La contratación pública electrónica

Abstract

Integrada dentro de lo que hoy se consideran servicios de la sociedad de la información, la contratación de bienes y servicios por vía electrónica no deja de ser un contrato más cuya peculiaridad reside en que la oferta, la aceptación y las distintas fases del procedimiento administrativo se realizan por medio de equipos o sistemas electrónicos o telemáticos. Si sólo algunos trámites de la contratación se realizan por dicha vía, aquélla no puede calificarse propiamente de electrónica, razón por la cual hablar de contratación pública electrónica no responde con rigor a su significado y al régimen jurídico aplicable en general, que es la normativa sobre comercio electrónico. Puesto que en España no se ha aprobado una norma especial sobre contratos públicos electrónicos, en el presente artículo se tomará un sentido impropio o amplio de la contratación pública electrónica, entendiendo por tal aquella en la que algunos de sus trámites se realizan por vía telemática, aunque el contrato en sí mismo no se perfeccione on line. Con esta modalidad de contratación las ventajas son evidentes: mejora la transparencia del procedimiento y, en consecuencia, se fortalecen los principios de igualdad, imparcialidad y seguridad jurídica, se reducen costes para las personas naturales y jurídicas licitadoras y para la propia Administración Pública, se potencia la competitividad interna e internacional del país, se otorga mayor celeridad al procedimiento, y se potencia el mercado único comunitario al emplear instrumentos y técnicas interoperables. Queda camino por recorrer hasta hacer realidad el concepto estricto de contratación pública electrónica, y se da un nuevo paso adelante con el proyecto de Ley de Economía Sostenible (en tramitación), en el que se impulsa la eficiencia en la contratación pública, se consagra una mayor transparencia, se potencia la participación de las PYMEs en la contratación pública y se centraliza el acceso a la información contractual en una plataforma electrónica, haciendo de las nuevas tecnologías la clave de bóveda de todo el procedimiento contractual.

An integral part of what are today regarded as information society services, e-procurement of goods and services is a form of procurement like any other whose peculiarity is that tendering and acceptance and the various administrative processes are conducted by online or electronic devices or systems. If only some steps of procurement are performed by this means the process cannot strictly be described as e-procurement, for which reason to speak of public e-procurement does not closely reflect what is referred to, or the generally applicable legal framework, i.e. the regulations on e-commerce. As in Spain no special provisions have been adopted on online public contracts, this paper will address public e-procurement in a loose or broad sense, understood as procurement in which some processes are performed electronically, even if the contract itself is not actually made online. The advantages of this form of procurement are evident: procedural transparency is improved, and so equality, impartiality and legal certainty are enhanced; costs are reduced for tendering individuals and entities as well as for government itself; the country’s internal and international competitiveness is improved; the procedure is made quicker, and the single community market is enhanced with the use of interoperable instruments and techniques. There remains some way to go for e-procurement strictly speaking to become a reality, and a new step forward is being taken with the Sustainable Economy Bill (currently in process), promoting efficiency in public procurement, providing greater transparency, promoting the participation of small and midsize firms in public procurement, and centralising access to contract information in a single electronic platform, making new technologies the keystone of the whole procurement process.