El conocimiento como infraestructura democrática: el caso de la Oficina C. Entrevista a Ana Elorza

Hernández-Moreno, Jorge

Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España – Spain)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2085-1203

jorgejose.hernandez-moreno@cchs.csic.es

RESUMEN

La entrevista con Ana Elorza Moreno, directora de Proyectos Estratégicos en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), analiza el desarrollo y consolidación del asesoramiento científico parlamentario en España. Elorza examina la creación de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados como un hito en la institucionalización de la relación entre ciencia y política, destacando su función de acercar evidencia científica rigurosa y comprensible al trabajo legislativo. La entrevista aborda el Método C como metodología distintiva para la elaboración de informes basados en evidencia multidisciplinar, que explicita incertidumbres y disensos científicos sin prescribir decisiones políticas. Elorza destaca el papel de la red de más de 400 expertos colaboradores, el Consejo Asesor integrado por doce instituciones científicas clave, y los mecanismos de participación como los emparejamientos y los Diálogos C. La entrevista también examina el impacto de la Oficina C en la cultura parlamentaria, su integración en el I Plan de Parlamento Abierto del Congreso (2025-2027), y su inserción en la Red Europea de Evaluación Parlamentaria de Opciones Científicas y Tecnológicas (EPTA). Elorza concluye que el principal desafío es consolidar el cambio cultural iniciado, institucionalizando la inteligencia colectiva y posicionando el conocimiento científico como infraestructura democrática esencial para una gobernanza pública más informada, transparente y orientada al interés general.

PALABRAS CLAVE

Asesoramiento científico parlamentario; Oficina C; evidencia científica; políticas públicas basadas en evidencia; Congreso de los Diputados; inteligencia colectiva.

ABSTRACT

The interview with Ana Elorza Moreno, Director of Strategic Projects at the Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT), analyses the development and consolidation of parliamentary scientific advice in Spain. Elorza examines the creation of the Office of Science and Technology of the Congress of Deputies as a milestone in the institutionalisation of the relationship between science and politics, highlighting its function of bringing rigorous and understandable scientific evidence to legislative work. The interview addresses Method C as a distinctive methodology for the preparation of reports based on multidisciplinary evidence, which makes scientific uncertainties and disagreements explicit without prescribing political decisions. Elorza highlights the role of the network of more than 400 collaborating experts, the Advisory Council composed of twelve key scientific institutions, and participation mechanisms such as pairings and C Dialogues. The interview also examines the impact of Office C on parliamentary culture, its integration into the First Open Parliament Plan of the Congress (2025-2027), and its insertion into the European Parliamentary Technology Assessment Network (EPTA). Elorza concludes that the main challenge is to consolidate the cultural change initiated, institutionalising collective intelligence and positioning scientific knowledge as essential democratic infrastructure for more informed, transparent and public interest-oriented governance.

KEYWORDS

Parliamentary scientific advice; Office C; scientific evidence; evidence-based public policy; Congress of Deputies; collective intelligence.

INTRODUCCIÓN

Ana Elorza Moreno es directora de proyectos estratégicos en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), fundación pública dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en la intersección entre ciencia y la política pública con especialización en asesoramiento científico, diplomacia científica, innovación en políticas públicas y participación ciudadana. En el ámbito europeo, ha desempeñado un papel relevante en el impulso de la diplomacia científica, liderando el primer grupo de trabajo de esta materia en el Foro Estratégico para la Cooperación Científica y Tecnológica Internacional (SFIC) del Consejo de la Unión Europea. Desde 2023 forma parte del Steering Team que asesora a la Comisión Europea en el desarrollo de la futura Agenda Europea de Diplomacia Científica. Desde 2021, Ana lidera la coordinación de la Oficina C en FECYT, desde donde impulsa el diseño, puesta en marcha y consolidación de mecanismos estables de asesoramiento científico en el Congreso de los Diputados. Su labor se centra en garantizar que el conocimiento científico y tecnológico sea abierto, accesible y útil para la actividad legislativa, promoviendo su integración sistemática en la tarea parlamentaria. Asimismo, trabaja en el fortalecimiento de las capacidades institucionales en la interfaz ciencia-política, fomentando participación de la sociedad, redes de personal experto, prácticas de comunicación clara y espacios de diálogo estructurado entre la comunidad científica y los representantes políticos, con el objetivo de contribuir a una gobernanza pública más informada, transparente y orientada al interés general.

