Luis Aguiar de Luque
La reforma de la Constitución francesa de 1958 de 23 de julio de 2008: Líneas generales de la misma e importancia de su contenido

Como si se tratara de un acto más de la celebración del cincuenta aniversario de la aprobación de la Constitución francesa de la V Republica, el 21 de julio del pasado 2008 el Congreso, reunido en Versalles, aprobó una importante reforma constitucional que sería publicada tres días más tarde en el «Journal Officiel de la République» con la denominación de Loi constitutionnelle n.° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.

Dicha reforma constitucional, al margen de la dimensión política que pueda tener su aprobación o de la repercusión que el nuevo texto pueda materialmente tener en la conformación futura del orden jurídico-político en el país vecino, lo cierto es que, al menos en términos cuantitativos, la misma ha revestido una gran importancia pues han sido modificados con diverso alcance 42 artículos de los 89 que originariamente comprendía el texto constitucional, se han incorporado 8 nuevos artículos, uno de los cuales entraña la creación de un Título igualmente nuevo, se modifica el enunciado que encabeza el Título XIV que pasa ahora a denominarse «De la francofonía y de los acuerdos de asociación» y se recupera el artículo 87, que había sido derogado por la Ley constitucional n.° 95-880, de 4 de agosto de 1995. Bien podemos por tanto afirmar que desde una perspectiva cuantitativa estamos en presencia de una «medio nueva» Constitución. Y sin embargo, lo dicho no es obstáculo para que, según la opinión generalizada en el país vecino, las ideas centrales y los valores básicos que estuvieron en el origen de la V República, sigan vigentes en el texto constitucional 50 años después de que aquella naciera.

En todo caso, el hecho de que las instituciones la V República sigan plenamente vigentes y funcionales cincuenta años después de su establecimiento es particularmente sorprendente. En la medida en que la Constitución fuera diseñada a la medida del General De Gaulle, todo parecía indicar que sus mecanismos dejarían de resultar operativos con la desaparición política de su mentor, o todo lo más solo pervivirían mientras el movimiento político generado en torno a la figura del General se mantuviera presente en la vida política. Máxime si se tiene en cuenta que el texto constitucional del 58 contenía un procedimiento de reforma constitucional sustancialmente más complejo que el procedimiento legislativo ordinario, con cláusulas de intangibilidad que hacían inasibles al poder de reforma determinados aspectos de la Constitución y con límites temporales que impedían iniciar libremente un procedimiento de revisión lo que confería al texto constitucional una particular rigidez. Procedimiento de reforma que, a mayor abundamiento, saltaría hecho añicos cuando el propio Presidente de la República en 1962 instrumentalizó la prerrogativa que le concedía el art. 11 de la Constitución para convocar un referéndum y reformar el texto constitucional con objeto de adaptar definitivamente éste a su concepción de la separación de poderes y el papel que en ella debían respectivamente desempeñar el principio democrático y el Presidente de la República. En suma, una Constitución notablemente rígida que configura un régimen político en exceso personalizado y un sistema institucional frágil y cuestionado por amplios sectores de la clase política. La práctica constitucional de los años siugientes va a poner, sin embargo, de manifiesto lo erróneo de tal valoración. En efecto, desde entonces el texto constitucional ha sido reiteradamente modificado hasta el punto que casi podría decirse que la V República ha vivido en un constante y reiterado proceso de reforma, evaluación que le ha permitido ir paulatinamente integrando las nuevas realidades políticas surgidas en estos años (por ej. un sistema de partidos sustancialmente diferente al que existía en los comienzos de la V República), nuevas estructuras sociales (por ej. el progreso tecnológico o la globalización) o nuevas dimensiones institucionales (por ej. el proceso de integración europea) e ir adaptando el régimen constitucional a las nuevas situaciones y nuevas necesidades. Y no por ello se considera que la V República haya quedado obsoleta y sea necesario su superación con una profunda y sustancial reforma institucional que alumbre la VI República. Como escribe I. Gómez en su colaboración al presente número monográfico, «No parece que haya estado en la voluntad de ninguno de los Gobiernos de la misma, crear una VI.a República, pero sí ha estado en la de muchos de ellos (sin duda en la del último) cambiar la V.a República desde el interior,, y esta voluntad ha ayudado, a […] la actualización y modernización de las instituciones de la República, sin necesidad de plantear, de manera radical, el cambio de régimen republicano».

