LBRL. Además de endurecer los requisitos para la creación de nuevos municipios, la reforma incidió directamente sobre la regulación de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, congelando su número, aumentando los mecanismos de control por las restantes Administraciones territoriales y fijando nuevas causas de disolución. Por otra parte, se introdujo una nueva fórmula de organización desconcentrada, que a partir de ese momento debía ser la única vía por la que transitaran los núcleos de población que no hubieran alcanzado la condición de entidad local.

Para el mejor entendimiento de estas reformas es necesario explicar previamente cuáles eran los objetivos que inspiraban el anteproyecto de LRSAL, cómo se fueron diluyendo durante el procedimiento de elaboración del texto legal y el rechazo que provocó entre los responsables políticos locales y autonómicos. También se debe señalar que el texto resultante contiene numerosas deficiencias –muchas oportunamente destacadas por la doctrina especializada durante su tramitación parlamentaria– y que algunas de sus previsiones planteaban serias dudas de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional admitió a trámite once recursos sobre la constitucionalidad de la LRSAL14, de los cuales nueve han sido resueltos en las sentencias 41/2016, de 3 de marzo; 111/2016, de 9 de junio; 168/2016, de 6 de octubre; 180/2016, de 20 de octubre; 44/2017 y 45/2017, ambas de 27 de abril; 54/2017, de 11 de mayo; 93/2017, de 6 de julio y 101/2017, de 20 de julio. En todos los recursos resueltos se cuestionaba la regulación sobre entidades inframunicipales, pero el Tribunal Constitucional ha confirmado su constitucionalidad con una única salvedad15. Pero conviene detenerse en los razonamientos del Tribunal para entender el alcance de la competencia estatal para regular sobre este tipo de entidades, la extensión de la reforma y las posibilidades que se abren ante el legislador autonómico.

La STC 41/2016, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad 1792-2014, interpuesto por la Asamblea de Extremadura en relación con diversos preceptos de la LRSAL, es sin duda la más relevante a nuestros efectos, pues se pronuncia sobre todos los preceptos que afectan a las entidades de ámbito territorial inferior al municipio y sobre la regulación de los nuevos órganos desconcentrados. Las sentencias posteriores se apoyan en su doctrina para desestimar impugnaciones sustancialmente idénticas16, pero también resuelven cuestiones nuevas que merecen atención. Por ejemplo, la STC 168/2016, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad 1995-2014, interpuesto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, se ocupa de la contradicción sobrevenida entre la legislación básica estatal sobre entes inframunicipales y los Estatutos de Autonomía17; o la STC 180/2016, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad 2001-2014, interpuesto por el Parlamento de Navarra, en la que se desarrolla ese aspecto considerando las particularidades sobre régimen local que se derivan del artículo 46 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

1. El rechazo político y doctrinal de la reforma local de 2013

Las reformas planteadas despertaron desde el primer momento un importante rechazo entre los responsables políticos locales y autonómicos, que las consideraban promovidas desde posiciones que no comprendían adecuadamente el mundo local y su organización administrativa, que, a pesar de compartir ciertas características con la estatal y la autonómica, también responde a exigencias propias que no se habrían considerado adecuadamente. Lo cierto es que la LRSAL contiene una serie de medidas homogeneizadoras y permanentes que parecen movidas exclusivamente por la exigencia de una rápida reducción del gasto público, lo que se quería conseguir, entre otras cosas, con la supresión de los entes y organismos locales que no cumpliesen determinados criterios económicos o financieros. Tan drástica consecuencia debía producirse además en plazos muy breves y sin entrar a considerar las peculiaridades que presentaran las distintas entidades por razones históricas, geográficas, sociales o económicas. También se reprochaba a la reforma que, urgida por las necesidades financieras, se dejaba pasar la ocasión de hacer una revisión en profundidad del régimen local español para dar respuesta a problemas que los actores locales llevaban años denunciado18. No es extraño, por tanto, que la aplicación de la LRSAL se haya encontrado con enormes resistencias por parte de los obligados a aplicarla19.

También un sector de la doctrina fue muy crítico con la forma en que se llevó a cabo la reforma, mediante una más de las muchas leyes-medida que la crisis financiera y fiscal ha provocado, marcadas todas ellas casi exclusivamente por preocupaciones de índole económica y coyuntural20. En este tipo de leyes la atención se centra inevitablemente en la consecución del objetivo que motiva la reforma y no se considera con el mismo interés el impacto que la nueva regulación pueda tener sobre la coherencia, los principios o los restantes objetivos del texto reformado. En este caso se modificaron parcialmente las dos leyes basilares del ordenamiento local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con el propósito declarado de «racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso», aunque para ello hayan sufrido, entre otros, los principios de descentralización y de proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos. Es muy significativo que al enumerar los principios que deben inspirar al legislador sectorial se haya sustituido la referencia a la «máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos» por una simple mención a la «proximidad» junto a los principios de eficacia y eficiencia (artículo 2.1 LBRL); todo ello, además, con «estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera»21. Queda así de manifiesto la posición que adopta el legislador básico y permite adelantar el tratamiento que van a tener los pequeños municipios y las entidades inframunicipales, seguramente porque se toma una visión muy plana sobre lo que son estas últimas.

Súmese a todo ello que las medidas incluidas en la primera redacción del anteproyecto de Ley fueron profundamente modificadas antes de su aprobación por el Consejo de Ministros, y que la poda continuó durante su tramitación parlamentaria22, suprimiendo alguna de las medidas más radicales y suavizando en buena medida las restantes, por lo que el resultado final ni podía satisfacer a los impulsores de la reforma, ni iba a ser aceptado por quienes se oponían a ella.

La LRSAL también mereció un juicio negativo por sus deficiencias técnicas23. La Ley arrastraba esas carencias desde su origen, lo que llevó al Consejo de Estado a denunciar en su dictamen sobre el anteproyecto la existencia de «cierta confusión conceptual» y a recomendar que se revisase «la redacción del anteproyecto para asegurar un adecuado empleo» de algunos términos. También proponía la rectificación de varias de las medidas propuestas en el anteproyecto para garantizar una mayor seguridad jurídica y una mejor articulación del texto resultante en el entramado constitucional de distribución de competencias, en particular la restrictiva regulación que se hacía sobre mancomunidades y entidades locales menores, que el Tribunal Constitucional había considerado organizaciones expresivas de la autonomía organizativa municipal y de alta interiorización autonómica. A pesar de que durante la tramitación parlamentaria se enmendó parcialmente el proyecto de ley, el texto finalmente aprobado seguía siendo deficiente y, consecuentemente, los textos legales que reformaba (LBRL y TRLRHL) y también la propia LRSAL –en aquellos preceptos que eran de aplicación directa– resultan confusos en bastantes extremos, cuando no contradictorios. Si además se considera que parte de su articulado ha sido declarado inconstitucional y que el Tribunal Constitucional ha impuesto una determinada interpretación «conforme a la Constitución» para otros preceptos (SSTC 41/2016, 111/2016, 168/2016 y 180/2016), se adivina que su aplicación va a ser dificultosa24.

El tratamiento dado a las entidades de ámbito territorial inferior al municipio es un buen ejemplo de todo lo anterior. Uno de los objetivos declarados del anteproyecto de LRSAL era la racionalización de la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; entre las medidas previstas para lograrlo se encontraba una nueva regulación de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio en la que se las privaba de su personalidad jurídica. Pero en los continuos cambios que sufrió el texto durante el proceso de elaboración puede apreciarse cómo fue perdiendo importancia el objetivo racionalizador para al final atender casi en exclusiva al de sostenibilidad financiera (MELLADO RUIZ, 2014b: 27). Pronto se abandonó, por ejemplo, la idea de reformar la planta local mediante la supresión forzosa de municipios y se indultó a las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, aunque en la primera versión del anteproyecto de LRSAL se proponía su completa desaparición. En una versión posterior, la que fue remitida para ser informada por el Consejo de Estado, ya estaba previsto mantener las entidades inframunicipales existentes, aunque se había añadido una disposición que supeditaba su supervivencia a la superación de un control de eficacia: se estuvo valorando concederles un plazo de tres meses para que presentaran sus cuentas y a continuación evaluar los servicios que prestasen, todo ello con la amenaza de disolución, si de la evaluación se deducía una inadecuada prestación de los servicios25. También estas previsiones sufrieron importantes modificaciones durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, como se expondrá en los siguientes apartados.

