Crisis y reinvención de la función pública en un escenario de gobernanza multinivel,es –como expresa el propio Director de la obra ¹ – una aportación desde la academia al estudio de la función pública. Función pública compuesta por muchos grupos de personas con múltiples profesiones, niveles de responsabilidad e intereses, que sirve a una sociedad moderna y compleja como la española, sometida al escrutinio de muy diversos actores sociales que la condicionan, que interactúan todos en un entorno inmerso en una crisis económica que no ayuda precisamente a las buenas relaciones intergrupales, y con una estructura estatal descentralizada que implica la necesidad de un enfoque que estudie los distintos niveles de gobierno que la caracterizan.

Estamos ante una obra coral, un estudio de estudios, pues cada capítulo es un ensayo que, sin salirse de la temática general del libro, tiene su propio objetivo, su propia estructura y su autor. Autores que participaron en II Congreso Internacional de Gobernanza y Gestión de los Asuntos Públicos celebrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense en 2013 y que formaron parte de la mesa “La función pública ante un contexto de gobernanza multinivel: ¿crisis, colapso o reinvención?”, evento que puede considerarse el origen de esta publicación.

Jorge Crespo, en el capítulo primero, “La centralidad del estudio de la función pública en un escenario de gobernanza multinivel en crisis. A modo de introducción”, aparte de realizar una presentación del libro, de los capítulos que lo conforman y los autores que los han escrito, fija las bases que inspiran su realización. Crespo parte de la premisa de que la Administración y la función pública en la que se apoya están en crisis y con problemas de identidad. Lo que no debe sorprendernos pues esta situación está en consonancia con el momento político y social en que vivimos.

Las causas de esta crisis hay que buscarlas en fenómenos tales como la crisis económica y política que desde 2008 nos azota, en la interacción con una sociedad de mercado que ha asimilado la competitividad como un valor, en la interacción con una sociedad de la información que se nutre de un escenario de innovación y tecnología avanzada, en la relación con una ciudadanía cada vez más madura y exigente y, por último, en la necesidad de aplicar una gobernanza multinivel tanto en el ámbito supranacional –no podemos olvidarnos de la omnipresente Unión Europea– como en el ámbito español –es el nuestro un Estado descentralizado con relaciones complejas entre los tres niveles de gobierno: el estatal, el autonómico y el local–.

La consecuencia natural de todo lo anterior es que es necesaria una reforma que permita recuperar el prestigio y la calidad institucional del empleo público. Una reforma que oriente los recursos humanos de las administraciones hacia la sociedad y no hacia el Estado como ha sido tradición en los sistemas administrativos de influencia histórica napoleónica. Una reforma que distinga –en palabras de Crespo– qué es lo viejo desechable y qué es lo nuevo emergente y aceptable. Una reforma si, ¿pero cuál?

Crespo pone como ejemplo la reforma francesa que pretende conciliar la introducción de cambios profundos sin cuestionar la institución de la función pública, en cualquier caso una reforma que se base en estudios multidisciplinares que aborden el problema desde de dos puntos de vista; en primer lugar desde la consideración del empleo público como un cuerpo vivo con características y necesidades concretas y, en segundo término, con un enfoque multinivel e intergubernamental que haga énfasis en la interacción entre actores críticos como las Administraciones territoriales, la OCDE, la Unión Europea, los partidos políticos, la patronal, los sindicatos y la ciudadanía en general. Este libro es precisamente un ejemplo de ese tipo de estudio.

En el segundo capítulo, “la función pública ante un escenario de gobernanza multinivel: crisis y reinvención”, escrito también por Jorge Crespo, se fija en primer lugar el concepto de función pública, cuyo perímetro se halla siempre en discusión. Crespo coincide con Baena ² en identificar a la función pública –a los efectos del estudio ya sabemos que la realidad es otra– con el segmento de funcionarios que desempeñan funciones estratégicas en la Administración, es decir, aquellos que forman parte de los Cuerpos superiores. En segundo lugar, describe el marco en el que actúa la función pública estratégica, un entorno caracterizado por las fuertes transformaciones sociales que ha sufrido el país, entre las cuales las más importantes son la descentralización y democratización del Estado, la situación internacional contemplada como un todo globalizado, las relaciones con una ciudadanía más informada y exigente y la crisis económica y política.

