La Administración Pública como ciencia se apoya en otras como la ciencia política, el derecho, la economía, las distintas ramas matemáticas y ahora, cada vez más, de las TIC’s. Manuel Colmeiro en 1850 escribió sobre las ciencias auxiliares de la Administración Pública (Colmeiro, 1982). El objetivo de la Administración Pública como ciencia es gestionar los recursos del Estado para cumplir sus cometidos sociales, garantizar el orden y mantener su prevalencia según la ley. Solamente este propósito abre un vasto campo para hacer ciencia: Plantear preguntas, hipótesis, verificar su cumplimiento.

Si no verificara sus postulados, la Administración Pública sería filosofía o teoría administrativa. Este libro es uno de ciencia de la Administración Pública, pues plantea un conjunto de hipótesis bajo el concepto del Gobierno Abierto (GA), que ahora es un paradigma de la gestión pública que conjuga tres principios:

La hipótesis del libro es que el GA (manejada por muchos desde finales del siglo xx1) sustituye la idea de la gobernanza vertical por una gestión pública horizontal, inclusiva, colaborativa, «sensible» a las demandas y necesidades ciudadanas, y a las soluciones que la sociedad plantea.

En el marco teórico del GA2 está el memorándum Transparencia y Gobierno Abierto de 2009, del expresidente estadunidense (Obama, 2009), que planteó el compromiso gubernamental de abrirse ante su ciudadanía, innovando sistemas y métodos para incrementar la capacidad y calidad de la gestión. En 2011, ocho países3 fundaron la Open Government Partnership (OGP), la Alianza para el Gobierno Abierto, con la aprobación de la Declaración para un Gobierno Abierto4 de la Asamblea General de la ONU. La OGP es el espacio multilateral que promueve la «cocreación», implementación y evaluación de planes de acción. La cocreación pública trasciende la consulta, implica codiseño y corresponsabilidad entre Estado y sociedad, fortalece la legitimidad democrática, permite la incidencia ciudadana en las decisiones e incrementa la eficiencia gubernamental.

Para verificar y evaluar la hipótesis del GA debe crearse una línea base, que se estableció en el libro: La promesa del gobierno abiertocoordinado por Hofmannet al.(2012). Este esfuerzo planteó los alcances esperados del GA: La restauración de la confianza ciudadana en sus instituciones, el combate a la corrupción, la democratización decisional, la mejora del servicio público y la rendición de cuentas. En ¿Se cumplió la promesa del gobierno abierto?,autores de distintos países, coordinados por Ramírez-Alujas y Cruz-Rubio, presentan balances particulares5, para verificar el cumplimiento de la hipótesis.

Para responder a la hipótesis del GA, desde México, Rafael Martínez Puón analiza instituciones, programas, índices y sistemas de transparencia nacional y subnacionales: la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y, dentro de este, la estrategia Abramos México, la Estrategia Digital Nacional y su política de Datos Abiertos, además de la Métrica de Gobierno Abierto (MGA) para diagnosticar avances, áreas de opacidad, arbitrariedad y acotamiento de la participación ciudadana. La MGA fue diseñada e implementada por el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). De ahí que Guillermo Cejudo, Pablo de los Cobos y Diana Laura Ramírez presentan su origen, metodología, usos y resultados, concluyendo que la apertura gubernamental es heterogénea en los grados de consolidación entre poderes u órdenes de gobierno.

Valeria Lübbert cuenta cómo la apertura trascendió la esfera del ejecutivo nacional chileno hacia otros poderes y ámbitos de gobierno, gracias a la Mesa Nacional de Estado Abierto.Este foro buscó institucionalizar la apertura del poder público, coordinar y dar seguimiento a los planes de acción, para la cocreación de la Política Nacional de Gobierno Abierto. Chile vivió recién una fuerte movilización social para renovar su Constitución e institucionalizar una nueva relación entre Estado y ciudadanía, como narra Paulina Ibarra. Los chilenos consideran que la participación aún está muy acotada, particularmente hacia la población indígena, aun creando la Secretaría de Participación Ciudadana.José Hernández Bonivento presenta el balance del Índice Institucional de Gobierno Abierto Municipal (IIGAM), narrando la experiencia de la Comuna de Vitacura, municipio con altos niveles de desempeño en el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), en el IIGAM y en el ranking municipal del Consejo de la Transparencia. El exalcalde de Vitacura (quien lo fue por 29 años), está en prisión al descubrirse un esquema de corrupción oculto en el cumplimiento de estándares. Hernandez concluye que algo no se ve sólo en los checklists y modelos estadísticos.

