14 12 2016 16 2016 2016 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

A diferencia de otras categorías de políticas públicas las políticas de innovación y aprendizaje siempre han disfrutado de una gran popularidad y rara vez han sido discutidas. Las políticas fiscales, por ejemplo, o incluso las políticas sociales han sido en muchas ocasiones cuestionadas. Pero defender la innovación, el desarrollo o el aprendizaje gozan de una legitimidad incuestionada, cuando podrían ser perfectamente discutidas. Los gobiernos lo saben y buscan envolver muchas de sus decisiones, incluso las que no se refieren estrictamente a este ámbito, en la retórica de la innovación, el progreso o el desarrollo. Y este libro no es una excepción. Este libro una apología del emprendimiento y la innovación usando todo el arsenal de la economía neoclásica y la retórica de la ideología del progreso tal cual la categorizaron Robert Nisbet, hace ya bastantes años, en su clásico Historia de la idea de progreso o John Bury en su Idea de Progreso.Es también un gran libro, y maravillosamente escrito, grande en sus aciertos que son muchos y grande también en su errores que no son menos. Su finalidad es diseñar el marco institucional y político que permita crear una cultura social adecuada para innovar, crear empresas y que estas se desarrollen y contribuayan a dinamizar al resto de la sociedad. Para ello el autor propone una batería de medidas que supuestamente pueden favorecer tal marco. En el desarrollo de tales medidas el autor elabora una sofisticada teoría de la innovación y el aprendizaje, que como antes apuntamos cuenta con elementos a nuestro entender correctos y otros que no lo son tanto. Vayaos primero con los argumentos que encontramos positivos y luego, con más detenimiento pasaremos a analizar aquellos que son a nuestro entender más discutibles. En primer lugar los autores aciertan al afirmar que lo importante para favorecer una sociedad del aprendizaje no es tanto la creación de instituciones educativas que contribuyan a educar a los ciudadanos, sino el contenido de dicha educación. Los políticos acostumbran a mostrar su compromiso con la educación con incrementos en el gasto en tal partida, o haciendo comparaciones de porcentaje de gasto en relación al PIB, esto es identifican mejorar la educación con gastar más en ella. Pero como bien se puede deducir, gastar más dinero en enseñar cosas equivocadas no es hacer un bien a la educación sino un mal aún mayor. De ahí que una de las propuestas principales del libro sea la de discutir cual debería ser el contenido de la educación,o la forma que esta adopta antes de hacer propuestas de gasto. La verdad, añadiría yo, es que no es fácil determinar tales contenidos, pues dudo mucho que existiese un consenso claro al respecto, por lo que la postura más sensata debería ser permitir a los interesados, en el mayor grado que fuese posible, escoger la cantidad y calidad de dichos contenidos y proceder de ahí a su financiación. Lo mismo puede ser predicado de las políticas de financiación de la investigación y la innovación. Los decisores políticos tendrían que decidir sobre que temas investigar, esto es decidir en cada momento cuales deberían ser los temas de más interés para la sociedad y aquellos con más aplicaciones futuras al tiempo que deciden cuantos fondos asignar a estos finos, y por tanto cuantos fondos retiras de otros fines alternativos. Y esto, me temo, está fuera del alcance de un grupo reducido de expertos, por cualificados que estén (en que deberían estarlo es otra pregunta de difícil respuesta) por lo que los resultado presumiblemente no serán todo los buenos que cabría desear.

