A diferencia de otras categorías de políticas públicas las políticas de innovación y aprendizaje siempre han disfrutado de una gran popularidad y rara vez han sido discutidas. Las políticas fiscales, por ejemplo, o incluso las políticas sociales han sido en muchas ocasiones cuestionadas. Pero defender la innovación, el desarrollo o el aprendizaje gozan de una legitimidad incuestionada, cuando podrían ser perfectamente discutidas. Los gobiernos lo saben y buscan envolver muchas de sus decisiones, incluso las que no se refieren estrictamente a este ámbito, en la retórica de la innovación, el progreso o el desarrollo. Y este libro no es una excepción. Este libro una apología del emprendimiento y la innovación usando todo el arsenal de la economía neoclásica y la retórica de la ideología del progreso tal cual la categorizaron Robert Nisbet, hace ya bastantes años, en su clásico Historia de la idea de progreso o John Bury en su Idea de Progreso. Es también un gran libro, y maravillosamente escrito, grande en sus aciertos que son muchos y grande también en su errores que no son menos. Su finalidad es diseñar el marco institucional y político que permita crear una cultura social adecuada para innovar, crear empresas y que estas se desarrollen y contribuayan a dinamizar al resto de la sociedad. Para ello el autor propone una batería de medidas que supuestamente pueden favorecer tal marco. En el desarrollo de tales medidas el autor elabora una sofisticada teoría de la innovación y el aprendizaje, que como antes apuntamos cuenta con elementos a nuestro entender correctos y otros que no lo son tanto. Vayaos primero con los argumentos que encontramos positivos y luego, con más detenimiento pasaremos a analizar aquellos que son a nuestro entender más discutibles. En primer lugar los autores aciertan al afirmar que lo importante para favorecer una sociedad del aprendizaje no es tanto la creación de instituciones educativas que contribuyan a educar a los ciudadanos, sino el contenido de dicha educación. Los políticos acostumbran a mostrar su compromiso con la educación con incrementos en el gasto en tal partida, o haciendo comparaciones de porcentaje de gasto en relación al PIB, esto es identifican mejorar la educación con gastar más en ella. Pero como bien se puede deducir, gastar más dinero en enseñar cosas equivocadas no es hacer un bien a la educación sino un mal aún mayor. De ahí que una de las propuestas principales del libro sea la de discutir cual debería ser el contenido de la educación,o la forma que esta adopta antes de hacer propuestas de gasto. La verdad, añadiría yo, es que no es fácil determinar tales contenidos, pues dudo mucho que existiese un consenso claro al respecto, por lo que la postura más sensata debería ser permitir a los interesados, en el mayor grado que fuese posible, escoger la cantidad y calidad de dichos contenidos y proceder de ahí a su financiación. Lo mismo puede ser predicado de las políticas de financiación de la investigación y la innovación. Los decisores políticos tendrían que decidir sobre que temas investigar, esto es decidir en cada momento cuales deberían ser los temas de más interés para la sociedad y aquellos con más aplicaciones futuras al tiempo que deciden cuantos fondos asignar a estos finos, y por tanto cuantos fondos retiras de otros fines alternativos. Y esto, me temo, está fuera del alcance de un grupo reducido de expertos, por cualificados que estén (en que deberían estarlo es otra pregunta de difícil respuesta) por lo que los resultado presumiblemente no serán todo los buenos que cabría desear.

El segundo gran acierto del libro, en nuestra opinión, es la razonada crítica que se hace a la propiedad intelectual, no como promotora del aprendizaje sino como todo lo contrario, como un lastre a la innovación,por paradójico que a simple vista pudiese parecer. Constituye casi un tópico en las ciencias sociales, sobre todo a partir de El nacimiento del mundo occidental de Douglass North, considerar que buena parte del desarrollo modernos de los países occidentales se debe a la introducción de derechos de propiedad intelectual. Sólo recientemente se ha comenzado a cuestionar seriamente dicha suposición (por ejemplo Michael Boldrin, Against Intellectual Monopoly) partiendo de la idea de que la propiedad intelectual dificulta la innovación que parte de inventos o ideas ya establecidos, obligando a dar costosos giros para mejorar un bien ya existente. Si se hubiese, como se apunta en el libro, patentado la idea del auto los autos modernos no habrían mejorado de la forma en que lo hicieron. El auto en esencia es el mismo que hace cien años, sólo que mejorado en todas y cada una de sus partes, partiendo de lo que ya existía. Si el auto estuviese patentado como tal para innovar habría que recurrir a diseños como la oruga o el maglev (vehículos movidos por campos magnéticos) para mejorar el bien, lo cual dificultaría enormemente la mejora o la haría muy costosa. La investigación en farmacia, por ejemplo, está patentada y por lo tanto no podemos mejorar un compuesto sobre si mismo sino que tenemos que diseñar uno completamente nuevo. En opinión de los autores esto dificulta la innovación y el aprendizaje y ponerlo de manifiesto con explicaciones detalladas, o cuando menos el mero hecho de discutirlo es uno de los grandes aciertos del libro a nuestro entender. El mero hecho de medir la innovación en número de patentes contribuye a esta confusión, pues oculta el hecho de que muchas de estas patentes se hacen simplemente para proteger patentes ya existentes y no tienen utilidad más que defensiva y oculta también muchas innovaciones (como en la organización empresarial) que no están protegidas por la propiedad intelectual.