La función pública española navega en este entorno complejo apoyada en un modelo burocrático clásico a la que se han incorporado en las últimas décadas ciertos elementos del modelo de mercado y de gestión de redes en los términos que define Olsen ³ . No obstante, no parece la mejor manera de afrontar los desafíos actuales, por lo que se hace necesario pasar de la crisis del modelo de función pública a una reinvención de la misma que, sin perder el rol originario e institucional, marque diferencias con cualquier sospecha de actuar como una elite extractiva, pues constituye un colectivo que puede ayudar a mantener la legitimidad del Estado.

Esta secuencia de razonamientos nos lleva a la necesidad de definir un nuevo perfil de la función pública estratégica marcado con un nuevo conjunto de habilidades, a las que no deben ser ajenas, una mayor apertura a otras culturas sin olvidar una muy necesaria mejora en el dominio de idiomas extranjeros, la gestión de redes y la gestión de conflictos. Estas nuevas habilidades deben obtenerse a partir de una nueva gestión estratégica de los recursos humanos de las administraciones que adecuen la formación y selección del personal, la gestión del desempeño y, ¿por qué no?, la creatividad, la innovación, la inversión en experimentación y aprendizaje.

En el tercer capítulo nos encontramos con el brillante y muy documentado ensayo, “La función pública en el ámbito internacional, últimas reformas y tendencias”, de Juan Carlos Redondo ⁴ . Se trata de un estudio comparado acerca de la gestión del empleo público en los países de la OCDE.

De lo primero que nos alerta Redondo es de las dificultades metodológicas que conlleva un estudio de estas características. En primer lugar por las diferencias entre los países miembros de la OCDE en la definición jurídica de conceptos tan importantes como lo que es un servicio público, empleado público o funcionario. En segundo lugar, los datos comparados no están normalizados estadísticamente por la complejidad de su obtención. Por lo tanto, el autor se plantea los datos y las reflexiones a partir de ellos como muestras de las tendencias generales en materia de función pública en las que están inmersos estos países.

De esta manera, las tendencias principales en la administración pública central de los Estados son la descentralización, la fragmentación y la diversidad. Los procesos de reforma iniciados en el pasado tendían al abandono del modelo burocrático en favor de los mecanismos de la Nueva Gestión Pública (NGP), actualmente parece que se tiende a la coexistencia entre ambos modelos. En general la NGP ha tenido más predicamento en los países anglosajones mientras que estados con administraciones de influencia germánica o francesa han optado por introducir tan solo ciertos aspectos de la misma.

No obstante, más recientemente, la crisis ha retrasado o paralizado los programas de reforma, al ser prioritaria la consolidación fiscal y la reducción del déficit público. Se ha impuesto la idea de que el personal es un coste y no una inversión. Los gobiernos han aplicado recortes discrecionales, deficientemente justificados, en materia de plantillas, salarios, servicios u otras medidas que entran en contradicción con las reformas planteadas. Las medidas de austeridad pueden tener un impacto positivo en los objetivos económicos a corto plazo, pero con un coste elevado en la prestación de servicios, el empleo público, la organización, los valores y principios constitucionales básicos para el Estado, sin olvidar – los funcionarios somos personas -, la incidencia negativa en la motivación de los empleados públicos y su ethosprofesional.