Recordemos algunos datos.

La Constitución de 1958 en sus cincuenta años de vigencia ha sido reformada en veinticuatro ocasiones (la relación pormenorizada de tales reformas puede verse en el artículo ya citado de I. Gómez), lo que significa, aunque la estadística en ocasiones no sea una buena consejera, que las instituciones constitucionales de la V República han sido objeto de una reforma prácticamente cada dos años (en verdad en los veinticinco primeros años solo hubo 6 reformas y en la segunda mitad de los cincuenta años de vigencia han habido 18 procesos de reforma). Tras la última reforma poco queda ya de la aludida casi omnímoda competencia que ostentaba el Presidente de la República para convocar consultas populares de tipo referendario al margen del sistema parlamentario evocando los appel au peuple tan al gusto napoleónico (véase el artículo de N. Pérez Sola «La institución del referéndum en Francia tras la reforma constitucional; una perspectiva comparada» en el apartado de Estudios del presente número monográfico). Tampoco los mecanismos de reforma constitucional se mantienen en los mismos términos que en 1958. Y el régimen de protección de los derechos fundamentales del ciudadano a través de la categoría de les libertes publiques que convertía al Conseil d’Etat en la pieza central de garantía de los derechos, también parece ahora estar en trance de ser superado. Paralelamente se han ido incorporando las denominadas cláusulas de comunitariedad para dar cobertura constitucional al proceso de integración europea y forman ya hoy parte del ordenamiento constitucional francés gracias a diversas reformas aprobadas, tema del que se ocupa M.a Jose Garrot bajo el título «La Constitución Francesa y el Derecho Comunitario: un repaso de la historia de las relaciones entre dos ordenamientos jurídicos».

En suma, un verdadero modelo de adaptabilidad de los mecanismos constitucionales a las nuevas necesidades. Adaptabilidad a la que sin duda ha contribuido decisivamente el Consejo Constitucional mediante un papel cada vez más activo en la interpretación de la Constitución de 1958 (a él se debe la primera gran transformación en lo referente al sentido que deben tener los enunciados constitucionales con su decisión de 16 de julio de 1971) Pero ciertamente el protagonismo en este punto le corresponde a la actitud de la clase política francesa, bien por su disposición para alcanzar acuerdos más allá de las dificultades que ofrecía el mecanismo formal de reforma, bien por su alto sentido institucional para aceptar las reformas promovidas por grupos políticos distintos al propio. Actitud, por lo demás, que quizás pudiera tomarse como ejemplo para nuestro país, donde, como señalara no hace mucho P. Cruz Villalón (Claves de la Razón Práctica, núm. 199, 2008), la situación de la institución de la reforma constitucional es «cataléptica», contribuyendo de un modo no menor al actual estado de algunas de las instituciones centrales de nuestro sistema constitucional. Si la reforma constitucional, operase entre nosotros al modo como viene sucediendo en Francia, como un instrumento al servicio de la adaptabilidad del sistema y no como un mecanismo que pone en riesgo la pervivencia del régimen constitucional, cuando no –lo que todavía es más reprobable– como una institución a la que oponerse no sea que otro partido o grupo político pueda rentabilizarlo, quizás nuestro texto constitucional de 1978 podría encarar el comienzo del siglo XXI on una organización del poder y unos mecanismos constitucionales más adecuados y con una mayor capacidad de integración en todos los terrenos. Porque alcanzar esos mayores niveles de integración institucional, o en otro terreno lograr una mayor cohesión social, es algo que incumbe por excelencia a las instancias políticas y no a los órganos jurisdiccionales.

