1. INTRODUCCIÓN. 2. MARCO TEÓRICO: TEORIZANDO LA EMERGENCIA DE LA GOBERNANZA TRANSNACIONAL PRIVADA DESDE EL ESTRUCTURALISMO CONSTRUCTIVISTA. 3. METODOLOGÍA. 4. LA CORPORACIÓN MONSANTO EN ARGENTINA. 4.1. LA SOJA: PRODUCTO CLAVE EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA ARGENTINA. 4.1.1. La endeble regulación corporativa en el campo nacional y las reacciones simbólicas en el campo público global. 4.1.2. De lo nacional a lo regional: Las coincidencias del Mercosur con el Estado-Nación argentino en la escasa regulación corporativa. 4.1.3. Los programas de responsabilidad social y el poder simbólico. CONCLUSIÓN. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Este artículo analiza la Regulación Privada Transnacional (RPT) a partir de un estudio de caso basado en la participación de la corporación Monsanto en la Argentina desde el año 2001 hasta la venta de la Multinacional en 2016, desde el estructuralismo constructivista de Pierre Bourdieu.

En los últimos años, ha habido un interés creciente en el ámbito de las políticas públicas por el nuevo paradigma de gestión de la RPT. Este tipo de marco regulatorio que surgió en el contexto de la globalización se define como un:

En la RPT emergen nuevos actores que generan una autorregulación y un autogobierno –sin autoridad formal– que involucra y afecta a la sociedad civil y que reemplazan las tradicionales actividades de control y legislación del Estado Nación y del derecho internacional, en donde la autoridad estaba circunscripta a los gobiernos nacionales que presentaban estructuras jerárquicas claramente definidas (Bell y Hindmoor, 2009; Rosenau y Czempiel, 1992).

El devenir de la RPT ha sido posible a partir de una serie de factores contextuales. Por un lado, fue necesario el desarrollo de las comunicaciones y la revolución de la información, que hizo posible la interacción e intercambio entre los actores emergentes. De esta forma, fue posible que se establezcan relaciones entre distintos agentes a nivel mundial, en forma de constelación.

Por otro lado, esta nueva estrategia de regulación y control emerge con fuerzas durante el neoliberalismo, un orden que se caracteriza por la desregulación económica, el libre mercado y una desconfianza hacia la regulación pública. La delegación de las distintas instancias de la administración estatal para la regulación de las actividades económicas –que no implica la ausencia del Estado (Graz y Nölke, 2012)– se dio paralelamente con la emergencia de nuevos actores legítimos de la sociedad civil en el mundo occidental, que se manifestaron a través de las conocidas Organizaciones sin Fines de Lucro. Sin embargo, como veremos en este artículo, en Argentina la RPT ha estado presente incluso en el estado pos-neoliberal, a partir de la crisis del 2001, momento en el que el Estado asume nuevas responsabilidades y en donde la redistribución y la inequidad constituyen la agenda de gobierno (Grugel y Riggirozzi, 2012).

La RPT ha recibido numerosas críticas en relación con sus déficits democráticos (Alberada Vivó, 2009). Varios autores han cuestionado la legitimidad de estas alianzas al señalar que tanto el acceso a la participación como el poder de decisión dentro de las mismas es limitado. Esto responde a que la conformación de alianzas es voluntaria y por lo tanto discrecional ya que no todos los actores globales están igualmente representados. De hecho, las organizaciones del hemisferio sur no suelen estar igualmente incluídas que sus pares del norte, lo que socava la posibilidad de defender los intereses de ciertos sectores. Por otro lado, se cuestiona que el poder de los actores dentro de las alianzas es asimétrico, porque las corporaciones transnacionales son las que dominan las relaciones mientras que los representantes de la sociedad civil ocupan un lugar relegado ya que no participan en el proceso de toma de decisiones (Bexell et al., 2010). A su vez, esta incapacidad para influir en el proceso de toma de decisión se refleja también en la falta de mecanismos de las ONG para monitorear y hacer cumplir las regulaciones de las distintas actividades. En cuanto a las limitaciones espaciales, la TPG se apoya en esquemas de integración regional que les dan soporte a los acuerdos cooperativos y en muchos casos, al no estar del todo desarrollados, se dificulta la implementación de esta estrategia. Por último, las críticas también se han centrado en las limitaciones normativas para responder a los problemas sociales, pese a la implementación de los programas de responsabilidad social corporativa (Graz y Nölke, 2012).

