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cdp. Cuadernos de Derecho Público

Nº 36, enero-abril 2009, pp. 167-185

ISSN: 1138-2848

Conclusiones del Informe de la Subcomisión creada
en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso
de los Diputados sobre las posibles modificaciones
del Régimen Electoral General

(BOCG. Congreso. Serie D, núm. 438, de 4 de agosto de 2010)

PARTE PRIMERA

La Subcomisión ha examinado y debatido con todo detenimiento las propuestas presentadas por los Grupos Parlamentarios, así como los dictámenes, informes y documentación remitida.

Fruto de ese estudio ha terminado por considerar conveniente la modificación de diferentes preceptos de la LOREG, así como de formular determinadas reco­mendaciones en asuntos que quedan fuera de su ámbito de competencia.

1.1. Preceptos de la LOREG sobre cuya modifi­cación se ha producido acuerdo en el Seno de la Subcomisión, con indicación del texto que se propo­ne, enumerados por el orden de su articulado, así como otras propuestas de corrección de orden ter­minológico o numérico:

Ar­tícu­lo 2.3 nuevo:

«En el caso de elecciones municipales, así como las elecciones a Cabildos a Consejos Insulares y a Juntas Generales, es indispensable para su ejercicio figurar inscrito en el Censo de Españoles Residentes en España.»

Ar­tícu­lo 21.1. Introducir las expresiones resalta­das en negrita:

«que debe resolver durante los periodos electora­les en el plazo de cinco días y, fuera de ellos, en el de diez días, en ambos casos a contar...».

Ar­tícu­lo 26.2. Queda redactado del siguiente modo:

«El Presidente y los vocales de cada Mesa son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas censadas en la Mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de setenta años, si bien a partir de los sesenta y cinco años podrán manifestar su renuncia. El Presidente deberá tener el título de bachiller o el de formación profesional de segundo grado, o subsidiariamente el de graduado esco­lar o equivalente.»

Ar­tícu­lo 27.3. Introducir, justo antes del último inciso, el siguiente texto:

«La Junta deberá motivar sucintamente las cau­sas de denegación de las excusas alegadas por los electores para no formar parte de las Mesas.»

Ar­tícu­lo 27.3. Añadir un inciso final del siguiente tenor:

«Las competencias de las Juntas Electorales de Zona se entenderán sin perjuicio de la potestad de unificación de criterios de la JEC.»

Ar­tícu­lo 30. Modificación del 30.1.c):

«La Oficina del censo electoral tendrá las siguientes competencias:

1. c) Controla y revisa de oficio las altas y las bajas tramitadas por los órganos competentes, comuni­cando a la Junta Electoral Central los resultados de los informes, inspecciones y, en su caso, expedientes que pudiera haber incoado referidos a modificacio­nes en el censo de las circunscripciones que hayan determinado una alteración del número de residen­tes significativa y no justificada.»

Ar­tícu­lo 31.2:

«El Censo Electoral está compuesto por el censo de los electores residentes en España y por el censo de los electores residentes-ausentes que viven en el extranje­ro. Ningún elector podrá figurar inscrito simultá­neamente en ambos censos.»

Ar­tícu­lo 34. Nueva redacción, apartado único:

«El censo electoral es permanente y su actualiza­ción es mensual, efectuándose el día primero de cada mes.»

Ar­tícu­lo 35:

«1. Para la actualización mensual del censo los Ayuntamientos enviarán a las Delegaciones Provin­ciales de la Oficina del Censo Electoral, hasta el penúltimo día hábil de cada mes, y en la forma pre­vista por las instrucciones de dicho organismo, todas las modificaciones del Padrón producidas en dicho mes.

2. Si algún Ayuntamiento no cumpliera con la obligación establecida en el párrafo anterior, el Director de la Oficina del Censo dará cuenta de ello a la Junta Electoral Central para que por la misma se adopten las medidas procedentes.

3. En la actualización correspondiente al pri­mer mes del año se acompañarán, además, las altas, con la calificación de menor, de los residentes que cumplirán dieciocho años entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año siguiente.»

Ar­tícu­lo 36:

«1. Para la actualización del censo de los electores residentes ausentes que viven en el extranjero, los Con­sulados tramitarán conforme al mismo procedimiento que los Ayuntamientos, las altas y bajas de los españo­les que vivan en su demarcación, así como sus cambios de domicilio producidos dentro de la misma o las solicitudes de cambio de adscripción a una nueva circunscripción.

2. En el censo cerrado para cada elección no se tendrán en cuenta los cambios de adscripción de una circunscripción a otra producidos en el año anterior a la fecha de la convocatoria.»

Ar­tícu­lo 37:

«Los encargados del Registro Civil comunicarán mensualmente a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral cualquier circunstancia que pueda afectar a las inscripciones en el censo electoral.»

Ar­tícu­lo 38:

Párrafo 1. Suprimido.