Tampoco es muy distinta la conclusión a la que llegamos acerca de la importancia de la reciente reforma constitucional francesa si, más allá de sus dimensiones cuantitativas o del significado político ejemplificador que ésta pudiera tener para nosotros, reparamos en el contenido de lo modificado en el reciente proceso de reforma. Con las palabras con las que se cierra el primero de los artículos que se ofrecen a continuación, los cambios introducidos con la presente reforma «lejos de ser una modificación de aspectos puntuales de la carta constitucional, es una verdadera operación sistemática de puesta al día de la entera Constitución de 1958» (L. M.a Díez Picazo).

Y, sin embargo, pese a ello, no diré que la reforma ha pasado desapercibida en España, pues algunas otras revistas de la especialidad como la Revista Española de Derecho Constitucional o Teoría y Realidad Constitucional han publicado algunos artículos sobre su proceso de gestación o sobre aspectos puntuales del contenido de la misma. Pero lo que sí es cierto es que, trascurrido ya más de un año desde la aprobación y entrada en vigor del nuevo texto constitucional, no ha habido en nuestro país ninguna publicación, sea periódica o sea monográfica, que se haya propuesto realizar un estudio que aborde de modo sistemático y con una cierta vocación de exhaustividad los muy diversos contenidos de la remozada Constitución de la V República francesa.

Nuestra pretensión en Cuadernos de Derecho Público sí que ha tenido, sino la intención de abordar íntegramente la totalidad de los mecanismos e instituciones de la nueva Constitución de la V República, si al menos ofrecer una cierta panorámica bastante completa y sistemática del ordenamiento constitucional del país vecino.

El número, como ha quedado apuntado, se abre con un artículo elaborado por Luis M.a Díez Picazo, excelente conocedor del constitucionalismo francés, titulado «Las transformaciones de la Constitución francesa de 1958» con el que se pretende, antes de abordar propiamente los cambios introducidos en la Constitución por el proceso de reforma, situar éstos en el marco adecuado, es decir, en el momento constitucional en que se encontraba Francia en el momento inmediatamente anterior a la reforma después del ajetreado y continuo proceso de reformas vivido en los últimos quince años.

Igualmente todavía en los prolegómenos de la reforma (o más precisamente sin entrar en el contenido de la misma) el segundo trabajo que aquí se incluye analiza la génesis del proceso de reforma y los grandes problemas que se pretenden resolver con la ella. Su autoría corresponde al profesor Bertrand Mathieu, actual Presidente de la Asociación Francesa de Derecho Constitucional y catedrático de dicha materia en la Universidad de París I. Pero más allá de estos títulos académicos, el profsr. Mathieu está particularmente cualificado para contextualizar el proceso que ha tenido lugar en nuestro vecino país desde campaña electoral de las elecciones presidenciales de abril/mayo de 2007 hasta la culminación del proceso de reforma en julio de 2008, y ofrecer una visión del mismo desde el interior del proceso al haber formado parte de la comisión redactora del denominado Informe Balladur, esto es, miembro del grupo de doce expertos designados por Presidente de la República para integrar el «Comité de Reflexión y Propuesta de Modernización y Reequilibrio de las Instituciones» que, presididos por el exprimer ministro Edouard Balladur, marcó las directrices por las que debía discurrir la reforma constitucional (los pormenores del trabajo de dicho Comité, así como su Dictamen integro puede verse en http://www.comite-constitutionnel.fr).

La lectura de las páginas escritas por el profsr. B. Mathieu permite al lector adentrarse en los objetivos que pretendía la reforma, los condicionantes con las que se topó dicho proceso, así como el papel desempeñado en el mismo por el Comité Balladur.

Expuesto el contexto en que se enmarca la reforma a través de estos dos análisis, uno externo a la doctrina constitucional francesa, otro elaborado no solo desde el interior de esa doctrina constitucional sino desde dentro del proceso mismo de reforma, es posible ya, en los trabajos siguientes, abordar el estudio de las diferentes innovaciones introducidas por la Ley constitucional de modernización de las instituciones de la V República.

Dos son las principales líneas que materializan la idea de modernización de las instituciones con la que el Presidente Sarkozy deseaba vertebrar y caracterizar todo el proceso de reforma constitucional, según éste le manifiesta al que será el Presidente del Comité de reflexión, E. Balladur, en la carta adjunta a su Decreto de nombramiento.

