Los efectos jurídicos de la omisión del trámite de consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas de carácter general: ¿nulidad de pleno derecho de la norma aprobada?

Lucía Casado Casado

doi:10.24965/reala.i14.10796

Autores/as

Lucía Casado Casado Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (España)

DOI:

https://doi.org/10.24965/reala.i14.10796

Palabras clave:

Disposiciones administrativas de carácter general, procedimiento administrativo, participación ciudadana, consulta pública previa, nulidad de pleno derecho

Resumen

La aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, supone la introducción de un nuevo trámite de consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de normas con rango legal y reglamentario, regulado en su artículo 133. Este trámite, de carácter preceptivo, refuerza la participación ciudadana, al garantizarse en una fase muy temprana, previa al procedimiento normativo en sentido propio, cuando todavía no existe una propuesta redactada del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento y todas las opciones están abiertas. Sin embargo, nada dice este precepto sobre los efectos jurídicos que se anudan a la omisión –o práctica inadecuada– de la consulta pública previa, a pesar de ser ésta una cuestión de gran relevancia y que, en el fondo, determina la efectividad real de este trámite. Sobre esta cuestión versa este trabajo que, ante el silencio de la LPACAP, pretende aportar herramientas a los operadores jurídicos que ilustren sobre cuáles deben ser los efectos jurídicos de la omisión de este trámite en el procedimiento de elaboración de normas reglamentarias. Con este fin, se analizan tanto las diferentes interpretaciones ofrecidas por la doctrina como la jurisprudencia recaída hasta el momento.

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Biografía del autor/a

Lucía Casado Casado, Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (España)

Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Rovira i Virgili (URV). Investigadora del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT). Miembro del Grupo de investigación de la URV “Territorio, Ciudadanía y Sostenibilidad”, reconocido como Grupo de investigación consolidado por la Generalitat de Catalunya, y también del Grupo de investigación de la URV de estudios jurídicos locales. Entre sus líneas de investigación destacan las siguientes: derecho local; jurisdicción contencioso-administrativa; mejora regulatoria y potestad normativa; procedimiento administrativo; expropiación forzosa; derecho audiovisual; derechos sociales; y derecho ambiental administrativo.

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