INTRODUCCIÓN. 1. ARTICULACIONES CONCEPTUALES ENTRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS. 2. EL CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN POLÍTICAS PÚBLICAS. 3. MECANISMOS INSTITUCIONALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTENSIDADES DE LA PARTICIPACIÓN. 4. CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LAS EVALUACIONES DESDE EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS. 4.1. LOS DERECHOS HUMANOS COMO PARÁMETROS DE DESEABILIDAD. 4.2. EVALUACIONES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO. 4.3. INCORPORAR INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA. 4.4. CONTEMPLAR DIFERENTES FUENTES Y PERSPECTIVAS. 5. PROPUESTA DE CRITERIOS PARA EVALUAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESDE EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS. 5.1. CONTENIDO MÍNIMO DE LOS DERECHOS. 5.2. UTILIZACIÓN AL MÁXIMO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES. 5.3. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 5.4. ACCESO A LA INFORMACIÓN. 5.5. RENDICIÓN DE CUENTAS. 5.6. PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIVIDAD. 6. MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESDE EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS. CONCLUSIONES. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

El derecho a la participación ciudadana se encuentra reconocido en numerosos tratados internacionales de derechos humanos, no solo como un derecho civil y político en sí mismo (ONU [Organización de Naciones Unidas], 1948, 1966; OEA [Organización de los Estados Americanos], 1948), sino también como un estándar transversal y un principio de gestión que debe permear la manera en que los Estados intervienen en la organización de sus políticas a fines de garantizar la diversidad de derechos reconocidos a nivel internacional (Abramovich, 2021).

No obstante, aunque los Estados signatarios de los pactos y protocolos de derechos humanos se encuentran obligados a informar sobre sus avances en materia de derechos ante los organismos de supervisión internacional, no se registran antecedentes que aborden la evaluación de mecanismos institucionales de participación ciudadana desde el enfoque de derechos humanos.

En la bibliografía especializada sobre evaluación de procesos participativos existe un vasto desarrollo de propuestas para evaluar los mecanismos de participación ciudadana desde criterios de calidad democrática. En el año 2006, el Observatorio Internacional de Democracia Participativa (OIDP) elaboró una Guía práctica para la evaluación de procesos participativos, que constaba de una batería de criterios e indicadores para evaluar la calidad democrática de las prácticas participativas impulsadas por los Gobiernos en distintos mecanismos y áreas de políticas. Esta iniciativa luego fue retomada por algunos autores (Jorba et al., 2007; Jorba y Anduiza, 2009; Parés, 2009b; Parés y Castellà, 2009) que, de diversos modos, revisaron y ampliaron los criterios e indicadores establecidos en la guía inicial del OIDP.

En la misma línea, Rodríguez García et al. (2011) elaboraron un esquema para evaluar los presupuestos participativos en la ciudad de Sevilla a partir de criterios que buscaban medir los rendimientos participativos y de agenda-decisorios tomando el género como patrón de comparación y, posteriormente, Ana Ruiz Martínez (2015) desarrolló una propuesta de evaluación de la participación ciudadana en el marco de evaluaciones de carácter integral, que recuperaba aportes de algunos de los estudios anteriormente reseñados (Jorba et al., 2007; Jorba y Anduiza, 2009; Rodríguez García et al., 2011). A decir de la autora, en tales antecedentes se registraba un elevado grado de consenso sobre las dimensiones que evaluar, tales como el diseño del proceso participativo, los participantes, el método y los resultados (Ruiz Martínez, 2015), pero encontramos que el patrón de comparación no emanaba de los principios y estándares del enfoque de derechos humanos.

Por otra parte, al revisar las matrices de indicadores de derechos humanos elaboradas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, 2012) y por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (OEA, 2011, 2015) ² , detectamos una falencia en la incorporación de criterios e indicadores que permitieran evaluar de manera específica los avances en el derecho a la participación ciudadana en los mecanismos institucionales creados a tal fin. En efecto, las matrices del ACNUDH (2012)incluyeron un conjunto de indicadores para evaluar la participación en los asuntos públicos, pero con un fuerte énfasis en la participación electoral, mientras que la OEA (2011, 2015) incorporó como principio transversal el «acceso a la información y a la participación política», pero los indicadores propuestos se centraron en el acceso a la información y no abordaron de manera específica el derecho a la participación ciudadana.