Respecto a la sempiterna dicotomía en el empleo público entre funcionarios con estatuto jurídico de derecho público y personal bajo contrato laboral, Redondo, clasifica a los países en tres bloques. En primer lugar, aquellos países que consideran que la función pública sigue requiriendo especial protección y, por tanto, la mayoría de los puestos han de cubrirse con personal funcionario. Un segundo grupo intermedio que considera que solamente determinados puestos requieren de especial protección y deben ser cubiertos por personal funcionario, mientras que el resto de los puestos pueden cubrirse con personal contratado laboral o mercantil. En tercer lugar, el grupo de los países que piensan que no es necesario cubrir los puestos con personal funcionario a excepción de casos muy tasados en campos como la judicatura o la seguridad del Estado.

Jesús Llorente ⁵ , en el cuarto capítulo “Función pública y actores críticos. La imagen de la función pública española para el gobierno, partido políticos, patronal, sindicatos y ciudadanía”, nos introduce –de manera didáctica y fundamentada– en la problemática de la imagen de la función pública entre los actores sociales y los ciudadanos.

Es un muy completo estudio de las distintas posiciones de dichos actores sobre los empleados públicos que va inextricablemente unido al debate eterno sobre los límites entre lo público y lo privado. La larga crisis económica, en opinión de Llorente, influye en este debate pues da alas a los que ponen en cuestión la prestación de los servicios y la gestión que de los recursos humanos hacen las administraciones públicas. Esta visión negativa se ha trasladado a los empleados públicos a los que se les ha atribuido el papel de privilegiados por la simple comparación entre su estabilidad en el puesto y la precariedad de los asalariados en el sector privado. Y se ha considerado desde algunos partidos y desde la patronal la existencia de un número excesivo de empleados públicos.

En general, a pesar de las diferencias ideológicas ya conocidas, la postura de los partidos políticos ha navegado entre la despreocupación, el desinterés, la visión patrimonial y la tergiversación de la función pública, ahora bien, la llamada profesionalización del empleo público no ha faltado del discurso político, todos los partidos la llevaban en sus programas electorales. Sin embargo, a la hora de actuar, las reformas propuestas en su día en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) no han encontrado desarrollo. No se ha abordado el desarrollo reglamentario del EBEP dejando la normativa en un microcosmos de reglamentos adaptados a la anterior ley de la función pública que data de 1984.

Así que de la reforzada perspectiva economicista a la que se adscriben ciertos partidos y los sectores empresariales se deduce que el costoso Estado debe contraerse en sus límites, otorgando al sector privado la posibilidad de asumir la prestación de ciertos servicios públicos. Asimismo, dichos sectores consideran como una opción para una mejor gestión del empleo público, la aproximación del régimen estatutario de los funcionarios al ámbito de la legislación laboral, facilitando la movilidad y adecuando las plantilla a las necesidades reales de las administraciones.

No están los sindicatos de acuerdo con estos planteamientos. Denuncian los criterios de austeridad financiera aplicados en aras de la disminución del déficit. Estos criterios estarían detrás de los recortes en los servicios públicos que reducen el Estado del Bienestar y destruyen el empleo público. Lo que redunda en una mayor externalización y privatización de los servicios. Para las organizaciones sindicales las medidas adecuadas pasan por efectuar una planificación y gestión de los recursos humanos que optimice la gestión del personal de las administraciones.

El último epígrafe del capítulo lo dedica Llorente a la opinión de la ciudadanía medida en los estudios del CIS. Según este autor, las acciones emprendidas por el Gobierno y las manifestaciones empresariales sobre la gestión del sector público han trasladado a la opinión pública una imagen de derroche e ineficacia de las administraciones que ha terminado por afectar a los empleados públicos.

Sin embargo, los ciudadanos no comparten los criterios de reducción de los servicios públicos relacionados con el Estado de Bienestar. El 84% de la ciudadanía otorga una importancia sustancial a la prestación de los servicios públicos, aunque, el 55% piensa que la prestación no funciona adecuadamente, pero no achacan la responsabilidad a los empleados públicos, mientras que el 79,3% de los ciudadanos se muestran de acuerdo con las competencias y aptitudes que demuestran en el ejercicio de sus funciones.

