INTRODUCCIÓN. 1. MARCO CONCEPTUAL Y ANALÍTICO. 2. MÉTODO. 3. RESULTADOS. 3.1. INDICADORES DE DESIGUALDAD, INSTRUMENTOS Y/O FORMA DE OPERACIONALIZARLOS. 3.2. VARIABLES DEPENDIENTES SOBRE LAS QUE SE ESTUDIÓ EL ROL DE LOS INDICADORES DE DESIGUALDAD. 3.3. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS FOCALIZADOS EN EL ROL DE LOS INDICADORES DE DESIGUALDAD. CONCLUSIONES. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Desde fines del Siglo XX las tecnologías de la información y comunicación (TICs) han crecido generando transformaciones a nivel social, político, económico, institucional y cultural (Castells, 1995). Los gobiernos han registrado las demandas sociales asociadas a las TICs incorporándolas en sus modelos de gestión, por ejemplo, incrementando la cantidad de trámites en internet (García Santiago et al., 2021). Este tipo de acciones se vinculan a lo denominado Gobierno Electrónico (GE). El uso de las herramientas de GE varía según los países, siendo más bajas las tasas en países en desarrollo que en países desarrollados (p. e., Ghareeb et al., 2018). Además, en los países latinoamericanos la ciudadanía tiene menos oportunidades de acceso y uso de las TICs que en los países desarrollados (International Telecommunication Union, 2018). Por lo que las posibilidades asociadas a las TICs y al GE han sido aprovechadas por algunos sectores de la población, lo que ha generado nuevas desigualdades (p.e., las tecnológicas) o profundizado las existentes. Concretamente, la carencia de recursos económicos, educativos y cognitivos de los sectores sociales desfavorecidos sitúa a estas personas en condiciones poco propicias para acceder, usar y apropiarse de las TICs.

La desigualdad es un problema estructural que demanda respuestas urgentes. En búsqueda de soluciones, en los últimos años, en ámbitos políticos y académicos, se ha sido discutido e investigado el vínculo entre las desigualdades sociales, económicas y tecnológicas; y las formas en las que unas inciden o refuerzan a otras (Benítez Larghi, 2017). Particularmente, en el ámbito académico incrementó el desarrollo de los estudios sobre brecha digital (Álvarez Rodríguez, 2021). Ahora bien, la evidencia empírica obtenida en países en desarrollo, específicamente en Latinoamérica, sobre el rol de la desigualdad en el GE es escasa (Morales-Urrutia et al., 2020). A su vez, en el campo del GE no existe consenso metodológico para estudiar la desigualdad. Por ejemplo, los investigadores emplean diferentes indicadores de desigualdad, como el ingreso económico y el nivel socioeconómico, y se centran en distintos aspectos del GE, por ejemplo, en el uso e intención de uso de los servicios electrónicos de gobierno.

Por ello, cabe preguntarse cuáles son los indicadores de desigualdad frecuentemente empleados en el campo de estudio del GE, cómo se han operacionalizado, sobre qué variables de adopción de GE se ha estudiado su efecto y qué resultados se han encontrado. En pos de contribuir a ese campo de conocimiento, en este trabajo nos propusimos revisar estudios empíricos, realizados en países desarrollados y en desarrollo, que analizaron el rol de indicadores de desigualdad, como el ingreso y el nivel socioeconómico, en el uso, intención de uso y adopción del GE.

A nivel global, la desigualdad es cada vez más acuciante, el 1 % más rico de la población posee más riqueza que el 99 % restante (Hardoon et al., 2016). América Latina es una de las zonas más desiguales del planeta (Kliksberg, 2018); el coeficiente de Gini muestra que en 2019 América Latina estaba casi a 10 puntos por encima de países líderes mundiales como los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La desigualdad no sólo se refleja en el ingreso y riqueza, sino también en el acceso a la educación, la salud y la tecnología (Kliksberg, 2012). Con el avance en el desarrollo tecnológico se han puesto en evidencia las desigualdades en el acceso a las TICs, emergiendo así el concepto de brecha digital.

La brecha digital refiere a la imposibilidad de uso, acceso y apropiación de las TICs por parte de amplios sectores de la población (Goldstein, 2006; Sunkel y Ullmann, 2019). También, ha sido definida como la brecha entre individuos, hogares, negocios y áreas geográficas en diferentes niveles socioeconómicos con respecto a sus oportunidades de acceso y uso de las TICs para diferentes actividades (OCDE 2001, 2015). Dicha brecha refuerza brechas sociales preexistentes, y a su vez, es consecuencia de las mismas. Según Katz et al. (2020), en América Latina la brecha digital se ha agravado el último año principalmente por el impacto de la pandemia del COVID-19. El índice de resiliencia digital (cálculo que considera el uso de internet para, bajar apps educativas y de salud, realizar operaciones de comercio electrónico y usar fintech) muestra que el promedio ponderado latinoamericano es de 30.70, mientras países de la OCDE alcanzan valores de 54 (en una escala de 1 a 100). A su vez, hay diferencia en los índices entre los países dentro de la región, por ejemplo, Chile tiene un índice de 41.14, Argentina de 33.87 y Bolivia de 6.23.