2. (pasaría a 1 y sucesivamente el resto de párrafos del ar­tícu­lo).

3. En el actual apartado 3 (futuro 2), se añade un último inciso del siguiente tenor:

«Los representantes de las candidaturas podrán impugnar el censo de las circunscripciones que hubieren registrado un incremento de residentes significativo y no justificado que haya dado lugar a la comunicación a que se refiere el ar­tícu­lo 30.1.c), dentro del plazo de cinco días siguientes al momento en que tuvieren conocimiento de la referida comuni­cación.»

Ar­tícu­lo 39:

«1. Para cada elección el censo electoral vigente será el cerrado el día primero del segundo mes ante­rior a la convocatoria.

2. Los ayuntamientos y consulados estarán obli­gados a mantener un servicio de consulta de las listas electorales vigentes de sus respectivos municipios y demarcaciones durante el plazo de ocho días, a partir del sexto día posterior a la convocatoria de elecciones.

La consulta podrá realizarse por medios informáti­cos, previa identificación del interesado, o mediante la exposición al público de las listas electorales, si no se cuenta con medios informáticos suficientes para ello.

3. Dentro del plazo anterior, cualquier persona podrá formular reclamación dirigida a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral sobre sus datos censales, si bien sólo podrán ser tenidas en cuenta las que se refieran a la rectificación de erro­res en los datos personales, a los cambios de domici­lio dentro de una misma circunscripción o a la no inclusión del reclamante en ninguna Sección del Censo de la circunscripción pese a tener derecho a ello. No serán tenidas en cuenta para la elección convocada las que reflejen un cambio de residencia de una circunscripción a otra, realizado con poste­rioridad a la fecha de cierre del censo para cada elección, debiendo ejercer su derecho en la sección correspondiente a su domicilio anterior.

4. También en el mismo plazo los representan­tes de las candidaturas podrán impugnar el censo de las circunscripciones que en los seis meses ante­riores hayan registrado un incremento de residentes significativo y no justificado que haya dado lugar a la comunicación a que se refiere el ar­tícu­lo 30.1.c).

5. Las reclamaciones podrán presentarse directamente en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral correspondiente o a través de los ayuntamientos o consulados, quienes las remitirán inmediatamente a las respectivas Delegaciones.

6. La Delegación Provincial de la Oficina del censo electoral, en un plazo de tres días, resolverá las reclamaciones presentadas y ordenará las rectificaciones pertinentes, que habrán de ser expuestas al público el décimo séptimo día posterior a la convo­catoria. Asimismo se notificará la resolución adop­tada a cada uno de los reclamantes y a los Ayunta­mientos y Consulados correspondientes.

7. (actual 5) La Oficina del Censo Electoral remi­tirá a todos los electores una tarjeta censal con los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral y de la Sección y Mesa en la que le corresponde votar, y comunicará igualmente a los electores afectados las modificaciones de Secciones, locales o Mesas, a que se refiere el ar­tícu­lo 24 de la presente Ley Orgánica».

Ar­tícu­lo 40.1. Sustituir la referencia al Juez de Pri­mera Instancia por la de Juez de lo Contencioso-Admi­nistrativo.

Ar­tícu­lo 50. Añadir un apartado 1 bis del siguiente tenor:

«Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cual­quier acto organizado o financiado, directa o indi­rectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones.»

Ar­tícu­lo 50. Añadir un apartado 1 ter del siguiente tenor:

«Durante la campaña electoral queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en fun­cionamiento en dicho periodo.»

Ar­tícu­lo 53. Su texto quedaría redactado del siguiente modo:

«No puede difundirse propaganda electoral ni reali­zarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado. La obtención gra­tuita de medios proporcionados por las Administra­ciones Públicas quedará limitada al periodo estricto de campaña electoral. Las limitaciones anteriores se establecen sin perjuicio de las actividades realizadas por los partidos, coaliciones y federaciones en el ejerci­cio de sus funciones constitucionalmente reconocidas y, en particular, en el ar­tícu­lo 20 de la Constitución.

No obstante lo anterior, desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o pro­paganda electoral mediante carteles, soportes comer­ciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones reconocidas en el apartado anterior.»

Ar­tícu­lo 54.1 in fine. Añadir, a continuación de la expresión «las atribuciones encomendadas en esta materia a la autoridad gubernativa se entienden asumi­das por las Juntas Electorales» la mención final:

«sin perjuicio de la potestad de la JEC de unifi­cación de criterios interpretativos.»

Ar­tícu­lo 55.3:

«El gasto de las candidaturas en este tipo de publici­dad no podrá exceder del 20% del límite de gastos pre­visto en los ar­tícu­los 175.2, 193.2 y 227.2, según el proceso electoral de que se trate.»

Ar­tícu­lo 60.1:

«No pueden contratarse espacios de publicidad elec­toral en los medios de comunicación de titularidad pública ni en las emisoras de televisión privada.»

