1. INTRODUCCIÓN. 2. DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO, NATURALIZACIÓN DE LOS CUIDADOS E INVISIBILIZACIÓN. 3. LA DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DE CUIDADOS Y DEL USO DEL TIEMPO EN ARGENTINA. 4. PERSISTENCIA DE BRECHAS DE GÉNERO. UNA MIRADA HACIA LA AGUDIZACIÓN DEL TRABAJO DE CUIDADO NO REMUNERADO EN PANDEMIA. REFLEXIONES FINALES. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia ² al COVID-19 por la amenaza que representa para la humanidad, recomendó a los países aminorar las actividades masivas, restringiendo el desarrollo de aquellas no esenciales a efectos de proteger un derecho humano fundamental: la salud.

El COVID-19 obligó a adoptar medidas para salvaguardar la población y mitigar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. La rapidez y la masividad del contagio provocado por el virus exigieron el confinamiento de las personas al interior de los hogares para evitar la réplica de la gran cantidad de decesos que registraron aquellos países que privilegiaron el capital.

En Argentina el llamado “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO) se estableció por Decreto de Necesidad y Urgencia ³ N.º 297/2020. Ese acto administrativo fijó una serie de actividades esenciales ⁴ que no podían paralizarse y autorizó desplazamientos mínimos e indispensables para que las familias pudieran aprovisionarse de insumos básicos para la subsistencia durante el confinamiento.

Las medidas implementadas con el objeto de cuidar y proteger la vida de las personas y evitar que nuestro sistema de salud pública colapse, se ajustaron a estándares internacionales de derechos humanos en materia de restricción y suspensión de derechos en contextos de excepcionalidad (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2020). La restricción a la libertad ambulatoria individual se justificó en la preservación del derecho colectivo a la salud pública y del derecho subjetivo a la vida, bienes jurídicos que sólo pueden concretarse a partir del sacrificio compartido de la sociedad (Brega, 2020).

En esta coyuntura compleja el Estado adquirió una función crucial; se convirtió en el actor por excelencia del cambio social. Este retorno a un Estado presente y activo configuró una nueva relación entre Estado, sociedad y mercado (García Delgado, 2020).

El giro copernicano que implicó la centralidad del Estado evidencia su rol como estructurarte y garante de las relaciones sociales y del bienestar en una crisis sin precedentes que no solo impactó en la población en términos sanitarios sino también en una multiplicidad de dimensiones que quedaron entrampadas en las decisiones adoptadas para frenar la expansión del virus.

En ese escenario, el colectivo de mujeres fue el más afectado porque las estrictas medidas de aislamiento acentuaron problemáticas sociales estructurales tales como: el desempleo, la feminización de la pobreza, la violencia de género, el trabajo de cuidado no remunerado, entre otras.

Como sostiene Ramacciotti (2020) la enfermedad infectocontagiosa trastocó la ciencia, la investigación, los sistemas de salud y las políticas socioeconómicas e impactó profundamente en la vida cotidiana y en las relaciones sociales agudizando la llamada «crisis del cuidado».

Los cuidados trascienden la estrategia discursiva coyuntural, forman parte de un eje históricamente problematizado por los feminismos aunque con mayor fuerza e intensidad en los últimos tiempos (Goren et al., 2020b) porque la crisis derivada del COVID-19 impactó no sólo en el sistema político, económico y sanitario sino también en el social y cultural a raíz de la modificación de hábitos y rutinas estandarizadas.

En una entrevista la catedrática Juliana Martínez Franzoni afirma que, paralelo al estancamiento de la economía monetaria, se agudizó la economía no monetaria a partir de la sobrecarga de tareas que obligó a una reconfiguración de las familias porque las dimensiones de la vida que habitualmente se desarrollaban afuera –escuela, apoyo psicológico, recreación, etc.– se concentraron en el espacio doméstico (Torres Santana, 2020). Dicho de otro modo, la alteración de las rutinas de los hogares derivó en una sobrecarga de cuidados que previo a la pandemia se resolvían con diversas estrategias extrafamiliares públicas o privadas.

En tiempos pandémicos algunas mujeres se vieron obligadas a combinar esa sobrecarga de trabajo de cuidado no remunerado (TDCNR) con trabajo presencial esencial o con una modalidad emergente en estos tiempos: el trabajo remoto o teletrabajo ⁵ .

En este marco, el objeto del presente documento es analizar la situación del TDCNR en la coyuntura derivada del COVID-19 desde una perspectiva de género colocando especial énfasis en la interseccionalidad, categoría útil para el estudio de fenómenos sociales desde una lente analítica que contempla las múltiples opresiones a las que están expuestas las mujeres.