Por un lado, considera el Presidente Sarkozy que la evolución del régimen semipresidencial que caracteriza a la V República ha terminado por configurar al la Presidencia de la República como la instancia que encarna por excelencia el poder ejecutivo. Esta evolución, sin embargo, constata Sarkozy, se compadece mal con el régimen parlamentario que constituye una de las señas de identidad de la República, ya que en la práctica las cámaras ven seriamente mermadas sus facultades de control del ejecutivo.

En estas circunstancias, la primera cuestión sobre la que debe girar la reflexión del Comité Balladur es formular propuestas en orden a un reequilibrio de las instituciones o, lo que es lo mismo, una reconsideración de la posición constitucional, atribuciones respectivas y relaciones recíprocas entre el Presidente de la República, el Primer Ministro y el Parlamento («La première mission du comité, et à dire vrai la principale, sera de réfléchir à la nécessité de redéfinir les relations entre les différents membres de l’exécutif d’une part, aux moyens de rééquilibrer les rapports entre le Parlement et l’exécutif d’autre part pretend»), desde una triple perpectiva: (i) redefinir las relaciones entre los diferentes miembros del ejecutivo (Presidente de la República, Primer Ministro y Gobierno), (ii) establecer mecanismos que limiten y aporten transparencia al ejercicio de las funciones del Presidente de la República y (iii) adoptar las medidas necesarias para que el Parlamento se modernice y despliegue más adecuadamente sus misiones constitucionales, en particular, el control sobre el ejecutivo.

La segunda línea por la que debe discurrir la modernización de las instituciones requiere, en opinión del Presidente Sarkozy, actualizar la posición constitucional y el papel de otro amplio conjunto de órganos, que me atrevería a calificar de colaterales para el núcleo duro de la división de poderes (Consejo Constitucional, Consejo Superior de la Magistratura –«cuya presidencia ya no la ostentará el Presidente de la República, ni en su composición serán ya mayoritarios los magistrados»– Consejo Económico y Social, etc) a fin de hacer la vida política más transparente y cercana a los ciudadanos, ampliando los derechos de los ciudadanos en el funcionamiento de tales órganos y reforzando las garantías de éstos («La campagne présidentielle a mis en évidence l’attente de nos concitoyens d’une vie politique plus ouverte, plus proche de leurs préoccupations, plus représentative de la diversité de leurs opinions, et où les droits des citoyens seraient renforcés»).

Pues bien, las dos líneas que se acaban de exponer como materialización de la idea central de modernización de las instituciones sintetizan y sistematizan adecuadamente los principales contenidos de la reforma constitucional y constituyen un buen eje para presentar el resto de colaboraciones que integran el presente número monográfico, si bien, para seguir en la exposición una ordenación de mayor carácter académico, se alterará el orden seguido en la presentación de las prioridades de la reforma.

Por lo que se refiere a una eventual ampliación del elenco de derechos del ciudadano para hacer la vida política más abierta y representativa, se ha dicho por algún autor (F. Bastien. La Constitution Sarkozy) que la citada ampliación de derechos es uno de los objetivos frustrados de la reforma toda vez que los ámbitos sobre los que se proyectan esos nuevos derechos son en buena medida irrelevantes tanto para el alterar las líneas maestras del funcionamiento del sistema político, como para el propio ciudadano (¿De qué le sirve al ciudadano poder instar al Consejo Económico y Social, al Consejo Superior de la Magistratura o ejercer el derecho de petición ante las cámaras? se pregunta el autor antes mencionado).

Probablemente no esté falto de razón el citado comentarista de la nueva Constitución desde una perspectiva política. Más aun. La nueva institución creada para incrementar la protección de los derechos, el Defensor de los derechos, se prevé con tan alto grado de debilidad e inconsistencia (bien es verdad que no imputables al Comité Balladur, sino a las modificaciones sustanciales que sufrió la propuesta de aquel, primero en el proyecto gubernamental, y más tarde en su iter legislativo por las dos Cámaras) que José M. Sánchez Saudinós, autor del trabajo del presente número monográfico en el que se analiza dicha institución, ha titulado su artículo con un provocador «La insoportable levedad del ser: el Defensor de los derechos establecido en la constitución francesa».