Ar­tícu­lo 66:

Conversión del texto actualmente vigente en párrafo primero con la siguiente redacción:

«El respeto al pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad infor­mativa en la programación de los medios de comuni­cación de titularidad pública en período electoral, serán garantizados por la organización de dichos medios y su control previstos en las Leyes. Las decisiones de los órganos de administración de los referidos medios en el indicado período electoral son recurribles ante la Junta Electoral competente de conformidad con lo previsto en el ar­tícu­lo anterior y según el procedimiento que la Junta Electoral Central disponga.»

Introducción de un segundo párrafo del siguiente tenor:

«Durante el periodo electoral, las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad. Asimismo, en dicho perio­do, las televisiones privadas deberán respetar tam­bién los principios de proporcionalidad y neutrali­dad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las instrucciones y resoluciones que, a tal efecto, dicte la Junta Electo­ral competente.»

Ar­tícu­lo 69.7:

«Durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación, difusión o reproduc­ción de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación».

Ar­tícu­lo 70.4 nuevo. Adición de un apartado cuar­to con el siguiente tenor:

«Dentro del plazo de los tres días siguientes al de la proclamación de las candidaturas, se remitirán a las Juntas electorales correspondientes las suficien­tes papeletas de los distintos Partidos que concurren a las elecciones para su entrega a los mismos, a los efectos de su reproducción para los envíos de publi­cidad y de propaganda electoral.»

Ar­tícu­lo 75. Queda redactado en los siguientes términos:

«1. En las elecciones a Diputados, Senadores, miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, miembros de las Asam­bleas de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y Diputados al Parlamento Europeo, cuando en este último caso se opte por la elección en España, los españoles inscritos en el Censo Especial de Residen­tes Ausentes deberán formular mediante impreso oficial la solicitud de voto dirigida a la correspon­diente Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, no más tarde del vigésimo quinto día pos­terior a la convocatoria. Dicho impreso será remiti­do a los españoles inscritos en el Censo, sin perjuicio de encontrarse disponible en las dependencias con­sulares y de poder obtenerse por vía telemática. Al impreso de solicitud se acompañará fotocopia del pasaporte o del Documento Nacional de Identidad, expedidos por las autoridades españolas o, en su defecto, certificación de nacionalidad o de inscrip­ción en el Registro de Matricula Consular expedidas por el Consulado de España en el país de residen­cia.

2. Recibida la solicitud las Delegaciones Provin­ciales de la Oficina del Censo Electoral remitirán al elector las papeletas y el sobre o sobres de votación, dos certificados idénticos de estar inscrito en el Censo de Residentes Ausentes, así como un sobre en el que debe figurar la dirección de la Junta Electoral Provincial. Con estos documentos se adjuntará una nota explicativa informando acerca de los plazos y de los modos en que el elector puede, alternativa­mente, ejercer su derecho de sufragio: bien, deposi­tar su voto en urna en la Oficina Consular de Carre­ra o Sección Consular de la Misión Diplomática en la que están inscritos o en los lugares que, a tal efec­to, se habiliten para ello, que deberán estar abiertos en horario de mañana y tarde, o, bien, votar por correo. Así mismo se especificarán los documentos que debe contener el sobre dirigido a la Junta Elec­toral correspondiente.

3. Dicho envío debe realizarse por correo certifi­cado y no más tarde del trigésimo cuarto día posterior a la convocatoria, en aquellas provincias dónde no hubie­se sido impugnada la proclamación de candidatos, y en las restantes, no más tarde del cuadragésimo segundo.

4. Los electores que opten por ejercer por correo su derecho de voto, deberán incluir en el sobre dirigido a la Junta Electoral correspondiente, junto al sobre o sobres de votación y el certificado de estar inscrito en el censo, fotocopia del pasaporte o del Documento Nacional de Identidad expedidos por las autoridades españolas o en su defecto, certi­ficación de nacionalidad o certificación de inscrip­ción en el Registro de Matricula Consular expedidas por el Consulado de España en el país de residencia y enviar el sobre por correo certificado no más tarde del martes anterior al día de la elección.

5. Los electores que opten por depositar el voto en urna, lo harán el miércoles, jueves y viernes ante­riores al día de la elección entregando personalmen­te los sobres en aquellas Oficinas o Secciones Consu­lares en las que estén inscritos o en los lugares que a tal efecto se habiliten para ello. A este fin, las depen­dencias consulares habilitadas dispondrán de una urna o urnas custodiadas por un funcionario consu­lar y a la que podrán asistir representantes de las candidaturas concurrentes a las elecciones.