Por último, un dato curioso, a pesar de la opinión negativa que muestran los ciudadanos sobre la eficacia de los servicios públicos, no se muestran muy confiados con que la iniciativa privada vaya a prestar un mejor servicio, el 47,2% incluso piensa que sería más deficiente la gestión privada.

José María Rodríguez Montoya ⁶ aborda en el quinto capítulo, “La función pública militar, rasgos de un cambio permanente”, un caso muy particular y menos conocido en la función pública: el de las Fuerzas Armadas. Rodríguez Montoya explica sucesivamente qué es lo que hace peculiar al estamento militar, por qué se acumulan las reformas de la institución militar, la política de personal del Ministerio de Defensa y los retos que debe afrontar en sus relaciones con la sociedad civil.

Las Fuerzas Armadas son una institución social de carácter público con una gran influencia en la sociedad, debido –entre otras razones– a la importancia cuantitativa y cualitativa de sus recursos, al hecho de ser administrador de los medios de violencia del Estado más expeditivos, al gasto público que capta, a la elevada cohesión interna del estamento y al número de expertos de que disponen en un amplio espectro de profesiones desde todas las ramas de la ingeniería a la medicina pasando por el derecho.

Entre los autores existe un rico debate en torno a las Fuerzas Armadas que navega entre dos posturas. En primer lugar, la postura institucionalista, que las considera como una institución componente de la estructura del Estado y, en segundo lugar, la postura administrativista que las considera como un sector de la Administración pública.

Respecto de las peculiaridades de la función pública militar Rodriguez Montoya señala que las Fuerzas Armadas pertenecen a la esfera de lo público, es decir, que incorporan la idiosincrasia y las características de las organizaciones públicas burocráticas. Sin embargo, poseen otras características que constituyen un hecho diferencial. Bien sean vistas como institución o como administración, su personal está caracterizado por un estatus especial derivado de la condición de ser militar que se define por la existencia de su propio estatuto, por unas reglas de comportamiento determinadas, por una mayor exigencia del cumplimiento del deber mucho mayor que con cualquier otro cuerpo de la Administración y por el carácter moral que vincula al personal militar a su organización que tampoco existe en otros Cuerpos de funcionarios. Por último, otra característica particular de la función pública militar que también le dota de una cierta peculiaridad frente a la función pública civil, es el hecho de que aproximadamente el 50% del personal militar es temporal. La mayoría de los integrantes de la clase de tropa y marinería son funcionarios temporales.

Es también un caso particular propio de la función pública militar que, en relativamente pocos años, se haya producido una acumulación de reformas con el fin de adaptarse por un lado, a las grandes transformaciones sociales – como la transición a la democracia, la aspiración de la mujeres a ingresar en las Fuerzas Armadas o el cambio demográfico – y, por otro lado, a los cambios en la proyección internacional de España que lleva consigo la participación en misiones de paz.

Lo cierto es que a pesar de esos intentos reformadores todavía se da, en la relación entre la sociedad española y sus Fuerzas Armadas, una paradoja notable. Si se consultan las encuestas de opinión la valoración de la milicia está en posiciones de consideración alta y, al mismo tiempo, hay problemas en cuanto a la participación activa de la ciudadanía en la defensa. Esta contradicción, según Rodríguez Montoya, apunta a un déficit de la cultura de defensa que no se ha conseguido resolver del todo y que es un factor decisivo en el mantenimiento del modelo actual de la Fuerzas Armadas. El reto ad extra de las Fuerzas Armadas es mantener la capacidad de reclutamiento a través del fomento de la cultura de defensa en la ciudadanía.

También Rodríguez Montoya expone un reto ad intraque consistiría en una mejora –en tres aspectos fundamentales– de la carrera militar. En primer lugar una reforma del sistema de enseñanza para suboficiales, oficiales y los estudios de posgrado en la carrera militar. En segundo término, una mejora en el sistema de ascensos simplificando el modelo y haciéndolo converger al sistema de concurso oposición por encima del método basado en el escalafón y, por último, la regulación gradual de asociacionismo profesional dentro de las Fuerzas Armadas.