Al final, las entidades de ámbito territorial inferior al municipio existentes en el momento de la entrada en vigor de la LRSAL han conservado su personalidad jurídica y la condición de entidad local (disposición transitoria cuarta), aunque su régimen jurídico ha sufrido una drástica modificación26. De hecho, con la sorprendente excepción del artículo 4, en la redacción vigente de la LBRL no se alude a la existencia de entidades inframunicipales con personalidad jurídica, porque se ha dejado sin contenido el artículo 45 LBRL y se ha suprimido la mención que se hacía en el artículo 3.2.a) LBRL a las «Entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas, conforme al artículo 45 de esta Ley». Además, se ha introducido el artículo 24 bis, en el que se regulan unos nuevos «entes [sic] de ámbito territorial inferior al municipio» como forma de gestión municipal desconcentrada y, por tanto, sin personalidad jurídica propia. El resultado final supone la coexistencia de dos fórmulas organizativas radicalmente distintas, puesto que mientras las tradicionales entidades locales menores siguen existiendo como entes descentralizados, las iniciativas que en el futuro se planteen para responder a las exigencias de participación en los asuntos de interés propio de los núcleos de población separados solo pueden canalizarse a través de órganos municipales desconcentrados.

2. Extensión de la competencia estatal para legislar sobre entidades inframunicipales descentralizadas. Constitucionalidad de la prohibición de crear nuevas entidades de este tipo

La doctrina y el Consejo de Estado habían señalado que la restrictiva regulación sobre entidades de ámbito territorial inferior al municipio podía desbordar el ámbito de la legislación básica en esta materia, ya que el Tribunal Constitucional las consideraba organizaciones expresivas de la autonomía organizativa municipal y de alta interiorización autonómica27. Así lo entendieron también los promotores de los recursos contra la LRSAL, que argumentaron que limitaba injustificadamente la libertad autonómica de creación de entidades inframunicipales y vulneraba la doctrina constitucional formulada en las sentencias 179/1985 y 214/1989. Por ello impugnaron el nuevo artículo 24 bis LBRL y la disposición transitoria cuarta de la LRSAL, que preveía la disolución de las entidades locales de ámbito territorial inframunicipal si no presentaban sus cuentas ante el Estado o las Comunidades Autónomas antes de una fecha determinada.

Ahora interesa centrarse en el primero de los preceptos impugnados, el artículo 24 bis, que introduce en la LBRL la figura de los «entes de ámbito territorial inferior al municipio», en realidad órganos desconcentrados del municipio (apartado primero del artículo 24 bis), que solo podrían crearse tras constatar además que resultan «una opción más eficiente para la administración desconcentrada de núcleos de población separados de acuerdo con los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera» (apartado tercero). Conectando este precepto con la supresión del artículo 45 LBRL, concluían los recurrentes que las Comunidades Autónomas no podían regular sobre creación de nuevas entidades inframunicipales descentralizadas. Así lo entendió también desde el principio una parte de la doctrina, que asumió que después de la entrada en vigor de la LRSAL para la administración de núcleos de población separados solo cabía utilizar las formas de gestión desconcentrada del artículo 24 bis28. Basándose en la literalidad del artículo 24 bis y de la regulación contenida en la LRSAL, que únicamente alude a las entidades ya constituidas, concluían que las Comunidades Autónomas no podían regular de forma diferente sobre este aspecto, ni aplicar la legislación autonómica vigente para crear nuevas entidades de ámbito territorial inferior al municipio, por lo que solo les quedaba la posibilidad de recurrir a fórmulas de gestión desconcentrada.

Para llegar a esa conclusión había que aceptar una premisa de cuya constitucionalidad dudaban, como era que el Estado podía imponer un modelo restrictivo de organización inframunicipal e impedir a las Comunidades Autónomas adoptar cualquier opción descentralizadora, a pesar de que desde su creación el Tribunal Constitucional les había reconocido una amplísima competencia normativa sobre organización local. Concretamente en relación con las entidades de ámbito territorial inferior al municipio afirmó el Tribunal en su sentencia 214/1989 que eran entidades con un fuerte grado de interiorización autonómica, por lo que el Estado debía quedar al margen en cuestiones tan relevantes como la determinación de sus competencias. Ese razonamiento no impide que el Estado legisle sobre entidades inframunicipales, pero sí podía hacer pensar que una ley estatal que prohibiese la creación de entidades inframunicipales de naturaleza descentralizada, con personalidad jurídica y competencias propias, reduciendo las opciones normativas autonómicas –y las de autoorganización municipal– únicamente a formas de organización territorial desconcentrada, iba más allá de lo que hasta ese momento el Tribunal había considerado bases del régimen jurídico de las Administraciones Locales.

El Tribunal Constitucional ha despejado esa duda en la sentencia 41/2016, declarando la constitucionalidad de la LRSAL en ese extremo. Aunque admite que la creación y regulación de entidades inframunicipales es una decisión que afecta a la autonomía municipal constitucionalmente garantizada, añade que la protección de intereses supraautonómicos puede justificar una regulación básica sobre ese particular. Recuerda el Tribunal que, respetando el espacio que corresponde a la legislación autonómica y a la autoorganización local, la legislación básica puede «identificar aquel núcleo del ordenamiento que requiere de elementos comunes o uniformes en función de los intereses generales a los que sirve el Estado» (STC 41/2016, FJ 5)29. A partir de ahí el Tribunal acepta que limitar la creación de nuevos entes descentralizados «condiciona la potestad municipal de autoorganización y las competencias autonómicas sobre régimen local», pero explica que «tal exigencia se inspira directamente en los mandatos constitucionales de eficiencia en el uso de los recursos públicos (artículo 31.2 CE) y estabilidad presupuestaria (artículo 135 CE), sin vulnerar por ello la potestad organizatoria municipal ni hurtar a las Comunidades Autónomas un amplio margen de desarrollo»30. Con esa vaga referencia se entiende cumplido el requisito exigido desde la STC 214/1989 [FJ 15 b)] de afectación de «intereses generales de alcance supraautonómico», por lo que declara el carácter de legislación básica de la prohibición de crear entidades inframunicipales descentralizadas y su conformidad con la garantía constitucional de la autonomía local.

Con este razonamiento el Tribunal Constitucional asume abiertamente la directriz que inspira la LRSAL, que –como se explica en la propia STC 41/2016– ha «cambiado el sentido político de su regulación en el marco del amplio margen de configuración que le asigna la Constitución», densificando el contenido la legislación básica estatal y reduciendo correlativamente las alternativas de regulación de las Comunidades Autónomas y la autonomía organizativa de las entidades locales para contener el número de personificaciones públicas31.

En cuanto a la regulación de los órganos desconcentrados contenida en el artículo 24 bis LBRL, también entiende el Tribunal Constitucional que se justifica en «intereses generales de alcance supraautonómico» y que deja «amplios espacios de desarrollo autonómico y autoorganización local» [FJ 15 b)], por lo que no aprecia tachas de inconstitucionalidad. A juicio del Tribunal, el legislador básico no habría «ocupado más espacio normativo» del que ocupaba antes de la reforma, restringiendo correlativamente las posibilidades de desarrollo por parte de las Comunidades Autónomas; simplemente habría «cambiado el sentido político de su regulación en el marco del amplio margen de configuración que le asigna la Constitución». También valora que el artículo 24 bis no contiene reglas precisas sobre creación, organización y competencias, por lo que para su aplicación resulta imprescindible que la regulación sea completada por la legislación autonómica y, en su caso, por las normas que establezcan los propios municipios. Por todo ello concluye que el precepto «se sitúa dentro de los márgenes del art. 149.1.18 CE».

En la STC 41/2016 solo se enjuició la constitucionalidad de los artículos 3.2 y 24 bis LBRL y de la disposición transitoria cuarta de la LRSAL (FJ 7 a), b) y c)), que fueron los impugnados por la Asamblea de Extremadura en el recurso de inconstitucionalidad 1792-2014. No lo fueron en ese momento el artículo 1.14 LRSAL, que deroga y deja sin contenido el artículo 45 LRBL, ni la disposición transitoria quinta de la LRSAL, que reconoce el carácter de entidad local con personalidad jurídica de las entidades inframunicipales ya constituidas y las que el 1 de enero de 2013 estaban en proceso de creación; pero si se incluyeron en el recurso de inconstitucionalidad 1996-2014, interpuesto por el Parlamento de Cataluña. En este segundo recurso el artículo 1.14 y la disposición transitoria quinta de la LRSAL se impugnaron en conexión con los artículos 3.2 y 24 bis LBRL y la disposición transitoria cuarta de la LRSAL y con el mismo argumento, que todo el conjunto normativo suponía un cambio sustancial del régimen básico de las entidades locales de ámbito inferior al municipio que vulneraba el artículo 87.2 EAC, conforme al que los núcleos separados de un municipio pueden constituirse en «entidades municipales descentralizadas», lo que permitió al Tribunal Constitucional confirmar su constitucionalidad en la STC 54/2017 (FJ 2 c) in fine) con una simple remisión a lo expuesto en el FJ 7 a), b) y c) de la STC 41/2016, sin necesidad de completar sus argumentos.