6. El elector acreditará su identidad ante el funcionario consular mediante el pasaporte, el Documento Nacional de Identidad o la certificación de nacionalidad o de inscripción en el Registro de Matricula Consular expedidas por el Consulado de España en el país de residencia, y, previa exhibición y entrega de uno de los certificados de inscripción en el censo de residentes ausentes que previamente ha recibido, depositará el sobre dirigido a la Junta Electoral competente para su escrutinio, una vez que el funcionario consular estampe en dicho sobre el sello de la Oficina Consular en el que conste la fecha de su depósito.

7. Durante los días señalados para efectuar el depósito del voto en urna los responsables consula­res deberán establecer las medidas para facilitar el ejercicio del mismo por los electores, así como aque­llas que se consideren necesarias para la correcta guarda y custodia de las urnas, que incluirán el pre­cintado de las mismas al finalizar cada jornada.

8. Finalizado, el plazo del depósito del voto en urna, el funcionario consular expedirá un acta que contendrá el número de certificaciones censales reci­bidas y, en su caso, las incidencias que hubieran podido producirse en los días habilitados para ello. Al día siguiente, los sobres depositados por los elec­tores, junto al acta expedida por el funcionario consular, deberán ser remitidos, mediante envío electo­ral, a la Oficina que a estos efectos se constituya en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la cual, a su vez, procederá al envío urgente de dichos sobres a las Juntas Electorales correspondientes.

9. En todos los supuestos regulados en el presente ar­tícu­lo será indispensable para la validez de estos votos que conste claramente en el sobre mencionado un matasellos u otra inscripción oficial de una Oficina de Correos del Estado en cuestión o, en su caso, de la Ofi­cina Consular de Carrera o Sección Consular de la Misión Diplomática correspondiente, que certifique, de modo indubitable, el cumplimiento del requisito tem­poral que en cada caso se contempla.

10. El día del escrutinio general, y antes de proce­der al mismo, la Junta Electoral competente se consti­tuye en Mesa Electoral, a las ocho horas de la mañana, con los Interventores que a tal efecto designen las can­didaturas concurrentes.

11. A continuación, su Presidente procede a intro­ducir en la urna o urnas los sobres de votación de los residentes ausentes recibidos hasta ese día y el Secre­tario anota los nombres de los votantes en la corres­pondiente lista. Acto seguido, la Junta escruta todos estos votos e incorpora los resultados al escrutinio general.

12. El Gobierno, previo informe de la Junta Elec­toral Central, puede regular los criterios y limitar los supuestos de aplicación de este ar­tícu­lo, así como esta­blecer otros procedimientos para el voto de los residen­tes ausentes que vivan en Estados extranjeros donde no sea practicable lo dispuesto en este ar­tícu­lo.»

Ar­tícu­lo 79.5 nuevo. Adición de un apartado quin­to nuevo con la siguiente redacción:

«Desde el momento en que tome posesión como Interventor en una Mesa, la persona designada ya no podrá ejercer la función de apoderado en otras Mesas electorales.»

Ar­tícu­lo 86.3. Introducir la expresión resaltada en negrita, dando al precepto la siguiente redacción:

«Cada elector manifestará su nombre y apellidos al Presidente. Los Vocales e interventores comprobarán, por el examen de las listas del censo electoral o de las certificaciones aportadas, el derecho a votar del elector, así como su identidad, que se justificará conforme a lo dispuesto en el ar­tícu­lo anterior. Inmediatamente, el elector entregará por su propia mano al Presidente el sobre o sobres de votación cerrados. A continuación éste, sin ocultarlos ni un momento a la vista del públi­co, dirá en voz alta el nombre del elector y, añadiendo “Vota”, entregará el sobre o sobres al propio elector para que los deposite en la urna o urnas.»

Ar­tícu­lo 87.2. Su texto quedaría redactado del siguiente modo:

«No obstante, el Gobierno, previo informe de la Junta Electoral Central, regulará un procedimiento de votación para las personas ciegas o con discapacidad visual que les permita ejercer su derecho de sufragio, garantizando el secreto del voto, que se aplicará, en todo caso, a las elecciones al Congreso de los Diputa­dos y al Senado, a las elecciones al Parlamento Euro­peo y a los supuestos de referéndum.»

Ar­tícu­lo 96.2. Su texto quedaría redactado del siguiente modo:

«Serán también nulos en todos los procesos electo­rales los votos emitidos en papeletas en las que se hubieren modificado, añadido o tachado nombres de candidatos comprendidos en ellas o alterado su orden de colocación, así como aquéllas en las que se hubiera introducido cualquier leyenda o expresión, o producido cualquier otra alteración de carácter voluntario o inten­cionado.»