El estudio de caso del presente artículo analiza el uso extensivo de glifosato (conocido comercialmente como Round Up Ready) de la corporación Monsanto que se utiliza para intensificar la producción de soja. Desde finales del siglo pasado, Argentina orientó la producción agrícola hacia este cultivo dado el elevado precio internacional (Bianchi y Szpak, 2017). Esta estrategia económica orientada al mercado internacional contribuyó a su recuperación económica tras la crisis de 2001 (Zarrilli, 2016; Rapoport, 2010), a la vez que implicó una tendencia hacia la reprimarización económica, al consolidar el fenómeno conocido como «el consenso de las commodities» (Svampa, 2013).

Si bien esta práctica conllevó ciertos beneficios económicos, fue cuestionada por sus diversas consecuencias. En cuanto al impacto ambiental, el modelo sojero provocó una deforestación masiva, una tendencia al monocultivo que rompe con el equilibrio del ecosistema y provocó la degradación de la tierra (Montenegro et al., 2005; Aizen et al., 2009). En cuanto a la distribución de la propiedad, la producción de soja implicó un nuevo tipo de organización territorial en la que se incrementó la concentración de tierras (Teubal, 2003). Este proceso conocido como «acumulación por desposesión» significó que población indígena, pequeños productores y terratenientes fueran expulsados del campo frente a la aparición de pools de siembras promovidos por capitales financieros transnacionales (Teubal et al., 2008).

Con respecto al impacto en la salud humana, varias ONG y organizaciones médicas han alertado sobre los riesgos del uso del glifosato en la población por considerarlo cancerígeno (Agosto, 2016; RALLT, 2015). De hecho, en 2019, la corporación fue condenada en Estados Unidos a partir de una demanda en la que un jubilado contrajo cáncer por manipular el producto Round up Ready (AFP, 2019). Sin embargo, en la Argentina, la falta de legislación a nivel nacional y supranacional no ha evitado que se propague su uso. Tampoco lo han impedido los actores que integran el nuevo espacio público global de la RPT.

Por lo tanto, el objetivo de investigación de este artículo consiste en analizar la regulación corporativa de los actores que integran el emergente campo público global y el tradicional campo nacional, desde la teoría de los campos de Pierre Bourdieu. Para ello, se indaga la relación entre la corporación Monsanto en Argentina y el resto de los agentes que participan en el marco de la RPT, considerando las dimensiones políticas, económicas y simbólicas, entre la crisis del 2001 y la venta de la compañía en el 2016. El enfoque sociológico adoptado permitirá centrarse en las relaciones entre diversos actores que participan simultáneamente en distintos campos y permitirá contestar ¿Cómo son las relaciones entre la corporación y el resto de los actores en el campo público global? y, por lo tanto, ¿cuál es la capacidad reguladora del nuevo campo? Por otro lado, ¿Qué posición ocupan los actores tradicionales encargados de llevar a cabo la regulación corporativa en el campo nacional y a qué obedece dicha posición?

El caso argentino evidencia la asimétrica relación de poder entre los distintos actores que intervienen en la RPT. La corporación ha desplegado distintos mecanismos para perpetuar su actividad económica pese a los efectos nocivos sobre la población. La regulación corporativa ha estado débilmente desarrollada tanto en el campo público global como en el campo nacional. A este último se recurre como una nueva instancia, tras la emergencia fallida del campo público global. En cuanto a la falta de regulación estatal en el campo nacional se sostiene que la inacción del Estado obedece a los ingresos que obtiene de la actividad agrícola a partir de su modelo productivo, que es estratégico para una estructura económica primarizada. En este sentido, el gobierno y la corporación son socios estratégicos en la explotación de recursos naturales, pendientes en la obtención de divisas, lo que le permite cumplir con sus obligaciones financieras, para un país caracterizado por las crisis económicas recurrentes (Rapoport, 2010). Por lo tanto, el modelo neoextractivista con sus consecuencias sociales y ambientales son parte del costo que el gobierno debe estar dispuesto a asumir para reproducir su modelo de acumulación (Svampa, 2018).