Este recorrido da cuenta de un área de vacancia en esta materia y de la necesidad de diseñar una propuesta de criterios e indicadores para evaluar los mecanismos de participación ciudadana desde el enfoque de derechos humanos, de manera que posibiliten identificar los avances concretos en el ejercicio de este derecho en el marco de los procesos de monitoreo internacionales.

A partir de ello, nos preguntamos: ¿cuáles son las características definitorias de las evaluaciones con enfoque de derechos humanos que las distinguen de las evaluaciones tradicionales? ¿Cuáles son los criterios o parámetros de deseabilidad en estas propuestas de evaluación? ¿Cómo podrían aplicarse tales criterios en la evaluación específica de mecanismos de participación ciudadana? ¿Qué indicadores podrían construirse para orientar una evaluación en esta dirección?

Para responder a esas preguntas, llevamos a cabo una revisión teórica y normativa mediante la que procuramos articular los principales postulados del enfoque de derechos humanos con formulaciones conceptuales y antecedentes de investigaciones procedentes de los estudios sobre participación ciudadana.

Esto dio como resultado la elaboración de un marco conceptual y operativo para la evaluación de mecanismos de participación ciudadana desde el enfoque de derechos humanos y permitió construir una matriz de indicadores (cuantitativos y cualitativos, objetivos y subjetivos, de estructura, procesos y resultados) para monitorear estas experiencias considerando una serie de principios de derechos humanos acordados internacionalmente (tales como la igualdad y no discriminación, el acceso a la información, la rendición de cuentas, entre otros).

Con este trabajo, buscamos contribuir al desarrollo de un diálogo fructífero entre formulaciones teórico-metodológicas que se encontraban hasta el momento desarticuladas (las evaluaciones de mecanismos de participación ciudadana y las evaluaciones con enfoque de derechos humanos) y aportar en la ampliación de herramientas metodológicas para monitorear estas experiencias en pos de una mayor institucionalidad fundada en derechos.

El enfoque de derechos humanos se presenta como un marco conceptual y de acción para guiar a los Estados en la orientación de políticas que garanticen y resguarden los derechos de las personas, a partir de obligaciones jurídicas impuestas por los tratados internacionales de derechos humanos (Abramovich y Pautassi, 2009).

En ese marco, la participación se constituye, en sí misma, en un derecho civil y político reconocido en numerosos instrumentos internacionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) ­establece en su art. 21 el derecho de todas las personas a participar en el gobierno de su país (directamente o por medio de representantes libremente elegidos) y a acceder, en condiciones de igualdad, al desempeño de sus funciones públicas. Por su parte, el art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966) reafirma este reconocimiento al establecer que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; a votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, con voto secreto y sufragio universal, y a tener acceso a las funciones públicas de su país en condiciones de igualdad. A nivel regional, estos derechos políticos se han incluido en el art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 1948).

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) concibe a la participación política como una noción compleja que se manifiesta en «toda actividad de los miembros de una comunidad derivada de su derecho a decidir sobre el sistema de gobierno, elegir representantes políticos, ser elegidos y ejercer cargos de representación, participar en la definición y elaboración de normas y políticas públicas y controlar el ejercicio de las funciones públicas encomendadas a sus representantes» (IIDH, 2001, en Thompson, 2002, p. 84).

Dentro de este gran paraguas de la participación política, Verba y Nie (1972) distinguen la «participación electoral», entendida como la potestad de la ciudadanía de incidir en la elección de sus gobernantes, de la «participación ciudadana», que comprende la incidencia de la ciudadanía en las decisiones que se toman a lo largo de un período de gobierno. A los fines de este trabajo interesa particularmente la segunda, que se corresponde con el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos y que abarca «todos los aspectos de la administración pública y la formulación y aplicación de políticas internacionales, nacionales, regionales y locales, así como la participación en debates públicos y manifestaciones pacíficas» (ONU, 2011, párr. 9).

