Encarnación Montoya Martín (dir.) y M.ª Ángeles Fernández Scagliusi (coord.): El nuevo régimen de la minería en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre para el impulso de la sostenibilidad del territorio de Andalucía y su reglamento general

Zamora Roselló, M.ª Remedios

Universidad de Málaga. Departamento de Derecho Público (España – Spain)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3621-062X

remedios@uma.es

NOTA BIOGRÁFICA

Profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Málaga, sus principales líneas de investigación se centran en el estudio del medio marino y el litoral, el turismo, las actividades extractivas, el sector energético y las materias primas críticas. Investigadora principal del grupo de investigación «Implicaciones normativas del medio ambiente, estándares ambientales y directriz ambiental», y de varios proyectos de investigación relacionados con el sector minero.

RESUMEN

Recensión del libro dirigido por Encarnación Montoya Martín y coordinado por M.ª Ángeles Fernández Scagliusi, El nuevo régimen de la minería en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre para el impulso de la sostenibilidad del territorio de Andalucía y su reglamento general, Aranzadi, 2024, 202 pp.

PALABRAS CLAVE

Minería; ordenación del territorio; urbanismo; Andalucía.

ABSTRACT

Review of the book edited by Encarnación Montoya Martín and coordinated by M.ª Ángeles Fernández Scagliusi, El nuevo régimen de la minería en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre para el impulso de la sostenibilidad del territorio de Andalucía y su reglamento general, Aranzadi, 2024, 202 pp.

KEYWORDS

Mining; territorial planning; urban planning; Andalusia.

Esta obra, dirigida por la profesora Encarnación Montoya Martín y coordinada por la profesora María de los Ángeles Fernández Scagliusi, ambas con amplia experiencia en el ámbito de la minería, aborda de manera muy oportuna la estrecha relación entre el sector minero y el territorio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El contexto actual de la minería se encuentra marcado por la necesidad de fomentar las explotaciones. A nivel global nos encontramos ante una lucha sin tregua por las materias primas estratégicas, que está condicionando la vigente transición energética y tecnológica. Desde la Unión Europea, la aprobación en 2025 de los primeros proyectos estratégicos sobre materias primas fundamentales dio el pistoletazo de salida para un nuevo impulso a la extracción de recursos mineros en el territorio comunitario. La Comunidad Autónoma de Andalucía es un territorio con un gran potencial en este sector y que debe plantearse su ordenación y encaje en su política territorial. En esta obra se exponen varios análisis sobre las implicaciones de la vigente Ley autonómica en materia de ordenación del territorio y urbanismo en el régimen minero.

El estudio se inicia con el capítulo dedicado al uso extractivo en el suelo rústico en Andalucía, elaborado por la profesora Montoya Martín. Este apartado comienza con una referencia más amplia a la actividad minera en la legislación autonómica, con especial atención a las dos únicas comunidades autónomas que han elaborado una legislación propia en la materia: Galicia y Baleares. La autora también pone de relieve la regulación de las actividades extractivas en las diferentes legislaciones autonómicas en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Destaca la profesora Montoya Martín cómo algunas comunidades autónomas consideran la actividad extractiva como un uso propio del suelo, rústico o no urbanizable; mientras que otro grupo incluye el suelo rústico minero entre la subcategoría de suelo rústico de especial protección. En las restantes comunidades autónomas no se incluye el uso minero entre los usos del suelo urbanizable.

A continuación, aborda la autora la minería en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre para el impulso de la sostenibilidad del territorio en Andalucía (LISTA). La norma andaluza, en línea con las previsiones del Texto Refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana, clasifica el suelo en dos categorías –suelo urbano y suelo rústico–, reconociendo una tradicional reivindicación del sector minero: la consideración legal de la actividad minera como un uso propio y ordinario del suelo rústico, junto con el resto de los usos rústicos tradicionales, siempre que no se encuentre prohibido por la ordenación territorial y urbanística.

Se analizan también en este apartado las conclusiones adoptadas por el Tribunal Constitucional en su sentencia 25/2024, de 13 de febrero, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la LISTA; respecto a este pronunciamiento considera la profesora Montoya que es clave un posicionamiento claro de la administración autonómica en relación a sus efectos sobre el régimen de la minería en Andalucía.

La segunda de las aportaciones de esta obra colectiva versa sobre la ordenación del territorio y la actividad extractiva en Andalucía y está elaborado por el profesor Pérez Andrés, que destaca los retos que, en materia de planificación territorial, son más relevantes para la implantación y desarrollo de las actividades extractivas en Andalucía. En lo que respecta al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, coincidimos plenamente con el autor cuando afirma que tiene un contenido muy pobre en materia de actividades de minero-extractivas a pesar del potencial minero del territorio andaluz.