Este documento está organizado de la siguiente manera: primero se expondrá el marco teórico desde el cual se analiza la experiencia de Monsanto en Argentina. Se sostiene que por tratarse de una investigación que se centra en las relaciones entre actores, la teoría de los campos de Pierre Bourdieu resulta pertinente para la misma. En segundo lugar, se especifica la metodología utilizada en el presente estudio de caso. Luego, se contextualiza a la Corporación Monsanto en Argentina, considerando las dimensiones económicas, medio ambientales, socio-territoriales y el impacto en la salud de dicha actividad. Esto servirá para comprender la relevancia de esta problemática e introducir el posterior análisis de las relaciones entre los distintos actores. Entre ellos se encuentran la capacidad regulativa de los actores en el campo público global y en el campo nacional. Por último, se aborda el poder simbólico de los programas de responsabilidad social.

Analizar la experiencia de Monsanto en Argentina en el contexto de la RPT requiere definir un marco teórico que contextualice el accionar de los distintos actores que participan y se ven influenciados por esta práctica. Como la RPT implica interacciones y vínculos entre distintos actores globales y locales, el desempeño de los mismos debe ser analizado por una perspectiva que se centre en las relaciones, en el posicionamiento de los actores y que permita captar las dimensiones simbólicas de cada una de ellas. Esto nos acerca a la Teoría de los Campos del estructuralismo constructivista impulsada por Pierre Bourdieu, un enfoque relacional que considera simultáneamente la estructura (parte objetivista, el campo) y la agencia (parte subjetivista, el habitus). Centra su análisis en el complejo entramado de relaciones entre actores y permite comprender sus acciones de acuerdo a la posición que ocupan en el campo social.

Según Bourdieu, el Estado detenta el monopolio de la violencia física y simbólica legítimas en el campo nacional (Bourdieu, 2015). En el marco de la RPT, las relaciones entre distintos actores se complejizan ya que las corporaciones internacionales y los actores de la sociedad civil establecen distintos tipos de alianzas y ejercen un nuevo tipo de gobernanza, por fuera del Estado nación, lo que algunos autores han llamado el nuevo espacio público global (Ruggie, 2004). Desde la teoría de los campos, en términos de Bourdieu este espacio podría denominarse campo público global, que carece de territorialización. La vinculación en este nuevo campo implica una reubicación del poder regulatorio en dos sentidos; Las responsabilidades que tradicionalmente estaban circunscriptas a la esfera Estatal en el campo nacional son delegadas a agentes privados, y a la vez que hay un pasaje del ámbito doméstico al ámbito global. Esto ha derivado en la creación de normas y reglas a nivel global que existirían por fuera del contexto nacional (Newell, 2008, p. 526).

Como el Estado nación se encuentra dotado de poder y de autoridad simbólica, y construye lo real social a partir de la nominación oficial del mundo social, hecho que le permite legitimar las relaciones de dominación (Bourdieu, 2015), es de esperar que en el nuevo paradigma estas facultades sean compartidas o cedidas a los actores del campo público global. En este sentido, la RPT implica un intento por saltearse el monopolio de la violencia física y simbólica legítima del Estado al extrapolar la construcción de sentido desde el campo nacional al campo público global.

Desde la teoría de los campos, las corporaciones participan simultáneamente en campos yuxtapuestos: En el campo nacional, como actores –principalmente– económicos, y en el campo público global como actores creadores de normas, que legitiman sus propias actividades económicas a través de un ejercicio asimétricamente compartido de regulación y control. Así, tanto las tareas como los espacios en los que participan las corporaciones se ven ampliados, lo que implica un cambio en las relaciones de poder entre distintos actores que integran el campo nacional.