Para disminuir la brecha digital los gobiernos de la región de América Latina y el Caribe han destinado recursos a la generación de agendas políticas para las TICs (Lago Martínez, 2016). Según la CEPAL (2013), desde los años 90 hasta el 2007, las políticas sobre las TICs se focalizaron en su adopción por parte del Estado y en la disminución de la brecha digital entendida como acceso. Posteriormente y hasta la actualidad, dichas agendas han incluido otras iniciativas como el uso y la adopción de las TICs por parte de la población y de los sistemas educativos y el empleo del Gobierno Electrónico. El Gobierno Electrónico (e-Government en inglés) refiere al uso de las TICs por parte del sector público con el objetivo de mejorar el suministro de información y la calidad de vida de la ciudadanía eliminando las barreras de tiempo y espacio, facilitando las comunicaciones y el acceso igualitario a la información e incrementando el intercambio colaborativo (Concha y Nazer, 2012).

El Gobierno Electrónico (GE) es aplicado internacionalmente en diferentes dependencias estatales (Nacional, Provincial y Municipal) ofreciendo beneficios a la ciudadanía. No obstante, el uso de las herramientas de GE varía según los países (p.e., Ghareeb et al., 2018; Idris, 2016), siendo más bajas las tasas en países en desarrollo como Egipto, Jordania y Zambia (ver Abbassy y Mesbah, 2016; Abu-Shanab, 2012; Bwalya, 2009) que en países desarrollados como Australia, Canadá y Nueva Zelanda (World Bank, 2016). A su vez, según el Índice de Desarrollo de TICs (IDI), los países latinoamericanos se ubican en la posición 34 o más abajo en el ranking de ITU (International Telecommunication Union, 2018). Es decir, en estos países la ciudadanía tiene menos oportunidades de acceso y uso de las TICs que en los países desarrollados. Según Ghareeb et al. (2018) los países en desarrollo han invertido más en sistemas básicos de administración que en las transacciones con la ciudadanía, siendo la baja tasa de uso de los servicios electrónicos uno de los principales obstáculos para el éxito de los proyectos de gobierno. Al respecto, Mustafa et al. (2020) señalan que los gobiernos deben reconocer que el éxito en la implementación de herramientas tecnológicas no depende únicamente de la mejora en la gestión administrativa, sino también de la demanda de la ciudadanía y su adopción a los servicios en línea. Por lo que la perspectiva de la ciudadanía es primordial para incrementar el uso y adopción de los servicios electrónicos.

La adopción del GE refiere a la intención de la ciudadanía de participar en la actividad gubernamental, acceder a la información y recibir servicios gubernamentales en línea (Warkentin et al., 2002). También se define la adopción del GE como la intención de utilizar o la voluntad de usar servicios gubernamentales electrónicos (Kumar et al., 2007). A su vez, la adopción de sistemas informáticos incluye la post-adopción, es decir, el uso continuo y frecuente del servicio electrónico (Daqing, 2010). Así, la comprensión de los factores que influyen en el uso y adopción de los servicios electrónicos por parte de la ciudadanía es crucial para que quienes gestionan las organizaciones públicas impulsen el uso de los canales electrónicos en la ciudadanía.

En la actualidad existen diferentes modelos teóricos que proponen distintos factores determinantes de la aceptación y adopción de las TICs. Entre ellos, algunos de los más empleados (Chatzoglou et al., 2015) son: la Teoría de la Acción Razonada (Theory of Reasoned Action en inglés; Fishbein y Ajsen, 1975), el Modelo de Aceptación de Tecnología (Technology Acceptance Model en inglés; Davis, 1989), la Teoría de la Difusión de la Innovación (Innovation diffusion theory en inglés; Rogers, 1995). Ahora bien, estos modelos teóricos se sustentan principalmente en evidencia empírica obtenida en países desarrollados, siendo escasos los estudios ejecutados en países en desarrollo, especialmente en países de Latinoamérica (Morales-Urrutia et al., 2020; Mustafa et al., 2018).

