Presentación

Introduction

Ricardo Rivero Ortega

Universidad de Salamanca (España)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0593-3470

ricriv@usal.es

NOTA BIOGRÁFICA

Catedrático de Derecho Administrativo y Rector de la Universidad de Salamanca. Doctor en Derecho con Premio Extraordinario de Doctorado. Director del Grupo de investigación en Reforma y modernización de las Administraciones públicas. Profesor en las Universidades de París X, James Madison (Virginia), La Plata (Argentina) y Javeriana de Bogotá. Autor de 20 libros y 200 trabajos publicados en revistas y obras de Derecho público. Director de 40 tesis doctorales. Coautor de la monografía Innovación en los gobiernos locales. Estrategias innovadoras de municipios y diputaciones en un escenario de crisis (INAP, 2014). Autor de los libros La necesaria innovación en las instituciones administrativas (INAP, 2013); Responsabilidad personal de autoridades y empleados públicos. El antídoto de la arbitrariedad (Iustel, 2020).

Documentación administrativa es, desde 1958, una de las revistas de referencia para los estudiosos de la Administración pública. Décadas de excelentes contribuciones al debate sobre las reformas y el análisis de los principales temas demuestran su papel relevante en nuestro panorama científico e institucional. Gracias a sus sucesivos responsables –Santiago Muñoz Machado desde 2014– se ha mantenido a un extraordinario nivel doctrinal.

La multiplicación de publicaciones periódicas sobre Derecho administrativo no incluye ninguna especializada en el régimen jurídico y las cuestiones del personal al servicio del Estado. Por ello, en esta nueva época, la Revista aspira a ofrecer reflexiones sobre el presente y el futuro del empleo público, una de las instituciones más importantes para la buena administración. Al fin, las personas somos responsables del correcto cumplimiento de los cometidos en las organizaciones.

El servicio que aspiramos a ofrecer incluye la generación debates sobre cuestiones de notoria actualidad: ¿Debemos seguir interpretando y aplicando como hasta ahora los principios de mérito y capacidad?; ¿es verosímil nuestro régimen de incompatibilidades?; ¿es la estabilidad una condición necesaria y suficiente para el mejor desempeño institucional?; ¿podrá sustituir la inteligencia artificial algún día a los funcionarios? Algunas preguntas mueven bases pretendidamente sólidas, pero en realidad muy frágiles.

¿Hacia dónde evolucionaremos? Dificultades no faltan para vaticinar el devenir. La prospectiva comparte una cierta condición especular con su antecedente irracional, la bola de cristal. El sesgo del presentismo determina que nos veamos tal y como hoy somos, dificultando las proyecciones de largo plazo, lo que explica los fracasos planificadores: ¿Quién acertó pronosticando la transformación forzada hacia el teletrabajo en la Administración pública?

El futuro no es entonces fácil de prever, pero sí hemos de intentar incidir sobre su desarrollo. La reflexión sobre los principales aspectos del empleo público tiene sentido porque permite influir sobre los marcos y sus circunstancias, poniendo el foco sobre aquellos elementos que consideramos más importantes, de lo que creemos oportuno que se hable para tomar decisiones de cambio o mejora.

Esto es lo que aportan los artículos, comenzando por el de Federico Castillo Blanco, que reflexiona sobre las reformas precisas en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), una norma que conoce muy bien porque participó en la comisión que diseñó su Anteproyecto. Las leyes no son suficientes para realizar transformaciones culturales como la requerida en nuestro sistema de empleo público, tal y como lo define el Catedrático de la Universidad de Granada, siendo necesarias otras acciones sobre la organización, la selección, los incentivos, la transparencia, las relaciones laborales y la profesionalización. Un cambio, cultural, en suma, es lo que se propone.

Isabel Lifante, Profesora de la Universidad de Alicante, analiza las exigencias del principio de responsabilidad en el ámbito de la Administración pública, partiendo del modelo de Estado constitucional y de los deberes asociados a un concepto completo de responsabilidad, que debería estar sujeto a evaluación de desempeño. El catálogo de los vicios a prevenir (corrupción, formalismo, desidia e incompetencia) requiere alternativas de diseño institucional que la autora propone.

Jorge Fondevila Antolín, destacado especialista y funcionario del Gobierno de Cantabria, expone los claroscuros del EBEP en los procedimientos de concurrencia competitiva. Sus propuestas de mejora deberían ser tenidas en cuenta, toda vez que en este momento de la selección se dilucidan los perfiles personales y la legitimidad de origen, frente a prácticas clientelares y otras distorsiones. La sana crítica a la que somete el actual estado de cosas demuestra todas las tareas pendientes y lo mucho que nos va en cumplirlas.

Otro interesante trabajo aporta Jesús Fuentetaja, Catedrático de Derecho administrativo en la UNED, quien sintetiza una de las cuestiones más complejas del régimen de los funcionarios, agravada por el carácter crónico de cierta precariedad y la falta de políticas alternativas: La situación de los interinos, sus derechos, reconocidos por la jurisprudencia y los mejores modos de encauzar hacia la estabilidad apropiada en el empleo público.

Susana Castillo Ramos Bossini, Profesora de la Universidad de Granada, analiza la realidad del teletrabajo y la Administración digital. Una vez más, el cambio cultural y organizativo se considera el presupuesto del aprovechamiento de las oportunidades de las nuevas tecnologías, que han llegado para quedarse. El avance producido en este sentido por la pandemia podría consolidarse, siempre y cuando los marcos normativos despejen dudas en el necesario equilibrio entre derechos y obligaciones.

Concepción Campos, experta en cuestiones de innovación y Administración local, expone en su trabajo las consecuencias de la digitalización sobre el futuro del empleo público local. Las tendencias que apunta son muy sugerentes: la actualización de las competencias profesionales, la utilidad de la inteligencia artificial, el teletrabajo, el papel de la dirección pública o la selección de personas con métodos más adaptados al momento que vivimos, superando las metodologías del siglo pasado.

Juan Antonio Carrillo Donaire, profesor de la Universidad de Sevilla, analiza las claves para la definición del Estatuto del directivo público profesional. El norte a seguir serían las recomendaciones de la OCDE (en su informe “Liderazgo para un servicio público de alto rendimiento”), no muy consideradas por las primeras regulaciones autonómicas. El Derecho comparado nos ofrece muestras alternativas de régimen en este puente entre la politización y la funcionarización: senior civil service británico, los emplois de direction franceses, la CReSAP portuguesa y las experiencias latinoamericanas (Argentina, Chile, Perú).

La experiencia de la modernización administrativa en Portugal, con sus lecciones para las instituciones públicas españolas tras la crisis Covid-19, es tratada por Enrique José Varela Álvarez, Profesor de la Universidad de Vigo. Nuestros vecinos ibéricos han adoptado con éxito una estrategia de «innovación incremental». Esta progresión de reformas adaptadas a las circunstancias cambiantes parece contrastar con la situación española, de estancamiento. Veremos si la crisis actual y sus remedios (modificaciones derivadas de la ejecución de los fondos europeos) propician por la vía de urgencia el cambio cultural que apunta también como necesario.

El agradecimiento a los autores por sus generosas y concienzudas contribuciones expresa ese imprescindible deber de reconocer a quien aporta. Al Instituto Nacional de Administración Pública, en la persona de su Director, Mariano Fernández Enguita, le damos también las gracias por su confianza, su criterio innovador y el afán acreditado de trabajar en pro de lo público, en un momento crucial para el mundo, en año de la pandemia.

En la Universidad de Salamanca, 22 de diciembre de 2020.