3. De la contradicción sobrevenida entre la legislación básica estatal y los Estatutos de Autonomía y sus efectos sobre la legislación autonómica de régimen local

Esa primera conclusión plantea otra cuestión de naturaleza constitucional, como es la necesidad de resolver la contradicción entre la legislación básica estatal y las previsiones de los Estatutos de Autonomía, ya que hay preceptos de la LRSAL que chocan frontalmente con algunos de ellos, como el artículo 86.7 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el que se dispone que «las concentraciones de población que dentro de un municipio constituyan núcleos separados pueden constituirse en entidades municipales descentralizadas. La ley debe garantizarles la descentralización y la capacidad suficientes para llevar a cabo las actividades y prestar los servicios de su competencia». También entran en contradicción con el artículo 58 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, que establece que «[p]or ley se regularán las formas de constitución, organización, competencias y régimen jurídico y financiero de las entidades locales menores, áreas metropolitanas, mancomunidades, consorcios y aquellas otras agrupaciones voluntarias o necesarias de municipios que pudieran establecerse, reconociendo, en todo caso, su autonomía administrativa y su personalidad jurídica»; y con los artículos 27.2 y 40.3 del Estatuto de Autonomía para Galicia, en el que se reconoce la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma para regular las «parroquias rurales como entidades locales propias de Galicia» y expresamente se les atribuye personalidad jurídica. Hasta la reforma de 2013 esos preceptos estatutarios no planteaban problema alguno, porque lo dispuesto en los Estatutos coincidía con lo previsto en la legislación estatal. Pero con la aprobación de la LRSAL, que impide la creación de nuevas entidades inframunicipales con personalidad jurídica, se produce una contradicción sobrevenida.

Sobre esta cuestión ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Constitucional en la sentencia 168/2016, de 6 de octubre, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad 1995-2014, interpuesto por el Gobierno del Principado de Asturias en relación con diversos preceptos de la LRSAL. La recurrente alegaba, entre otras cosas, la vulneración del artículo 6.1 del Estatuto de Autonomía para Asturias, que reconoce expresamente la personalidad jurídica de las «parroquias rurales», que es como se denominan las entidades inframunicipales del Principado de Asturias. El Tribunal rechaza ese motivo recordando que en anteriores sentencias había declarado que el Estatuto, en tanto que norma institucional básica de la Comunidad Autónoma (artículo 147.1 CE), puede contener las «líneas fundamentales o la regulación esencial» del régimen local en su ámbito territorial, «pero solo con el fin de “vincular al legislador autonómico” y respetando “en todo caso la competencia básica que al Estado corresponde en la materia en virtud de la reserva del artículo 149.1.18 CE, por cuanto la expresión ‘bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas’ engloba a las Administraciones locales”»32 [SSTC 41/2016, FJ 3 a); 31/2010, FFJJ 36 y 37; y 103/2013, FJ 4]. Entiende por tanto el Tribunal que «una norma estatutaria de régimen local no puede funcionar como límite al ejercicio de la competencia constitucionalmente atribuida al Estado en esta materia», ni «impedir de ninguna manera el ejercicio de esa competencia estatal»33 (STC 31/2010, FJ 37). Esto es, el Estatuto no puede erigirse en obstáculo que evite que las bases desplieguen su función de «mínimo común normativo» aplicable en todas las Comunidades Autónomas (SSTC 168/2016, FJ 3 b) y 45/2017, FJ 2 c)); en relación con este concreto asunto, no impide que el Estado reforme las bases en materia de régimen local para prohibir la creación de nuevas entidades inframunicipales con personalidad jurídica.

La cuestión se ha planteado en términos similares en el recurso de inconstitucionalidad núm. 2256-2016, interpuesto por el Presidente del Gobierno, contra el apartado 6 del artículo 19 de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso a la actividad económica, que modificó el artículo 79 del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, aprobatorio del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña (TRLMRLC). Este último regulaba la constitución de entidades municipales descentralizadas y en 2015 se reformaron varias de las reglas del procedimiento de constitución. El recurso ha sido resuelto por sentencia 19/2017, aplicando precisamente la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en relación con el marco estatutario catalán para concluir que la legislación catalana de régimen local debe ajustarse al artículo 24 bis LBRL, que es una norma formal y materialmente básica, descartando que artículo 86.7 del Estatuto de Autonomía de Cataluña «desplace o impida el ejercicio de la competencia estatal en materia de bases de régimen local ex art. 149.1.18 CE» (FJ 5). Sin embargo, no se declara inconstitucional el precepto que reforma el artículo 79 TRLMRLC, al menos no en su totalidad, sirviéndose para ello de una interpretación conforme a la Constitución. Recuerda el Tribunal que en las sentencias 41/2016 y 168/2016 ya había declarado que las nuevas bases estatales solo afectan a la «subjetividad» de los entes inframunicipales –a su configuración subjetiva como entes «descentralizados» con personalidad jurídica propia–, de lo cual deduce que la reforma introducida con la Ley catalana 16/2015 no es incompatible con las bases estatales porque no afectaría a la dimensión subjetiva de estos entes (FJ 6). Lógicamente este razonamiento le lleva a concluir que a partir de ese momento el procedimiento de constitución regulado en el apartado c) del artículo 79.1 TRLMRLC solo puede utilizarse como cauce para constituir los nuevos entes de ámbito territorial inferior al municipio en Cataluña, en el bien entendido de que son entes de naturaleza desconcentrada.

Pero lo más interesante de esta sentencia es que a la interpretación conforme a la Constitución se le añade la declaración de inconstitucionalidad de la denominación utilizada en el precepto impugnado, precisamente por resultar incompatible con esa interpretación, y la extensión de los efectos de esa declaración a otros apartados del artículo 79 del texto refundido que no habían sido formalmente impugnados. Se percata el Tribunal Constitucional de que en la nueva redacción del artículo 79 TRLMRLC se sigue utilizando el adjetivo «descentralizada» para referirse a la entidad que se crearía y que ese adjetivo «conlleva la caracterización subjetiva que ha devenido incompatible con las nuevas bases», por lo que se declara «inconstitucional y nula, por su contradicción con la base estatal, esa concreta referencia». Pero los efectos de la declaración no terminan ahí, ya que, aplicando el artículo 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la declaración de inconstitucionalidad se extiende por conexión «al resto de referencias que a dicho vocablo se contienen en el art. 79 del Decreto Legislativo 2/2003»34, por considerar que, «si bien no han sido formalmente recurridas por venir contenidas en la anterior redacción [···] del Decreto Legislativo 2/2003 que no ha sido modificada, las citadas expresiones, que se ajustaban a la legislación básica anterior, han devenido incompatibles con la normativa básica estatal ahora en vigor». Y añade, para terminar de extraer consecuencias de la caracterización básica de este nuevo tipo de entes, que cualquier referencia contenida en el artículo 79 TRLMRLC «a las «entidades locales» o la «entidad local» ha de entenderse referida a los entes locales menores de naturaleza desconcentrada y sin personalidad jurídica a que alude el art. 24 bis LBRL, salvo en aquellos casos en los que sea de aplicación la disposición transitoria quinta de la Ley 27/2013 por tratarse de entes que iniciaron su proceso de constitución antes del 1 de enero de 2013».

4. El régimen especial de Navarra

Pero no es cierto que la regulación sobre entidades inframunicipales contenida en la LRSAL sea aplicable en todas las Comunidades Autónomas, puesto que la propia LRSAL incluye criterios de diferenciación, que en esta materia afectan a la Comunidad Foral de Navarra y a la Comunidad Autónoma del País Vasco35.