Sin embargo, en el terreno jurídico, como se encargan de poner de manifiesto de un lado el profesor Marc Carrillo (Universidad Pompeu Fabra y actual miembro del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña) en su colaboración al presente número, titulada «Una nueva fase en la constitucionalización de los derechos en la V República», y de otro el profesor Pierre Bon (Profesor de la Universidad de Pau et des Pays de l´Adour y Director del Instituto de Estudios Jurídicos ibérico-americanos) con su estudio que titula «El Consejo Constitucional tras la revisión constitucional de 23 de Julio de 2008», las reformas incorporadas al texto constitucional pueden tener una proyección en el futuro que pueden ir notablemente más allá de lo que aparentan los puntuales objetivos –no menores– que se proponía en este punto el Presidente Sarkozy (incrementar los mecanismos de garantía de los derechos básicos del ciudadano y permitir el acceso de los ciudadanos a la justicia constitucional). Permitir que los intereses individuales de los ciudadanos puedan acceder al Consejo Constitucional, aunque sea indirectamente y en estricta aplicación de una ley potencialmente vulneradora de la Constitución, puede producir unos efectos hasta hace poco ampliamente rechazados por la mayor parte de la doctrina constitucional francesa y la práctica totalidad de su clase política.

En efecto, la Constitución francesa de 1958, como es sobradamente conocido, aunque no está totalmente carente de contenidos materiales (a lo largo de su articulado el texto constitucional va consagrando los grandes nociones que históricamente han venido fraguando el ideal republicano), no contiene un apartado específico dedicado a los derechos fundamentales al modo del Título I de la Constitución española, sino que se limita en su Preámbulo –y por tanto sin fuerza vinculante inmediata y directa– a proclamar su adhesión a los derechos humanos (y el empleo de tal expresión también parece querer eludir una plena positivación de los derechos) mediante una remisión a primero la Declaración derechos de 1789 y después al Preámbulo del 46 («tal y como fueron definidos por la Declaración de 1789, confirmada y completada por el Preámbulo de la Constitución de 1946»).

Sobre tales textuales presupuestos será la activa intervención desplegada por el Consejo Constitucional a partir de la Decisión de 1971 sobre el derecho de asociación, como poco a poco irá consolidándose la idea de un bloque de constitucionalidad, como auténtico continente de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico galo. Sin embargo, la protección cotidiana de tales derechos para el ciudadano seguía descansando en la labor del Consejo de Estado a partir del concepto de «Les libertes publiques», categoría que otorga prácticamente todo el protagonismo en la determinación del contenido y operatividad de éstas al legislador. El resultado de ello es que la penetración de los enunciados constitucionales en la vida jurídica quedaba supeditada a la actuación de los Tribunales administrativos sin que la labor de éstos sea ulteriormente controlable desde la estricta perspectiva constitucional y en verdad ha sido muy limitada; una buena prueba de ello, como ha señalado algún autor, es la escasa operatividad que tienen tales derechos en las relaciones entre particulares (M. Fromont).

Frente a esta situación actual, como estudia Pierre Bon en su artículo, la reforma constitucional introduce en Francia un control concreto de constitucionalidad de alcance limitado en cuanto que éste solo puede ser exclusivamente activado por el Consejo de Estado y el Tribunal de Casación, quienes a su vez únicamente pueden plantear éste en aquellos casos que a la aplicación de la ley cuestionada se proyecte sobre el ejercicio de derechos y libertades constitucionalmente protegidos. Este nuevo instrumento de control de constitucionalidad parece así concebirse como una suerte de síntesis de lo que para nosotros son la cuestión de inconstitucionalidad y el recurso de amparo para que opere a modo de equivalente funcional de ambas instituciones. Por de pronto cuando uno se enfrenta a esa institución procesal la primera reflexión que suscita es en torno a su indudable singularidad, lo que dificulta valoraciones acerca de su eventual funcionalidad futura. Pero si pese a tales limitaciones, esta novedosa figura opera con cierta regularidad es muy probable que a medio/largo plazo cambie la enraizada concepción francesa de Constitución como norma dotada de una fuerza jurídica débil. Así lo constata M. Carrillo en su artículo cuando escribe con carácter general que «La incorporación del control a posteriori de la ley en Francia supone un paso más en favor de la homologación de la jurisdicción constitucional francesa conforme al modelo continental europeo y un evidente reforzamiento del carácter normativo de la Constitución» y algo más adelante al señalar que «La incorporación en el sistema constitucional francés de la cuestión de inconstitucionalidad … ha sido vista con moderada esperanza, como un camino para asegurar la jerarquía normativa de la Constitución».