La distinción entre participación electoral y participación ciudadana remite, a su vez, a las nociones de democracia representativa y participativa, así como a la complementariedad prevista entre ambas en los documentos internacionales de derechos humanos. Thompson (2002) plantea que los derechos humanos incluyen disposiciones esenciales para la vigencia de la democracia, presentes en la figura de los derechos políticos, al tiempo que es el régimen por excelencia en que pueden realizarse los demás derechos humanos. El autor plantea que el elegir y ser elegidos –la práctica de la representación misma– es parte esencial de los derechos políticos y consustancial a la democracia, aunque insuficiente para garantizarla si no se complementa con otros elementos de la participación política, como su carácter inclusivo y participativo. La «inclusión», remitiría al respeto por la diversidad de personas, pueblos, orígenes y contextos, mientras que la adjetivación de la democracia como «participativa» aludiría a la posibilidad de influir en la definición de normas y políticas públicas mediante mecanismos y consultas regulares que permitan a la ciudadanía expresar sus opiniones, exigir acciones o proponer iniciativas (íd.).

En consonancia con ello, algunos autores (Brugué et al., 2003; Brugué, 2018; Monge Lasierra, 2017; Montes de Oca Barrera, 2014) sostienen que la idea de «democracia participativa» se ha profundizado en el debate político y académico a partir de ciertos cuestionamientos a las democracias representativas o, mejor dicho, a lo poco democráticos que mostraron ser algunos Gobiernos democráticos basados en el sistema liberal-representativo. En ese contexto, se argumenta que la democracia participativa apareció como una respuesta a las fallas y debilidades de la democracia representativa tradicional, a la vez que como complementario de ella.

En la misma línea, la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (CLAD, 2009, p. 4) expresa que «los principios democráticos de la representación política deben complementarse con mecanismos de participación de la ciudadanía en la gestión pública, que permitan expandir y profundizar la democracia y su gobernabilidad». Allí también se explicita que la participación ciudadana es un derecho exigible a los poderes públicos, quienes deberán establecer y garantizar los canales para su ejercicio efectivo, en especial de aquellos sectores en condiciones de exclusión y vulnerabilidad social (íd.).

Además de su incorporación en el sistema internacional de protección de los derechos humanos, la propuesta de participación ciudadana en políticas públicas ha permeado en las últimas décadas los debates académicos sobre Estado y políticas públicas. Algunos autores (Niremberg, 2003; Rofman y Foglia, 2015) consideran que la participación ciudadana se encuadra y remite al ámbito más amplio de relaciones entre el Estado y la sociedad civil y que, de hecho, «todo el ciclo de las políticas puede ser considerado como un proceso continuo y no compartimentado de participación de la sociedad en las políticas estatales» (Rofman, 2016, p. 15).

Desde el análisis de las políticas públicas, autores como Aguilar Villanueva (2007) y Subirats et al. (2008) las conciben como resultados de procesos conflictivos y controversiales, de disputas de poder y de múltiples interacciones entre actores políticos y sociales. En palabras de Rofman (2016, p. 16): «Entender las políticas públicas como un espacio de interacción entre actores estatales y no estatales, como acciones decididas y gestionadas por actores públicos, privados y sociales, conduce a colocar la cuestión de la participación como un aspecto central del estudio de las políticas estatales».