Los aspectos que destacaría como más discutibles del libros son especialmente dos. El primero es su justificación de la intervención estatal en el ámbito de la innovación y el aprendizaje. Para ello recurre a la argumentación típica de los fallos de mercado, bienes públicos y externalidades negativas y positivas habituales en los tratados contemporáneos de economía. Uno de los argumentos que usan los autores para justificar las políticas de promoción del aprendizaje es el de que estas producen externalidades positivas y por tanto deben ser promovidas por los poderes públicos. Creo que es legítimo discrepar de esta afirmación, pues en línea con lo anteriormeente expuesto a respecto la educación no toda innovación tiene porque resultar beneficiosa, y aún siéndolo no lo es para todo el mundo por igual. Para algunos puede ser incluso un mal, pues la calificación de algo como un bien es subjetiva. Por ejemplo una innovación bélica no es percibida por todos como algo a incentivar. Otras dirán que no tiene mucha lógica inventir recursos públicos innovar en juegos como el famoso Pokemon Go, calificado por unos como un gran juego y por otros como una absurda pérdida de tiempo. Lo lógico sería que los que quieran jugar se paguen su juego y que no se destinen recursos, en el caso de que se haya hecho a ese tipo de innovaciones. Porque otro problema de esto es determinar políticamente cuales deben ser las líneas correctas de investigación o aprendizaje, algo que me temo resultaría en búsqueda de rentas por parte de grupos de interés científicos interesados en calificar sus investigaciones como estratégicas o prioritarias, pues sólo discrecionalmente se puede determinar la importancia relativa de cada potencial investigación.Además habría que incorporar criterios de justicia, pues como puede ser legítimo obligar a alguién a financiar con sus impuestos una innovación que potencialmente puede llevarle a la ruina a él o a su empresa. ¿Por que un agente de viajes por ejemplo tiene que financiar apps de internet que lo pueden arruinar? No sería justo que este pudiese impedir la innovación pero tampoco lo sería obligarle a financiar algo que le pudiese dañar seriamente. Los autores, es cierto discuten algunos de estos argumentos, en especial el ludismo y la posible caida de salarios derivados de la innovación, pero no usan argumentos de justicia sino de eficiencia a la hora de plantear sus políticas, que consistirían en que el gobierno intervinise para intentar corregir las disfunciones que provienen de la innovacioón con subsidios o ayudas salariales.

Los autores elaboran también una elaborada argumentación relativa a la teoría de los bienes públicos, según la cual los mercados dejados a su libre albedrío no producirían la suficiente cantidad de innovación y aprendizaje que sociedades como las nuestras precisan, y por tanto el gobierno debería tomar sobre sus hombros buena parte de los costes de financiarla. El problema aquí radica en que nadie sabe cual es la cantidad correcta de innovación necesaria en una sociedad, como tampoco sabe ni puede saber cuales son las áreas en que dicha innovación es más precisa ni por supuesto cual es la cantidad adecuada de recursos que deben ser asignados a tales políticas. De hecho el propio concepto de innovación es ambiguo, pues puede ir desde una mejora en la organización de una empresa hasta el diseño de una app para teléfonos móviles y tampoco se puede determinar cual es la que puede ofrecer más beneficio potencial. Los gobiernos, por alguna extraña cuestión prefieren apostar por innovaciones en sectores punteros de tecnología y desprecian a efectos de política pública innovaciones en sectores como el turismo o la hostelería, que son considerados como más atrasados y no forman parte de los grandes progrmas de I+D+I de las grandes agencias y ministerios de tecnología occidentales. Por ejemplo la innovación en las franquicias realizada por Ray Kroc en McDonald’s resultó en espectaculares resultados económicos tanto para la firma como para la economía e imagen cultural de los Estados Unidos, pero no son vistas dentro de este paradigma como innovaciones productivas. Si la innovación se realizase por ejemplo en nanotecnologías si lo sería, aunque sus resultados económicos y sociales no fuesen tan satisfactorios.