El proyecto de ley orgánica actualmente en tramitación parlamentaria, preparado por el Gobierno de acuerdo con el Presidente del Consejo Constitucional, el Vicepresidente del Consejo de Estado y el Primer Presidente de la Corte de Casación y aprobado por el Consejo de Ministros el 8 de abril de 2009, del que da cumplida cuenta el trabajo del Profsr. Bon, parece que puede abundar en el futuro en ese reforzamiento del significado jurídico de la norma constitucional en Francia.

El segundo eje de la reforma, tal como se exponía más atrás, aboga por un reequilibrio de las respectivas posiciones que venían ocupando el Presidente de la República, el Primer Ministro y el Parlamento con una triple proyección, las relaciones entre los diferentes miembros del ejecutivo, limitar y dotar de mayor transparencia al ejercicio de las funciones del Presidente de la República y modernizar el funcionamiento de la institución parlamentaria.

Para abordar dicha cuestión desde una perspectiva general hemos acudido al profesor de la Universidad de París I, Michel Verpaux que con su trabajo titulado «La revisión de 2008 o la nueva distribución de poderes» examina sucesivamente la nueva posición constitucional de un Presidente de la República con poderes limitados, pero reales, frente a un Parlamento con atribuciones renovadas, pero limitadas.

Y de otra parte el estudio de la reforma constitucional desde la perspectiva de la modernización de la institución parlamentaria hemos acudido a la profesora Piedad García Escudero quien a su condición de Catedrática de Derecho Constitucional aúna su experiencia profesional en dicha materia en cuanto Letrada de las Cortes y exSecretaria General del Congreso de los Diputados. Su artículo analiza la nueva posición institucional del Parlamento desde la perspectiva de la revitalización de la institución parlamentaria. Revitalización que tiene lugar tanto por la redefinición de sus atribuciones, como por la reordenación de su modo de funcionamiento, aspecto este último en el que ocupa un lugar principal la atribución de especificas facultades tanto al diputado individual como a la oposición cuyo estatuto queda constitucionalizado a partir de la reforma.

Sin embargo, más allá de esta perspectiva general, la modernización de la institución parlamentaria se traduce en la ley de reforma constitucional en un heterogéneo conjunto de retoques en los mecanismos de funcionamiento de las Cámaras que quizás no sean cada uno de ellos materia suficiente para un Estudio diferenciado, pero que precisamente por su heterogeneidad tampoco parecía aconsejable su estudio en un trabajo único. Para propiciar un mejor acercamiento a estas pequeñas, pero a veces significativas, reformas hemos acudido a recabar breves Notas a diversos expertos en derecho parlamentario, la mayor parte de ellos porque han hecho del derecho parlamentario su instrumento cotidiano de trabajo en cuanto miembros del cuerpo de Letrados de las Cortes. Hay que mencionar en este apartado a I. Carbajal Iranzo, M. Aráujo Díaz de Terán, L. de la Peña, F. Martínez Vázquez y M. Delgado Iribarren que junto al profesor A. Sánchez Navarro y la profesora R. M.a Fernández Riveira han analizado con rigor y pragmatismo este conjunto de reformas que dan concreción al intento de revitalización de la institución parlamentaria analizada, como ya ha quedado dicho, por P. García Escudero.