A su vez, estudios posteriores que aplicaron estos modelos han encontrado que la varianza explicada en la adopción de GE es baja y otras variables resultan ser más explicativas, como la confianza en el gobierno (López-Sisniega, Gutierrez-Diez et al., 2016) y la competencia digital (Mercy et al., 2020). Además, en el campo del GE se emplean diferentes indicadores de desigualdad, lo cual dificulta la comparación de los resultados hallados. Específicamente, características socio-demográficas como el ingreso económico, el nivel socioeconómico (NSE) y el estatus social (ES) se han utilizado como indicadores de desigualdad (Ebbers et al., 2016). A su vez, existe evidencia contradictoria sobre el rol explicativo de estas variables en la adopción del GE (p.e., Idris, 2016; Mercy et al., 2020).

Las características socio-demográficas empleadas como indicadores de desigualdad podrían afectar la adopción del GE actuando como barreras de acceso (Letelier Loyola, 2019; Sunkel, 2017). Por ello, en este estudio nos propusimos revisar estudios empíricos que analizaron el rol del ingreso, el nivel socioeconómico (NSE) y el estatus social (ES) en el uso, adopción y/o intención de uso de GE.

Se llevó a cabo una revisión narrativa siguiendo las estrategias metodológicas propuestas por Cronin et al. (2008). Realizamos una búsqueda bibliográfica entre septiembre y noviembre de 2020. Seleccionamos aquellas publicaciones de investigaciones empíricas realizadas en países desarrollados y en desarrollo que midieron el ingreso, el NSE y/o el ES, es decir, características socio-demográficas frecuentemente consideradas indicadores de desigualdad (Bárcena y Prado 2016; Ebbers et al., 2016). La búsqueda se realizó a través de Scholar Google y los descriptores empleados fueron los siguientes: «Socioeconomic Status» OR «Social Status» OR «Income» AND «e-Government use» OR «e-government adoption» OR «intention to use e-government» y sus equivalentes en español: Nivel Socioeconómico; Estatus Social; Ingreso; Uso; Intención de uso; y Adopción del Gobierno Electrónico. El intervalo de tiempo empleado para la búsqueda fue 2015-2020. Además, se examinaron las listas de referencias de los artículos inicialmente seleccionados.

Se incluyeron estudios empíricos, escritos en español o inglés, que mencionaron los descriptores en el título o en el resumen. Se excluyeron artículos que midieron el nivel educativo como sinónimo del NSE. También se excluyeron estudios teóricos, estudios realizados con bases de datos secundarias y tesis de grado y posgrado. Finalmente, para responder al objetivo planteado se identificaron los indicadores de desigualdad utilizados, esto es el NSE, el Ingreso y/o el ES, y los instrumentos empleados para medirlos y/o la forma de operacionalizarlos. Particularmente, desarrollamos los indicadores de desigualdad entendidos como las diferencias observables entre grupos en dimensiones de la desigualdad frecuentemente medidas por investigadores del campo de las ciencias sociales (Bárcena y Prado 2016). Ejemplos de indicadores de desigualdad son: el ingreso, el nivel educativo y el tipo de ocupación. A su vez, se describieron las variables dependientes, es decir, aquellas cuyas variaciones dependen de otras variables, sobre la que se estudió el rol de los indicadores de desigualdad. Específicamente, se analizó la forma de operacionalizar las variables uso, intención de uso y adopción de las herramientas de GE. Por último, para proporcionarle al lector una comprensión más acabada, se delinearon los resultados hallados con foco en los indicadores de desigualdad. Es decir, sólo se describieron los resultados sobre el rol del NSE, ingreso y/o ES en el uso, intención de uso y adopción del GE.

La desigualdad es un problema estructural complejo que requiere respuestas urgentes. Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del planeta, cuya situación se estima empeorará en los próximos años (CEPAL, 2018; 2020). Con la revolución digital emergió la desigualdad digital, afectando especialmente a las personas con menos recursos económicos, materiales y no materiales (Sunkel y Ullmann, 2019). En búsqueda de soluciones se han generado diferentes iniciativas con fines compartidos pero sin estrategias unificadas; como ejemplo, la implementación del Gobierno Electrónico (GE) y el desarrollo de investigaciones sobre la desigualdad digital (Álvarez Rodríguez, 2021). Aunque en el ámbito académico creció el estudio de las desigualdades, la evidencia empírica sobre su relación con el GE es escasa, sobre todo en países en desarrollo (Morales-Urrutia et al., 2020). Incluso, las estrategias metodológicas empleadas por los investigadores son diversas.