La participación ciudadana constituiría, de este modo, un espacio de interacción entre Estado y sociedad al que cabría denominar «ámbito público no estatal» (Cunill Grau, 1997), es decir, el espacio de acción de la sociedad en torno a cuestiones de interés público, donde confluyen actores sociales que representan intereses o preocupaciones particulares junto con las instancias estatales de representación de los intereses públicos. Escorel y Moreira (2008, citado en Escorel y Moreira, 2011, p. 986) definen a la participación en políticas públicas como:

La «participación ciudadana» puede ser definida, entonces, como toda acción positiva, individual o colectiva, de la ciudadanía que pretende provocar o producir –de forma directa o indirecta– algún tipo de resultado político e incidir en las decisiones y la acción de los gobernantes (Schneider, 2008; Schneider y Welp, 2015). En la misma línea, Marc Parés (2009a) define a la participación ciudadana como «todas aquellas prácticas políticas y sociales a través de las cuales la ciudadanía pretende incidir sobre alguna dimensión de aquello que es público» (p. 17). Así, el concepto de participación ciudadana englobaría al amplio campo de experiencias de incorporación de la ciudadanía en los procesos de políticas públicas, a partir del universo de prácticas de articulación de la sociedad civil con instancias estatales para la decisión y gestión conjunta de los asuntos públicos (Rofman y Foglia, 2015; Rofman, 2016).

El derecho a la participación ciudadana en la gestión pública se complementa con la obligación de los Estados de establecer mecanismos que hagan posible su ejercicio (CLAD, 2009). Esto supone ­institucionalizar la participación mediante «la inclusión de las prácticas participativas dentro del ámbito de procesamiento de las políticas públicas y, por lo tanto, regulado por las instituciones estatales, quienes establecen los canales y mecanismos de ejercicio de la participación» (Rofman y Foglia, 2015, p. 58). Estas prácticas formales o institucionalizadas de participación pueden integrarse a los mecanismos gubernamentales de toma de decisiones bajo el formato de consejos consultivos, audiencias ciudadanas, presupuestos participativos, planes estratégicos y muchas otras (Font et al., 2000; IIDH, 2017; Parés, 2009a).

Además de esta participación institucionalizada, la ciudadanía puede incluirse en los procesos de formulación de políticas públicas mediante prácticas informales que no se integran en los canales oficiales de toma de decisiones ni son lideradas por el Estado. Allí es posible encontrar un abanico de prácticas que pretenden incidir en el ciclo de políticas públicas desde una posición de autonomía respecto de la Administración pública, entre las que se encuentran las protestas, movilizaciones, manifestaciones y diversas estrategias de acción colectiva (IIDH, 2017; Montes de Oca Barrera, 2014; Parés, 2009a; Parés y Resende, 2009).

A los fines de esta investigación, interesan aquellas acciones ciudadanas que se canalizan a través de mecanismos institucionales o formales de participación ofertados por los propios Gobiernos (Schneider, 2008). Bolos (2003) plantea que en estos dispositivos la relación entre el Estado y la sociedad se inicia como una respuesta desde lo social a una convocatoria realizada por autoridades gubernamentales, en espacios institucionales que estas designan para involucrar a actores de la población en actividades específicas.

Por su parte, Arnstein (1969) propuso clasificar las intensidades participativas de estas experiencias a partir de una «escalera de la participación», compuesta por un gradiente que empieza en información, pasa por comunicación, consulta y deliberación y termina en decisión. En esa clave, el tipo de participación en los mecanismos institucionales puede definirse a partir de dichas intensidades participativas y ser de índole pasiva (cuando se limita a recibir información) o bien consultiva, deliberativa o decisoria, pudiéndose encontrar en un mismo mecanismo diversas combinatorias entre tales modalidades (Schneider y Welp, 2011). Al respecto, Marc Parés (2009a) sostiene que se puede hablar de «participación ciudadana» genuina cuando las experiencias se sitúan en la lógica de la consulta, la deliberación o la decisión, puesto que en la información o comunicación primaría una relación unidireccional entre los actores gubernamentales y sociales, con una limitada capacidad o aspiración de incidencia de la ciudadanía en la esfera pública.

A partir de este recorrido, nos interesa construir criterios para evaluar mecanismos institucionales o formales de participación ciudadana (que se sitúen en la lógica de la consulta, la deliberación o la decisión) desde los principios y estándares del enfoque de derechos humanos. Para ello, abordaremos en el siguiente apartado algunas características clave de las evaluaciones desde este enfoque.