El segundo gran acierto del libro, en nuestra opinión, es la razonada crítica que se hace a la propiedad intelectual, no como promotora del aprendizaje sino como todo lo contrario, como un lastre a la innovación,por paradójico que a simple vista pudiese parecer. Constituye casi un tópico en las ciencias sociales, sobre todo a partir de El nacimiento del mundo occidentalde Douglass North, considerar que buena parte del desarrollo modernos de los países occidentales se debe a la introducción de derechos de propiedad intelectual. Sólo recientemente se ha comenzado a cuestionar seriamente dicha suposición (por ejemplo Michael Boldrin, Against Intellectual Monopoly) partiendo de la idea de que la propiedad intelectual dificulta la innovación que parte de inventos o ideas ya establecidos, obligando a dar costosos giros para mejorar un bien ya existente. Si se hubiese, como se apunta en el libro, patentado la idea del auto los autos modernos no habrían mejorado de la forma en que lo hicieron. El auto en esencia es el mismo que hace cien años, sólo que mejorado en todas y cada una de sus partes, partiendo de lo que ya existía. Si el auto estuviese patentado como tal para innovar habría que recurrir a diseños como la oruga o el maglev (vehículos movidos por campos magnéticos) para mejorar el bien, lo cual dificultaría enormemente la mejora o la haría muy costosa. La investigación en farmacia, por ejemplo, está patentada y por lo tanto no podemos mejorar un compuesto sobre si mismo sino que tenemos que diseñar uno completamente nuevo. En opinión de los autores esto dificulta la innovación y el aprendizaje y ponerlo de manifiesto con explicaciones detalladas, o cuando menos el mero hecho de discutirlo es uno de los grandes aciertos del libro a nuestro entender. El mero hecho de medir la innovación en número de patentes contribuye a esta confusión, pues oculta el hecho de que muchas de estas patentes se hacen simplemente para proteger patentes ya existentes y no tienen utilidad más que defensiva y oculta también muchas innovaciones (como en la organización empresarial) que no están protegidas por la propiedad intelectual.

Los aspectos que destacaría como más discutibles del libros son especialmente dos. El primero es su justificación de la intervención estatal en el ámbito de la innovación y el aprendizaje. Para ello recurre a la argumentación típica de los fallos de mercado, bienes públicos y externalidades negativas y positivas habituales en los tratados contemporáneos de economía. Uno de los argumentos que usan los autores para justificar las políticas de promoción del aprendizaje es el de que estas producen externalidades positivas y por tanto deben ser promovidas por los poderes públicos. Creo que es legítimo discrepar de esta afirmación, pues en línea con lo anteriormeente expuesto a respecto la educación no toda innovación tiene porque resultar beneficiosa, y aún siéndolo no lo es para todo el mundo por igual. Para algunos puede ser incluso un mal, pues la calificación de algo como un bien es subjetiva. Por ejemplo una innovación bélica no es percibida por todos como algo a incentivar. Otras dirán que no tiene mucha lógica inventir recursos públicos innovar en juegos como el famoso Pokemon Go, calificado por unos como un gran juego y por otros como una absurda pérdida de tiempo. Lo lógico sería que los que quieran jugar se paguen su juego y que no se destinen recursos, en el caso de que se haya hecho a ese tipo de innovaciones. Porque otro problema de esto es determinar políticamente cuales deben ser las líneas correctas de investigación o aprendizaje, algo que me temo resultaría en búsqueda de rentas por parte de grupos de interés científicos interesados en calificar sus investigaciones como estratégicas o prioritarias, pues sólo discrecionalmente se puede determinar la importancia relativa de cada potencial investigación.Además habría que incorporar criterios de justicia, pues como puede ser legítimo obligar a alguién a financiar con sus impuestos una innovación que potencialmente puede llevarle a la ruina a él o a su empresa. ¿Por que un agente de viajes por ejemplo tiene que financiar apps de internet que lo pueden arruinar? No sería justo que este pudiese impedir la innovación pero tampoco lo sería obligarle a financiar algo que le pudiese dañar seriamente. Los autores, es cierto discuten algunos de estos argumentos, en especial el ludismo y la posible caida de salarios derivados de la innovación, pero no usan argumentos de justicia sino de eficiencia a la hora de plantear sus políticas, que consistirían en que el gobierno intervinise para intentar corregir las disfunciones que provienen de la innovacioón con subsidios o ayudas salariales.