Berkhout y Richardson (2020) sostienen que las mujeres como colectivo no constituyen un grupo uniforme porque atraviesan múltiples vulnerabilidades que acentúan desigualdades por la superposición de sistemas opresivos. En razón de ello, las lecturas feministas en torno a la pandemia que no logren ubicar intersecciones resultan inadecuadas para comprender el contexto de modo integral.

La estrategia metodología utilizada en el presente trabajo es cuali-cuantitativa. Principalmente se recurre al análisis documental, aunque se refuerza la indagación con la incorporación de datos secundarios de tipo estadístico, producidos por organismos gubernamentales, principalmente la encuesta de uso del tiempo realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en el año 2013, instrumento clave para múltiples investigaciones que han realizado en base a esos datos una proyección de la situación del trabajo de cuidado no remunerado en Argentina.

El patriarcado ha construido a lo largo de la historia una división binaria sintetizada en la dicotomía «hombres-públicos/ mujeres-domésticas». La Comisión La Mujer y Sus Derechos (2005) nos recuerda que esa escisión, fruto de la división sexual del trabajo, se internalizó e institucionalizó socialmente a través de normas sacralizadas que operaron como ordenador social en la distribución del poder.

La diferenciación biológica entre los sexos, esto es, la diferencia anatómica entre los órganos sexuales, se transformó en la piedra basal para la edificación de estereotipos de género sustentados en la división sexual del trabajo (Bourdieu, 2000).

Normas, obligaciones, comportamientos, aptitudes, sentimientos se han añadido socialmente a los sexos. La anatomía de los cuerpos posibilitó la construcción universal de un «ser social femenino» y de un «ser social masculino» que se caracterizan por ostentar determinados atributos, a las mujeres se las asoció con la debilidad, la sensibilidad y la reproducción mientras que los hombres quedaron vinculados a la fortaleza, la protección y la producción.

Pierre Bourdieu (2000) en su obra “La dominación masculina” denunció la transformación de la historia en naturaleza y de la arbitrariedad cultural en natural que intenta hacer pasar las desigualdades construidas mediante la internalización de preceptos culturales arcaicos por naturales, perpetuando inequidades. Para el autor, bajo el disfraz de la biología se ocultan pautas que siembran y reproducen desigualdades sociales. Según nos recuerda, en cada momento histórico el orden social funcionó como una inconmensurable maquinaria simbólica que tendió a ratificar y perpetuar la dominación masculina conforme con una visión mítica arraigada en la división arbitraria de actividades. Instituciones como el Estado, la escuela y otros agentes socializadores han contribuido a la reproducción de esas desigualdades gestadas en torno a lo femenino y a lo masculino.

En una obra trascendental para el feminismo, “El segundo sexo”, la reconocida filósofa francesa, Simone De Beauvoir (1972), advertía sobre esa construcción diferencial con la expresión «no se nace mujer sino que se hace». Según advierte Cinzia Arruzza (2010, p. 93) esa afirmación beauvoriana «pretendía subrayar el carácter social, histórico y culturalmente construido de la “mujeridad”».

Berger y Luckmann advierten que esa modelación del ser social se da a través de procesos de socialización. «El individuo no nace miembro de una sociedad nace con una predisposición hacia la sociabilidad» (Berger y Luckmann, 2003, p. 162).

Esa predisposición facilita que sean inducidos a participar en la dialéctica de la sociedad mediante la internalización, esto es, la aprehensión o interpretación de acontecimientos objetivos que expresan significados. La internalización es un elemento clave en los procesos de socialización porque permite la comprensión del «mundo» del otro y la vinculación de los individuos a partir de la adopción de ese «otro mundo» como propio (Berger y Luckmann, 2003).

Las formas de socialización diferenciadas para mujeres y hombres se reflejan en roles que llevan de forma implícita y explícita al ejercicio del poder; desde la infancia se induce a las niñas al rechazo del poder de manera que se sientan incómodas con él y prefieran delegarlo por considerarlo un ámbito extraño, hostil; un campo lleno de dificultades (Del Valle, 1993).

Mientras la socialización diferencial dispone a los hombres a amar los juegos de poder, provocando en ellos fascinación y seducción. A las mujeres, en cambio, la educación las prepara a entrar en el juego por delegación a través de una posición subordinada a la preocupación masculina ⁶ (Bourdieu, 2000).

El molde o formato social anclado en la división sexual del trabajo provocó la escisión en dos esferas situadas, jerarquizadas o subalternizadas según el sexo: el trabajo creador de valor (trabajo productivo) y el trabajo reproductor de vida (trabajo reproductivo). El trabajo productivo, asociado a la masculinidad, ocupa una posición de privilegio mientas que las actividades domésticas-reproductivas, vinculadas con la femineidad, son infravaloradas y carecen de prestigio social (Martín, 2019).