Con apoyo en la disposición adicional tercera de la LBRL se puede sostener que la Comunidad Foral de Navarra mantiene íntegra su competencia histórica para regular y crear nuevos concejos –que es como se denominan las entidades inframunicipales en esa Comunidad Autónoma– y que no son aplicables en su territorio las limitaciones que introduce la LRSAL en materia de entidades inframunicipales en cuanto se opongan al régimen que para su Administración Local establece el artículo 46 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA). Así se declara en la STC 180/2016, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad 2001-2014, interpuesto por el Parlamento de Navarra contra varios preceptos de la LRSAL. En relación con la cuestión que nos ocupa, planteaba la recurrente que «el art. 24 bis [de la LRSAL] alude directamente a los “concejos” que constituyen una institución tradicional de Navarra sometida al régimen jurídico foral y por tanto ante una materia que forma parte de la competencia histórica de Navarra prevista en el art. 46.1 a) LORAFNA, y que encuentra un completo desarrollo en la Ley Foral de Administración local, en la sección primera del capítulo II, del título 1, arts. 37 a 44, ya que el art. 37.1 reconoce expresamente como ámbitos territoriales inferiores al municipio y “con personalidad jurídica para la gestión y administración de sus intereses en el ámbito de las competencias atribuidas a los mismos por esta Ley Foral”» y, consecuentemente, limitaría de manera injustificada la competencia autonómica.

En este caso, aunque el Tribunal Constitucional mantiene su afirmación de que las disposiciones estatutarias en materia de régimen local condicionan solo al legislador autonómico y que no prevalecen frente a la legislación básica en caso de conflicto (STC 31/2010), explica que esa doctrina no es aplicable en el caso de Navarra. Entiende el Tribunal que «el marco competencial en materia de régimen local difiere de un modo esencial en el caso de Navarra, pues las previsiones de la LORAFNA, en la parte que reflejen derechos históricos, enraízan en la disposición adicional primera de la Constitución que, por lo que aquí interesa, desplaza respecto a esta entidad foral la competencia estatal de dictar legislación básica ex art. 149.1.18.ª CE (STC 140/1990, de 20 de noviembre, en cuanto a la legislación básica sobre funcionarios públicos, en especial, FFJJ 2, 3 y 4)».

A continuación, recuerda el Tribunal que la «organización concejil» se ha mantenido en Navarra de forma ininterrumpida, por lo que forma parte de los derechos históricos que ostenta «al amparo de lo establecido en la Ley Paccionada de dieciséis de agosto de mil ochocientos cuarenta y uno, en el Real Decreto-ley Paccionado de cuatro de noviembre de mil novecientos veinticinco y disposiciones complementarias», según el artículo 46.1 a) LORAFNA. También se refiere a ellos expresamente el artículo 46.2 LORAFNA, que alude «a los Municipios, Concejos y Entidades Locales de Navarra». Por todo ello concluye que esta materia se incardina en la competencia reservada por el artículo 46 LORAFNA al ente foral en materia de Administración local, que no queda en este punto constreñida por la legislación básica estatal.

Esta conclusión no lleva al Tribunal Constitucional a declarar la inconstitucionalidad del artículo 24 bis LBRL, que lógicamente es aplicable en otras Comunidades Autónomas. Precisa el Tribunal que la disposición adicional tercera de la LBRL, que expresamente prevé que «la presente Ley regirá en Navarra en lo que no se oponga al régimen que para su Administración local establece el art. 46 LORAFNA», es también aplicable a los preceptos introducidos en la misma por la LRSAL y concluye que el nuevo artículo 24 bis LBRL «no invade la competencia del ente foral dado que la disposición adicional tercera de la Ley de Bases de Régimen Local deja claro que el ámbito de aplicación de aquél no alcanza al territorio foral. Todo ello sin perjuicio de que a las entidades locales navarras le sean aplicables los controles de eficiencia que, en virtud del art. 149.1.14 CE, el Estado ha dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, con las especialidades que en su aplicación al territorio foral prevé la disposición adicional tercera de esta última norma» (STC 180/2016, FJ 5).

El Parlamento de Navarra también recurrió la disposición transitoria cuarta de la LRSAL, relativa a la supresión de entidades inframunicipales ya constituidas. El Tribunal Constitucional desestimó esa impugnación por las mismas razones; es decir, por entender que no era aplicables a la Comunidad Foral, aunque consideró que en este caso «la previsión que determina la no aplicabilidad de esta disposición [···] no es la disposición adicional tercera de la Ley de Bases de Régimen Local sino la disposición adicional segunda de la LRSAL, norma esta última que en su apartado primero presenta una regla general similar a la que está contenida en aquélla y hemos tenido en cuenta respecto del art. 24 bis LBRL» (STC 180/2016, FJ 5).

5. El régimen especial del País Vasco

Una solución similar es la prevista para la Comunidad Autonoma del País Vasco36, ya que la LRSAL también modificó la disposición adicional segunda de la LBRL, que reconoce la singularidad del régimen local en esta Comunidad Autónoma. Encuentra esta su fundamento en la disposición adicional primera de la Constitución y en los artículos 3, 24.2 y 37 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, que amparan las peculiaridades históricas de las Entidades Locales de los Territorios Históricos de Araba/Álava, Gipuzkoa y Bizkaia37. Además, la propia LRSAL contiene una disposición similar, la adicional primera, que declara su aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco «sin perjuicio de las particularidades que resultan de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y de las demás normas que actualicen los derechos históricos de los territorios forales».

Son reglas similares a las comentadas en relación con el régimen especial navarro –más claras incluso–, por lo que se puede concluir que en materia de entidades inframunicipales en el País Vasco prevalece la normativa foral dictada en cada Territorio Histórico para adapta sus derechos históricos frente a lo dispuesto en la legislación estatal de régimen local, cuando entre en conflicto con tales derechos (RAZQUIN LIZARRAGA, 2014: 144-145). Esto supone que no serían de aplicación en el territorio de esta Comunidad Autónoma las limitaciones que introduce la LRSAL en materia de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que resulten contrarias a la regulación foral, salvaguardando así las formas tradicionales de organización de los Territorios Históricos, como los concejos alaveses38.

Siguiendo esa lógica, el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, en cuyo artículo 2 se otorga la consideración de entidades locales a «Los concejos y cualesquiera otras entidades locales territoriales de ámbito inferior al municipio, conforme a la normativa foral existente en cada territorio y lo dispuesto en la legislación básica de régimen local» (artículo 2.1 b) de la Ley 2/2016). Y en el artículo 13 se atribuye a los órganos forales de los respectivos territorios históricos vascos las competencias normativas y ejecutivas, así como las de carácter económico-financiero, sobre las entidades locales menores.

III. LAS ENTIDADES DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO TRAS LA LRSAL

Una vez determinado el alcance de la reforma de 2013 sobre la regulación de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio es necesario analizar el contenido de los preceptos de carácter básico que específicamente se refieren a las mismas.

Como resultado de la reforma se han configurado dos soluciones organizativas distintas, con estatutos muy diferentes: la tradicional de las entidades locales menores y otra nueva, como órganos municipales desconcentrados. A continuación se exponen las modificaciones que afectan a las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. En el siguiente apartado se analiza la regulación básica sobre los nuevos órganos municipales desconcentrados, impropiamente llamados «entes de ámbito territorial inferior al municipio».

1. La supresión del artículo 45 LBRL y la subsistencia de las entidades inframunicipales existentes

La LRSAL dejó sin contenido el artículo 45 LBRL, derogando así la regulación básica sobre entidades de ámbito territorial inferior al municipio. También suprimió la mención contenida en el artículo 3.2.a) LBRL a las «Entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas, conforme al artículo 45 de esta Ley», lo que podía hacer pensar que de ese modo se negaba la consideración de entidad local a las entidades inframunicipales que previamente habían sido instituidas o reconocidas en los términos del artículo 45. Pero esa conclusión sería errónea, puesto que ni el vaciamiento del artículo 45 LBRL ha supuesto la desaparición de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, ni la supresión de la mención del artículo 3.2 conlleva que las existentes pierdan su condición de entidades locales.

Aunque en los primeros borradores del anteproyecto de LRSAL se proponía la disolución de todas las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, la fuerte oposición que levantó esa medida39 provocó la incorporación a la LRSAL de la disposición transitoria cuarta, en la que se establece que mantienen su personalidad jurídica y la condición de entidad local todas las entidades de este tipo existentes en el momento de entrada en vigor de la Ley40. Debe tenerse en cuenta además que la LRSAL ha modificado los artículos 45 y 3.2 LBRL, pero no ha eliminado la referencia del artículo 4.2 LBRL a dichas entidades, por lo que también pueden ejercer las potestades propias de las Administraciones Públicas de carácter territorial que las leyes autonómicas les hayan atribuido (o les atribuyan). Puede parecer un resultado discordante, debido sin duda a los importantes cambios sufridos por el proyecto de ley en cuestiones fundamentales, a las rectificaciones asumidas en contra de los objetivos iniciales41, pero sobre todo a la deficiente técnica empleada para incorporar todo ello a los textos legales que se modificaron, ya que no se prestó la debida atención a la coherencia del texto resultante42.