El autor considera que los planes subregionales constituyen el instrumento más importante para la implantación, con seguridad jurídica, de actividades extractivas o mineras; por lo que aboga por modificar planes aprobados desde 1999, para establecer áreas donde las actividades mineras ostenten la consideración de prioritarias. Además, el profesor Alonso Pérez incluye en su aportación un conjunto de propuestas orientadas a la mayor seguridad jurídica en el desarrollo de proyectos de minería extractiva en Andalucía. En concreto, se centra el autor en una mejora en la elaboración de los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional y, específicamente, en la necesidad de que la consejería competente formule normas directoras que eviten las dificultades existentes para interpretar estos instrumentos, lo que ofrecería una mayor seguridad jurídica y evitaría la litigiosidad. Asimismo, también apuesta el autor por que la normativa de los planes de ordenación del territorio sea de mayor calidad jurídica y profundidad, a fin de evitar un exceso de discrecionalidad técnica.

Rafael Anzio León es el autor del tercero de los capítulos dedicados a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y su impacto en los proyectos mineros. Se analizan en este apartado los caracteres de la planificación territorial y urbanística previstos en la LISTA y su impacto sobre la actividad minera. Desarrolla el autor diferentes enfoques posibles de estos instrumentos respecto a la actividad minera: desde la prohibición absoluta a la implantación de usos mineros hasta la protección, sin matices, de los usos mineros. Finaliza este capítulo con el análisis de la obtención de licencia urbanística para proyectos mineros en Andalucía, distinguiendo entre la autorización de actuaciones mineras como actuaciones ordinarias en suelo rústico y aquellas otras con la consideración de extraordinarias.

El cuarto capítulo, elaborado por María Gema Macías Sañudo, se centra en la disciplina territorial urbanística y su vinculación con las actividades extractivas. La autora pone de relieve la existencia de controles y reglas de aprobación de los actos de los particulares sobre el suelo, para comprobar el cumplimiento de la normativa y también con un efecto constitutivo, al determinar la apropiación privada de un bien colectivo. Macías Sañudo aboga por la educación social como instrumento clave para lograr concienciar sobre la protección del territorio, recordando también la necesidad de apostar por un consumo equilibrado como base para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible.

Domínguez Ramos estudia las competencias municipales y su incidencia en las actividades extractivas en el quinto de los capítulos. Las esenciales competencias en materia urbanística que ostenta el municipio llevan a la autora a considerarlo como la administración urbanística ordinaria; de ahí, el interés en analizar la incidencia de las competencias municipales sobre el planeamiento urbanístico de la actividad minera, con un recorrido comparativo entre el modelo de planeamiento de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística, de Andalucía, y la vigente LISTA. A continuación, analiza la autora la incidencia de las competencias municipales sobre la gestión urbanística en las actividades mineras, prestando especial atención a la licencia urbanística.

Posteriormente, el análisis se centra en las incidencias de las competencias municipales sobre disciplina urbanística en las actividades mineras. La autora analiza el marco normativo y las recientes sentencias de los tribunales superiores de justicia, donde se acepta la competencia de la administración urbanística para ejercer sus potestades de disciplina urbanística. Se completa este apartado con las referencias al restablecimiento del orden y las potestades inspectora y sancionadora en la LISTA y en su reglamento de desarrollo.

La última de las aportaciones se focaliza en el modelo de intervención administrativa en la actividad extractiva, y su autor es Carlos Ramírez Sánchez-Maroto. Este apartado se centra en las oportunidades que presentan la declaración responsable y la comunicación para las actividades extractivas. El autor realiza un estudio del régimen jurídico estatal de la declaración responsable y comunicación para actividades mineras en suelo no urbanizable o rústico y, a continuación, pasa a desarrollar las propuestas autonómicas en este ámbito. Mención específica merecen las referencias a la LISTA, que ha optado por no incluir este régimen para el subsector de minería de áridos, a diferencia de otras comunidades autónomas.

Como pone de relieve esta completa obra colectiva, el esquema de distribución de competencias entre todos los niveles administrativos, la complejidad de los procedimientos administrativos vinculados al sector minero, y el elevado impacto territorial y urbanístico de la actividad extractiva, son los ejes que van a condicionar la futura política andaluza sobre la minería. Desafíos a los que la administración andaluza debe ofrecer respuestas ante la demanda creciente de recursos y la necesidad de una ordenación e integración del sector en las políticas autonómicas territoriales y urbanísticas.

Nos encontramos, sin lugar a duda, ante una obra de referencia que pone de relieve las implicaciones de la LISTA en el ámbito de las actividades extractivas. El marco normativo y planificador del territorio no puede obviar la realidad de un sector de gran impacto como el minero; máxime en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde los recursos existentes, las nuevas demandas y los últimos avances técnicos han puesto el foco de atención sobre las actividades mineras.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Montoya Martín, E. (dir.) y Fernández Scagliusi, M. Á. (coord.) (2024). El nuevo régimen de la minería en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre para el impulso de la sostenibilidad del territorio de Andalucía y su reglamento general. Aranzadi.