La consulta previa en el procedimiento de elaboración de ordenanzas

Esther Rando Burgos

doi:10.24965/reala.11629

Autores/as

Esther Rando Burgos Universidad de Málaga. Departamento de Derecho Público (España – Spain)

DOI:

https://doi.org/10.24965/reala.11629

Palabras clave:

procedimiento administrativo, better regulation, potestad reglamentaria, ordenanzas locales, participación ciudadana, consulta pública previa, entidades locales

Resumen

Objetivos: el objetivo principal del trabajo es evaluar la eficacia del trámite de consulta previa del art. 133 de la LPAC en las entidades locales, tras diez años de vigencia, analizando si promueve una verdadera mejora regulatoria o genera una burocracia desproporcionada. Asimismo, delimita la especialidad del procedimiento de aprobación de ordenanzas (art. 49 LRBRL) frente a materias exentas como las ordenanzas fiscales. Finalmente, examina las consecuencias jurídicas de su omisión y realiza propuestas de carácter normativo para adaptar el marco local a la realidad municipal. Metodología: se combina el análisis dogmático y normativo de la regulación estatal (LPAC), autonómica y local (LRBRL), con un estudio crítico de la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. De igual forma, se recurre al método comparado y doctrinal para examinar las posturas sobre la better regulation, evaluando de forma cualitativa la eficacia real del trámite de consulta previa en la Administración municipal. Resultados: se constata la escasa limitada eficacia participativa de la consulta previa en el ámbito municipal ya que a menudo se reduce a un mero trámite burocrático formal. De igual forma, la jurisprudencia confirma la no exigibilidad del trámite en ordenanzas fiscales (STS 108/2023) y modula que su omisión no siempre conlleva nulidad radical. Finalmente, se evidencia la urgente necesidad de reformar el art. 49 LRBRL para evitar la «asfixia» procedimental de los pequeños municipios. Conclusiones: el trámite de consulta previa resulta ineficaz e innecesario frente a la audiencia pública posterior del art. 49 LRBRL, convirtiéndose en una carga burocrática excesiva para las entidades locales. Su exención en ordenanzas fiscales y la doctrina sobre irregularidades no invalidantes confirman la rigidez del modelo actual. Por ello, es urgente reformular el procedimiento de la LRBRL para adaptar la potestad normativa municipal a los principios de buena regulación.

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Biografía del autor/a

Esther Rando Burgos, Universidad de Málaga. Departamento de Derecho Público (España – Spain)

Doctora en Derecho por la Universidad de Málaga. Profesora Titular de Universidad de Derecho Administrativo, Universidad de Málaga. Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Gobierno y Territorio (I-INGOT) de la Universidad de Málaga y vocal en la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio (FUNDICOT). Miembro del Grupo de Investigación «Nuevos escenarios jurídicos de gobierno y territorio» (SEJ659). Sus principales líneas de investigación se centran en el urbanismo, la ordenación del territorio, el medio ambiente, la igualdad de género y la participación ciudadana, así como en la jurisdicción contencioso-administrativa.

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