La otra afirmación que a nuestro entender puede ser discutida es la que se refiere a la protección de la industria innovadora frente a la competencia extranjera. Los autores recuperan el viejo sofisma de la industria infantil para justificar la restricción del libre comercio en el ámbito de la investigación. Según este argumento las industrias innovadoras de reciente creación, las famosas startups, no se podrían desarrollar correctamente en un ambiente de plena competencia internacional pues las industrias radicadas en países emergentes con menores costes salariales o con mayores ayudas estatales practicarían una suerte de dumping en la innovación que impediría sobrevivir a las locales. El problema aquí es cuando considerar que la industria infantil se convierte en adulta o incluso determinar en que consite una industria infantil. De hecho si impedimos la competencia exterior y definimos como innovadora una industria podemos hacer que cualquiera de esas startups sea rentable el tiempo que los gobernantes decidan, por absurda que se sea la industria o ineficiente que sea la innovación.

Como podemos observar la mayor parte de los argumentos de los autores en defensa de las políticas de innovación no son más que una reformulación de los viejos argumentos que justifican la intervención estatal en el ámbito económico, eso si muy bien argumentada y con reformulaciones interesantes en la teoría de los fallos del mercado, como lo es por ejemplo su debate sobre los problemas de coordinación del mercado o sobre las miopías temporales del mercado o sobre la ineficiencia delos mercados de capitales a la hora de asignar los fondos necesarios para la innovación. El interés está en destacar los fallos del mercado y en justificar la corrección estatal de tales fallos. Pero no se muestra igualmente crítico con los fallos del estado a la hora de asignar recursos o en cuestión de miopía temporal, que pusieran ser aún más acentuados. De todas formas y para concluir quisiera recomendar su lectura, se esté o no de acuerdo. Es un libro honrado y que analiza todos y cada uno de los puntos con mucho detenimiento y justifica con solvencia sus conclusiones. El único defecto que cabría asignarle es el de idealizar la intervención estatal en relación a la innovación, en la línea de autores como Mazzuccatto y su Estado emprendedor y descuidar un análisis más detallado de las verdaderas intenciones de los agentes estatales, que podría quizás llevar a los autores a unas conclusiones bien distintas.

Miguel Anxo Bastos Boubeta
Profesor titular de Ciencia Política y de la admnistración
Universidade de Santiago de Compostela

Fontaine, Guillaume. El análisis de políticas públicas. Conceptos, teorías y métodos. Anthropos y FLACSO Ecuador, Barcelona, 2015

“El Estado está de moda, y con él, las políticas públicas” (Fontaine, 2015: 1). Al iniciar su obra con esta frase, el autor aclara de entrada el supuesto fundamental que anima su trabajo: la vigencia plena del análisis de políticas públicas como herramienta imprescindible para la comprensión y el mejoramiento de la acción pública contemporánea.

Lejos de ofrecer otro manual de políticas públicas, limitado a actualizar el estado de la literatura especializada, el profesor Fontaine se dedica a repensar desde una perspectiva crítica y reflexiva el origen, la trayectoria y el estado actual del campo de estudio, formulando una propuesta analítica original sobre el rol de las políticas públicas frente a la complejidad, diversidad y dinamismo imperantes hoy en la esfera pública. Se trata, como puntualiza Joan Subirats en el prólogo, de un producto acabado, fruto de la dilatada trayectoria académica del autor, elaborado en un formato útil no solo para estudiantes y académicos sino también para practicantes y operarios. Su énfasis en América Latina y el Caribe, región a la que Fontaine ha dedicado su extensa labor investigativa sobre políticas ambientales y energéticas, refleja además el interés por respaldar el incipiente proceso de desarrollo de la disciplina en un área geográfica que, como repetidas veces menciona el autor en sus clases y conferencias, tiene un inigualable potencial para los estudios comparados.