Por tanto, siguen existiendo las entidades de ámbito inferior al municipio existentes a la entrada en vigor de la LRSAL, que también conservan la condición de entidad local. Es un gran número de Administraciones, que incluso podía aumentar a medida que concluyeran los procedimientos de constitución de este tipo de entes iniciados antes del 1 de enero de 2013, como se explicará más adelante. Aunque solo gestionan el 6% del gasto del sector público local, suponen más del 25% de las entidades locales existentes43. Cabe por ello preguntarse si fue razonable vaciar el artículo 45 LBRL y dejar a todas estas entidades sin una regulación estatal básica. Desde luego fue una decisión deliberada44, pero no por ello deja de sorprender que, a pesar de la extensión de las bases en muchas de las materias reguladas en la LBRL, en este caso el legislador estatal renunciase a establecer una regulación común para las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, derogando la que existía y entregando conscientemente la completa caracterización de este tipo de entes al legislador autonómico45. Parece al menos contradictorio con la funcionalidad de las bases que lo que durante años ha sido básico con el argumento de ser una regulación común, esencial y necesaria para este tipo de entidades, deje repentinamente de serlo, a pesar de que ni han desaparecido las entidades ni se ha producido una modificación de calado en su régimen jurídico.

2. Las nuevas causas de disolución de entidades de ámbito territorial inferior al municipio

Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio conservarán su estatus mientras no incurran en alguna de las causas de disolución previstas en la legislación de régimen local o terminen finalmente segregándose del municipio matriz46. Sobre esta cuestión también ha incidido la LRSAL, que regula dos nuevas causas de disolución.

a) Disolución por incumplimiento del deber de presentación de cuentas

La primera se encuentra en el apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la LRSAL, en la que se establece que «con fecha de 31 de diciembre de 2014, las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio deberán presentar sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva para no incurrir en causa de disolución». En el apartado tercero se añade que la no presentación de cuentas «ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva» es causa de disolución47.

Resulta desconcertante lo genérico de la circunstancia que llevaría a la disolución y el automatismo con el que aparentemente operaría, pues esta causa de disolución se fundamentaba en el incumplimiento de una genérica obligación formal, la de presentación de cuentas en una fecha determinada, pero sin que se definieran a qué ejercicios se extendía la obligación, ni contemplar qué sucedía en caso de cumplimiento extemporáneo por razones justificadas, por ejemplo, o cuando las cuentas se hubieran remitido en plazo pero antes de que fueran aprobadas por el Pleno48. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha considerado razonable esa indefinición porque así no solo se deja en manos de las Comunidades Autónomas la adopción de la medida, sino que conservan cierto margen «para determinar el alcance de la obligación de presentación de cuentas, apreciar el incumplimiento que acarrea aquellas consecuencias y, afirmado el incumplimiento, decidir entre disolver sin más la entidad local menor o conservarla como “forma de organización desconcentrada”» [STC 41/2016, FJ 7.c)].

Era lógico pensar que la disolución no se produciría automáticamente, sino que sería necesario constatar el incumplimiento previamente. La misma disposición transitoria precisa que la disolución «será acordada por Decreto del órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva», aunque ese inciso ha sido declarado inconstitucional49, por lo que corresponde al legislador autonómico determinar el órgano, el procedimiento y la forma que ha de adoptar esta decisión, garantizando la intervención de todas las entidades afectadas, entre las que se encuentran los municipios. Y no solo eso, puesto que –como se reconoce en la STC 41/2016 [FJ 7.c)]– esa legislación también debe «determinar el alcance de la obligación de presentación de cuentas», y establecer los criterios para apreciar el incumplimiento y para decidir entre disolver simplemente la entidad o transformarla en una forma de organización desconcentrada50.

Pero la mayor crítica que merece la disposición es la desproporción de la medida asociada al incumplimiento51. Es evidente que la disposición transitoria cuarta responde a un problema real, como era que muchas entidades no presentaban sus cuentas. Pero no parece proporcionado que se imponga la disolución de la entidad inframunicipal cuando la consecuencia no es la misma en el supuesto de que sean los municipios los que incumplan el mismo deber52, ni es la prevista en otras leyes cuando son otras Administraciones las que incumplen obligaciones del mismo tipo53. Esa desproporción resulta aún más evidente si se considera que la gravosa medida se introdujo precisamente cuando la tendencia de los últimos años era la de la reducción del grado de incumplimiento de la obligación de rendición de cuentas, por lo que después de años de tolerancia era difícil imaginar que los Gobiernos autonómicos acordasen una disolución por esta causa54.

Debe precisarse que esa desproporción no se ha considerado razón suficiente para declarar inconstitucional la disposición transitoria por vulnerar el principio de interdicción de la arbitrariedad consagrado en el artículo 9.3 CE, como planteó el Gobierno de Cataluña en el recurso de inconstitucionalidad núm. 2006-2014. El TC rechazó ese motivo de impugnación en la STC 93/2017 por dos razones. En primer lugar, por el comentado margen de configuración que se deja a las Comunidades Autónomas para definir el alcance de la obligación de presentación de cuentas y los efectos de su incumplimiento, lo que en palabras del TC «viene en cierto modo a facilitar que las Comunidades Autónomas puedan asegurar que los efectos jurídicos que se produzcan (disolución o conversión en forma de organización desconcentrada) sean proporcionales a la gravedad del incumplimiento efectivamente producido». Y en segundo lugar porque negó que para determinar si la regulación de la disposición transitoria cuarta vulnera el principio de interdicción de la arbitrariedad deba utilizarse como parámetro de control el canon de proporcionalidad, que entiende que es propio «de las normas constitucionales de protección de derechos fundamentales sustantivos, así como del derecho fundamental a acceder a la jurisdicción previsto en el artículo 24.1 CE [por todas, SSTC 136/1999, de 20 de julio, FJ 22; 60/2010, de 7 de octubre, FJ 7 b), y 209/2013, de 16 de diciembre, FJ 3]». Por tanto, en la STC 93/2017 el Tribunal no hizo un juicio de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, sino que recordó la doctrina expuesta en las SSTC 118/2016, 96/2002 y 215/2014 para insistir en que el control de la interdicción de la arbitrariedad debe hacerse con mucha prudencia «para evitar constricciones indebidas al poder legislativo respetando sus diferentes opciones políticas» y que en ese control únicamente puede verificar si la decisión adoptada «carece de toda explicación racional» o «establece una discriminación», «sin que sea pertinente realizar un análisis a fondo de todas las motivaciones posibles de la norma y de todas sus eventuales consecuencias». Siguiendo ese planteamiento, el Tribunal razonó que «las consecuencias asociadas al incumplimiento de la obligación de presentación de cuentas serían contrarias al artículo 9.3 CE solo si pudiéramos afirmar que carecen de toda explicación racional después de realizar un escrutinio deferente con los amplios márgenes de configuración del legislador», lo que no apreció en este concreto supuesto por considerar que la disposición transitoria cuarta de la LRSAL persigue un objetivo legítimo: «incentivar a las entidades locales menores a ordenar, equilibrar y dar a conocer sus cuentas». El Tribunal no entra por tanto a considerar la proporcionalidad de las consecuencias asociadas al incumplimiento de la obligación de presentación de cuentas porque considera que no están completamente definidas y que, además, esta no es el parámetro constitucional para controlar una eventual vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad, pero de su razonamiento sí puede deducirse el deber del legislador autonómico de atemperar los efectos del incumplimiento en consideración a las circunstancias concurrentes en cada caso.

Habría que añadir que las consecuencias de la disolución no solo son indeseables para la entidad de ámbito territorial inferior al municipio. También los municipios rechazarán en muchos casos esta solución, porque tendrán que asumir nuevas responsabilidades (los servicios que prestaba la entidad disuelta) y cargas que pueden ser muy pesadas, como la incorporación del personal de la entidad extinguida y la subrogación en sus derechos y sobre todo en sus obligaciones (apartado tercero de la disposición transitoria cuarta). Todo ello sin contar además con el malestar social que sin duda generaría la medida.

Todo lo anterior podría explicar la falta de desarrollo autonómico de la disposición transitoria cuarta de la LRSAL y, por tanto, la completa desactivación de su eficacia.

b) Disolución por exigencia de un plan económico-financiero

Una segunda causa de disolución se contiene en el nuevo artículo 116 bis LBRL, que regula el contenido de los planes económico-financieros que deben formular los municipios que incumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública o la regla de gasto. Si se da alguna de esas circunstancias, el municipio está obligado a formular uno de esos planes con el contenido establecido en el apartado segundo. Pues bien, una de las medidas previstas con carácter obligatorio es la «supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con el objetivo de deuda pública o que el período medio de pago a proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad».