Ar­tícu­lo 127.2. Su texto quedaría redactado del siguiente modo:

«Tanto el devengo como el pago de dichas subven­ciones a las formaciones políticas o a cualquier otra persona o entidad a las que, por cualquier título, se hubiese transmitido el crédito correspondiente podrán quedar condicionados si así lo acuerda la Adminis­tración electoral, a la justificación de la adquisición por los electos pertenecientes a partidos políticos, fede­raciones, coaliciones o agrupaciones de electores de la condición plena de Diputado, Senador, miembro del Parlamento Europeo o miembro de la correspondiente corporación local y del ejercicio electivo del cargo para el que hubiesen sido elegidos y por cuya elección y desempeño se hayan devengado o se devenguen las citadas subvenciones. La comprobación y certificación de estos supuestos corresponderá a los órganos de gobierno de la institución en que se deba ejercitar dicho cargo.»

Ar­tícu­lo 133.4. Su texto quedaría redactado del siguiente modo:

«El Estado, en el plazo de treinta días posterior a la presentación ante el Tribunal de Cuentas de su contabi­lidad y en concepto de adelanto mientras no concluyan las actuaciones del Tribunal de Cuentas, entregará a los administradores electorales el 90% del importe de las subvenciones que, de acuerdo con los criterios estable­cidos en la presente ley, les corresponda de acuerdo con los resultados generales publicados en el “Boletín Ofi­cial del Estado”, descontado, en su caso, el anticipo a que se refiere el apartado 1 del ar­tícu­lo 127 bis de esta Ley. En dicho acto, los partidos, coaliciones, federacio­nes y agrupaciones de electores deberán presentar para poder percibir ese anticipo aval bancario por el 10% de la subvención percibida, así como, si así lo acuerda la Administración electoral certificación expedida por el órgano correspondiente que acredite fehacientemente la adquisición por los electos pertenecientes a dichas formaciones políticas de la condición plena de Diputa­do, Senador, miembro del Parlamento Europeo o miem­bro de la correspondiente corporación local y el ejerci­cio efectivo del cargo para el que hubiesen sido elegidos y por cuya elección se hayan devengado o se deven­guen las subvenciones recogidas en esta Ley.

Tampoco procederá la concesión de dicho adelanto cuando en la formación política figuren personas en quienes concurra la circunstancia a la que se refiere el párrafo b) del apartado 2 del ar­tícu­lo 6 de la presente Ley.»

Ar­tícu­lo 153.2. Su texto quedaría redactado del siguiente modo:

«Las infracciones de lo dispuesto en esta Ley sobre régimen de encuestas electorales serán sancionadas con multa de 500.000 a 5.000.000 de pesetas.»

Dicha modificación deberá ser convertida en euros, como todas las cuantías de la Ley, y requerirá de una revisión del régimen de las diferentes cuantías para sanciones administrativas y penales.

Ar­tícu­lo 169.3. Su texto quedaría redactado del siguiente modo:

«Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitarán, al menos, la firma del 1 % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripción. Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1% de los elec­tores inscritos en el censo electoral de la circunscrip­ción por la que pretendan su elección. Ningún elec­tor podrá prestar su firma a más de una candidatura.»

Ar­tícu­lo 179.1. Su texto quedaría redactado del siguiente modo:

«Cada término municipal constituye una circuns­cripción en la que se elige el número de concejales que resulte de la aplicación de la siguiente escala:

Hasta 100 residentes 3

De 100 a 250 residentes 5 (.../... resto igual).»

Ar­tícu­lo 184. Su texto quedaría redactado del siguiente modo:

«Los concejales de municipios que tengan una población inferior a 250 residentes no sometidos a Régimen de Concejo Abierto, son elegidos de acuer­do con el siguiente procedimiento:

a) Cada partido, coalición, federación o agru­pación podrá presentar una lista como máximo de tres nombres si el municipio tiene menos de 100 resi­dentes o de cinco nombres si tiene una población entre 100 y 250 residentes.

b) Cada elector podrá dar su voto a un máximo de dos entre los candidatos proclamados en el distri­to en caso de municipios de menos de 100 residentes o a un máximo de cuatro en los municipios entre 100 y 250 residentes.

c) Se efectuará el recuento de votos obtenidos por cada candidato en el distrito, ordenándose en una columna las cantidades representativas de mayor a menor.

d) Serán proclamados electos aquellos candi­datos que obtengan mayor número de votos hasta completar el número total de concejales a elegir en función de la población.

e) Los casos de empate se resolverán por sorteo.

f) En caso de fallecimiento, incapacidad o renun­cia de un concejal, la vacante será atribuida al candida­to siguiente que más votos haya obtenido.»

[La modificación del referido precepto deberá llevar aparejada la del ar­tícu­lo 29 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, en los siguientes términos:

Art. 29 de la Ley de Bases del Régimen Local

1. Funcionan en Concejo Abierto:

a) Los municipios que tradicional y voluntaria­mente cuenten con ese singular régimen de gobierno y administración.

b) Aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipa­les u otras circunstancias lo hagan aconsejable.

2. La constitución en concejo abierto de los muni­cipios a que se refiere el apartado b) del número ante­rior, requiere petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comu­nidad Autónoma.