La estructura del libro es congruente con esta perspectiva, haciendo hincapié en los aspectos fundamentales que deben abordarse en cualquier análisis de políticas públicas que se precie de tal. Luego de las aclaraciones epistemológicas demandadas por este sui generis campo de estudio (capítulo 1), Fontaine revisa su trayectoria histórica (capítulo 2) y las transformaciones recientes que han modificado el contexto disciplinario (capítulo 3), para luego construir un panorama de los principales enfoques teóricos (capítulo 4) y metodológicos (capítulo 5) que, consistentemente articulados, sirven para estudiar las principales problemáticas del campo y aportar conocimiento robusto en torno a ellas.

Más que seguir a pie juntillas al autor en el curso de sus reflexiones, vale la pena enfocarse en las ideas claves que componen su propuesta analítica, formuladas en atención a un conjunto de interrogantes fundamentales. Estas preguntas estructuradoras son ¿qué son las políticas públicas?; ¿cómo estudiarlas?; ¿qué factores contextuales han incidido en la reconfiguración del análisis de políticas?; y, finalmente, considerando su estado actual, ¿cuáles elementos analíticos reúnen potencial para hacer avanzar la disciplina?

Fontaine hace un recorrido por las diversas conceptualizaciones elaboradas en torno a la noción de política pública para subrayar su carácter polémico y debatido. La doble fuente de sentido del concepto –práctica, vinculada al discurso político, y académica, de origen analítico- se refleja en las articulaciones complejas que cada definición teje entre el enfoque teórico adoptado, el tipo de problemas priorizados y las respuestas ofrecidas a los mismos. Esta heterogeneidad no es para el autor superable; más que a un acuerdo, a lo que se puede aspirar es a un debate entre posturas subjetivas.

Fijando los límites de este debate, Fontaine suscribe la definición sugerida por Muller y Surel, quienes entienden la política pública como un “acervo de decisiones y actividades que resultan de interacciones entre actores públicos y privados, cuyos comportamientos están influenciados por los recursos disponibles y por unas reglas institucionales que atañen tanto al sistema político como al ámbito sectorial de intervención” (Muller y Surel en Fontaine, 2015: 25). Tres son los atributos fundamentales de esta conceptualización. El primero, en ruptura con las perspectivas estadocéntricas, la idea de la política como el producto de interacciones entre actores políticos, económicos y sociales, es decir, entre el Estado, el mercado y la sociedad. El segundo, el carácter fundamental de las instituciones como variables explicativas. Y el tercero, la doble dimensión, sistémica y sectorial, del ámbito de análisis de las políticas.

La segunda interrogante que se plantea el autor -¿cómo abordar el estudio de las políticas?- orienta el grueso de su obra. Siendo las políticas públicas un “telón de fondo” de muchas investigaciones en ciencias sociales, en las cuales la política aparece como variable explicativa de otros fenómenos sociales, políticos o económicos, el aporte distintivo de esta disciplina reside en asumirla como su objeto de estudio: una construcción analítica a ser explicada, “un fenómeno social y político específico, empíricamente fundamentado y analíticamente construido” (Fontaine, 2015: 25).

Concebir la política como variable dependiente pone sobre la mesa su complejidad, demandando su descomposición tanto en términos temporales (las etapas del ciclo de política) como temáticos (sectores e instrumentos de política). El reto de la disciplina es, para Fontaine, bajar a un nivel intermedio de teorización, desde el cual poder observar el detalle de los procesos de políticas y articular explicaciones en torno a sus problemáticas específicas, entre las que se destaca el cambio, la falla, la terminación, la incidencia de actores no-estatales y la emergencia de consecuencias no intencionadas.

Caracterizar el análisis de políticas públicas como disciplina conduce al autor a visitar articulada y sistemáticamente sus implicaciones epistemológicas, teóricas y metodológicas. A nivel epistemológico, Fontaine cuestiona la validez del dilema entre positivismo y constructivismo y rechaza que se le atribuya a las posturas epistemológicas una relación directa y determinista con los enfoques metodológicos, cuando, en realidad, tales posturas remiten a debates teóricos.