Para monitorear el cumplimiento de los compromisos estatales en materia de derechos humanos, los ­organismos de supervisión internacional de Naciones Unidas (ACNUDH, 2012) y del Sistema ­Interamericano (OEA, 2011, 2015) han establecido una serie de recomendaciones que buscan orientar la elaboración de los informes periódicos que deben presentar los Estados signatarios de los diversos pactos y protocolos.

A continuación, realizaremos un breve repaso por tales recomendaciones para identificar las características propias de las evaluaciones con enfoque de derechos humanos que las distinguen de las evaluaciones tradicionales. Esto nos permitirá, a posteriori, construir una propuesta de evaluación de los mecanismos de participación ciudadana que se asiente en los postulados centrales de dicho enfoque.

Para avanzar en nuestra propuesta de criterios para evaluar los mecanismos de participación ciudadana desde el enfoque de derechos humanos puntualizaremos, en primer lugar, los principios y estándares que constituirán el «parámetro de deseabilidad» de esta evaluación.

Al respecto, tanto Naciones Unidas (ACNUDH, 2012) como el Sistema Interamericano (OEA, 2011, 2015) han identificado una serie de estándares de derechos humanos que actúan a modo de reglas procedimentales o principios de gestión que orientan la manera en que los Estados deben intervenir en la organización de sus políticas para garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Además, estos estándares se utilizan como regla de juicio sobre cuya base actúan los mecanismos de supervisión y pueden ser utilizados por la ciudadanía para evidenciar y reclamar las manifestaciones de incumplimiento por parte de los Estados (Abramovich, 2006; Pautassi, 2010; OEA, 2015).

A los fines de este trabajo, retomaremos los siguientes estándares de derechos humanos reconocidos por el ACNUDH (2012) y la OEA (2011, 2013, 2015): 1) contenido mínimo de los derechos; 2) utilización al máximo de los recursos disponibles; 3) igualdad y no discriminación; 4) acceso a la información; 5) rendición de cuentas; 6) progresividad y no regresividad.

Con el objeto de aplicar tales estándares en la evaluación de los mecanismos de participación ciudadana, pondremos a dialogar cada uno de ellos con núcleos de discusiones conceptuales en esta materia, lo cual nos permitirá profundizar en la definición de las diferentes dimensiones sometidas a evaluación.

A partir del recorrido realizado en el apartado anterior, en el que identificamos los diferentes estándares de derechos humanos y el modo en el que podrían aplicarse en la evaluación de mecanismos de participación ciudadana, diseñaremos a continuación una propuesta de matriz de indicadores (tabla 2) que organizará tales estándares con sus respectivas dimensiones en clave de estructura, procesos y resultados y acompañará a cada uno de ellos con indicadores cuantitativos objetivos (ICO), indicadores cuantitativos subjetivos (ICS), indicadores cualitativos objetivos (IQO) e indicadores cualitativos subjetivos (IQS).

Tabla 2. Matriz de indicadores para evaluar los mecanismosde participación ciudadana desde el enfoque de derechos humanos