Con el propósito de comprender los indicadores de desigualdad y su abordaje metodológico en el campo del GE, este artículo ofrece una revisión del estado del arte sobre el rol del ingreso, el nivel socioeconómico (NSE) y el estatus social (ES) en el uso, adopción y/o intención de uso de GE. Los resultados muestran un predominio del aspecto económico como indicador de desigualdad. Es decir, la mayoría de los estudios se focalizan en medir los ingresos a nivel de individuos u hogares omitiendo particularidades sociales y culturales que inciden en el proceso de adopción de las herramientas de GE (Gómez Navarro et al., 2018). Las variables dependientes uso, intención de uso y adopción se emplearon como sinónimos, omitiéndose la post-adopción y apropiación del GE; aspectos primordiales para incrementar la adopción de las herramientas de GE y reducir la brecha digital (Ghareeb et al., 2018; Sunkel y Ullmann, 2019). Por último, los resultados hallados en los artículos revisados son dispares; en algunos casos el ingreso y el NSE predicen la adopción del GE y en otros no (p.e., Idris, 2016; Inzunza Mejía y López Carmona, 2018).

A partir de esta revisión concluimos que el estudio de la desigualdad en el campo del GE presenta importantes desafíos teóricos y metodológicos. El abordaje de la desigualdad se ha centrado en las dimensiones económicas, evaluándose su impacto en el acceso y uso de las herramientas digitales y empleando instrumentos que responden a un diseño cuantitativo. Además, la desigualdad ha sido operacionalizada como un fenómeno unidimensional primordialmente desde perspectivas metodológicas cuantitativas. En este campo de estudio, los investigadores han olvidado la multidimensionalidad que caracteriza a la desigualdad, el empleo de métodos cualitativos y la medición otros indicadores como la educación informal y la apropiación de las herramientas de GE (Rodríguez-Moneo y Aparicio, 2016; Sunkel y Ullmann, 2019). Así, resulta importante avanzar en la construcción de propuestas teóricas y metodológicas que consideren la adopción y apropiación del GE y permitan comprender el fenómeno desde un abordaje multidimensional y contextual. Por lo que, un reto es conjugar distintos enfoques teóricos (sobre las desigualdades sociales y digitales) y metodológicos (cualitativos, cuantitativos y mixtos) que aborden el objeto de estudio en su complejidad y contexto socio-cultural (Gómez Navarro et al., 2018; Sánchez, 2014; Toudert, 2013).

Con esta revisión ofrecemos una primera aproximación al estado del arte sobre el estudio de la desigualdad en el campo del GE. No obstante, vale señalar algunas limitaciones. Por una parte, sólo se seleccionaron estudios empíricos publicados, sin abarcar la literatura gris. Avanzar en la inclusión de otras fuentes de información como tesis e informes gubernamentales podrían brindar una aproximación más certera sobre este tópico de investigación. Por otra parte, se excluyeron estudios que emplearon el nivel educativo como indicador de desigualdad. Se espera que este trabajo posibilite futuras investigaciones que incluyan este indicador y otros como la edad y el nivel de habilidades con las TICs (p.e., Arcila Calderón et al., 2014; Idris, 2016). A su vez, la heterogeneidad de brechas sociales y digitales que caracteriza a los países y, por ende, a los diferentes estudios combinados en este análisis podría afectar las conclusiones alcanzadas. Al respecto, es importante mencionar que realizamos análisis por subgrupos de países clasificándolos en países con alto y bajo Índice de Desarrollo de TICs (IDI), es decir con mayores y menores oportunidades de acceso y uso de las TICs para la ciudadanía, y los resultados hallados fueron similares. Futuros estudios podrían replicar esta revisión empleando este indicador u otro, como el Índice de desarrollo de Gobierno Electrónico, incluyendo evidencia empírica actualizada y/u otros indicadores de desigualdad (p.e., ingreso, NSE, nivel educativo, nivel de habilidades digitales y edad). Finalmente, se evidencia una clara necesidad de indagar cómo influye la desigualdad en el uso, intención de uso y adopción de las herramientas de GE incluyendo más de un indicador de desigualdad y empleando abordajes metodológicos cualitativos y/o mixtos.

Para finalizar, destacamos que ante el reciente crecimiento de las herramientas de GE, como las aplicaciones móviles gubernamentales, debemos considerar que su éxito depende de la demanda de la ciudadanía y que las mismas podrían potenciar la brecha digital. En esta línea, datos locales muestran que las aplicaciones gubernamentales de la Ciudad de Córdoba tienen pocas descargas y que las más descargadas son valoradas negativamente. A su vez, que las personas con mayor edad y/o menor nivel educativo tienen más dificultades para usar una aplicación gubernamental y que solicitan capacitación para incrementar su uso (Mola et al., 2021). Por lo tanto, resaltamos que comprender el acceso desigual a las herramientas de Gobierno Electrónico resulta relevante para identificar barreras y facilitadores que permitan impulsar la participación en la actividad gubernamental y el acceso a la información y, por lo tanto, contribuir en la disminución de la brecha digital.