3. En el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden a un Alcalde y una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta Ley y las leyes de las Comuni­dades Autónomas sobre régimen local.

4. No obstante lo anterior, los alcaldes de las corporaciones de municipios de menos de 100 resi­dentes podrán convocar a sus vecinos a Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia para el municipio. Si así lo hicieren deberán some­terse obligatoriamente al criterio de la Asamblea vecinal constituida al efecto.

Los municipios que con anterioridad venían obli­gados por Ley en función del número de residentes a funcionar en Concejo Abierto podrán continuar con ese régimen especial de gobierno y administra­ción si en la sesión constitutiva del nuevo Ayunta­miento así lo acordara por unanimidad la Corpora­ción municipal y la mayoría de los vecinos.]

Ar­tícu­lo 190. Queda suprimido.

Ar­tícu­lo 197. Su texto quedaría redactado del siguiente modo:

«1. El Alcalde puede ser destituido mediante moción de censura, cuya presentación, tramitación y votación se regirá por las siguientes normas:

a) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un can­didato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier Concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de propo­sición de la moción.

En el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el Alcalde cuya censura se propone, la mayoría exigida en el párrafo anterior se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias.

Este mismo supuesto será de aplicación cuando alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato.»

Apartados b), c) y d) igual.

«e) La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, constatando para poder seguir con su tramitación que en ese mismo momento se mantie­nen los requisitos exigidos en los tres párrafos del apartado a), dando la palabra, en su caso, durante un breve tiempo, si estuvieren presentes, al candida­to a la Alcaldía, al Alcalde y a los Portavoces de los grupos municipales, y a someter a votación la moción de censura.»

Ar­tícu­lo 205.1. Añadir dos párrafos del siguiente tenor:

«El proceso de constitución de las Diputaciones deberá aplazarse hasta que se hayan resuelto pre­viamente todos los recursos contencioso-electorales contra la proclamación de concejales electos en los municipios de la provincia.

En el caso de que deban convocarse nuevas elec­ciones en algún municipio de la provincia, bien por no haberse presentado ninguna candidatura, bien por haberse anulado total o parcialmente el proceso como consecuencia de los correspondientes recursos contenciosos-electorales, no se pospondrá la consti­tución de la Diputación Provincial, si bien, en el supuesto de que como consecuencia de la celebra­ción de elecciones locales parciales se altere la atri­bución de puestos en la Diputación Provincial, las Juntas Electorales de Zona deberán realizar las ope­raciones necesarias para hacer una nueva asigna­ción.»

Ar­tícu­lo 205.2. Sustituir la mención a «párrafo anterior» por la de «número anterior».

Disposición adicional primera, apartado 2. Añadir la mención en dicho apartado de la referencia al ar­tícu­lo 50, apartados 1 bis y ter.

Disposición adicional séptima nueva.

«El límite de gastos al que se refieren los ar­tícu­los 175.2, 193.2 y 227.2 registrará una reducción del quince por ciento sobre la cifra actualizada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda en los cinco días siguientes a la convocatoria de que se trate.»

Disposición transitoria octava nueva.

«Las subvenciones referidas en los ar­tícu­los: 175.1.a), b) y c); 193.1.a) y b); 175.3.a); 193.3.a) se entenderán congeladas a fecha de 31 de diciembre de 2010 durante el ejercicio 2011.»

Introducción de las siguientes correcciones de orden terminológico y numérico:

— Sustituir la referencia a Gobernadores Civiles por la de los Subdelegados del Gobierno [arts. 6.1.k) y 6.3.e)];

— Sustituir la referencia al Director General de RTVE y Directores de las sociedades de este ente públi­co por la de Presidente de la Corporación de RTVE y de las sociedades que lo integran (art. 6.1.1);

— Sustituir la referencia al Presidente del Tri­bunal de Defensa de la Competencia por la de Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia [art. 155.2.a)];

— Sustituir la referencia al ente público RTVE por Corporación de RTVE [art. 155.2.b)];

— Sustituir la referencia a los Puertos Autónomos por Autoridades Portuarias del ar­tícu­lo 155.2.d);

— Suprimir la referencia a COPLACO del ar­tícu­lo 155.2.d);

— Suprimir la mención a los monopolios estatales del ar­tícu­lo 155.2.e);

— Convertir en euros todas las cuantías de subven­ciones o multas fijadas en pesetas;

— Aceptar el texto propuesto por el Senado en rela­ción con las papeletas de elección a esta Cámara.