Esa diferenciación público-privada debe enmarcarse en el debate de la «contradicción entre el modo de acumulación capitalista y la sostenibilidad de la vida» (Frega, 2020, p. 25) necesaria para acrecentar el poder del capital. En efecto, para el sistema capitalista la actividad socio-económica mistificada como servicio natural resulta rentable porque la condición no asalariada del trabajo de cuidado incrementa sus ganancias (Federici, 2010). Como afirma Rubin (1986, p. 100) «el trabajo doméstico es un elemento clave en el proceso de reproducción del trabajador del que se extrae plusvalía».

Los feminismos desde hace décadas vienen denunciando múltiples injusticias originadas en las construcciones sociales arraigadas en la división sexual del trabajo. En los últimos años han logrado colocar en la agenda gubernamental una multiplicidad de temáticas que afectan a las mujeres, entre ellas la importancia de pensar políticas públicas orientadas a visibilizar el Trabajo de Cuidado no Remunerado (TDCNR) y a resolver, mediante el uso de diversas estrategias, la provisión de cuidados que recaen como mandato sobre ellas.

En las ciencias sociales hay categorías conceptuales que condensan discusiones, debates y (re) definen problemas teóricos que iluminan lecturas de lo social. El cuidado es una de ellas (Faur y Pita, 2020). En efecto, «la categoría de cuidado nos coloca frente a un problema clásico de la sociología: la relación entre sujetos y estructuras, entre personas e instituciones, que cobra otro carácter cuando incorporamos un enfoque de género» (Faur, 2014, p. 19) orientado a desmontar las estructuras derivadas de la tradicional división sexual del trabajo.

La noción de cuidado refiere a actividades indispensables para satisfacer necesidades básicas de existencia y reproducción de las personas, brindándoles elementos físicos y simbólicos que garantizan su dignidad e integridad y les permiten vivir en sociedad (Rodríguez Enríquez y Marzonetto, 2015).

Según advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020b) la provisión de bienestar a cada persona a lo largo de su ciclo vital incluye una inagotable lista de tareas que resultan imprescindibles para el sostenimiento de la vida: alimentación, higiene, educación, salud, acompañamiento emocional, etc.

Como sostiene Aguilar (2019, p. 21) «las tareas de cuidado en la vida cotidiana son fundamentales para que los cuerpos puedan insertarse en el mercado laboral». Conforme con esta afirmación, CEPAL (2020b, p. 1) advierte que se trata de «un trabajo esencial para el sostenimiento de la vida, la reproducción de la fuerza de trabajo y de las sociedades, generando una contribución fundamental para la producción económica, el desarrollo y el bienestar».

Dada esta función social, en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe ⁷ , se reconoció a los cuidados como un derecho fundamental de las personas (CEPAL, 2020b). En la sociedad contemporánea «nadie puede sobrevivir sin ser cuidado, lo cual convierte al cuidado en una dimensión central del bienestar y del desarrollo humano» (Esquivel et al., 2012, p. 11).

Orloff y Laperriere deconstruyen la concepción predominante del cuidado como obligación femenina y colocan el centro del debate en la categoría de trabajo. En efecto sostienen que,

La tarea de cuidar la vida y el bienestar de otros miembros de la familia (niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores) es un trabajo invisible: no valorado socialmente ni remunerado monetariamente y en muchos casos constituye una doble jornada para las mujeres que en simultáneo desarrollan sus trayectorias laborales en el mercado de trabajo formal o se desempeñan en trabajos precarios, inestables e informales (Vargas, 2020).

En América Latina y el Caribe, la estructura productiva, los roles estereotipados de género y la configuración de las familias consolidan inequidades en la distribución del tiempo entre mujeres y hombres que influyen en términos de oportunidades para su desarrollo personal y profesional (Batthyány y Sánchez, 2020).

Las sujeciones a un orden social de género responden a un proceso dual que conjuga inacción estatal y representaciones sociales hegemónicas que conservan a las mujeres en una posición limitante de su autonomía (Becher, 2019). La marcada división sexual del trabajo en tanto lógica configurativa de los sistemas de provisión del bienestar genera una expropiación del bienestar de las mujeres porque les dificulta el acceso a los derechos de ciudadanía, especialmente a los derechos sociales (Lucas-García y Bayón-Calvo, 2017).

En efecto, el análisis de las desigualdades gestadas en torno al trabajo de cuidado no remunerado resulta incompleto si solo se realiza una lectura en términos de género, es necesario también analizar en términos de clase y de pertenencia étnico-racial para develar cómo se acentúan y profundizan las desigualdades (Smaldone, 2017).