El objetivo principal de esta entrevista es analizar críticamente el proceso de institucionalización del asesoramiento científico parlamentario en España a través de la experiencia de la Oficina C, examinando su génesis, metodología y consolidación como mecanismo estructural de conexión entre la comunidad científica y el poder legislativo. La entrevista busca, asimismo, evaluar el Método C como innovación metodológica distintiva en el panorama europeo del asesoramiento científico, caracterizado por su énfasis en la transparencia, el lenguaje claro, la explicitación de incertidumbres y la participación ciudadana, frente a modelos más centrados exclusivamente en la producción de informes técnicos. A través de este análisis comprehensivo, se pretende identificar los desafíos culturales e institucionales que enfrenta la integración sistemática del conocimiento científico en la deliberación parlamentaria, así como examinar el impacto de la Oficina C en la transformación de las prácticas, percepciones y relaciones entre la comunidad científica y los representantes políticos. Finalmente, se busca evaluar el potencial de la Oficina C como laboratorio de innovación institucional cuyas metodologías, aprendizajes y prácticas puedan inspirar a otras instituciones públicas, contribuyendo a un modelo de gobernanza más amplio que integra conocimiento, transparencia y participación para fortalecer la calidad de las políticas públicas y consolidar el conocimiento científico como infraestructura democrática esencial.

La Oficina C se lanzó formalmente en 2021. ¿Podrían describir las principales funciones y objetivos de la Oficina C? ¿Podrían describir los principales desafíos que enfrentaron durante la fase inicial de implementación y cómo los superaron?

La Oficina C es la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados. Su objetivo es bastante sencillo de formular, aunque complejo de ejecutar: acercar evidencia científica rigurosa y comprensible al trabajo de los diputados y diputadas para mejorar la calidad del debate y de la tarea parlamentaria.

La creación de la Oficina C se produjo en 2020, por acuerdo de la Mesa del Congreso y con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Supuso un hito en el proceso de institucionalización del asesoramiento científico en el ámbito legislativo español. Impulsada inicialmente desde la sociedad civil, la Oficina C se consolidó como una iniciativa conjunta del Congreso de los Diputados y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) mediante la firma de un convenio de colaboración en 2021.

Antes de avanzar en describir funciones y objetivos, resulta útil situar la Oficina C en un contexto más amplio. En los últimos años, la relación entre ciencia, tecnología y democracia se ha intensificado de forma significativa. La naturaleza cada vez más compleja e interconectada de los grandes desafíos públicos, desde el cambio climático y la transición energética hasta la inteligencia artificial, el envejecimiento de la población o las crisis sanitarias ha evidenciado la necesidad de que la toma de decisiones públicas se apoye en un intercambio continuado y estructurado con la comunidad experta.

Los retos que abordamos, problemas complejos, y retorcidos, no admiten soluciones únicas ni definitivas. Son desafíos atravesados por múltiples factores, alta incertidumbre y dinámicas cambiantes, donde cada intervención pública puede generar nuevos efectos. Esto exige asumir que la evidencia científica no ofrece respuestas cerradas, sino marcos para comprender mejor la complejidad, anticipar escenarios y explorar alternativas.

Por tanto, y respondiendo a la segunda pregunta, el principal desafío para la puesta en marcha de la Oficina C fue afrontar un cambio cultural profundo, tanto en la comunidad científica como en la comunidad política. Pasar de un modelo puntual y reactivo de uso del conocimiento a uno estructurado, permanente e institucionalizado para acercar la ciencia al Congreso implicaba modificar inercias, expectativas y lenguajes a ambos lados. No se trataba solo de poner en marcha una nueva unidad, sino de introducir una forma distinta de relacionarse entre la ciencia y la política.

Por otro lado, fue necesario construir confianza en el ámbito parlamentario, explicando que la ciencia para las políticas públicas no sustituye la decisión política, sino que la enriquece, aportando información imparcial, explicitando la incertidumbre del conocimiento científico y favoreciendo una deliberación más informada y plural. En paralelo, con la comunidad científica trabajamos para adaptar tiempos, formatos y enfoques, orientando el conocimiento hacia las necesidades reales del proceso legislativo. La Oficina C apostó desde el inicio por un modelo de asesoramiento científico al poder legislativo basado en cuatro pilares claros: enriquecer el debate parlamentario con evidencia científica, garantizar la imparcialidad, garantizar un asesoramiento científico estable e institucionalizado y respetar la pluralidad parlamentaria.