La delegación de tareas que hacen los Estados nacionales a las alianzas emergentes permite que la corporación oficie simultáneamente como actor y árbitro ya que, en la RPT, las corporaciones desarrollan la autorregulación. La esperable lucha entre actores que se da dentro de los campos se traslada a la función de árbitro en la que la corporación ahora también participa. En el campo público global, la corporación integra activamente la nueva constelación de actores, influyendo en la creación y modificación de normas, en el acceso y difusión de información, y en la regulación de actividades.

Dentro de estas alianzas globales, las ONG están llamadas a monitorear el desempeño de las corporaciones ya que han adaptado mecanismos de regulación pública en el ámbito internacional (Ruggie, 2004). Los defensores de este paradigma sostienen que estas organizaciones cuentan con la capacidad de poner en la agenda pública los temas de interés local. Es decir, su principal poder se sustentaría en el capital social, en términos de Bourdieu. Sin embargo, esta perspectiva desconoce tanto la discrecionalidad de esos temas como la asimétrica relación de poder con la corporación. En relación al primer punto, los intereses que motivan a la participación de los sujetos en las organizaciones de la sociedad civil dependen de los intereses que haya en ese campo, por lo que el grado de involucramiento y representación estará sesgado (Cutler, 2003; Alberada Vivó, 2009).

Respecto a las relaciones de poder, como las alianzas son de carácter voluntario y carecen de reglas para la participación, finalmente se constituyen constelaciones que son el resultado de las relaciones de poder y las luchas de ese campo (Falkner, 2003; Graz y Nölke, 2012). Por lo tanto, como la posición en el campo responde a la posesión de capital económico, político y simbólico de cada agente, las corporaciones transnacionales alcanzan una posición privilegiada respecto al resto de los representantes de la sociedad civil (Bexell et al., 2010). Además de la poca influencia sobre la corporación, debe mencionarse que la falta de herramientas de monitore conspira contra ella. Esto puede ser más evidente en contextos de pobreza en los países emergentes.

Si bien puede haber casos en los que los actores de la sociedad civil participes de las alianzas detecten el incumplimiento de las reglas acordadas, estos, a diferencia de los mecanismos tradicionales, estarán imposibilitados de ejercer penalizaciones contra la corporación. Las sanciones son de carácter simbólico y el incumplimiento de lo dispuesto solo tiene consecuencias en la reputación. Sin embargo, este daño puede ser contestado: Si el poder de presión de las ONG se apoya únicamente en la comunicación global, contrarrestar esta práctica dependerá de la mayor o menor injerencia que logre la corporación en la agenda global. El auspicio de medios masivos es uno de las tantas estrategias en la que las empresas pueden utilizar tanto para mejorar su reputación como para inhibir voces críticas.

Por todo esto, el emergente campo público global institucionaliza las asimétricas relaciones de poder de los distintos actores ya existentes en el campo nacional. La asimétrica relación de poder y la precaria capacidad de los actores para ejercer la regulación corporativa amplía el margen de maniobra de las corporaciones. De legitimarse el nuevo campo público global emergente de la RPT, la corporación podrá ejercer su violencia simbólica, logrando sumisiones que no serán percibidas como tales, transformando así las relaciones de dominación y de sumisión en relaciones legitimas (Bourdieu y Passeron, 2001).

Como actor que participa dentro del campo nacional, pero que nunca desconoce que su procedencia no lo es, la corporación se apoya sobre su poder desterritorial. Esto implica que, para el resto de los actores, la identificación de la corporación y la de sus responsabilidades se complejiza. En su carácter de huésped extranjero, la corporación transnacional siempre cuenta con la posibilidad de salirse del campo nacional o salirse y volver a entrar bajo otra forma u otro aspecto, hecho que la diferencia y fortalece respecto a los actores locales. El cambio de titulares, la venta de la compañía a otra corporación o un «refresh» institucional que incluyan programas de responsabilidad social son ejemplos de estrategias que permiten no solo disuadir las luchas dentro de determinado campo sino también contrarrestar el desprestigio y, por lo tanto, la pérdida de capital simbólico.