El sexto capítulo del libro, “La función pública como presupuesto para la regeneración institucional y como garantía de gobernanza local”, escrito por Begoña Larrainzar ⁷ , es un ensayo muy fundamentado jurídicamente sobre la función pública local. De esta manera se completa el escenario de gobernanza multinivel destacado en el título del libro. Y en el ámbito local, Larrainza repite el esquema argumental visto en anteriores capítulos, ante la crisis de la función pública –que incluye a las entidades locales– existe una necesidad de reforma, una necesidad de reinventar el modelo de función pública.

Comienza Larrainzar con un diagnóstico de la situación actual que, en caso de la función pública local pasa, en primer lugar, por una fragmentación normativa. Por un lado, el régimen jurídico de la función pública local está integrado en el EBEP en todo aquello que es común a todas las administraciones públicas y, por otro lado de manera específica en lo relacionado con las entidades locales, en el título VII de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, en el título VII del Texto Refundido del Régimen Local y en la reciente Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).

Otra característica de la administración local es un cercanía al ciudadano, esta cualidad implica una mayor exigencia de agilidad en su funcionamiento, en la capacidad de detección de las necesidades reales de los vecinos y en la amplitud en la gama de servicios que hay que ofrecer.

La tercera característica que destaca Larrainzar es la de las llamadas funciones impropias. Son éstas un conjunto de competencias residuales, normalmente de carácter social que, correspondiendo al Estado o la Comunidad Autónoma, son ejercidas por el Ayuntamiento por iniciativa propia. Según la autora ésta puede ser la causa de la situación de crisis financiera de muchas entidades locales y se pretende atajar con la nueva delimitación del sistema de competencias que se prevé en la LRSAL.

Por último, en esta descripción de la situación actual de la función pública local, hay una característica muy peculiar de las entidades locales, es la cercanía de los empleados públicos a los políticos responsables de la Corporación que tiene la competencia en la toma de decisiones. Está relación cercana se manifiesta en las condiciones laborales de los empleados y puede ocasionar la politización de los mismos.

Larrainzar dedica un epígrafe a la aportación desde el mundo local al marco jurídico de la función pública. En primer lugar, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), impulsó una serie de enmiendas relacionadas con la función pública local durante la tramitación del EBEP, entre otras, sobre el régimen jurídico del personal funcionario local, el personal directivo y eventual, las retribuciones, los Cuerpos y Escalas y los funcionarios con Habilitación Nacional. No obstante, su contenido no fue incorporado al formato definitivo de la ley y fueron incorporadas –al menos en parte– a la nueva legislación local. Todo ello demuestra el interés del poder local de contar con una legislación clara reguladora de la función pública local.

El último epígrafe del ensayo de Larrainzar trata de las líneas de actuación impulsadas en la actualidad. En opinión de la autora, compartida por otros autores de este libro, la situación de crisis económica ha situado a la función pública en el centro del debate político, económico y social. En este contexto, es esencial que la función pública aparezca como un instrumento útil para el desarrollo social y de creación de riqueza. Esta argumentación es de aplicación especial al caso de la función pública local por la situación de cercanía entre el nivel administrativo municipal y el ciudadano, sus problemas y sus demandas de servicios. Ante esta situación de crisis se hace necesaria una reforma de la función pública local adaptada a la naturaleza específica de las entidades locales.

Reforma que se ha iniciado parcialmente con la aprobación de la LRSAL en lo tocante a la reserva de funciones por parte del personal funcionario, a la nueva regulación de los funcionario de administración local con Habilitación de Carácter Nacional y a la competencia de las entidades locales en la selección de personal a excepción de los funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional.

Pero todavía es necesario desarrollar dos grandes líneas de actuación que Larraizar considera convergentes, al menos coetáneas. Por un lado, la reforma de la administración local desde la perspectiva competencial según el principio de una administración una competencia, evitando los solapamientos actuales, así como el reforzamiento del control y fiscalización sobre las entidades locales incluyendo la función interventora y, por otro lado, la garantía de un marco normativo común para la función pública local en todo el Estado.