La academia ha construido una categoría para leer esas dimensiones que acentúan las diferencias. El análisis feminista desde la interseccionalidad denuncia la perspectiva sesgada del feminismo hegemónico que sostiene la existencia de una identidad común a las mujeres, perspectiva que invisibiliza las múltiples estructuras de opresión que las atraviesan (Cubillos Almendra, 2015). Dicho de otro modo, si bien es cierto que a priori todas las mujeres están sometidas a la opresión del sistema patriarcal, las desigualdades resultantes de la jerarquización establecida por el patriarcado se acentúan aún más en mujeres de sectores populares, desempleadas o con trabajos precarios e informales, con estudios incompletos, racializadas, migrantes, etc. (Vargas, 2021).

La CEPAL (2019) reconoce que la organización social del cuidado en América Latina es injusta por la desigual distribución que, conforme al mandato social asignado, centraliza la responsabilidad en las mujeres. El organismo sostiene que la organización social del cuidado «responde a un modelo familiar, con una participación limitada del Estado, con una oferta de mercado limitada y segmentada y con una provisión comunitaria insuficiente y segregada» (p. 144).

Distintos instrumentos han medido la dimensión cuantitativa que aporta el trabajo doméstico no remunerado, los llamados «estudios sobre usos del tiempo» no sólo han sido cruciales para visibilizarla (Varela, 2005) sino que han marcado un punto de inflexión en el análisis de las desigualdades naturalizadas (Carrasco et al., 2011). Generalmente este tipo de información es recogida por organismos nacionales de estadística a través de una encuesta específica sobre la temática o anexando un módulo a una encuesta de hogares preexistente (INDEC, 2020).

En Argentina, la única medición nacional oficial ⁸ sobre el uso del tiempo ⁹ la realizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en el año 2013 cuando incluyó por primera vez en la Encuesta Anual de Hogares Urbanos un módulo sobre trabajo no remunerado. Corina Rodríguez Enríquez (2014, p. 4) sintetizando esa evidencia observa que:

Desde una lectura de la interseccionalidad es necesario advertir que el uso y la distribución del tiempo está atravesado, mediado e influenciado por la división sexual del trabajo pero también por el estrato socioeconómico de las personas, tanto el género como la clase actúan como factores que potencian la reproducción de las desigualdades que persisten al interior de los hogares (INDEC, 2020).

Molyneux (2005) enfatiza que el hogar es una unidad de consumo pero también un locus de producción de valores de uso en forma de bienes y servicios que son necesarios para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo. El trabajo de reproducción es necesario en todas las sociedades aunque el locus no siempre es la familia dado que aquellas mejor posicionadas en la estructura social pueden recurrir a mediaciones extrafamiliares. De hecho bajo el capitalismo, esas mediaciones se adquieren en el mercado o a través del Estado.

En Argentina la oferta pública de cuidado históricamente ha sido escueta, en razón de ello las familias pobres o con ingresos medios gestionan el cuidado por cuenta propia –a menudo recurriendo a sororidades de las redes afectivas intrafamiliares– mientras que aquellas con ingresos más altos acceden a la desfamiliarización a costa de un incremento de la mercantilización (Cánovas Herrera, 2018). Esa ausencia deliberada de provisión pública de centros de cuidado orientada a quienes se ubican en los escalones más bajos de la estructura social, acentúa y reproduce desigualdades y contribuye a que las mujeres rechacen el trabajo externo o adopten estrategias informales con horarios flexibles para poder dedicarse con mayor exclusividad a las tareas domésticas. La ausencia de políticas públicas de cuidado contribuye a legitimar el alto desempleo femenino y la precarización laboral, acentuando la feminización de la pobreza (Molyneux, 2005).

En un informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación (2020a, p. 2) se advierte sobre las persistentes brechas de género que existen en Argentina. Según ese documento:

Por otra parte, en el referido informe se sostiene que:

La división sexual del trabajo no solo cristaliza condiciones de pago sino también oportunidades de carrera. El trabajo pobremente remunerado, el trabajo parcial y el autoempleo existen por la contradictoria posición de las mujeres atrapadas entre las esferas de la producción y la reproducción (Molyneux, 2005).

Superar estas restricciones exige como prioridad librar una batalla en dos frentes: el doméstico y el público. Ello implica confrontar la división sexual del trabajo y sus efectos sociales a fin de producir las reestructuraciones necesarias con la intencionalidad de lograr una distribución equitativa de las cargas familiares tanto en el interior de los muros hogareños como en ámbito público, mediante una provisión adecuada de centros o espacios de cuidado.

La pandemia evidenció una multiplicidad de problemas coyunturales y agudizó aquellos estructurales de vieja data, colocó en el centro de la escena demandas que habían permanecido latentes sin ingresar con fuerza a la agenda gubernamental, retomó viejos debates e hizo correr el velo que escondía sobre el tapete las múltiples desigualdades que afectan la vida de las mujeres.

En todo el mundo se alteró la seguridad financiera y laboral las mujeres en razón de las mayores obligaciones de cuidado que han asumido en el contexto de pandemia (Berkhout y Richardson, 2020).