España no partía de cero: los diputados y senadores disponían de apoyo técnico a través de comisiones, subcomisiones, ponencias de estudio y servicios de documentación y biblioteca; y los partidos contaban con asesores propios. Sin embargo, no existía una estructura permanente e imparcial que canalizara conocimiento científico de manera sistemática y profesional en el Congreso español. Queríamos que la Oficina C se entendiese no tanto como un «servicio» más, sino como una pieza de innovación institucional orientada a sofisticar el funcionamiento de la tarea parlamentaria frente a problemas cada vez más complejos. Desde el inicio apostamos por procesos transparentes, una metodología sólida, el uso de la comunicación clara, la creación de espacios de interacción directa con la comunidad científica, como los emparejamientos o los Diálogos C, orientados a generar confianza mutua y el impulso de la participación de la sociedad en el proceso a través de consultas públicas.

Con el tiempo, este enfoque ha permitido avanzar hacia una lógica de inteligencia colectiva: las instituciones no delegan las decisiones en la ciencia, pero sí se dotan de mejores capacidades para escuchar, integrar y deliberar con conocimiento diverso. El objetivo es consolidar la Oficina C como una herramienta útil y legítima para todos los grupos parlamentarios.

¿Qué modelos internacionales de asesoramiento científico parlamentario inspiraron la creación de la Oficina C?

La creación de la Oficina C se inscribe claramente en una tradición europea de asesoramiento científico parlamentario que lleva desarrollándose más de cuatro décadas. Desde el inicio miramos con mucha atención a experiencias consolidadas como la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología (Parliamentary Office of Science and Technology, POST) del Reino Unido, la Oficina de Evaluación de Opciones Tecnológicas (Büro für Technikfolgen-Abschätzung, TAB) del Bundestag alemán, el Instituto Rathenau en los Países Bajos o el Panel de Evaluación de Opciones Científicas y Tecnológicas (Science and Technology Options Assessment Panel, STOA) del Parlamento Europeo.

Estos modelos muestran que el asesoramiento científico no es un complemento accesorio, sino una función estructural de los parlamentos contemporáneos. Todos comparten una serie de principios muy claros: rigor metodológico, independencia política, servicio a todos los grupos parlamentarios y una vocación explícita de hacer comprensible el conocimiento experto para no especialistas. Además, en 2021, con la puesta en marcha de la Oficina C, el Congreso de los Diputados se suma a la Red Europea de Evaluación Parlamentaria de Opciones Científicas y Tecnológicas (European Parliamentary Technology Assessment, EPTA). Esta red, que agrupa a 24 miembros en diferentes niveles parlamentarios (regional, nacional y supranacional), fue clave desde el inicio en el camino de Oficina C. Nos permitió integrarnos en una auténtica comunidad de práctica en la que se comparten metodologías, dilemas y aprendizajes sobre cómo articular la ciencia y la tecnología al servicio de la democracia en contextos políticos muy diversos.

¿Qué adaptaciones específicas fueron necesarias para el contexto español?

Desde el inicio se apostó desde el Congreso por un modelo propio que, sin renunciar al rigor de los referentes europeos, pusiera un énfasis especial en tres elementos: la transparencia, el lenguaje claro y la participación. Frente a modelos más centrados exclusivamente en informes técnicos, la Oficina C incorporó desde el principio formatos de diálogo, emparejamientos y consultas públicas, entendiendo el asesoramiento científico como parte de un ecosistema más amplio de ciencia para las políticas públicas, donde la evidencia no fluye de manera lineal, sino que se coproduce en la interacción entre instituciones públicas, comunidad científica y sociedad. La incorporación de la Oficina C al I Plan de Parlamento Abierto del Congreso (2025-2027) confirma este compromiso institucional con la transparencia, la participación y la rendición de cuentas, situándola como herramienta de innovación dentro del propio proceso legislativo.

El Método C es fundamental para la elaboración de los Informes C. ¿Podrían explicar cómo se desarrolló esta metodología y qué aspectos la diferencian de otros modelos de asesoramiento científico?

