Ejercicio de potestades administrativas y relaciones de puestos de trabajo en el empleo público (RPTs)

Eduardo Gamero-Casado

doi:10.24965/da.11541

Authors

Eduardo Gamero-Casado Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Departamento de Derecho Público (España – Spain) https://orcid.org/0000-0002-6734-8672

DOI:

https://doi.org/10.24965/da.11541

Keywords:

classes of public employees, public power, civil servants, job descriptions

Abstract

Objectives: Analyze how job descriptions (RPTs) should differentiate between categories of staff depending on whether −or not− they exercise administrative powers. Methodology: Review of scientific literature and copious case law from the Supreme Court, seeking to find a solution that fits within current legislation. In particular, two recent rulings that annul RPTs are analyzed: for outsourcing their preparation and for attributing public powers to labour employees. Results: There is evidence of inconsistent case law, which deals with different concepts of the term «public power». Conclusions: The concept of public power has evolved throughout the 21st century. Regulations reflect different concepts of public power in line with this evolution. This paper offers a harmonious solution that is in line with the current scope of the concept and the legislation in force.

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Author Biography

Eduardo Gamero-Casado, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Departamento de Derecho Público (España – Spain)

Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Consejero Académico de la firma Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia. Académico correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de España y de la Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez. Autor de nueve monografías y director o coordinador de otras quince, publicadas en reputadas editoriales jurídicas; autor de más de un centenar de artículos de revista y capítulos de libro, en los más variados campos del Derecho administrativo. Premio Blas Infante de investigación en Administración Pública. Premio de investigación de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia. Premio a la Excelencia Docente (mejor profesor de la Facultad de Derecho). Ha sido secretario general de la Universidad de Huelva y Defensor Universitario en esa universidad y en la UPO. Investigador principal de varios proyectos del Plan Nacional de IDi y del Plan Andaluz de I+D+i, actualmente es co-IP del proyecto de Generación de Conocimiento «La potestad reglamentaria. Concepto y régimen jurídico de los reglamentos» del Programa Estatal de Investigación Científico y Técnica.

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