Para el estudio de caso de este artículo, el capital simbólico de la corporación Monsanto no solo se funda en la creencia sobre la efectividad del producto que la misma tiene para ofrecer en el campo nacional. Es también en su carácter de agente extraterritorial de donde deviene su legitimidad como actor. Su alcance global reviste de prestigio a la corporación, a partir de una creencia basada en que su eficacia le ha permitido exceder sus fronteras de origen. Esta lógica es aún más penetrante al tratarse de corporaciones cuyos capitales de origen pertenecen a las principales economías del mundo y que aterrizan en economías emergentes.

Como actor local cuyo origen proviene de otro campo es esperable que la corporación no reconozca –y, por lo tanto, no legitime– el capital simbólico del campo nacional del mismo modo que el resto de los actores locales. La falta de un sentido de pertenencia desecha cualquier tipo de nacionalismo o sentimiento patriótico que podría emerger en un campo cuyos actores comparten una identidad común y una creencia sobre esa identidad, pese a las ya conocidas dificultades que presenta el mundo contemporáneo para ello (Bauman, 2015). Si además se tiene en cuenta la mencionada posibilidad latente con la que cuenta la corporación internacional de salirse del campo nacional frente a cualquier conflicto o eventualidad, existen menos razones para que la corporación ajuste su compromiso al sentido local. Esto hace que sea esperable que la corporación desarrolle relaciones y acciones más ajustadas a los propósitos que implicaron su llegada a ese campo, es decir a sus propósitos económicos.

Con respecto a las políticas sociales, la RPT descansa en la responsabilidad corporativa de las corporaciones. Como el poder simbólico, entendido como poder de constituir lo dado por la enunciación de hacer ver y hacer cree, de confirmar o transformar la visión del mundo (Bourdieu, 2006), el desarrollo de políticas públicas por parte de la corporación implica también la producción y reproducción de poder simbólico, que ya no estará ajustado a los intereses del Estado –amparado en la voluntad popular–, sino a los propios intereses corporativos.

Por último, cabe mencionar algunas particularidades del campo nacional donde se sitúa el presente estudio. El Estado-Nación argentino encuentra la reproducción de capital económico a partir de las divisas obtenidas por la exportación primaria. El boom de los commodities –particularmente de la soja– a principios del siglo xxi coincidió con un cambio político significativo, en donde el Estado volvió a ocupar un lugar central, lo que implicó una redefinición de la relación entre el Estado y la sociedad. La crisis económica, política e institucional del 2001, marcó el alejamiento del paradigma neoliberal asociado al Consenso de Washington. El Estado post-neoliberal que emergió trajo consigo objetivos de redistribución económica, pero su financiamiento fue posible por el alto precio de los commodities que alentaron el modelo agroexportador (Giraudo, 2021). En este sentido, la elite política se apoyó en el «Consenso de las Commodities» que fue central para su reproducción, es decir, reproducir de su capital económico, político y por lo tanto simbólico. Este tipo de modelo presenta ciertos riesgos, por la propia lógica financiera que, inmiscuída en la actividad agrícola ha incrementado la volatilidad de precios y por lo tanto, la previsibilidad a largo plazo (Rossi, 2013; Teubal et al., 2008).

En pos de la persecución y reproducción de esos capitales, es de esperar que el Estado reproduzca esa lógica económica y esto podría implicarle establecer ciertas alianzas con otros actores que contribuyan a legitimar su posición en el campo. Esto toma una trascendental importancia si se considera la particular historia económica argentina y sus crisis económicas recurrentes, lo que exige a las elites gobernantes la permanente búsqueda de acrecentar los ingresos del Estado (Rapoport, 2010).