Esta es la redacción dada en el Senado, que de nuevo actuó mitigando el injustificable trato que se quería aplicar a las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. En su redacción original el proyecto de ley contemplaba la supresión de las entidades inframunicipales sin más precisiones, aunque fueran sostenibles financieramente, si no lo era el municipio y este se veía obligado a aprobar un plan económico-financiero. Soportaban así las entidades de ámbito territorial inferior al municipio las consecuencias de una situación que no les era imputable y que dejaba además su supervivencia en manos del municipio de adscripción.

Pero la redacción definitiva también resulta problemática, porque no se precisan debidamente cuestiones tan relevantes como el tipo de entidades que activarían el precepto cuando formulan un plan económico-financiero o el régimen aplicable al proceso de disolución, lo que obliga a una compleja tarea de interpretación55. Además, la disolución prevista puede considerarse hasta cierto punto desproporcionada (ALMEIDA CERREDA, 2014: 24-25), ya que el artículo 116 bis LBRL contempla medidas mucho más contundentes que las previstas en la Ley Orgánica 2/2012 para dar respuesta a una situación de carácter coyuntural. Porque en el fondo la situación económico-financiera que el plan pretende resolver tendrá en muchas ocasiones un carácter temporal y, sin embargo, la LRSAL impone forzosamente medidas permanentes e irreversibles, entre ellas la supresión de la entidad de ámbito territorial inferior al municipio. Habría sido más adecuado, al menos en una primera fase, intentar sanear la entidad inframunicipal, como se pretende hacer con el municipio a través del plan. Esto último es particularmente necesario si consideramos que no existe una regulación que afronte decididamente la financiación de las entidades inframunicipales, que en este extremo quedan a merced del municipio y de las restantes administraciones territoriales y, por tanto, su supervivencia está supeditada a condiciones que no siempre controlan. Aunque algunas mantienen unas fluidas relaciones de colaboración con el municipio en que se enclavan, en otros casos no es así, sino todo lo contrario, por lo que en el supuesto de que el municipio matriz afrontase dificultades financieras la entidad inframunicipal se vería casi inexorablemente abocada a la disolución, consecuencia esta que además el municipio podría eludir aunque su situación financiera fuera equiparable.

3. Régimen aplicable a las entidades en proceso de constitución

La disposición transitoria quinta de la LRSAL regula los procedimientos de constitución de entidades de ámbito territorial al municipio en tramitación al momento de su entrada en vigor. No debe sorprender que se atienda a una situación siempre problemática, aclarando cuál debe ser el régimen aplicable a la entidad surgida del proceso y, por tanto, cuál sea su naturaleza jurídica. En lo que sí se aparta la disposición transitoria quinta de la práctica habitual es en la forma de determinar ese régimen, porque lo usual es que en estos casos se aplique la legislación vigente el día de inicio del procedimiento, aunque se resuelva con posterioridad a la entrada en vigor de una nueva regulación, o alternativamente aplicar la legislación vigente el día que se resuelve el procedimiento, sin entrar a considerar la fecha de inicio del procedimiento. En este supuesto no se opta ni por una ni por otra regla, sino por una combinación de ambas.

En la disposición transitoria quinta se prevé que los procedimientos para la constitución de entidades de ámbito territorial inferior al municipio en tramitación el día de entrada en vigor de la LRSAL, que fue el 31 de diciembre de 2013, se resolverían de dos formas en función de cuál hubiera sido el día de iniciación del procedimiento. Si el procedimiento se había iniciado «antes del 1 de enero de 2013 [···], una vez que se constituya, lo hará con personalidad jurídica propia y con la condición de Entidad Local y se regirá por lo dispuesto en la legislación autonómica correspondiente». Esto suponía que, si la resolución era favorable a la constitución de la entidad, esta tendría personalidad jurídica propia y la naturaleza de entidad local, en las mismas condiciones que las que se hubieran constituido antes de la entrada en vigor de la LRSAL56. Esa identidad de régimen jurídico no puede reducirse exclusivamente al previsto en la legislación autonómica, a pesar de lo que diga la disposición transitoria; también les será de aplicación la legislación estatal sobre este tipo de entidades locales, tanto la dictada con carácter básico, como la que lo tiene supletorio. En particular les será de aplicación las obligaciones y las causas de disolución comentadas en el apartado anterior.

Lo anterior no regía si el procedimiento de constitución de la entidad inframunicipal se había iniciado después del 1 de enero de 2013, porque en tal caso una interpretación a contrario sensu de la disposición transitoria quinta llevaba a concluir que tras la entrada en vigor de la LRSAL no podría constituirse una entidad con personalidad jurídica propia, sino que el núcleo de población a lo sumo podría alcanzar la condición de órgano desconcentrado; es decir, la de los nuevos entes de ámbito territorial inferior al municipio regulados en el artículo 24 bis LBRL. Obviamente el propósito de esta regla era evitar que ante la inminencia del cambio legal se produjese una explosión de iniciativas para la constitución de entidades inframunicipales o mitigar en parte sus efectos. Pero la solución ideada en realidad genera nuevos problemas, porque el resultado al que se llega ni era el deseado por el promotor de la iniciativa ni por el municipio (cuando la iniciativa partiera de la población del núcleo separado) al que, desconociendo su potestad de organización, se iba a imponer un órgano de gestión desconcentrada. Como es lógico la esperanza de vida de ese nuevo órgano puede ser muy corta, si es que el proceso no se ve truncado por el desistimiento de sus promotores. Hubiera sido más adecuado, y más respetuoso con la competencia autonómica sobre régimen local, que la disposición transitoria incorporase al procedimiento de constitución una fase de composición de intereses de las Administraciones implicadas y una mayor libertad de apreciación para las Comunidades Autónomas en la decisión final.

IV. EL RÉGIMEN BÁSICO DE LOS NUEVOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

Aún debe analizarse la regulación contenida en el nuevo artículo 24 bis LBRL, que incorpora a dicha ley otra modalidad de organización territorial desconcentrada bajo la denominación de «entes de ámbito territorial inferior al municipio». A pesar de lo que pudiera sugerir su nombre, son simples órganos administrativos, que carecen de personalidad jurídica propia y, por supuesto, del carácter de entidad local.

Como sucede con otras circunscripciones territoriales desconcentradas, la regulación de esta forma organizativa también se entrega casi por completo a las Comunidades Autónomas, que pueden decidir si desarrollan la figura en su territorio y qué configuración darle en cada caso, sin que del artículo 24 bis se deriven grandes condicionantes57. Al contrario, esa baja densidad normativa deja sin justificación el propio precepto y un reguero de dudas importantes.

1. Denominación y naturaleza jurídica

Es urgente que la legislación autonómica les asigne una denominación adecuada, ya que el término «ente» sugiere una existencia autónoma del municipio de la que no disfrutan los órganos desconcentrados. Debe evitarse que, cuando se constituyan estos órganos, puedan confundirse con las verdaderas «entidades de ámbito territorial inferior al Municipio» con las que van a coexistir, porque los llamados entes de ámbito territorial inferior al Municipio carecen de personalidad jurídica y, consecuentemente, no pueden ser entidades locales.

En ello se insiste innecesariamente en el apartado primero el artículo 24 bis LBRL, cuando los define como una forma de organización desconcentrada del municipio. Con seguridad este fue el motivo de la supresión del inciso del artículo 3.2 LBRL que aludía a las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, puesto que en los primeros borradores de la LRSAL se proponía la supresión de cualquier forma de entidad inframunicipal descentralizada y se utilizaba esa expresión para nombrar a los que ahora se llama entes de ámbito territorial inferior al municipio. Sin embargo, el propósito inicial cambió durante la tramitación de la LRSAL y finalmente se mantuvieron las entidades inframunicipales existentes, conservando todas ellas la condición de entidades locales. Nada ha cambiado en su régimen jurídico que justifique, por tanto, la modificación del artículo 3.2 LBRL. Ni puede explicarse por la eventual confusión que pudiera suscitar la similitud terminológica de los entes de ámbito territorial inferior al municipio, porque el artículo 24 bis se encarga de subrayar que estos carecen de personalidad jurídica y consecuentemente no pueden disfrutar de tal condición.