Estándar	Dimensión	Estructura	Procesos	Resultados
Contenido mínimo de los derechos	Estabilidad y permanencia	IQO: Tipo de ordenamiento jurídico que regula el MPC 9 .	IQO: Inscripción del MPC dentro de la estructura organizacional del Estado.	IQS: Opinión respecto del modo en que los cambios en las gestiones gubernamentales incidieron (o no) en la estabilidad del MPC.
	Activación	IQO: Periodicidad de activación del MPC prevista a nivel normativo.	ICO: Cantidad de encuentros convocados en el período tomado por referencia.	ICO: Porcentaje de encuentros realizados respecto del total de encuentros previstos.
Utilización al máximo de los recursos disponibles	Presupuesto	ICO: Presupuesto previsto para el MPC.	ICO: Grado de ejecución presupuestaria por año.	IQS: Percepción sobre la suficiencia del presupuesto para los requerimientos del MPC.
	Recursos materiales	ICO: Cantidad y tipo de recursos materiales asignados.	ICO: Cantidad y tipo de los recursos materiales efectivamente dedicados al MPC.	IQS: Opinión sobre la adecuación de los recursos materiales a las actividades planificadas/ desarrolladas en el MPC.
	Personal técnico	ICO: Cantidad de personal técnico asignado al MPC. IQO: Funciones previstas del personal técnico asignado al MPC.	IQO: Funciones desempeñadas por el personal técnico asignado al MPC.	ICS: Grado de satisfacción con las tareas desarrolladas por el personal técnico.
Igualdad y no discriminación	Mecanismos de selección/ designación	IQO: Perfil de las personas/ organizaciones convocadas a participar. IQO: Existencia y características de las disposiciones reglamentarias para promover la inclusión de personas o grupos desventajados.	IQO: Criterios de selección de las personas u organizaciones postuladas. IQS: Opinión sobre el proceso de selección y sobre las medidas orientadas a remover posibles obstáculos en la postulación.	IQO: Características sociodemográficas de las personas seleccionadas. ICO: Proporción de personas en situación de desventaja estructural sobre el total de seleccionadas. IQS: Percepción sobre la diversidad en la composición del MPC.
	Participación equitativa	IQO: Existencia y características de las disposiciones reglamentarias respecto del uso de los tiempos y la distribución de la palabra al interior del MPC.	IQO: Existencia de moderadores que breguen por el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias. IQS: Opinión sobre las técnicas y métodos para paliar las desigualdades en el uso de la palabra.	ICO: Proporción de intervenciones realizadas por personas desventajadas respecto de las realizadas por los demás participantes. IQS: Percepción sobre el uso y distribución de la palabra en el MPC.
Acceso a la información	Difusión de la convocatoria	IQO: Existencia y características de las disposiciones reglamentarias respecto de la difusión de información para convocar a los encuentros del MPC (canales, formatos, lenguajes, antelación).	IQO: Características de los canales, formatos y lenguajes utilizados para la difusión de la convocatoria. ICO: Promedio de tiempo de antelación con que se realiza la convocatoria.	ICO: Cantidad aproximada de personas/ organizaciones alcanzadas por las estrategias de difusión. ICS: Grado de satisfacción con la difusión de la convocatoria (carácter oportuno, pertinente, amplio, comprensible, accesible).
	Información para la deliberación	IQO: Existencia y características de las disposiciones reglamentarias respecto de la provisión de información previa a las sesiones (características, canales, formatos, lenguajes, antelación).	IQO: Características de la información provista de manera previa a las sesiones. IQO: Características de los canales, formatos y lenguajes utilizados para la provisión de información. ICO: Promedio de tiempo de antelación con que se envía la información previa a las sesiones.	ICS: Proporción de participantes que accedieron y comprendieron la información enviada. IQS: Percepción sobre los aportes de la información provista en la construcción de una opinión informada acerca de los temas sometidos a discusión.
Rendición de cuentas	Devoluciones a los participantes	IQO: Existencia y características de las disposiciones reglamentarias sobre la devolución de los resultados a los participantes del proceso.	IQO: Características, formato y periodicidad de las instancias de devolución de resultados. IQS: Opinión sobre las instancias de devolución de resultados.	ICO: Porcentaje de participantes que recibieron devoluciones de resultados. ICS: Grado de satisfacción con la información provista en las instancias de devolución de resultados.
	Producción de información sobre el MPC	IQO: Existencia y características del sistema de producción de información sobre el MPC.	IQO: Características de los indicadores, fuentes y procedimientos para la producción de información sobre el MPC. ICO: Frecuencia con que se construye información sobre el MPC.	IQO: Características de la información producida sobre el MPC. IQS: Opinión sobre la información producida respecto del MPC.
	Publicidad de información sobre el MPC	IQO: Existencia y características de las disposiciones reglamentarias acerca de la publicidad de información sobre el MPC.	ICO: Frecuencia con la que se publican informes sobre el MPC. IQO: Características de los canales, formatos y lenguajes utilizados para difundir información sobre el MPC a la ciudadanía. ICO: Proporción de informes presentados ante organismos nacionales e internacionales de supervisión que contienen información sobre el MPC.	IQO: Características de la información relativa al MPC disponible para la ciudadanía. ICO: Cantidad aproximada de personas que acceden efectivamente a información sobre el MPC. IQO: Características de la información sobre el MPC presentada ante los organismos nacionales e internacionales de supervisión.