2. Recomendaciones que hace la Subcomisión:

a) La Subcomisión valora positivamente la nece­sidad de adoptar medios para facilitar el voto en los casos de maternidad o de enfermedad grave que impi­da el desempeño de la función parlamentaria; entiende que razones constitucionales desaconsejan la fórmula de la sustitución y considera que deben ser los Regla­mentos de las Cámaras los que regulen la posibilidad de facilitar el voto por medios telemáticos en tales supuestos.

b) Gastos electorales:

b.1. Con carácter general, esta Subcomisión reco­mienda a los poderes públicos que en virtud de su com­petencia legal realizan convocatorias de procesos elec­torales, que lleven a cabo la identificación de todas aquéllas partidas de gastos no mencionadas en el pre­sente dictamen que pudieran ser objeto de una minora­ción.

b.2. En este sentido los gastos derivados de la apli­cación del ar­tícu­lo 50, relativo a las campañas de carác­ter institucional destinadas a informar a los ciudadanos sobre la fecha de la votación, procedimiento, requisitos y trámite, deberían experimentar una reducción de un quince por ciento de su presupuesto, tomando como referencia la última elección de idéntica convocatoria.

PARTE SEGUNDA

La Subcomisión ha examinado también una pro­puesta de modificación de los ar­tícu­los 6, 41, 44, 49, 108, 155, 178, 182, 203, 209 y 211, acordando propo­ner la modificación de los referidos ar­tícu­los conforme a los siguientes textos:

Ar­tícu­lo 6.4.

«4. Las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad. Las causas de incompatibili­dad se regirán por lo dispuesto para cada tipo de proceso electoral.

En todo caso serán incompatibles las personas electas en candidaturas presentadas por partidos, federaciones o coaliciones declarados ilegales con posterioridad por sentencia judicial firme. La incompatibilidad surtirá efecto en el plazo de quin­ce días naturales, desde que la Administración Elec­toral permanente comunique al interesado la causa de incompatibilidad, salvo que éste formule, volun­tariamente, ante dicha Administración una declara­ción expresa e indubitada de separación y rechazo respecto de las causas determinantes de la declara­ción de ilegalidad del partido, federación o coalición en cuya candidatura hubiere resultado electo.

Si durante el ejercicio del mandato al que haya accedido tras haber explicitado dicha declaración, la persona electa se retractase, por cualquier medio, de la misma o mostrara contradicción, a través de hechos, omisiones o manifestaciones, respecto de su contenido, quedará definitivamente incursa en la causa de incompatibilidad regulada en este aparta­do. La incompatibilidad surtirá efecto a partir de la notificación realizada al efecto por la Administra­ción Electoral permanente.

El mismo régimen de incompatibilidad se aplica­rá a los integrantes de la candidatura de la forma­ción política declarada ilegal que sean llamados a cubrir el escaño vacante, incluidos los suplentes.»

Ar­tícu­lo 41.5.

«5. Los representantes de cada candidatura podrán obtener dentro de los dos días siguientes a la procla­mación de su candidatura una copia del censo del dis­trito correspondiente, ordenado por mesas, en soporte apto para su tratamiento informático, que podrá ser uti­lizado exclusivamente para los fines previstos en la pre­sente Ley. Alternativamente los representantes genera­les podrán obtener en las mismas condiciones una copia del censo vigente de los distritos donde su partido, federación o coalición presente candidaturas. Asimis­mo, las Juntas Electorales de Zona dispondrán de una copia del censo electoral utilizable, correspondiente a su ámbito.

Las Juntas Electorales, mediante resolución motivada, podrán suspender cautelarmente la entre­ga de las copias del censo a los representantes antes citados cuando la proclamación de las candidaturas haya sido objeto de recurso o cuando se considere que podrían estar incursas en alguna de las circuns­tancias previstas en el ar­tícu­lo 44.4 de esta Ley.»

Ar­tícu­lo 44.4.

«4. En todo caso, los partidos políticos, federa­ciones, coaliciones y agrupaciones de electores no podrán presentar candidaturas que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido. A estos efectos, se tendrá en cuenta la similitud sustan­cial de sus estructuras, organización y funcionamiento, de las personas que los componen, rigen, representan, administran o integran cada una de las candidaturas, de la procedencia de los medios de financiación o mate­riales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión.»

Ar­tícu­lo 49.5.

«5. Los recursos previstos en el presente ar­tícu­lo serán de aplicación a los supuestos de proclamación o exclusión de candidaturas presentadas por los par­tidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores a los que se refiere el apartado 4 del ar­tícu­lo 44 de la presente Ley Orgánica, con las siguientes salvedades:

a) El recurso previsto en el apartado primero del presente ar­tícu­lo se interpondrá ante la Sala especial del Tribunal Supremo regulada en el ar­tícu­lo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

b) Estarán también legitimados para la interposi­ción del recurso los que lo estén para solicitar la decla­ración de ilegalidad de un partido político, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del ar­tícu­lo 11 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, teniendo derecho de acceso a la documentación que obre en poder de las Juntas Electorales.

c) Si durante la campaña electoral las partes legitimadas para interponer el recurso tuvieran conocimiento de circunstancias que, con arreglo al ar­tícu­lo 44.4 de esta Ley, impiden la presentación de candidaturas, el recurso podrá interponerse hasta el cuadragésimo cuarto día posterior a la convocato­ria, debiendo resolver la Sala especial del Tribunal Supremo dentro del tercer día a partir de la interpo­sición.»