En Argentina la agudización de problemáticas en el mercado laboral derivadas de la coyuntura, fueron publicadas en un informe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (2020) donde se analizan cuatro dimensiones que ponen de manifiesto la heterogeneidad del impacto de la pandemia: el nivel territorial, el tipo de actividad (esencial / no esencial), las desigualdades de derechos entre trabajadores/as registrados e informales y la segregación horizontal de sectores altamente feminizados. Respecto del nivel territorial, el documento resalta que el impacto del COVID-19 (tanto por tasa de contagio como de morbilidad) fue mayor en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en algunas provincias como Chaco, Río Negro y Neuquén. Respecto del tipo de actividad, la caída de la producción y de la demanda afectó a gran parte de las empresas industriales y de servicios. En todas las regiones, aquellas actividades consideradas «no esenciales» registraron el peor impacto en términos económicos y de empleo. El comercio también fue perjudicado con excepción del rubro dedicado a la venta de alimentos en cadenas de supermercados y comercios de cercanía. La reconversión del trabajo en forma remota (venta por internet) resultó marginal respecto de la dotación total de personal. En relación a la desigualdad entre trabajadores/as formales e informales, la paralización total o parcial de actividades económicas –producto de las medidas de aislamiento preventivo– puso en evidencia las desigualdades de derechos y la situación de precariedad de trabajadores/as del sector informal quienes registraron una pérdida total de sus ingresos. Finalmente, la crisis desencadenada por el COVID-19 afectó el trabajo de mujeres en los sectores de actividad más feminizados (principalmente en tres actividades: trabajo doméstico remunerado, enseñanza y servicios sociales y sanitarios) ya sea sobreexponiéndolas al contagio en actividades esenciales o incrementando el horario cuando realizan trabajo remoto.

Una lectura del contexto pandémico, realizada desde la categoría de la interseccionalidad, conduce a resaltar los aspectos que agudizaron las situaciones de vulnerabilidad. En efecto, un informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (2020b, p. 4) destaca que:

En orden a esos ejes se desarrollaron políticas sociales específicas para brindar respuestas coyunturales, cortoplacistas e inmediatas a la población, atenuando los estragos que la emergencia sanitaria produjo en sus vidas. Esos programas de emergencia pretendían «atender los efectos más inmediatos de la pandemia, su cobertura y su costo fiscal» (Cetrángolo y Curcio, 2020, p. 1).

El Estado amplió su capacidad de intervenir en el mercado. Defendió el trabajo formal, impulsando el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP ¹⁰ ) y apoyó a los sectores más vulnerables que se desempeñan en la economía informal con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE ¹¹ ) y la tarjeta alimentar ¹² (García Delgado, 2020). Esta última política, inscripta en el “Plan Nacional Argentina contra el Hambre ¹³ ”, si bien se implementó dos meses previos al estallido del COVID-19, fue crucial para combatir la inseguridad alimentaria en un contexto de deterioro de los ingresos de las familias. Tuñón, Poy y Salvia (2021, p. 10) al analizar su alcance sostienen que:

A pesar de esos importantes avances, en esta coyuntura sanitaria quedó a la deriva un ámbito históricamente postergado: el del trabajo de cuidado no remunerado.

La pandemia evidenció lo que los feminismos vienen denunciando hace años: que el trabajo invisible e infravalorado del cuidado es en realidad un trabajo esencial (Moré Corral, 2020).

La crisis de la organización social del cuidado existía en la región mucho antes de la pandemia; mujeres latinoamericanas y caribeñas se encontraban en una profunda situación de vulnerabilidad por la sobrecarga de trabajo no remunerado que obstaculizaba otras oportunidades (Batthyány y Sánchez, 2020). Según advierte la Organización de Naciones Unidas, antes de la pandemia las mujeres destinaban entre 22 y 42 horas semanales a la realización de trabajos domésticos y de cuidado no remunerado. Esto significa que dedicaban tres veces más tiempo que los hombres a tareas hogareñas (ONU, 2020). Esa injusta y desigual organización del cuidado es uno de los nudos estructurales de la desigualdad en América Latina (CEPAL, 2019).

La coyuntura agravó esa situación. La rápida expansión del coronavirus en el país provocó un cambio en las rutinas de la población como consecuencia de las medidas que se tomaron para contener su expansión. En la fase más restrictiva del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la circulación se limitó a quienes realizaban trabajo esencial, conforme con los parámetros que marcaba el DNU N.º 297/2020. El cierre de lugares de trabajo considerados no esenciales, de escuelas y espacios de cuidado y la estrategia virtual adoptada para reemplazar la presencialidad en las instituciones educativas, derivó en un aumento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que previo a la crisis sanitaria las familias resolvían de diversas formas, imposibles de ejecutarlas en el contexto emergente. En pandemia aumentó la cantidad de horas dedicadas a limpieza, cocina y organización del hogar y a los cuidados de niños, niñas y adolescentes, así como la asistencia a personas con discapacidad y adultos mayores. Esas tareas realizadas al interior de los hogares de manera invisible quedaron expuestas evidenciando las repercusiones de una nueva normalidad difícil de sostener en el tiempo sin transformaciones sustanciales(Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, 2020c).