El Método C surge de una doble fuente: el aprendizaje comparado internacional y la experiencia práctica acumulada desde la puesta en marcha de la Oficina C. No es solo una metodología de elaboración de informes o notas de evidencia, sino una forma de entender cómo un parlamento puede relacionarse con el conocimiento.

Tras la selección del tema, la Oficina C inicia un mapeo del conocimiento para identificar la mejor evidencia disponible, personas expertas y actores sociales relevantes, a nivel nacional e internacional, desde un enfoque multidisciplinar. A continuación, se realizan entrevistas estructuradas a expertos, con el fin de recoger la diversidad de perspectivas, convergencias, disensos e incertidumbres sobre el tema analizado. El proceso es iterativo y revisado por pares, con evaluación interna y externa adaptada al contexto parlamentario, lo que garantiza rigor, pluralidad y transparencia en coordinación con distintas direcciones de la Secretaría General y, en particular, con la Dirección de Documentación, Archivo y Biblioteca.

Este método se aplica a una amplia variedad de temas de alta relevancia social, que van desde la neurociencia o la inteligencia artificial hasta la salud, la prevención activa del suicidio, el medioambiente o la cohesión territorial. La Oficina C ha presentado ya 18 documentos de evidencia. El Método C no es estático: se evalúa y actualiza continuamente. Cada ciclo incorpora las lecciones aprendidas. Desde 2025, la metodología se ha ampliado con un nuevo formato de informes breves, las Notas C, destinadas a ofrecer respuestas rápidas sobre cuestiones emergentes en las Comisiones legislativas del Congreso. A diferencia de otros modelos más prescriptivos, el Método C no busca ofrecer recomendaciones cerradas ni «respuestas correctas». Su objetivo es presentar el estado del conocimiento disponible, identificar convergencias y disensos, visibilizar incertidumbres y abrir el abanico de opciones de política pública informadas en evidencia multidisciplinar sobre los distintos temas abordados. Esto implica asumir que la ciencia no sustituye al debate político, pero sí lo enriquece y lo informa. En ese sentido, el Método C está muy alineado con la idea de inteligencia colectiva ya mencionada: las instituciones democráticas no delegan las decisiones, sino que se dotan de mejores capacidades para aprender, deliberar y decidir colectivamente.

¿Cómo se garantiza la independencia, imparcialidad y rigor científico en la selección de temas y elaboración de informes? ¿Qué mecanismos de control de calidad han implementado?

La Oficina C se garantiza la independencia, imparcialidad y rigor científico a través de procesos transparentes y trazables en todas las fases del trabajo. La selección de temas se realiza mediante procedimientos que combinan las prioridades parlamentarias con aportaciones de la comunidad científica y de la ciudadanía. La identificación de expertos y expertas se basa en criterios de pluralidad disciplinar y diversidad de perspectivas, y todos los informes pasan por procesos de revisión por pares externos. Además, se publican las fuentes, la lista de personas expertas entrevistadas, los revisores y la metodología, reforzando la transparencia y la legitimidad del proceso. Este enfoque conecta con los estándares europeos promovidos por la red EPTA y por la Comisión Europea, donde la credibilidad, la legitimidad y la relevancia de la evidencia son condiciones inseparables.

¿Qué papel juega el Consejo Asesor en la orientación estratégica de la Oficina C? ¿Cómo se articula la colaboración con las principales instituciones científicas españolas?

Desde el principio, sabíamos que sensibilizar a nivel institucional en el ecosistema de I+D+i sobre la importancia de acercar el conocimiento al Congreso era importante para que la toma de decisiones informada por la evidencia se consolidara como una práctica estable y legítima del proceso legislativo, y no como una iniciativa puntual o accesoria. Integrar esta visión en las culturas organizativas de nuestras instituciones científicas y de innovación, permite generar expectativas compartidas entre representantes políticos y comunidades de conocimiento, facilitando una relación más estructurada, transparente y sostenible entre ciencia y política.