El séptimo capítulo del libro, “Criterios institucionales y organizativos del empleo público sanitario, el ejemplo del sector público sanitario de la Comunidad de Madrid”, escrito por el director de la obra, Jorge Crespo, es un clarificador análisis de la función pública sanitaria que, como en el caso de la función pública militar, tiene sus especificidades. El análisis, que el autor califica de politológico y pluridisciplinar, se realiza desde un doble prisma: la visión institucional y la visión organizativa.

Entre los principios del sector de la salud en España sobre los que se asienta la labor de la función pública sanitaria destacan la orientación del Sistema Sanitario a los ciudadanos, la concepción integrada del Sistema incluyendo todo los dispositivos sanitarios con independencia de su titularidad, la universalización de los servicios sanitarios, la equidad en las condiciones de acceso a la Red Sanitaria, la separación de las funciones de autoridad, aseguramiento, compra y provisión de los servicios, y la participación y la responsabilidad de los profesionales sanitarios en las decisiones de la organización, planificación y gestión de los recursos. Algunos de estos principios están vinculados a la legitimidad institucional y expresan valores, otros son instrumentales y se corresponden con una lógica de racionalización de los recursos, y otros tienen una vocación técnica pero, sin duda, todos estos principios afectan al factor humano del sector de la salud y de alguna manera están también en el estatuto del personal sanitario.

Porque el personal del sector sanitario ha tenido históricamente una regulación específica que se ha identificado con la expresión personal estatutario, que alude a los tres estatutos del personal de sector: el del personal médico, el del personal sanitario no facultativo y el del personal no sanitario.

La existencia de una normativa propia viene de la necesidad de un régimen jurídico que se adapte a las características de las profesiones sanitarias y asistenciales así como a las peculiaridades del Sistema Sanitario. Cada una de estas categorías estatutarias a su vez están clasificadas por su titulación académica –superiores, medios y formación profesional– de manera que se puede establecer una correspondencia –y de hecho Crespo lo hace– con los grupos de titulación de la función pública general expresados en el EBEP.

Por último Crespo se adentra en la perspectiva institucional y organizativa del empleo público sanitario. Y producto de este análisis asigna a ciertos colectivos funciones más próximas a la función pública institucional, y a otros, los asocia al empleo público instrumental. Los puestos de trabajo que desarrollan funciones de autoridad sanitaria deben estar ocupados por personal que tenga un vínculo jurídico funcionarial, pues constituyen la función pública institucional. Los puestos de trabajo desempeñados por profesionales sanitarios, que operan bajo un marco institucional general pero para los cuales es esencial lo relacionado con aspectos científico-técnicos, constituirían la función pública sanitaria. El personal al servicio de las funciones administrativas y de gestión de servicios administrativos que exige un grado variable de neutralidad y objetividad también podrían formar parte de la función pública institucional. Por último, el personal de administración y de gestión de oficios, con pocos requerimientos institucionales y cuyos servicios son muy parecidos a los desarrollados por personal equivalente en otros tipos de organizaciones, podrían ser desempeñados por personal con un vínculo contractual laboral.

El octavo y último de los estudios que compone el libro es “El Instituto Nacional de Administración Pública como institución generadora de conocimiento transformador en la función pública española” de Gema Pastor ⁸ . Es éste un entretenido y documentado viaje por el pasado, presente y futuro de una institución que conocemos casi todos los empleados públicos de primera mano por haber pasado por sus aulas, ya sea para recibir formación como para pasar por los temidos exámenes de oposición, pero que es mucho más, y es ese valor añadido el que nos describe Pastor.