Para analizar los límites de la RPT a partir del estudio de caso de la corporación Monsanto en Argentina, este artículo presenta un análisis descriptivo, recurriendo a una interpretación conceptual del conjunto de datos, ajustado al marco teórico de Pierre Bourdieu. Se emplean métodos de investigación cualitativa, utilizando como fuentes otras investigaciones científicas, datos oficiales, artículos de periódicos e informes públicos, y estadísticas descriptivas. En primer lugar, la utilización de otras investigaciones científicas que abordan la RPT advierten a este artículo sobre las problemáticas existentes en relación al nuevo paradigma. En segundo lugar, los datos oficiales de los actores que participan de esta investigación expresados a través de sus propios medios de comunicación, como las webs oficiales, permitirán conocer en profundidad el alcance discursivo (y simbólico) de la temática en los diversos actores. En tercer lugar, las crónicas periodísticas serán utilizadas para recrear los acontecimientos locales en relación a la experiencia con el glifosato. Por último, los informes públicos y los datos cuantitativos oficiales servirán para analizar las consecuencias de las experiencias de Monsanto en el Marco de la RPT.

Monsanto, originada en 1901, ingresó a Argentina en 1956, dedicándose a la producción de plásticos. Fue a partir de 1978 que su actividad se direccionó hacía la producción de agroquímicos y biotecnología, destinados a la agricultura. En las últimas décadas intensificó la ingeniería genética de semillas y produjo numerosos herbicidas, entre ellos el glifosato, comercializado bajo la marca Roundup Ready. En el año 2001, la patente de Monsanto sobre el glifosato venció, por lo que la empresa creó semillas genéticamente modificadas para ser tolerantes al glifosato (Pedemonte Castro, 2017). Para el año 2012, Monsanto manejaba el 80 % del mercado de las plantas transgénicas a nivel global, con gran participación en Latinoamérica (Montenegro, 2012). El boom de los precios por las materias primas durante la primera década del siglo xxi provocó que los países de la región (principalmente Argentina, Paraguay y Brasil) adoptasen una estrategia de cultivo basada en los designios del mercado internacional, es decir en el «consenso de lascommodities» (Svampa, 2013, pp. 30-45).

En el marco de la TPG, en el año 2009, Monsanto se unió a «Global Compact», que es una iniciativa voluntaria de sostenibilidad y ciudadanía corporativa que nace de una secretaría de la ONU. Actualmente, esta iniciativa es la más grande del mundo, con más de 1700 empresas adheridas y ONG transnacionales, y promueve diez principios para hacer negocios. De este modo, la alianza con presencia en el campo público global que a la vez incluye actores en el campo nacional, regularía la actividad corporativa.

En los últimos años, la corporación ha sido cuestionada por distintas organizaciones de la sociedad civil por los efectos nocivos que producen sus productos. Numerosos estudios han señalado que el glifosato genera malformaciones durante el desarrollo embrionario de los vertebrados y a su vez, se ha registrado un aumento significativo de casos cáncer y malformaciones en zonas donde este producto se ha aplicado de manera masiva (Bravo y Naranjo, 2016, p. 237; RALLT, 2015). La Corporación ha sido ampliamente repudiada, alcanzado altos niveles de desprestigio.

Mientras que en el campo público global la peligrosidad sigue siendo discutida según las iniciativas que emergen en el campo nacional, en el año 2019 Monsanto fue condenada por segunda vez por negligencia en los Estados Unidos porque un jubilado contrajo cáncer al manipular este producto en su jardín. Por su parte, la Unión Europea comenzó a cuestionar el uso del glifosato, aunque finalmente lo autorizó hasta 2022, mientras que algunos Estados como Alemania, Francia y Luxemburgo han prohibido su uso (RFI, 2019; El país, 2017; Argüelles Ramos, 2020; Menéndez, 2020). En 2016, Monsanto fue comprada por la empresa Bayer, que ha decidido destinar 11.000 millones de dólares para contestar a los 125.000 demandantes en Estados Unidos por casos de cáncer (Burger y Bellon, 2020). La compra de Bayer, una empresa que se encuentra posicionada positivamente en la sociedad (Cosentino, 2019), ha permitido perpetuar la utilización del glifosato pese a sus consecuencias en la salud humana. En Argentina, la utilización de este producto sigue siendo permitida, aunque algunas instancias municipales han regulado su uso.