Frente a la ruptura abierta entre empiricistas y posempiricistas, que fractura el campo del análisis entre teóricos y prácticos, el autor reivindica la necesidad de partir de los principios popperianos realistas de la demarcación y la falsabilidad. El primero permite centrar la labor investigativa en fenómenos objetivos y discretos; el segundo, concentrar los esfuerzos en la refutación de teorías mediante su contrastación con la realidad empírica. Más que ahogarse en disputas epistemológicas de alcance metafísico, el autor aboga por reconocer el carácter dinámico de las ciencias y descender en su escala de abstracción al nivel teórico, desde el cual resulta posible evaluar “cierta consistencia entre un acervo de teorías” (Fontaine, 2015: 22).

Los enfoques teóricos de análisis de políticas se pueden diferenciar de acuerdo con sus objetos, problemáticas y factores explicativos o interpretativos en tres categorías: enfoques racionalistas, neoinstitucionalistas y cognitivistas. Los enfoques racionalistas, a partir de la pregunta sobre por qué la gente actúa de cierta manera, enfatizan el rol de los intereses individuales como clave del desempeño de las políticas. Este marco se posiciona bajo el paraguas del paradigma conductista; sus principales planteamientos han sido articulados por la escuela de la elección pública. Por su parte, los cognitivistas privilegian las ideas y creencias como factores claves, incluyendo teorías tan diversas en sus niveles de sistematización como la de los paradigmas de política, los referenciales, las coaliciones promotoras y la teoría crítica. Finalmente, las teorías neoinstitucionalistas, diferenciadas entre corrientes histórica, sociológica y económica, se caracterizan por analizar a las instituciones, sus cambios y continuidades, como variables determinantes que moldean la política.

Para Fontaine, estos enfoques, aunque rivales, remiten a distintas temporalidades y privilegian diversas preguntas de investigación. El racionalismo atiende al corto plazo y su énfasis está colocado en los límites de la acción colectiva y los incentivos que orientan a los actores; el cognitivismo apunta al mediano plazo y permite entender los cambios de políticas; caso contrario al del neoinstitucionalismo, que, desde el largo plazo, contribuye a explicar por qué ciertos cambios no son posibles.

El autor atiende con especial interés la dimensión metodológica del análisis de políticas, cuestionando su descuido generalizado en la literatura. Para el autor, el método no es más que explicitar “cómo vamos a proceder para comprobar una hipótesis” (Fontaine, 2015: 135). Su selección depende de múltiples factores. El tipo de problema a ser abordado, el momento en el que se encuentra, la relevancia otorgada a ciertas variables y el enfoque teórico asumido, son los más relevantes.

El autor identifica tres tipos de criterios que convergen en los debates metodológicos sobre análisis de políticas: el tipo de ejercicio analítico, bien explicativo o interpretativo; la lógica de investigación, inductiva o deductiva; y el tipo de medición, cuantitativa o cualitativa. Fontaine se decanta frente a estas dicotomías por una opción clara. A su juicio, para hacer avanzar el análisis de políticas se requieren investigaciones explicativas (que establezcan relaciones causales), deductivas (que partan de la teoría para contrastarla con la realidad) y mixtas (que utilicen mediciones cuantitativas y cualitativas para demostrar de la manera más rigurosa posible la causalidad).

En particular, el autor subraya la utilidad de dos métodos que han venido ganando terreno en el análisis de políticas. El seguimiento de procesos y la comparación de pocos casos (N pequeña) tienen la ventaja de que permiten aislar variables y determinar si reúnen la condición de suficientes y/o necesarias para que se produzca un determinado fenómeno.

La escogencia del método no es, sin embargo, totalmente discrecional, ya que los diferentes enfoques teóricos conducen a privilegiar determinadas soluciones metodológicas. Así, mientras el racionalismo se encuentra claramente alineado con los métodos cuantitativos y la postura explicativa, el cognitivismo se interesa por aspectos cualitativos que permiten construir interpretaciones, y el neoinstitucionalismo se abre a una combinación de técnicas pero siempre en clave causal. Esta elección metodológica resuelve en buena medida la selección de las técnicas de recolección y análisis de información, subsidiarias para Fontaine de aquella.

Una tercera interrogante abordada por el autor remite a la dimensión práctica de las políticas y se relaciona con los factores histórico-contextuales que han incidido en la evolución del análisis de políticas, moldeando sus oportunidades de teorización. La constatación fundamental que ha revolucionado el campo ha sido la emergencia de la gobernanza como “una forma de regulación de las relaciones entre los actores políticos, sociales y económicos, en el ámbito de la acción pública” (Fontaine, 2015: 61). Fontaine se refiere a esta nueva modalidad de gobernación como el producto de un triple descentramiento del Estado; hacia arriba, mediante la creación de regímenes internacionales; hacia abajo, vía la descentralización; y hacia afuera, como consecuencia del rol central de las organizaciones no gubernamentales y otras entidades no-estatales en la acción pública. Este último “descentramiento” se conecta con el segundo fenómeno emergente considerado por el autor, referido a la creciente incidencia de actores no-estatales en las políticas, bien a través de redes y coaliciones, bien por medio de mecanismos de participación y control social.