Los autores elaboran también una elaborada argumentación relativa a la teoría de los bienes públicos, según la cual los mercados dejados a su libre albedrío no producirían la suficiente cantidad de innovación y aprendizaje que sociedades como las nuestras precisan, y por tanto el gobierno debería tomar sobre sus hombros buena parte de los costes de financiarla. El problema aquí radica en que nadie sabe cual es la cantidad correcta de innovación necesaria en una sociedad, como tampoco sabe ni puede saber cuales son las áreas en que dicha innovación es más precisa ni por supuesto cual es la cantidad adecuada de recursos que deben ser asignados a tales políticas. De hecho el propio concepto de innovación es ambiguo, pues puede ir desde una mejora en la organización de una empresa hasta el diseño de una app para teléfonos móviles y tampoco se puede determinar cual es la que puede ofrecer más beneficio potencial. Los gobiernos, por alguna extraña cuestión prefieren apostar por innovaciones en sectores punteros de tecnología y desprecian a efectos de política pública innovaciones en sectores como el turismo o la hostelería, que son considerados como más atrasados y no forman parte de los grandes progrmas de I+D+I de las grandes agencias y ministerios de tecnología occidentales. Por ejemplo la innovación en las franquicias realizada por Ray Kroc en McDonald’s resultó en espectaculares resultados económicos tanto para la firma como para la economía e imagen cultural de los Estados Unidos, pero no son vistas dentro de este paradigma como innovaciones productivas. Si la innovación se realizase por ejemplo en nanotecnologías si lo sería, aunque sus resultados económicos y sociales no fuesen tan satisfactorios.

La otra afirmación que a nuestro entender puede ser discutida es la que se refiere a la protección de la industria innovadora frente a la competencia extranjera. Los autores recuperan el viejo sofisma de la industria infantil para justificar la restricción del libre comercio en el ámbito de la investigación. Según este argumento las industrias innovadoras de reciente creación, las famosas startups, no se podrían desarrollar correctamente en un ambiente de plena competencia internacional pues las industrias radicadas en países emergentes con menores costes salariales o con mayores ayudas estatales practicarían una suerte de dumping en la innovación que impediría sobrevivir a las locales. El problema aquí es cuando considerar que la industria infantil se convierte en adulta o incluso determinar en que consite una industria infantil. De hecho si impedimos la competencia exterior y definimos como innovadora una industria podemos hacer que cualquiera de esas startups sea rentable el tiempo que los gobernantes decidan, por absurda que se sea la industria o ineficiente que sea la innovación.

Como podemos observar la mayor parte de los argumentos de los autores en defensa de las políticas de innovación no son más que una reformulación de los viejos argumentos que justifican la intervención estatal en el ámbito económico, eso si muy bien argumentada y con reformulaciones interesantes en la teoría de los fallos del mercado, como lo es por ejemplo su debate sobre los problemas de coordinación del mercado o sobre las miopías temporales del mercado o sobre la ineficiencia delos mercados de capitales a la hora de asignar los fondos necesarios para la innovación. El interés está en destacar los fallos del mercado y en justificar la corrección estatal de tales fallos. Pero no se muestra igualmente crítico con los fallos del estado a la hora de asignar recursos o en cuestión de miopía temporal, que pusieran ser aún más acentuados. De todas formas y para concluir quisiera recomendar su lectura, se esté o no de acuerdo. Es un libro honrado y que analiza todos y cada uno de los puntos con mucho detenimiento y justifica con solvencia sus conclusiones. El único defecto que cabría asignarle es el de idealizar la intervención estatal en relación a la innovación, en la línea de autores como Mazzuccatto y su Estado emprendedor y descuidar un análisis más detallado de las verdaderas intenciones de los agentes estatales, que podría quizás llevar a los autores a unas conclusiones bien distintas.