El caso argentino evidencia la conjunción de endebles actores en la regulación del glifosato en el proceso de producción de soja, hecho que garantiza la extensión del modelo productivo en el campo nacional. Por un lado, se encuentran los actores que participan del emergente campo público global destinados a regular la actividad corporativa (como las organizaciones de la sociedad civil) que han sido ineficaces dada la asimétrica relación de poder dentro de este campo. Si bien la RPT sostiene que los actores de la sociedad civil están llamados a afectar la reputación y credibilidad de la Corporación, y efectivamente cuentan con esas facultades ya que el caso argentino así lo evidencia, se desconoce el poder de contestación, recuperación o transformación de la pérdida de capital simbólico, lo que permite perpetuar la actividad corporativa. La judicialización de las ONG, los programas de responsabilidad social y la venta de la compañía a Bayer respectivamente dan cuenta de esta estrategia. Por lo tanto, el espacio público global se consolida como un ámbito en el que cada temática es objeto de discusión y contestación, y esta falta de definiciones permite perpetuar el daño. En este sentido, se trata de un campo que es creíble y reconocido, pero no legítimo.

La falta de respuestas en el campo público global provocó que las principales víctimas del uso de glifosato finalmente recurran a las instancias tradicionales del campo nacional, como el poder judicial y las intendencias locales, que fueron las que lograron regular la actividad corporativa. Esto indica que el Estado Nación, en sus distintos niveles de administración pública aún conserva el monopolio de la violencia física y simbólica legitima. Sin embargo, se ha evidenciado que el uso de las facultades estatales resulta ex post, sobre daño consumado. Esta omisión a priori de la regulación corporativa responde a la necesidad económica y simbólica de reproducir el modelo sojero. Entre 1991 y 2017, el consumo de herbicidas estuvo fuertemente asociado al valor internacional del precio de la soja, lo que comprueba que la regulación del glifosato estuvo regida por el consenso de los commodities y no por las alianzas globales, tal como profesan los defensores de la RPT. En este marco, la ausencia del Estado argentino en la regulación corporativa y la falta de institucionalización del Mercosur obedece a los ingresos que se obtienen de esta actividad, que son estratégicos para la estructura económica primarizada. Los gobiernos y las corporaciones son aliados en la explotación de los recursos, pendientes de la obtención de divisas para cumplir con sus obligaciones financieras. Este modelo productivo basado –circunstancialmente– en la producción intensiva de soja explica la falta de objetivos ambientales y cuidados sanitarios.

Por último, debe considerarse la responsabilidad social corporativa que, si bien en la mayoría de los casos presenta un alcance limitado, esta práctica conlleva aspectos simbólicos. Sobre estas, las corporaciones se presentan libradas de toda obligación, lo que les permite introducirse en el campo público global y en el campo nacional como actores con una decisión voluntaria y altruista, que no necesita de ninguna atadura formal para mantener la conciencia social. Su colaboración se ampara puramente en una cuestión ética, ya que todo aquello que hacen podrían no hacerlo. Esta estrategia legitima a la Corporación al retroalimentar su poder simbólico. A su vez, la «beneficencia» de la corporación, carece de toda responsabilidad formal por lo que no hay un canal oficial que le permita a la comunidad exigirles. Por otra parte, la discrecionalidad de la que parte la responsabilidad corporativa, le permite a la corporación diseñar programas ajustados a su actividad económica. Esto contribuye a reproducir su poder simbólico, al promover y definir una cosmovisión del modelo productivo de una localidad, que legitima la propia actividad de la corporación.

Por todo esto se sostiene que, en el marco de la RPT, el Estado Nacional argentino con sus crisis económicas recurrentes pone en juego parte de su capital simbólico, para reproducir su capital económico, que en parte es necesario para mantener su capital simbólico. Es decir, el Estado, sin ceder el monopolio de la violencia física, habilita la construcción de sentido (o violencia simbólica) a la corporación porque precisa de esta para maximizar el ingreso de divisas y hacer frente a las obligaciones financieras, tanto en el campo nacional y en el campo internacional.