Finalmente, la última interrogante abordada en la obra apunta a los elementos analíticos que reúnen mayor potencial en el actual estado de la disciplina. La convicción del autor sobre la superioridad analítica de los enfoques neoinstitucionalistas está asociada con el reconocimiento de su capacidad de discutir teorías y problemas procedentes tanto del campo racionalista como del cognitivista. “La capacidad de procesar objeciones, problemas de otras disciplinas y otros enfoques teóricos es lo que precisamente califica una teoría para convertirse en paradigma” (Fontaine, 2015: 129).

Entre las problemáticas fundamentales del enfoque neoinstitucional, destaca Fontaine, figura el estudio del sistema de gobernanza como variable explicativa del diseño de políticas. Se trata de un elemento-parte de una agenda emergente que el autor juzga prometedora y sobre la cual se arriesga a mencionar algunos trazos:

Si asumimos que las instituciones inciden en la sociedad y la sociedad crea instituciones, entonces, ¿dónde empieza y dónde termina este proceso? ¿Cuándo y por qué cambian las instituciones? ¿Cuándo y por qué dejan de cambiar? (…) Esta es la agenda de los próximos años, si queremos entender mejor y por qué cambian las políticas, por qué fallan, por qué son más o menos participativas (etc.), y contribuir al diseño de políticas más consistentes, más efectivas y más eficientes (Fontaine, 2015: 176).

El valor de esta obra no puede exagerarse: es el producto de una vida dedicada a investigar las vicisitudes de las políticas públicas en una región con muy poca experiencia en el campo. Su mayor aporte reside en una propuesta analítica coherente en sus componentes epistemológicos, teóricos y metodológicos, pensada para construir análisis de políticas no solo rigurosos y sistemáticos sino útiles y provechosos. Por ello, sus limitaciones y debilidades resultan difíciles de rastrear y más aun de destacar. Valdría la pena mencionar solo un par de ellas.

En primer lugar, la gran confianza que el autor deposita en la convergencia de las agendas de investigación en torno al neoinstitucionalismo parece minusvalorar las dificultades que pueden enfrentar estos enfoques al intentar abordar problemáticas propias del racionalismo o el cognitivismo. Es improbable pero sobre todo indeseable que el neoinstitucionalismo intente igualar los estilizados modelos racionalistas en el análisis del comportamiento individual, como es también objetable que el énfasis en las instituciones permita observar con el mismo detalle los discursos e interpretaciones de los actores, tal como son estudiados en los trabajos de tintes cognitivistas.

En segundo lugar, la centralidad otorgada a los modos de gobernanza como variable explicativa, derivada del énfasis en las interacciones entre actores, podría llevar a incurrir en determinismos y, especialmente, agravar el estiramiento conceptual del que ya sufre la noción de gobernanza. Además, bajo el paraguas de la gobernanza convergen aproximaciones analíticas que pueden vincularse a cada enfoque teórico. ¿Cómo procesar los planteamientos que enfatizan el rol clave de la negociación estratégica en los arreglos de la gobernanza? ¿Y las propuestas que enfatizan los universos discursivos y normativos en los que se insertan estos arreglos?

Finalmente, la centralidad otorgada al diseño de políticas como problemática superadora de la segmentación del campo en etapas o fases de un ciclo lineal, aunque provechosa, puede resultar decepcionante. Si bien los instrumentos son, sin duda, una dimensión tangible de la política pública, están lejos de agotar la complejidad que rodea estos fenómenos. La incidencia de creencias, discursos y relaciones de poder exige colocar la mirada en elementos menos tangibles pero no por ello menos relevantes.

En definitiva, esta obra constituye un imprescindible insumo para un debate que, lejos de agotarse, encuentra en la realidad empírica de este complejo y cambiante mundo nuevas sustancias combustibles con las cuales avivarse.

Carlos Miguel Rodrigues de Caires
Politólogo
Becario, FLACSO Ecuador