Ar­tícu­lo 108.5 nuevo.

«5. Desde la votación hasta la proclamación de electos, la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal podrán presentar ante la Sala Especial del Tribunal Supremo del ar­tícu­lo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, un escrito motivado anunciando la presentación, en un plazo no superior a quince días, de la demanda de ilegalización o del incidente de ejecución previstos en los ar­tícu­los 11 y 12.3 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, solici­tando la suspensión cautelar de la proclamación de los electos. La Sala resolverá sobre la suspensión en los dos días siguientes a la presentación de dicho escrito.

Una vez presentada la demanda o instado el inci­dente, la Sala, al resolver el trámite de admisión, se pronunciará sobre la continuidad o no de la suspen­sión cautelar hasta la finalización del procedimien­to. Prorrogada la suspensión, si la resolución que ponga fin al procedimiento declarase la ¡legalización del partido o su condición de sucesor de otro ¡legali­zado, declarará también la no proclamación de los electos que hubieran concurrido en sus candidatu­ras.»

Los apartados 5 a 8 pasarán a ser apartados 6 a 9.

Ar­tícu­lo 155.2.f) y 155.5 nuevos.

«2. Son también incompatibles:

(...)

f) Los Diputados y Senadores electos en candi­daturas presentadas por partidos, federaciones o coaliciones declarados ilegales con posterioridad por sentencia judicial.

(...)

5. Cuando la causa de incompatibilidad sea la prevista en el apartado 2.f), se aplicará lo dispuesto en el ar­tícu­lo 6.4 de esta Ley.»

Ar­tícu­lo 178.2.e) nuevo.

«e) Los concejales electos en candidaturas pre­sentadas por partidos, federaciones o coaliciones declarados ilegales con posterioridad por sentencia judicial firme.»

Ar­tícu­lo 178.3.

«3. Cuando se produzca una situación de incom­patibilidad los afectados deberán optar entre la renun­cia a la condición de Concejal o el abandono de la situación que, de acuerdo con lo establecido en el apar­tado anterior, dé origen a la referida incompatibilidad. Cuando la causa de incompatibilidad sea la prevista en el apartado 2.e) del presente ar­tícu­lo, se aplicará lo dispuesto en el ar­tícu­lo 6.4 de esta Ley.»

Ar­tícu­lo 182.3.

«3. En el caso de que el número de hecho de miembros elegidos en la correspondiente convocatoria electoral llegase a ser inferior a la mitad del número legal de miembros de la corporación, se constituirá una comisión gestora integrada por todos los miembros de la corporación que continúen y los ciudadanos que hubiesen sido designados para cubrir las vacantes, con­forme a lo previsto en el párrafo anterior.

Cuando resulte imposible conformar la comisión gestora, la Diputación Provincial o, en su caso, el órgano competente de la Comunidad Autónoma asumirá directamente la gestión ordinaria de la Entidad Local, no pudiendo adoptar acuerdos para los que se requiera una mayoría cualificada.»

Ar­tícu­lo 203. Le) nuevo y ar­tícu­lo 203.2.

«1. (...)

Son también incompatibles:

(...)

e) Los Diputados Provinciales electos en candi­daturas presentadas por partidos, federaciones o coaliciones declarados ilegales con posterioridad por sentencia judicial.

(...)

2. Cuando se produzca una situación de incompa­tibilidad, los afectados deberán optar entre la renuncia al puesto de Diputado Provincial o el abandono de la situación que, de acuerdo con lo establecido en el apar­tado anterior, dé origen a la referida incompatibilidad. Cuando la causa de incompatibilidad sea la prevista en el apartado 1.e), se aplicará lo dispuesto en el ar­tícu­lo 6.4 de esta Ley.»

Ar­tícu­lo 209.

«Lo regulado en el presente Capítulo se entiende sin perjuicio del respeto a los regímenes especiales autonó­micos y forales, siendo, en todo caso, aplicable a los mismos lo dispuesto en los ar­tícu­los 6.4 y 203.l.e) de la presente Ley.»

Ar­tícu­lo 211.2.e) nuevo y ar­tícu­lo 212.3.

«2. Son también incompatibles:

(...)

e) Los Diputados al Parlamento Europeo elec­tos en candidaturas presentadas por partidos, fede­raciones o coaliciones declarados ilegales con poste­rioridad por sentencia judicial.

(...)

3. En los supuestos de las letras c) y d) del aparta­do anterior, la incompatibilidad se resuelve a favor de la condición parlamentaria adquirida en último térmi­ no. Cuando la causa de incompatibilidad sea la pre­ vista en el apartado 2.e), se aplicará lo dispuesto en el ar­tícu­lo 6.4 de esta Ley.»