En España, Lázaro Tuñón y Celia Ortega reseñan los planes nacionales de acción de GA y los avances en su cocreación, llegando al Plan de Gobierno Abierto. Rafael Rubio y Ana Ibarz presentan la experiencia del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, narrando el desafío de llevar a los hechos lo establecido en la ley, en el contexto de la pandemia de COVID-19 a partir de lo cual hacen propuestas puntuales.

La Administración digital (eAdm), también llamada Gobernanza abierta (eGov), consiste en digitalizar procesos y servicios públicos para potenciar la transparencia, la apertura de datos, la rendición de cuentas y la innovación en la participación. Jordi Graells comparte diez ejemplos de buenas prácticas de este paradigma que él mismo realizó como director general de Atención Ciudadana en la Administración de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Ismael Peña-López cuenta cómo el GA posibilitó realizar el wicked problem de las elecciones al Parlament de Catalunya durante la pandemia de COVID-19 y en medio de una marcada conflictividad política, deconstruyendo el problema para poder abordarlo y garantizar tres objetivos: salud, derecho al voto y legitimidad.

También se presenta la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI) de la cooperación estadunidense (USAID) en Colombia por parte de Jonathan Fox y Jeffrey Hallock, además de los laboratorios ciudadanos de la División de Innovación Pública y Ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) por Pablo Pascale.

Se pasa del Gobierno al Estado Abierto cuando los tres principios trascienden del poder ejecutivo a los otros poderes. Ricardo Vela Navarro-Rubio aborda la evolución de los parlamentos abiertos en la región y los retos de abrirlos a intervenciones ciudadanas. Miguel Ángel Gonzalo hace un balance crítico de nueve años de Parlamento Abierto en España con base en los progresos realizados en los parlamentos nacional y autonómicos. Finalmente, Álvaro Herrero e Inés Selvood estudian la Justicia Abierta en Latinoamérica y el Caribe, en el contexto de una crisis global de acceso a la justicia y la lucha por poner a las personas como centro de los sistemas de justicia, para incrementar la confianza ciudadana como paradigma de Justicia Abierta.

Estos casos aportan evidencias para verificar la hipótesis del GA se cumplió o no se cumplió. En balance, Renzo Falla destaca el liderazgo de los países de América en muchos aspectos: Sus procesos de cocreación son colaborativos e innovadores, sus compromisos nacionales ambiciosos, bien implementados y presentan más evidencia de resultados que en otras regiones, aunque todavía enfrentan desafíos. María Fernanda Trigo y Mike Mora presentan cómo la Organización de Estados Americanos (OEA) fortalece la cultura del GA, reconociendo avances, así como un largo camino por recorrer.

Desde el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Cielo Morales, Valeria Torres y Alejandra Nasser evalúan la promesa frente a la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 orientado a construir instituciones sólidas, eficaces e inclusivas, contando cómo la CEPAL apoya la implementación de estrategias y transitar hacia un Estado Abierto, concluyendo que el GA prevalecerá si los ciudadanos se apropian de él y lo defienden.

David Goessman desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), analiza los esfuerzos realizados en los países adherentes, con base en el reporte Gobierno Abierto para Democracias más Fuertes: Una Evaluación Global de la (OCDE, 2023). Goessman afirma que todos los países de la OCDE tienen marcos normativos sólidos de acceso a la información y mecanismos de participación, utilizando el término «espacio cívico» como conjunto de condiciones jurídicas, políticas, institucionales y prácticas para que la sociedad acceda a la información y participe en la vida pública.

Además de la gestión pública, Silvana Fumega de Global Data Barometer y María Esther Cervantes del GovLab de la Universidad de Nueva York, analizan un estándar de feminicidio en Latinoamérica y la Iniciativa Datos Contra Feminicidio, concluyendo que el camino es largo, aun cuando se avanza en diseñar políticas entendiendo el problema. Natalia Carfi, Mercedes de los Santos y Renato Berrino, de Open Data Charter, ofrecen un panorama del trabajo de datos abiertos para agregar valor a la agenda climática.

¿Se cumple la promesa del Gobierno Abierto? Decir «sí» no es algo rotundo, aunque hay claros avances en su cumplimiento. La virtud de este esfuerzo es que permite integrar una nueva agenda de pendientes y desafíos que trazan la hoja de ruta hacia el Estado transparente, participativo y colaborativo.