El INAP es una institución que lleva más de cincuenta y cinco años proporcionando servicios a la administración pública y, por ende, a la sociedad española. Con distintos nombres, funciones y categorías de su director –que ha tenido distintos niveles según la época, desde subdirector general a subsecretario–, lleva dando valor al sector público mediante el desarrollo de tres líneas principales de actuación que se han ido perfeccionando a lo largo del tiempo, a saber, la selección, la formación y la investigación.

En la actualidad el INAP proporciona un conocimiento transformador en la Administración y la función pública, favoreciendo la cohesión social y la calidad democrática pues, en palabras de Pastor, el INAP aporta un importante valor no solo a su propio entorno administrativo, sino también al sistema social y político del que forma parte. La idea es que al seleccionar y formar a una parte de las personas que ejercerán la función pública en la sociedad se incide sobre el nivel de calidad de los servicios públicos que, a su vez, influyen en el bienestar y la calidad de vida de nuestra sociedad.

Otro de los objetivos actuales del INAP –según el Plan Estratégico General de esta institución para el período 2012-2015– es la generación de conocimiento y reflexión de alta calidad para la toma de decisiones y el diseño de las políticas públicas. Por eso entre sus líneas de actuación tiene mucha importancia la investigación. Para su promoción realiza distintas actividades como la publicación de una convocatoria permanente de investigación y la constitución de varios grupos estables de investigación, integrados por expertos, profesionales y académicos, que tienen como misión analizar críticamente y de manera fundamentada el funcionamiento de las administraciones y, dentro de éstas, de la función pública. De esta manera hay grupos de investigación sobre los modelos de la carrera administrativa o sobre innovación de los recursos humanos de la Administración General del Estado.

Respecto del futuro, el conocimiento generado a partir de la experiencia práctica diaria y de los resultados de las investigaciones, va a permitir una visión completa y sistemática sobre cuál debe ser el futuro del modelo de función pública en España; esto enlaza con el objetivo de este libro, la reinvención de la función pública. Y este modelo pasa por tener una serie de características principales como la profesionalidad, con la capacitación necesaria, con talento para lo público, representativa territorial y socialmente, con legitimidad o prestigio en el momento en que esto último es muy necesario.

Para avanzar en este modelo el INAP ha identificado cinco ejes transformadores: la planificación y estructuración del empleo público, el acceso a la función pública, la carrera administrativa, la dirección pública y la evaluación del desempeño. Sobre cada uno de estos ejes la institución realiza una serie de propuestas de actuación que pueden contribuir a la reinvención del modelo de función pública.

Por último, como dice la autora, esta reforma de la función pública debe interpretarse como un proceso natural de adaptación al entorno actual en el que se requiere de los empleados públicos no solo capacitación técnica, eficacia y vocación de servicio sino que actúen democráticamente, ya que la misión institucional de la Administración es la garantía de los derechos y las libertades de los ciudadanos y el mantenimiento de la integración y la cohesión social.

Para terminar, podemos concluir que esta obra probablemente no agote la discusión y el análisis de un problema de primera magnitud en la teoría y en la praxis de la administración, como es la crisis de la función pública como parte de una crisis socioeconómica y política que la engloba y la necesidad de reinventarla como solución de la misma. Algo me dice que será más fácil resolver los problemas de la función pública que los problemas de la sociedad en general y que la resolución de las dificultades de la primera contribuirá a la resolución de las dificultades de la segunda.

Así que probablemente caben otros puntos de vista, otras formas de aproximarse a la función pública y otros Cuerpos a los que analizar. Pero se trata de un conjunto muy cohesionado de aportaciones –al pasar de un capítulo a otro no se notan bajones en el nivel de los mismos– de un grupo de notables expertos, académicos o profesionales de prestigio, que realizan un análisis serio, fundamentado y claro, con el plus de un innovador punto de vista de la dimensión de gobernanza multinivel.

Para mí es un libro de lectura imprescindible para cualquier académico o empleado público preocupado por la función pública del presente y porvenir y que, a la vez, esté comprometido con su función; y asimismo nos parece muy indicado para cualquier ciudadano interesado en la cosa pública.