La decisión de cerrar escuelas, guarderías, centros educativos terapéuticos, espacios de cuidado, centro de día para adultos mayores y otros sitios de contención como medida de prevención del contagio sin una política pública que contemple qué personas iban a enseñar o a cuidar de manera profesional, evidencia la impronta familiarista del cuidado que predomina en la política pública. La ausencia de perspectiva de género en este campo refuerza la mirada moralizadora sobre quienes portan condiciones «naturales» para el cuidado (Ramacciotti, 2020).

La sobrecarga de roles estereotipados quedó expuesta en instrumentos jurídicos normativos que si bien flexibilizaron actividades laborales, acentuaron la tradicional división sexual del trabajo. Así por ejemplo, la Resolución N.º 207/2020 estableció la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo con goce íntegro de sus remuneraciones para todos los trabajadores y las trabajadoras, cualquiera fuese la naturaleza del vínculo jurídico: locaciones de servicio, becas, pasantías, residencias médicas, etc., que sean mayores de 60 años de edad, estén cursando un embarazo o se encuentren incluidos en el grupo de riesgo establecido por la autoridad sanitaria. Asimismo, determinó que quienes estén alcanzados por la dispensa debían, en el marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones en que serán realizadas desde el aislamiento sus tareas habituales u análogas.

En ese acto administrativo quedaron comprendidos también madres y padres de hijos/as escolarizados/as para quienes se dispuso que mientras dure la suspensión de clases presenciales establecida por Resolución N.º 108/2020 ¹⁴ se considerará justificada la inasistencia del progenitor, progenitora, o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente, aclarando que podrá acogerse a esta dispensa un solo progenitor o persona responsable por hogar, quien podrá reemplazar su presencia por la modalidad de trabajo a distancia (teletrabajo).

Como sostiene Pautassi (2020) esa configuración de patrones de trabajo más flexibles a través de plataformas digitales no mejora las condiciones y calificaciones de las mujeres, contrariamente las externa de lo público y las retorna al hogar a fin de que concilien ambas esferas.

Conforme con lo fijado normativamente la virtualidad dominó el escenario de la pandemia. No sólo los trabajadores y las trabajadoras tuvieron que adaptarse a ese recurso sino también los niños, niñas y adolescentes en escolaridad obligatoria, quienes se vieron imposibilitados de asistir a clase de manera presencial. En este marco, las casas se convirtieron en pequeñas «aulas virtuales» amigadas con las plataformas determinadas por los docentes o instituciones (zoom, google meets, google classroom, etc. ¹⁵ ).

La recarga en el ámbito de lo «privado», espacio romantizado al que las mujeres históricamente han sido asignadas material y simbólicamente, incrementó las desigualdades al interior de los núcleos familiares. En un relevamiento exploratorio ¹⁶ realizado en el Gran Buenos Aires durante la tercera semana de cuarentena por el Observatorio de Género y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de José C. Paz, se evidencia la profunda brecha que existe en los hogares en torno a las tareas de cuidado. El informe resalta que durante la pandemia en general se aumentó la dedicación horaria a la actividad de limpieza y al acompañamiento de tareas escolares. Sin embargo, los varones además dedicaron tiempo a realización de deportes en el hogar, a entretenimientos (videojuegos y programas de televisión) e incluso a la lectura. Como contracara las mujeres tuvieron un aumento considerable en las tareas básicas de reproducción y un mínimo incremento en las tres actividades de recreación mencionadas (Goren et al., 2020b).

En Argentina, la emergencia sanitaria evidenció lo que los feminismos académicos y militantes vienen denunciado hace años: «La distribución del TDCNR es estructuralmente desigual: 9 de cada 10 mujeres realizan estas tareas, que significan en promedio 6,4 horas diarias. Ellas dedican tres veces más tiempo que los varones» (Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, 2020c, p. 3).

Esa asimetría en la distribución del tiempo destinado al cuidado no solo explica la baja participación de las mujeres en el mercado laboral sino también la precarización laboral y la desprotección social. Las mujeres presentan mayores niveles de desocupación, ganan menos y son más pobres porque las condiciones de trabajo remunerado están estrechamente ligadas a cómo se resuelven las tareas no remuneradas (Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, 2020c).

