En los últimos años, el reto demográfico y, con este, la despoblación y el mundo rural se han convertido en el foco de atención de los poderes públicos. Los desafíos a los que se enfrentan los muni­cipios rurales españoles no son nuevos pero han despertado un renovado interés por abordarlos. En estas circuns­tancias, la monografía titulada Régimen jurídico administrativo de la dinamización rural, de la profe­sora M.ª Ángeles González Bustos, titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, ya acreditada al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, adquiere una gran relevancia al ofrecer un ­análisis minucioso del marco jurídico para dinamizar las zonas rurales. Como indica el profesor Mellado Ruiz, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería, que prologa la citada obra, el estudio resulta no solo oportuno sino necesario en el contexto en el que nos encontramos de aparente falta de resultados y de cuestionamiento de los logros reales de tales políticas.

El libro se estructura en cinco capítulos que presentan un contenido claro y ordenado que facilita enormemente su comprensión. En primer lugar, se parte de un análisis de la situación actual de los municipios españoles que permite poner de manifiesto las insuficiencias en cuanto a las medidas adoptadas hasta el momento. Sin perjuicio de ello, como señala la autora, nos encontramos en un momento idóneo para adoptar políticas públicas sostenibles que permitan aprovechar las oportunidades que ofrece el territorio rural y atraer así población.

En segundo lugar, se lleva a cabo un detallado examen de las políticas públicas y de los instrumentos normativos dirigidos a revitalizar el medio rural; este se desarrolla tanto a nivel europeo como interno y, a su vez, dentro de este se distingue entre los ámbitos estatal y autonómico. El complejo panorama que ofrece la consulta de todas estas disposiciones pone de relieve la transcendencia de que las políticas se adecúen a las particularidades de cada territorio así como la necesidad de una actuación coordinada. Asimismo, se atiende de forma especial a la legislación de régimen local que también cuenta con instrumentos que ­pueden contribuir a afrontar la cuestión de la dinamización rural. En el capítulo tercero, se abordan los mecanismos legales existentes, como la potenciación del papel de las diputaciones provinciales, los consorcios locales, las mancomunidades de municipios, los planes provinciales o la fusión de municipios, entre otros.

En la ejecución del análisis del régimen jurídico necesario para dinamizar el territorio rural se reclama la importancia de prestar atención a que las políticas públicas que se aprueben garanticen el cumplimiento de los instrumentos jurídicos puestos a disposición por el legislador. Desde esta perspectiva, pueden ser elementos claves disponer de una buena organización administrativa que gestione adecuadamente las oportunidades de estas zonas –se llega a proponer, incluso, la creación de un órgano que estudie los problemas de las zonas rurales–, el patrimonio local, la protección del medio ambiente y la sostenibilidad y una política agraria común adaptada al desarrollo rural. Todos ellos se tienen en consideración en el capítulo cuarto.

En el capítulo quinto se propone la intervención en ámbitos materiales que por su transcendencia pueden actuar como potenciadores del territorio. Es el caso del sector agroalimentario, el aprovechamiento de los valores ecosistémicos del territorio, la transición energética, infraestructuras y servicios, el empoderamiento de colectivos como la población femenina y los jóvenes o la ordenación del territorio y urbanismo.

En definitiva, como puede comprobarse, la autora no solo ofrece un estudio riguroso y completo sino que aporta un conjunto de ideas para reflexionar y abordar auténticos desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad. Todo ello convierte la obra en un referente imprescindible en el estudio del derecho administrativo aplicado al ámbito rural.