La Oficina C se apoyó en un sólido entramado nacional de colaboración con el sistema científico y de innovación español a través de un Consejo Asesor integrado por doce instituciones clave en ciencia, innovación y universidades, garantizando la diversidad disciplinar y la calidad metodológica de nuestro trabajo. Entre sus miembros se encuentran la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Asociación Ciencia en el Parlamento (CeeP), la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Instituto de España (Reales Academias) y la Red de Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu (SOMMa). Estas entidades no solo asesoran a la Oficina C, sino que también colaboran en la identificación de temas relevantes y en la identificación de expertos. Esta red de cooperación constituye uno de los principales activos de la Oficina C en su labor de conexión entre ciencia y Congreso.

Los Informes C buscan contextualizar y resumir la evidencia científica disponible. ¿Cómo abordan las áreas de incertidumbre científica o los temas donde existe controversia entre expertos?

Uno de los aprendizajes más importantes, tanto a nivel nacional como internacional, es que ocultar la incertidumbre debilita la confianza. Por eso, los Informes C explicitan de forma clara dónde existen convergencias de la comunidad científica, dónde hay desacuerdos y cuáles son las lagunas de conocimiento.

La ciencia se presenta como un proceso dinámico, no como una fuente de verdades absolutas. A veces, incluso genera más complejidad. En términos democráticos, este enfoque refuerza la autonomía del Congreso y evita una instrumentalización simplista de la evidencia científica. Esto permite a los parlamentarios tomar decisiones más informadas y realistas, entendiendo los márgenes de riesgo y las implicaciones de cada opción.

¿Cómo es el trabajo de los responsables de recabar la evidencia científica?

La consolidación del asesoramiento científico parlamentario ha impulsado la aparición de una nueva figura profesional: los técnicos de evidencia científica, especializados en recabar, sintetizar, contextualizar y comunicar la investigación existente para apoyar la labor legislativa. Situados en la interfaz entre ciencia y política, estos profesionales traducen la complejidad científica en información clara, equilibrada y útil para la deliberación parlamentaria, sin prescribir decisiones.

Su función se basa en el rigor analítico, la comprensión de los procesos políticos y científicos, la capacidad comunicativa y una sólida ética de la evidencia, orientada a garantizar imparcialidad, y transparencia. Su valor añadido reside en integrar perspectivas diversas, visibilizar incertidumbres y disensos, y ofrecer una visión realista del estado del conocimiento en contextos donde confluyen datos, valores e intereses en un único documento accesible. Muchos investigadores ven esta nueva profesión en ciencia como una vía atractiva para llevar la ciencia al corazón de las políticas públicas.

En este marco, la Oficina C, en coordinación con la red EPTA, promueve una comunidad internacional de práctica que favorece el intercambio metodológico y el desarrollo de estándares comunes, consolidando esta función como un elemento clave tanto para nuevas trayectorias profesionales científicas como para el fortalecimiento de las instituciones parlamentarias.

Tras varios años de funcionamiento, ¿qué evidencias tienen sobre el impacto de los Informes C en la labor parlamentaria? ¿Podrían compartir ejemplos concretos donde la evidencia científica haya influido en debates o iniciativas legislativas?

Medir el impacto del asesoramiento científico parlamentario es complejo porque sus efectos rara vez se traducen en decisiones inmediatas o directamente atribuibles. Gran parte del impacto se produce de forma indirecta y progresiva, a través de mejoras en el conocimiento disponible, la configuración de agendas, el enriquecimiento del debate y los cambios en actitudes y prácticas dentro del Parlamento.

Además, el impacto se manifiesta en múltiples dimensiones y a distintos plazos, desde efectos cognitivos y deliberativos hasta transformaciones institucionales más amplias. Por ello, su evaluación requiere combinar indicadores cuantitativos y cualitativos y asumir que los efectos más relevantes suelen expresarse como procesos que fortalecen la calidad de la deliberación democrática, más que como resultados fácilmente medibles.

La Oficina C evalúa anualmente su impacto en seis esferas clave, producción científica, participación parlamentaria, participación pública, cooperación internacional, formación y transferencia de conocimiento, mediante una combinación de indicadores cuantitativos y análisis cualitativos. Estos datos se recogen en nuestras memorias anuales de impacto que están accesibles en la web de Oficina C.