Fuente: elaboración propia.

La elaboración de esta matriz de indicadores no pretende en modo alguno ser una propuesta ­exhaustiva, sino apenas ilustrativa del modo en que podrían construirse, combinarse y complementarse distintos tipos de indicadores (cuantitativos y cualitativos, objetivos y subjetivos) para abordar diferentes dimensiones de los estándares de derechos humanos considerados y organizar la información sobre el cumplimiento del derecho a la participación ciudadana en clave de estructura, procesos y resultados. Además, aunque no fue incluido en la tabla 2, es preciso aclarar que, para responder a los diferentes indicadores, podrían implementarse distintas técnicas de construcción de datos e incorporar perspectivas de actores diversos en el marco de estos procesos evaluativos, tal como fue recomendado por los organismos de supervisión internacional de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano.

Así, por ejemplo, la información estructural (vinculada a la base normativa e institucional de estos mecanismos) podría ser construida mediante un análisis documental que indague acerca de la existencia y carac­te­rísticas de las disposiciones reglamentarias relativas a las diferentes dimensiones consideradas (IQO) o al presupuesto y a los recursos previstos para garantizar el funcionamiento de estos mecanismos (ICO). A su vez, eso no anula la posibilidad de incorporar también información subjetiva que permita indagar en las percepciones (IQS) del alto funcionariado político respecto de lo dispuesto a nivel normativo o en el grado de satisfacción (ICS) sobre tales aspectos por parte de los participantes del proceso, los cuales podrían construirse –respectivamente– mediante entrevistas y encuestas.

Del mismo modo, a nivel de los procesos –esto es, de las políticas, medidas o esfuerzos realizados por los agentes gubernamentales–, podríamos apelar a registros administrativos que permitan conocer el grado de ejecución presupuestaria en estos mecanismos (ICO), los criterios de selección de las personas u organizaciones postuladas (IQO) o, incluso, realizar grupos focales con integrantes de los equipos técnicos para indagar acerca de sus percepciones sobre estos procesos (IQS) o encuestas que permitan ponderar el grado de acuerdo de los participantes (ICS) con la manera en que se implementaron esas acciones.

Por su parte, dado que la información sobre resultados busca dar cuenta del estado efectivo del disfrute de derechos por parte de la población destinataria, resulta de particular interés conocer las perspectivas de los participantes respecto de los fenómenos sometidos a evaluación, mediante información subjetiva ­construida, por ejemplo, a través de dinámicas grupales o técnicas observacionales (IQS) o bien mediante encuestas de opinión o percepción (ICS). De manera complementaria, se podría apelar a estadísticas o registros administrativos que permitan conocer aspectos objetivos vinculados al ejercicio de estos derechos, tales como la proporción de participantes en situación de desventaja estructural que se incluyeron en estos mecanismos (ICO) o las características de la información sobre este organismo disponible a la ciudadanía (IQO).

En suma, consideramos que la riqueza de esta matriz radica en ofrecer un panorama de las múltiples combinaciones que podrían articularse para abordar cada uno de los estándares y dimensiones relativas al derecho a la participación ciudadana mediante indicadores cuantitativos y cualitativos, objetivos y subjetivos, organizados en clave de estructura, proceso y resultados, y susceptibles de construirse a partir de múltiples fuentes y de las diversas perspectivas de los actores involucrados.

Su principal limitación, no obstante, radica en que esta multiplicidad de combinaciones posibles resulta potencialmente inabordable en términos exhaustivos en una única matriz y, por tanto, solo podemos ofrecer una primera aproximación que luego deberá adaptarse, precisarse y reinventarse de manera situada en función de los requerimientos singulares de cada evaluación.