Tampoco es fácil entender qué añade el artículo 24 bis LBRL a lo previsto en el artículo 24 de la misma Ley58, al margen de dejar meridianamente claro que los nuevos entes «carecerán de personalidad jurídica», que parece ser lo único que justifica su inclusión autónoma. No lo es desde luego su definición como forma de organización municipal desconcentrada para la administración de núcleos de población separados, porque esto ya tenía acomodo en el artículo 24 LBRL59. Tampoco lo será la referencia a la eficiencia del apartado tercero, que no hace sino acentuar una exigencia común a la creación de cualquier órgano municipal complementario, como es que responda a los principios de eficacia y economía organizativa60.

ALMEIDA CERREDA (2014: 23) sugiere que la razón de esta elección «podría ser que, con la misma, el legislador estatal pretende dar vida y promover la difusión de un nuevo subtipo de organismo inframunicipal, situado a medio camino entre los tradicionales órganos de gestión territorial desconcentrada y las antiguas entidades locales menores». Pero si ese era el propósito del legislador básico, debe adelantarse que ha hecho poco por alcanzar ese objetivo, puesto que para ello sería imprescindible dotar a estos nuevos órganos de más atribuciones y mayor autonomía de la que gozan los órganos regulados en el artículo 24 LBRL, lo que no se desprende necesariamente de la redacción del artículo 24 bis. Por el contrario, ni siquiera contiene ese precepto una mínima referencia al fin que persigue toda forma de gestión territorial desconcentrada, que es «facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar ésta», lo que refleja una vez más es sesgo exclusivamente economicista de la reforma61.

2. Procedimiento de creación, modificación y supresión

Los llamados entes de ámbito territorial inferior al municipio no son órganos necesarios, forman parte de los órganos complementarios y, por tanto, corresponde a cada municipio decidir sobre su creación y configuración en el ejercicio de su potestad de autoorganización. No se afirma así expresamente en el artículo 24 bis LBRL, pero no puede ser de otra forma dada su naturaleza jurídica, al menos mientras la legislación autonómica no establezca un procedimiento de creación diferente62 (VELASCO CABALLERO, 2014: 52-53). Esta es además la previsión contenida en el artículo 24 LBRL, que debe entenderse aplicable también a la nueva modalidad de órganos desconcentrados.

Por eso resulta incomprensible la referencia del apartado segundo del artículo 24 bis a que el Ayuntamiento correspondiente «debe ser oído en todo caso», ya que es justamente el municipio el que acordará su creación. Arrastra aquí el artículo 24 bis LBRL una adherencia del artículo 45 que se ha dejado sin contenido, donde esta previsión tenía sentido porque la creación de entes con personalidad jurídica podía corresponder a la Comunidad Autónoma y era imprescindible la audiencia al municipio afectado en el procedimiento de constitución. Y debe destacarse que no todas las leyes autonómicas habían mantenido esa regla, porque algunas atribuían a los municipios la decisión sobre la creación de entidades inframunicipales63. Lo que parece fuera de discusión es que el Estado, en el ejercicio de su competencia para establecer las bases de régimen jurídico de las Administraciones Públicas, pudiera establecer que la creación de estos órganos desconcentrados debe ser una decisión de la Comunidad Autónoma y no municipal.

Por tanto, puesto que estamos ante una cuestión de organización municipal (artículo 20.3 LBRL), en ausencia de una regulación específica, la creación de este tipo de «entes» puede realizarse en el reglamento de organización municipal, que regulará la existencia de estos órganos, su composición, atribuciones y funcionamiento. Pero también cabe que, como sucede frecuentemente en la creación de distritos64, los municipios dicten reglamentos específicos para la creación y regulación de entes de ámbito territorial inferior al municipio o incluso que se incluyan en la norma que regule los mecanismos de participación ciudadana.

Sí es relevante que el apartado segundo del artículo 24 bis LBRL contemple la iniciativa vecinal para impulsar el procedimiento de creación de los nuevos órganos. Quizá se pretenda con esta previsión que el ente de ámbito territorial inferior al municipio sirva para canalizar las demandas de participación en el gobierno de los asuntos de interés de las poblaciones separadas, pero es ingenuo pensar que sea así con órganos de tan poco recorrido. Es difícil imaginar que puedan cumplir esa función si las leyes autonómicas primero y los municipios después no les reconocen amplias atribuciones, financiación suficiente y una composición interna que no convierta a los nuevos órganos en meros ejecutores de las políticas del gobierno municipal, sino que incorpore una representación de los vecinos del núcleo separado y garantice que los nuevos «entes» sean verdaderos órganos de participación y gestión de los intereses vecinales.

Por último, el apartado tercero del artículo 24 bis LBRL supedita la decisión de crear un ente de ámbito territorial inferior al Municipio a que resulte una «una opción más eficiente para la administración desconcentrada de núcleos de población separados de acuerdo con los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera» (apartado tercero del artículo 24 bis LBRL). El Consejo de Estado denunció en su dictamen 567/2013 la generalidad de esta regla, porque «el anteproyecto no determina el modo en que haya de verificarse la condición, pues únicamente invoca la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en la que no se incluye ningún requisito a estos efectos. Debería, pues, aclararse en el anteproyecto a quién corresponde tal constatación y establecerse las pautas que deban seguirse». La redacción final dada a la Ley no resuelve el problema, porque solo ha sustituido la remisión que se hacía en el anteproyecto a dicha Ley Orgánica en su totalidad por una genérica referencia a «los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril». Obviamente esto no corrige la insuficiencia denunciada, ya que ni arroja más luz sobre los criterios para verificar el cumplimiento del requisito, ni precisa quién debe hacer la comprobación. En relación con el primer aspecto, el apartado tercero es una disposición que no añade gran cosa al régimen municipal; es un mero recordatorio del régimen vigente en ese momento, puesto que los principios de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera más directamente conectados con la cuestión que nos ocupa son precisamente esos, los principios de estabilidad presupuestaria (artículo 3) y sostenibilidad financiera (artículo 4), así como el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos65 (artículo 7), que ya eran exigibles en cada actuación municipal, porque las Corporaciones Locales estaban incluidas en su ámbito de aplicación. En relación con el segundo, a falta de legislación que desarrolle tan parca previsión, será el propio Ayuntamiento quién deba hacerlo, pues será este quien impulse y resuelva el procedimiento. Pero sobre todo el mayor reproche que merece este inciso es que olvida una vez más otros intereses dignos de consideración y con base constitucional expresa, como son los de acercar la acción administrativa a la población afectada y los de participación ciudadana66.

Nada se establece en la LRBRL sobre la modificación o supresión de este tipo de órganos, pero es lógico pensar que al no ser órganos necesarios los municipios pueden crearlos, modificarlos o suprimirlos discrecionalmente.

3. Competencias, organización y funcionamiento

Como todo órgano desconcentrado los entes de ámbito territorial inferior al municipio actúan en una parte del municipio, exclusivamente con funciones de gestión y limitadas a los asuntos que les asigne su instrumento de creación, a menos que la legislación autonómica eventualmente les reserve un elenco de atribuciones acorde con los intereses vecinales a los que se daría respuesta con esta figura. Y, por supuesto, aunque tampoco se especifique en el artículo 24 bis LBRL su acción deberá desarrollarse «sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio», para lo cual dispone este de las potestades de dirección características de las relaciones interorgánicas67.

Realmente es poco lo que la legislación básica puede establecer en esta materia que la jurisprudencia constitucional entrega ampliamente al legislador autonómico, admitiendo, por tanto, tantas soluciones como exija la variada realidad del territorio español. En dos de sus recientes sentencias recuerda el Tribunal Constitucional que «la sola previsión de que estos entes carecen de personalidad jurídica no elimina amplios espacios de desarrollo autonómico y autoorganización local. La personalidad jurídica propia o régimen de descentralización administrativa no implica un estatuto sustancialmente distinto, que garantice amplias esferas de autonomía a las entidades locales menores [···] Ciertamente, la ausencia de personalidad jurídica propia remite al sistema de imputación y control de actos característico de las relaciones interorgánicas. No obstante, las concretas tareas que correspondan a estas ‘formas de organización desconcentrada’ así como las facultades de control y supervisión que el municipio desarrolle respecto de ellas siguen dependiendo esencialmente de las opciones organizativas que adopten los propios entes locales en el marco de la legislación autonómica sobre régimen local y de las bases ex art. 149.1.18 CE» [STC 41/2016, FJ 7 b), y 168/2016, FJ 3 b)].