Y en tercer lugar, en lo tocante a las reformas que afectan más inmediatamente a las atribuciones del Presidente de la República, por el importante papel que ha jugado en el pasado en la vida política de la V República y por la singularidad que su regulación ofrece en el panorama del derecho comparado hemos optado por analizar de modo específico la nueva regulación constitucional de la institución referendaria, estudio que ha sido realizado por Nicolás Pérez Sola, profesor de Universidad de Jaén, que ya se ha ocupado de la institución del referéndum en otras varias publicaciones precedentes y que aquí aborda la nueva regulación constitucional que, con alambicada (y dudosa) fórmula, parece abrir también paso al referéndum de iniciativa ciudadana en combinación con la voluntad de la Asamblea Nacional.

Así mismo el presente número incluye otros dos Estudios que no encajan en ninguna de las tres rúbricas que han venido sirviendo de guía para la presente presentación: (i) contexto de la reforma, (ii) modificaciones atinentes al régimen de garantía de los derechos y (iii) reformas destinadas a reequilibrar y modernizar las instituciones. Sin embargo, ambos abordan cuestiones que era necesario tratar en una publicación que pretende analizar sistemáticamente la ley constitucional de julio de 2008.

El primero, del que es autora M.a Jose Garrot, analiza aquellos aspectos de la reforma a través de los cuales se intenta –una vez más– dar respuesta en Francia a los problemas constitucionales que plantea el proceso de integración europea. No es la primera vez. Hasta en cuatro ocasiones la institución de la reforma constitucional ha sido empleada para incorporar a la Constitución modificaciones exigidas por el avance en el proceso de integración europea, la última de ellas cinco meses antes de la que ahora es objeto de estudio. Congruentemente con estos presupuestos de partida, la profsra. M.a J. Garot titula (y aborda en su trabajo) «Un repaso de la historia de las relaciones entre dos ordenamientos jurídicos», deteniéndose con mayor atención en las modificaciones introducidas por la Ley Constitucional de julio de 2008, algunas de las cuales quedaban supeditadas a la ratificación –ya producida– del Tratado de Lisboa.

El otro trabajo que igualmente desborda le cuadro general seguido en esta presentación es el elaborado por la profsra. de la Universidad Carlos III de Madrid, Itziar Gómez y titulado «La revisión siempre abierta de la V.a República francesa a través de sus reformas constitucionales». En verdad, la Ley Constitucional de Julio de 2008, aquí analizada, en muy escasa medida repercute en los mecanismos de reforma constitucional establecidos en el texto de 1958 tal y como estaba en el momento inmediatamente anterior a las recientes reformas. Estas se limitan a remitir al art. 42 (igualmente reformado) para el examen parlamentario de los proyectos o proposiciones de revisión constitucional. Sin embargo, parece obvia la conveniencia de analizar los propios mecanismos de revisión constitucional que han ahormado la reciente y amplia reforma acometida, así como el singular significado que ha tenido esta institución en la pacífica y paulatina evolución que el texto constitucional ha tenido desde que fuera elaborado en 1958.

Finalmente cierra el número monográfico una traducción de la versión actualizada de la Constitución precedida de una breve nota documental, tarea que ha sido realizada por la documentalista del Senado Marina Cueto.

Como Director de la revista Cuadernos De Derecho Público y principal responsable de la coordinación y dirección de este número monográfico, quiero agradecer a todo los autores el esfuerzo realizado para cumplir con los plazos y las líneas temáticas previamente establecidas, sin el cual un trabajo de esta índole difícilmente podría haber salido adelante. Máxime si se tiene en cuenta, y ésta es la última singularidad de la reforma constitucional de la que desearía dejar constancia, el amplio margen que el autor de la reforma ha dejado abierto a la legislación ulterior de desarrollo. Posposición de la plena operatividad de la reforma constitucional que llega al punto de que buena parte de sus innovaciones, por expresa previsión constitucional, no llegarán a entrar en vigor hasta que se produzcan determinados acontecimientos (como la ya aludida ratificación del Tratado de Lisboa) o que el legislador ordinario acometa las tareas que tiene encomendadas en varios de los nuevos preceptos constitucionales. Buena parte de los colaboradores del presente número monográfico han tenido así que ir realizando sus trabajos con un ojo puesto en el texto que estaban escribiendo y el otro con la mirada puesta en los proyectos que el legislador de desarrollo iba elaborando. Gracias a todos ellos por el esfuerzo realizado.