En este trabajo nos hemos propuesto construir criterios e indicadores para evaluar mecanismos de participación ciudadana desde el enfoque de derechos humanos mediante una formulación teórico-metodológica que buscó conjugar los elementos centrales de las evaluaciones desde este enfoque junto a desarrollos conceptuales provenientes de los estudios teóricos sobre participación ciudadana.

Como principal producto elaboramos una matriz de indicadores (tabla 2) que ha incorporado: los principales estándares de derechos humanos propuestos por el ACNUDH (2012) y la OEA (2011, 2015); las dimensiones mediante las cuales se materializarían dichos estándares dentro de los mecanismos de parti­cipación ciudadana (construidas a partir de una revisión de literatura específica en esta materia); una propuesta de indicadores (cuantitativos y cualitativos, objetivos y subjetivos) organizados en clave de estructura, procesos y resultados, acorde con las recomendaciones realizadas por los organismos de supervisión internacional. Con esta configuración, nuestra matriz admitiría la incorporación de diferentes perspectivas y fuentes de ­información para evaluar si los progresos, estancamientos o retrocesos con relación a este derecho se producen en la legislación y los mecanismos institucionales (indicadores estructurales), en las políticas o medidas implementadas (indicadores de proceso) o en el estado de disfrute de los derechos por parte de la población destinataria (indicadores de resultados).

Como referíamos anteriormente, esta herramienta metodológica no agota la multiplicidad de indicadores que podrían diseñarse para evaluar cada uno de los estándares y dimensiones identificadas, sino que se constituye en una primera propuesta para orientar los procesos de evaluación en este ámbito, los cuales deberán planificarse considerando los requerimientos particulares de cada evaluación, los diferentes entornos político-institucionales y las fuentes de información disponibles en cada momento. Como se planteaba en los preliminares de la Guía práctica para la evaluación de procesos participativos del OIDP (2006, p. 7), «se hace difícil pensar en una propuesta apriorística y descontextualizada, que sirva para todos y en todo momento». Y en esa línea compartimos con Jorba y Anduiza (2009) que la intencionalidad de estas guías y propuestas radica en brindar herramientas para que los evaluadores puedan escoger en cada caso y de acuerdo a las necesidades de su investigación aquellos criterios e indicadores que consideren más pertinentes para responder a sus objetivos.

Esta salvedad no excusa a los Estados de su deber de producir información continua sobre sus avances en materia de derechos y de rendir cuentas a los organismos nacionales e internacionales competentes. Por el contrario, desde el Sistema Interamericano se establece que, si los Estados no disponen de información para realizar estas evaluaciones, deberán arbitrar los mecanismos institucionales para producirla y adaptar progresivamente sus sistemas de información hasta incorporar aquellos indicadores y fuentes de recolección que les permitan cumplir con sus compromisos (OEA, 2015).

Con todo, esperamos que esta matriz de indicadores pueda contribuir a la evaluación de los mecanismos de participación ciudadana en el marco de los procesos de monitoreo de derechos humanos y que se encuentre a disposición de los Estados y de los organismos de supervisión internacional para orientar la construcción de información en relación con el cumplimiento de este derecho. Además, consideramos que podría constituirse en un insumo para realizar evaluaciones periódicas alternativas por parte de las organizaciones y actores sociales que conforman estos mecanismos, como modo de evidenciar los avances, estancamientos o retrocesos en clave de derechos y reclamar a los Estados en casos de incumplimiento.

Para finalizar, esperamos haber contribuido en el desarrollo de un diálogo fructífero entre formulaciones conceptuales y normativas (provenientes de la academia y de los organismos internacionales) que se encontraban hasta el momento desarticuladas y abonar al desarrollo de un terreno fértil de investigaciones (empíricas y teóricas) en el cruce entre estos dos campos temáticos: las evaluaciones con enfoque de derechos humanos y las evaluaciones de procesos participativos.