Como era por tanto previsible, el legislador básico, aunque tuviera en mente dar respuesta a la situación y a las demandas de los pequeños núcleos de población distintos de la capitalidad del municipio, al regular un nuevo órgano desconcentrado no iba a incluir referencia alguna a los órganos de gestión o de control, ni por supuesto al carácter electivo de sus responsables, aunque será lo habitual en el caso de los órganos colegiados cuando este punto sea desarrollado por la legislación autonómica.

V. CONSIDERACIONES FINALES

La descuidada regulación de los nuevos «entes» de ámbito territorial inferior al municipio no parece perseguir su proliferación, ni creemos que la desregulación de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio vaya a condicionar el funcionamiento de las existentes, porque –como es tradicional en esta materia– se deja en manos de las Comunidades Autónomas definir las características y la capacidad de actuación de ambas formas organizativas.

Lo que resulta difícil de entender es la prohibición de crear nuevas entidades inframunicipales, renunciando de ese modo a un instrumento que se ha empleado con relativo éxito para aliviar o atemperar tensiones segregacionistas y que también podría servir para facilitar las fusiones de municipios68. Para evitar el crecimiento incontrolado de este tipo de entidades habría bastado con la introducción con carácter básico de requisitos de eficiencia y sostenibilidad para su constitución.

En relación con los órganos desconcentrados, solo una decidida política autonómica puede favorecer su utilización. Al menos es lo que parece indicar la reducidísima implantación de otras fórmulas de desconcentración municipal, a las que en su momento tampoco se prestó suficiente atención. Nada impedía, por ejemplo, que los Parlamentos Autonómicos configurasen órganos desconcentrados más potentes, puesto que el artículo 24 LBRL no imponía condiciones relevantes; ni a los núcleos de población separados servirse de las formas organizativas existentes antes de la entrada en vigor de la LRSAL. Sin embargo, estos últimos han preferido seguir la vía de la descentralización en las variedades abiertas por la legislación autonómica, todas ellas con personalidad, competencias y patrimonio propios69.

La intención del legislador estatal ha sido cerrar esa vía, encauzando cualquier nueva iniciativa hacia soluciones desconcentradas, al mismo tiempo que se endurecían las condiciones para la supervivencia de las entidades existentes y los requisitos para su acceso a la condición de municipio. Sin embargo, los más de tres años de vigencia de la LRSAL parecen confirmar que la reforma está lejos de alcanzar sus objetivos y que todo seguirá igual, al menos hasta que no disminuyan las resistencias autonómicas y locales a su plena aplicación.

Tampoco se puede afirmar que la solución organizativa ideada haya servido para enfriar los ánimos de quienes aspiraban a un mayor nivel de autogobierno. Cabría incluso apuntar que su promulgación ha provocado algunos efectos contrarios a los objetivos perseguidos. Es evidente que las Comunidades Autónomas no se precipitaron a modificar su legislación de régimen local para adaptarla a los fines y exigencias de la LRSAL, sino todo lo contrario (ARROYO YANES, 2014; CASARES MARCOS, 2014; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, 2014; GALÁN GALÁN, 2015; TEJEDOR BIELSA, 2015). Ya adelantamos que, si la legislación autonómica no configura los entes de ámbito territorial inferior al municipio con amplias atribuciones, financiación suficiente y una organización representativa de los vecinos del núcleo separado, no tendrán atractivo como órganos de participación y gestión de los intereses vecinales, por lo que no servirán para aliviar las tensiones segregacionistas que esta ley parece olvidar, a pesar del auge que han adquirido en las últimas décadas.

Debe recordarse que la creación de entidades inframunicipales en los años anteriores a la entrada en vigor de la LRSAL no sirvió en realidad para canalizar los intereses patrimoniales de los poblados rurales o como formas tradicionales de convivencia y asentamiento, que era la finalidad que originariamente justificaba la existencia de entidades locales menores. Desde los años noventa la razón que impulsó la creación de nuevas entidades de ámbito territorial inferior al municipio era el deseo de autogobierno de la población de núcleos que habían crecido demográfica y económicamente, muchas veces superando a la capitalidad municipal70. Esas iniciativas además se planteaban la creación de la entidad inframunicipal como un primer paso en un proceso que tenía como objetivo último la segregación del municipio. Por ello, cualquier ente desconcentrado que carezca de las notas apuntadas no servirá para dar respuesta a la situación descrita71.

Pero es que, además, la desconfianza manifestada en el anteproyecto de LRSAL hacia las entidades inframunicipales y el temor a que se dificultara la creación de nuevos municipios con el endurecimiento de los requisitos exigidos para ello activaron en muchas Comunidades Autónomas un buen número de procedimientos de creación de municipios por segregación de aquellos pueblos que no cumplían (y seguramente no podrían cumplir tampoco en un futuro cercano) los requisitos previstos en el anteproyecto72. Como ejemplo puede señalarse lo sucedido en Andalucía, donde durante el año 2013 se iniciaron al menos quince procedimientos de segregación de entidades locales autónomas de sus municipios matrices, todas ellas con una población sensiblemente inferior a 2.000 habitantes, de los cuales siete han culminado con la creación de nuevos municipios por segregación73. Los restantes procedimientos siguen su tramitación, por lo que ni siquiera cabe descartar que ese número aumente en el futuro.

Diferente es el caso de la creación del municipio de Medinyà –con una población de 866 habitantes– por segregación del municipio al que previamente había sido agregado en 1972, puesto que la segregación se ha realizado en este caso por Ley del Parlamento de Cataluña 8/2015, de 10 de junio, cuando ya estaba plenamente en vigor la LRSAL. En la exposición de motivos de la Ley catalana se justifica tan peculiar modo de actuar porque así se quería «reparar una decisión antidemocrática, corregir disfuncionalidades y atender a la voluntad de la mayoría de la población», reconociéndose a continuación que se recurre a una ley singular para hacer lo que al Consejo de Gobierno le está vedado por la legislación vigente. Expresivamente se indica en el apartado III de la exposición de motivos: «Bajo el punto de vista formal, dado que la normativa impide que Medinyà se constituya como municipio independiente, se requiere una ley singular que habilite la excepcionalidad de la norma general, que impide la constitución de municipios nuevos cuando no cumplen todos los requisitos legalmente establecidos». Se eluden así, sin empacho alguno, las exigencias del artículo 15 TRLMRLC, y también, no puede olvidarse, las del artículo 13 LBRL, en la redacción vigente desde el 31 de diciembre de 2013. Al no prosperar las negociaciones para resolver las discrepancias competenciales en el seno de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado74 (artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre) se planteó el recurso de inconstitucionalidad número 1401-2016, promovido por el Presidente del Gobierno, contra la Ley de Cataluña 8/2015, de 10 de junio, de creación del municipio de Medinyá. De acuerdo con la doctrina expuesta, el TC ha declarado inconstitucional y nula la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2015, de 10 de junio, de creación del municipio de Medinyà en sentencia 108/2017, de 21 de septiembre, por vulnerar las bases del régimen local que corresponde fijar al Estado, entre las que se incluye la determinación de los requisitos necesarios para la constitución de un nuevo municipio (STC 214/1989, de 21 de diciembre); bases que «delimitan el ámbito de actuación de la Comunidad Autónoma y, por tanto, también de su legislador» (FJ 3). Conociendo la doctrina constitucional era fácil prever el sentido del fallo. Lo que no resultará sencillo es dar respuesta a la situación social y política que deriva de sus efectos y a las eventuales resistencias a la ejecución material de la sentencia.

Pero sobre todo lo que reflejan las situaciones descritas son las carencias de los instrumentos previstos en la LBRL para encauzar las tensiones que sufre la planta local y la inaplazable necesidad de alcanzar un acuerdo político que configure mecanismos flexibles que contribuyan a su reducción. Entre ellos, necesariamente deben incluirse vías para satisfacer las inevitables demandas de participación real de los habitantes de los pequeños núcleos de población en la gestión de sus intereses vecinales, para atender sus necesidades y aspiraciones, lo que sin duda puede lograrse sin renunciar al estricto cumplimiento de los principios de eficacia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Pero sí conviene abandonar pronto la idea simplista de que los problemas de las Entidades Locales se resolverán suprimiendo los pequeños municipios y las entidades locales menores, porque esa medida no cambiará la realidad, que no es otra que la existencia de pueblos pequeños y alejados de otros, con los condicionantes geográficos, económicos y sociales que de ello se derivan, que no van a desaparecer porque se les niegue la condición de entidades locales. Esa ecuación no se resuelve con respuestas simples, ni rápidas. Al contrario, precisa de soluciones inteligentes, duraderas, consensuadas entre los distintos poderes territoriales y, sobre todo, adaptadas a la realidad física, social y cultural de las poblaciones afectadas.

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