Por otra parte, esas tareas de cuidado se entrecruzan con otras injusticias y desigualdades estructurales que se basan en el género pero que al mismo tiempo se vinculan con otras variables de clase, étnicas y generacionales. En efecto, la pandemia no afecta del mismo modo a mujeres de clase media, con trabajo y ciertos derechos (entre ellos: salario, vivienda, electricidad, acceso a tecnología y conectividad, etc.), que a mujeres de sectores populares que no sólo carecen de ellos sino que estuvieron imposibilitadas de movilizarse para conseguir algún ingreso mínimo para su sustento diario (Ramacciotti, 2020).

La aparición del COVID-19 y su rápida propagación a nivel mundial evidenciaron la fragilidad de vida humana y revelaron que todas las personas son co e interdependientes, que el trabajo de cuidado es importante para la reproducción de la vida humana y que la solidaridad y la cooperación son modalidades relacionales para la preservación de la vida. El trabajo de cuidado implica conocimientos específicos, requiere insumos, consume tiempo y porta una ética cargada de valoraciones, afectaciones emocionales y procesos subjetivizantes. La pandemia, obligó a revaluar, en los planos simbólico y político, la centralidad de los cuidados y del bienestar como una cuestión común en la que la existencia del otro es condición para la existencia propia (Fournier, 2020).

Esa actividad necesaria para la subsistencia y el bienestar de las personas al mismo tiempo moviliza la actividad económica. La llamada «economía del cuidado» enfatiza en la contribución de este tipo de trabajo al sistema económico (INDEC, 2020). Se trata de una corriente heterodoxa preocupada no sólo por visibilizar y explicar la reproducción de la desigualdad y de las injusticias que la actual organización social del trabajo de cuidado provoca sino también por revertir esas inequidades (Rodríguez Enríquez, 2015).

En el marco de la presente coyuntura, resulta interesante visibilizar el aporte en términos monetarios del Trabajo de Cuidado No Remunerado (TDCNR) a la contabilidad nacional en tanto cumple un rol central en el sostenimiento de la vida y en el funcionamiento de la economía (Rodríguez Enríquez et al., 2020).

Como se advierte en el informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (2020c, p. 4) «El sector de los cuidados es un sector estratégico a la hora de pensar la reactivación económica del país». En razón de ello, dicho organismo en su ensayo ha monetizado el TDCNR a fin de valorizar y cuantificar el aporte al Producto Interno Bruto (PIB ¹⁷ ) de ese sector de la economía que resulta clave para su funcionamiento. El informe presentado está anclado en una metodología conservadora para estimar el valor de mercado de las tareas no remuneradas. En efecto, para calcular cuánto costarían esas actividades si estuvieran remuneradas y establecer un valor que sirva como parámetro se utilizó el llamado «método generalista» que en nuestro país es la medición del ingreso más bajo del personal de casas particulares, esto es, el trabajo doméstico remunerado (Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, 2020c).

Según los datos recabados en el informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (2020c, p. 10) «El TDCNR representa un 15,9 % del PIB y es el sector de mayor aporte en toda la economía, seguido por la industria (13,2 %) y el comercio (13,0 %). En total se trataría de un aporte de 4.001.047 millones de pesos».

La contribución del TDCNR al PIB es marcadamente desigual en términos de género. Según la evidencia, el 75,7 % proviene de tareas realizadas por mujeres quienes destinan en su conjunto 96 millones de horas de trabajo gratuito a las tareas domésticas no remuneradas, ello significa que realizan más de las tres cuartas partes de ese trabajo. En términos de valorización monetaria, esos datos se traducen en que las mujeres contribuirían anualmente a la economía con 3.027.433 millones de pesos (75,7 %), mientras que los varones con 973.613 millones de pesos (24,3 %). En efecto, las mujeres aportan 3 veces más al PIB en el sector con mayor relevancia y más invisibilizado de toda la economía nacional. Esta contribución equivale a más de dos veces el tamaño del sector de Transporte y Comunicaciones o casi cuatro veces lo que aporta el sector de la Construcción (Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, 2020c).

La pandemia agudizó esa situación porque las medidas implementadas para frenar la expansión del virus incrementaron la actividad doméstica y de cuidado no remunerado. La medición realizada en este contexto evidenció que:

Los números anteriormente exhibidos reafirman la importancia de los cuidados para nuestra economía.

Los datos expuestos reclaman una especial intervención del Estado con políticas públicas que exhorten la «des-romantización» del trabajo de cuidado. Como vienen vociferando a gritos los feminismos desde hace años, «eso que llaman amor es trabajo no pago», trabajo que recae sobre mujeres, que cercena oportunidades y acentúa desigualdades.

Una primera acción gubernamental orientada a reconocer la importancia que revisten los cuidados tanto para el desarrollo económico como para el bienestar de las personas fue la creación, mediante Decisión Administrativa N.º 1745/2020, de una “Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado” bajo la órbita del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad ¹⁸ con la finalidad de diseñar una estrategia integral que promueva una organización social del cuidado más justa y con igualdad de género.