Este seguimiento muestra que su impacto va más allá de la elaboración de informes, o en términos de citas o referencias explícitas, aunque estas existen en debates parlamentarios, trabajos en comisión y proposiciones no de ley. El impacto más relevante es de carácter cultural e institucional contribuyendo a una transformación de prácticas, percepciones y relaciones. En el Congreso, diputados, asesores y letrados destacan la claridad y la imparcialidad de los informes; en la comunidad científica, el alto nivel de satisfacción refleja una mejor comprensión del funcionamiento parlamentario y una mayor capacidad de comunicación política por parte de los expertos colaboradores en la comunidad científica. Se observa además una mayor familiaridad con la evidencia científica, una demanda creciente de información clara y una normalización del diálogo con la comunidad experta.

¿Qué estrategias han resultado más efectivas para fomentar que los diputados incorporen la evidencia científica en su labor parlamentaria?

Me atrevería a decir, simplificando quizás, que la experiencia muestra que tres factores son decisivos. El primero es la comunicación clara: informes comprensibles, sin jerga innecesaria, que puedan leerse en los tiempos reales de la actividad parlamentaria. Este esfuerzo se complementa con formatos visuales, como infografías, y con canales alternativos, como podcasts, que permitan ampliar el alcance, mejorar la comprensión y acercar el conocimiento científico tanto a los responsables públicos como a la ciudadanía. El segundo es la conexión: presentar los informes en el Congreso de la mano de la comunidad experta multidisciplinar, generando espacios de diálogo con los parlamentarios. El tercero es la continuidad: construir relaciones de confianza a medio plazo, basadas en la interacción directa, la mediación en los procesos y la disponibilidad sostenida de la comunidad experta para acompañar el trabajo parlamentario más allá de intervenciones puntuales.

La Oficina C ha involucrado a más de 400 científicos en sus informes. ¿Cómo se gestiona esta red de colaboradores y qué beneficios obtienen los investigadores de su participación?

La Oficina C concibe su relación con la comunidad científica como una colaboración estructurada, voluntaria y basada en la confianza, al servicio del Congreso y del interés público. La red experta se articula como un espacio de intercambio respetuoso entre conocimientos científicos y necesidades parlamentarias, preservando en todo momento la independencia académica y evitando cualquier uso instrumental del conocimiento.

En apenas cinco años, esta colaboración ha permitido la elaboración de 17 Informes C, con la colaboración de más de 400 expertos como mencionabas. Además, el emparejamiento de 40 personas del ámbito científico con diputados y personal del Congreso, y la organización anual de la Semana de la Ciencia, que reúne a representantes de todos los grupos parlamentarios, del sistema de I+D+i, de la sociedad civil y de los medios de comunicación. Para quienes participan desde la investigación, la colaboración con la Oficina C supone una oportunidad para comprender mejor el funcionamiento del Congreso, fortalecer sus capacidades de comunicación en contextos políticos y contribuir de manera directa al interés general.

Horizonte C establece una visión a largo plazo para la Oficina. ¿Cuáles son los principales desafíos que identifican para alcanzar el «nuevo ecosistema» que plantean? ¿Cómo ven el futuro de la relación entre ciencia y política en España? ¿Qué papel puede jugar la Oficina C en fortalecer esta relación?

El principal desafío es consolidar en el tiempo el cambio cultural que ha iniciado la Oficina C. Institucionalizar la inteligencia colectiva no es un hito puntual, sino un proceso continuado que requiere estabilidad, reconocimiento institucional y un compromiso sostenido de todos los grupos de la Cámara con la independencia y el rigor metodológico del asesoramiento científico.

Un segundo reto clave es afianzar la evidencia científica en la tarea parlamentaria, y no como un producto aislado. La Oficina C no se limita a elaborar informes, sino que construye a través del conocimiento una infraestructura democrática más sólida, haciendo visibles, trazables y comprensibles los procesos mediante los cuales la evidencia científica se incorpora al trabajo parlamentario. A ello se suma la necesidad de consolidar la ciencia abierta y accesible como marco de referencia: acceso abierto, reutilización de contenidos y reconocimiento de la evidencia parlamentaria como un bien público al servicio de la ciudadanía y del sistema democrático.

Finalmente, la Oficina C aspira a consolidarse como un laboratorio de innovación en el Congreso, cuyos métodos, aprendizajes y prácticas puedan inspirar a otras instituciones públicas, contribuyendo a un modelo de gobernanza más amplio que integra conocimiento, transparencia y participación para mejorar la calidad de las políticas públicas.