Presentación

Introduction

Del Campo García, María Esther

Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Ciencia Política y de la Administración (España – Spain)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8025-1103

delcampo@cps.ucm.es

NOTA BIOGRÁFICA

Catedrática de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la misma universidad. Master of Arts en Política Comparada por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) entre 2012 y 2015. Es, en la actualidad, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. Autora de numerosas publicaciones sobre Política Comparada centradas en el análisis institucional de las democracias, especialmente en el ámbito de las políticas sociales y culturales.

Rivero Ortega, Ricardo

Universidad de Salamanca. Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal (España – Spain)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0593-3470

ricriv@usal.es

NOTA BIOGRÁFICA

Catedrático de Derecho Administrativo y exrector de la Universidad de Salamanca. Doctor en Derecho con premio extraordinario de doctorado. Director del Grupo de Investigación en Reforma y Modernización de las Administraciones Públicas. Profesor en las universidades de París X, James Madison (Virginia), La Plata (Argentina) y Javeriana de Bogotá. Autor de veinte libros y doscientos trabajos publicados en revistas y obras de derecho público. Director de cuarenta tesis doctorales. Entre otros, coautor de la monografía Innovación en los gobiernos locales. Estrategias innovadoras de municipios y diputaciones en un escenario de crisis (INAP, 2014). Autor de los libros La necesaria innovación en las instituciones administrativas (INAP, 2013), y Responsabilidad personal de autoridades y empleados públicos. El antídoto de la arbitrariedad (Iustel, 2020).

El presente número de la revista Documentación Administrativa se estructura en torno a la función pública, describiendo, analizando y comparando diferentes casos de estudios. Cuenta con 5 artículos de investigación y 2 que reflejan experiencias y casos específicos. En muchos de estos casos, se parte de un proceso de reforma/modernización o innovación de la función pública que perseguía modernizar la administración, mejorando la eficiencia y la calidad del servicio mediante la profesionalización del personal, la digitalización, la evaluación del desempeño y la simplificación de procesos, incluyendo cambios en el acceso y la estructura organizativa, todo bajo un marco de transparencia y rendición de cuentas, con el objetivo de crear una administración más ágil, competente y adaptada a las cambiantes necesidades ciudadanas. Sin embargo, en numerosas ocasiones estos procesos han encontrado obstáculos, tanto a nivel interno como externo, que van desde la misma concepción de las organizaciones administrativas, complejas, altamente burocratizadas y jerarquizadas, hasta elementos externos, como la politización de la administración pública, que queda ampliamente reflejada en algunos de los artículos de este número.

En el artículo de Briones-Gamarra, González-Cacheda y Varela-Álvarez, sobre la profesionalización de la función directiva pública en España, se busca aumentar el conocimiento empírico (a través de un análisis de contenido tanto documental como de páginas webs) respecto a la profesionalización de la función directiva y analizar de forma comparada la situación de los procedimientos establecidos en seis Comunidades Autónomas (seleccionadas en términos de población y empleo público) orientados a la profesionalización de la Administración pública. Los resultados permiten dibujar un modelo caracterizado por un bajo nivel de profesionalización y un alto grado de politización y discrecionalidad.

De igual forma, en el artículo de Martínez-Puón se analiza la evolución, los avances y los retos de la profesionalización de la función pública en México, tanto a nivel federal, estatal como municipal. Para ello, se realiza un análisis documental a partir de fuentes secundarias, normativas y documentos de organismos internacionales para explicar la trayectoria histórica tanto de intentos como de propuestas concretas para profesionalizar la función pública en este país. El resultado no es alentador: aunque la promulgación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 2003 marcó un avance relevante hacia la institucionalización del mérito, los efectos han sido muy limitados y la politización aparece también como una característica recurrente que impide que el proceso de reforma avance adecuadamente.

El artículo de Llacer Girona y Vaquero Tió, sobre la formación de personal en la Administración, tomando como caso el modelo de formación del PTGAS de la Universitat de València, nos muestra la complejidad de elaborar y poner en marcha un modelo formativo para esta administración que mejore la certificación de competencias y el desarrollo profesional. Se parte aquí de una metodología cualitativa (con entrevistas en profundidad), mediante una técnica de análisis de contenido. Las conclusiones son muy pertinentes y muestran la necesidad de un modelo basado en competencias que otorgue mayor relevancia a las nuevas tecnologías y metodologías docentes, subrayando la importancia de la transparencia tanto en la normativa como en los procedimientos y procesos de selección.

Fariña, en su artículo sobre la dirección pública profesional en España, parte de la información y valoración que una red de expertos (la comunidad epistémica) realiza sobre la figura del personal directivo público profesional, para intentar una caracterización del mismo. Concluye el autor, que es necesario impulsar y consolidar la función directiva (tanto a nivel competencial como desarrollando mecanismos de evaluación del desempeño), en un contexto que requiere adoptar decisiones efectivas para afrontar los distintos problemas y retos, con criterios de flexibilidad y adaptación a los permanentes cambios que se producen en el entorno de las políticas públicas.

El quinto artículo de investigación, realizado por Caja Moya y Quiroga Rodríguez, aborda un tema más concreto, pero especialmente relevante, como es el de la persistente vulneración del derecho a la intimidad en los espacios físicos de las administraciones públicas. Si bien la normativa ha avanzado considerablemente en la formulación de objetivos de cara a adecuar la inteligencia artificial y la innovación tecnológica a los procesos administrativos (como el Plan Estratégico 2025-2030 de la Agencia Estatal de Protección de Datos); sin embargo, a partir de ejemplos concretos en hospitales, oficinas de empleo y sedes tributarias, se constata una negligencia estructural en la protección de la intimidad, especialmente de las personas más vulnerables, dentro de los espacios físicos públicos. Las personas, en contextos de vulnerabilidad, se ven obligadas a ceder su privacidad. El texto termina con unas recomendaciones muy interesantes para intentar revertir esta situación.

El apartado de experiencias y casos se completa con dos artículos muy pertinentes y aplicados. El primero, realizado por Brufao Curiel, expone los resultados de un estudio destinado a proponer alternativas a la reforma del régimen jurídico del empleo público en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que adolece de ciertos problemas derivados de la rigidez en cuanto a la selección y desarrollo profesional y de la próxima jubilación de un elevado número de sus cuadros. Se incluyen aquí recomendaciones de política de personal que permitan el fortalecimiento de la carrera profesional (ingreso, movilidad y transferencia de conocimiento intergeneracional) en Extremadura.

Finalmente, el artículo de Meseguer, realiza una primera aproximación al anteproyecto de ley de administración abierta, transparencia, acceso a la información y régimen de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración. En este caso, el planteamiento metodológico permite comparar el texto sometido a información pública con los debates mantenidos en el seno del subgrupo de trabajo constituido en el seno del Foro de Gobierno Abierto para la reforma de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y las propuestas elevadas al ministerio competente. En sus conclusiones, el autor subraya que ni la protección jurisdiccional del derecho ni el régimen sancionar propuesto resolverán los déficits advertidos en los últimos años de aplicación de la regulación legal de la transparencia.

En suma, os animamos a leer este número porque no sólo se plantean temas relevantes para conocer, analizar y reformar la función pública, sino que además nos permiten explorar metodologías de investigación diversas que nos muestran la complejidad, la diversidad y la dificultad para continuar transformando nuestras estructuras administrativas.