Un órgano de tales características permitirá pensar en políticas públicas trasversales, con perspectiva de género, orientadas tanto a universalizar el derecho al cuidado para las personas en situación de dependencia como a visibilizar, valorar y reconocer la actividad de cuidado como trabajo.

Por otra parte, desde esa Mesa Interministerial se podrán diseñar cursos de acción que permitan democratizar el cuidado y redistribuirlo de un modo más equitativo entre el Estado, las familias y el mercado.

En el marco de sociedades desiguales que acentúan injusticias socio-económicas y de género, es necesario promover políticas que redistribuyan las responsabilidades de cuidado a fin de desmantelar los obstáculos que su injusta distribución produce a la participación económica de las mujeres y, de este modo, alcanzar una mayor justicia distributiva (Rodríguez Enríquez y Marzonetto, 2015).

Los cuidados no son un problema u obligación que atañe a las mujeres sino una cuestión social, por tanto se requiere fomentar la corresponsabilidad no sólo en el ámbito familiar sino también en el social (Varela, 2005). Se requiere una auténtica reestructuración que facilite la distribución del trabajo de cuidado mediante la provisión de mediaciones adecuadas. Esto demanda necesariamente una mayor asignación de recursos por parte del Estado u otras agencias organizadas que asuman esa responsabilidad (Molyneux, 2005).

En síntesis, reafirmando que lo personal es político, la exigencia es trazar nuevas configuraciones en la relación Estado/Mercado/Sociedad, repensar el cuidado desde un lugar de vínculos y alianzas que trascienden el ámbito familiar. Hay que despojarlo del romanticismo tejido en torno a él para politizarlo, esto es, colocarlo en la agenda no sólo como una cuestión trascendental para la vida y el bienestar de las sociedades sino como una urgencia que el Estado debe resolver en forma conjunta con otros actores.

La forma en que se organiza socialmente el cuidado tiene implicancias para el logro de la igualdad de género porque reafirma o deconstruye los roles tradicionales vinculados a la feminidad, la maternidad y el cuidado (Esquivel et al., 2012).

Todo curso de acción establece o reconfigura relaciones sociales a partir de roles, funciones y responsabilidades que amplían derechos o agudizan desigualdades estructurales preexistentes (Faur, 2014).

Las luchas de los feminismos han logrado poner en «agenda» la necesidad de repensar las intervenciones del Estado en base a una mirada superadora de las conceptualizaciones que recogen las políticas públicas vigentes. En este marco, se ha advertido sobre la necesidad de una verdadera acción política que permita extinguir la dominación masculina perpetuada a través del tiempo.

La vigencia de estereotipos de género que conciben el ámbito público como un espacio reservado «naturalmente» a los hombres y la esfera privada-doméstica como «propia» de las mujeres conspira contra la igualdad de derechos y refuerza la situación de desigualdad estructural.

Modificar esa situación exige que las políticas públicas contemplen cursos de acción orientados a derribar la dimensión histórica y social y el andamiaje simbólico y cultural de asignación de tareas a fin de revertir la feminización o masculinización exclusiva de las actividades.

El TDCNR es una problemática social estructural que se ha agudizado gravemente en el contexto emergente acentuando las desigualdades de género. Por tanto, la crisis del cuidado reclama una sólida intervención estatal que supere tanto la mirada cortoplacista como las respuestas fragmentarias que dominan el escenario.

Pensar el cuidado en tiempos de pandemia exige hacerlo desde la intersección entre las relaciones sociales y de género. En este orden, las políticas públicas deben dar respuestas sobre quién/es y cómo se proveen los cuidados para reducir las brechas de desigualdad. Los cuidados no deben habilitar abusos de poder ni violación de derechos adquiridos; deben potenciar formas solidarias, afectivas y profesionales que evidencien no sólo autonomía sino también las relaciones políticas y sociales que lo atraviesan (Ramacciotti, 2020).

La pandemia, como nos advierte García Delgado (2020) nos dejará como experiencia social inédita una subjetividad en formación superadora de la individualista e insolidaria del capitalismo neoliberal. Esa nueva forma de relación individuo-comunidad exige otra configuración política y un replanteo no sólo de la relación con el Estado sino de temas nodales como el cuidado y las solidaridades públicas estatales y territoriales.

La salida del tsunami, según sostiene Barrancos (2020), debe reconducir a establecer nuevos parámetros vinculares sustentados en la exigencia de protección que se le reclama al Estado y en el respeto a los derechos humanos en términos sociales, étnicos, sexuales, etc. Ello exige poner freno a la dominación patriarcal. El contexto emergente confirma la urgencia de «políticas públicas que busquen mayores umbrales de justicia social desde una perspectiva feminista» (Goren et al., 2020a, p. 42).